Algunas duermen en una galera ganadera; otras, sobre cartones, en hamacas o bajo carpas improvisadas. Hay quienes perdieron sus viviendas y quienes, aunque todavía las tienen en pie, temen volver a ellas. En estos pueblos de Los Santos, el desastre se prolonga cada noche.

En Isla Cañas, el recuerdo comienza a la 1:00 p. m. del viernes. Primero tembló la tierra. Después, el mar empezó a subir como nunca antes lo habían visto sus habitantes. Demetrio Ríos, representante del corregimiento, describe una escena que obligó a la comunidad a organizar su propia evacuación.

La isla dependía de las lanchas para trasladar a sus residentes y el tiempo apremiaba. En menos de 40 minutos, según su relato, consiguieron evacuar a más de 300 personas. No hubo tiempo para recoger las pertenencias. Había que salir antes de que el agua cerrara el camino.

“Desde que tengo uso de razón, mis padres y todos los antecesores jamás habíamos vivido una experiencia tan aterradora”, cuenta Ríos. La gente se agolpaba para abordar las embarcaciones mientras las corrientes las golpeaban y las hacían tambalearse.

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La desesperación

José Vergara, uno de los evacuados, recuerda la desesperación de quienes intentaban subir a las lanchas y el desconcierto de ver entrar el agua por lugares donde nunca había llegado. En medio de aquella huida, las casas, los utensilios de cocina y los alimentos quedaron atrás. La prioridad era salvar la vida.

Tres días después, los evacuados permanecen en el sector de Sigua, donde una finca se convirtió en refugio. Ríos explica que las familias reciben agua y alimentos de particulares y de instituciones públicas, pero todavía no tienen una fecha para regresar a la isla. Las autoridades deben evaluar las condiciones del lugar antes de autorizar el retorno. Mientras tanto, los residentes esperan una decisión que no depende de ellos.

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Vergara duerme en una galera de ordeño que un ganadero puso a disposición de las familias. El lugar ofrece techo y resguardo, pero no fue construido para alojar a tantas personas. Afuera permanece el ganado; adentro, los evacuados intentan acomodarse como pueden. Si llegan las lluvias, advierte, las condiciones podrían complicarse.

“Nosotros no trajimos ni una cuchara para acá, mi hermano”, dice. No llevaron alimentos, utensilios ni ropa suficiente. Salieron huyendo y ahora dependen de las donaciones para cubrir necesidades que antes atendían en sus propias casas.

Los cultivos

Las pérdidas también alcanzan los campos de cultivo. Ríos calcula que más del 80 % de la producción agrícola de Isla Cañas quedó destruida por los efectos del sismo y la entrada de agua salada. En el corregimiento hay más de un centenar de productores de arroz, maíz, melón y sandía. Para esas familias, la catástrofe no terminará cuando puedan volver a dormir bajo sus techos. Tendrán que enfrentar la pérdida de cosechas que representaban su trabajo y sus ingresos. La magnitud económica de los daños todavía debe establecerse, pero los productores ya saben que una parte de su sustento desapareció.

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Zoraida Ballesteros, productora de la isla, reclama que las autoridades atiendan a quienes perdieron sus cultivos. Afirma que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido ayuda del Gobierno y que las donaciones provenían de particulares, panameños y extranjeros.

“También somos panameños y estamos necesitando”, insiste. Pide al presidente José Raúl Mulino que se evalúen las viviendas dañadas, se indemnice a quienes sufrieron pérdidas y se ofrezca apoyo para recuperar la producción. En la isla, la pregunta ya no es solo cuándo podrán regresar, sino de qué vivirán cuando lo hagan.

El peligro no desaparece

En Búcaro, el miedo no proviene únicamente de las paredes agrietadas. También está la ladera, que amenaza con desprender piedras sobre las viviendas cercanas a la costa. Esther Genoveva Oliva, residente de la comunidad, describe casas afectadas, carreteras deterioradas y familias que esperan una evaluación oficial antes de regresar.

Según su testimonio, las piedras siguen cayendo y el cerro representa un peligro para quienes viven en sus alrededores. La incertidumbre obliga a los residentes a permanecer fuera de sus hogares, aunque tampoco tengan un lugar adecuado donde instalarse.

Oliva tiene más de 72 años, sufre glaucoma y necesita ayuda para desplazarse. Después del terremoto perdió su televisor y otras pertenencias, pero su preocupación inmediata es encontrar un sitio donde dormir. Cuenta que hay niños y adultos mayores acostados en el suelo, sobre cartones o en hamacas.

Ella también ha tenido que adaptarse a esas condiciones. “Nosotros queremos soluciones, soluciones queremos nosotros”, reclama. Su petición es concreta: que las autoridades inspeccionen las viviendas, determinen los riesgos y ofrezcan respuestas a las familias que no pueden regresar con seguridad.

Pese a todo, Oliva quiere volver a Búcaro. Habla del pueblo como un lugar al que pertenece y al que no desea renunciar. Pero el apego no elimina el peligro ni resuelve dónde dormir. Mientras espera la evaluación de las viviendas, observa cómo las familias intentan sobrellevar la incertidumbre.

Los comerciantes

En Tonosí centro, la emergencia se refleja en los comercios, las viviendas y las necesidades básicas de la población. Nelson de León, comerciante del distrito, asegura que, tres días después del sismo, todavía esperaban suministros suficientes para atender a los damnificados.

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La falta de agua potable figura entre las principales preocupaciones. También inquieta la capacidad de abastecimiento de los supermercados y otros establecimientos, que no operan a plena capacidad. En una población golpeada por el desastre, las dificultades para mantener abiertos los negocios repercuten tanto en quienes necesitan comprar como en quienes dependen de las ventas para subsistir.

A los daños del terremoto se suma la amenaza de las lluvias. De León advierte sobre los deslizamientos en las cordilleras y el temor a que los ríos provoquen nuevas afectaciones. Las comunidades costeras sufrieron el impacto del mar, mientras otras localidades del distrito enfrentan daños en sus viviendas y vías de acceso.

La emergencia no se limita a un solo poblado ni a una sola actividad económica. La agricultura, el turismo y el comercio, pilares de la economía local, quedaron expuestos a las consecuencias de un sismo que alteró la vida cotidiana de toda la región. Además, unas 4,000 hectáreas de arroz están en riesgo de perderse en Tonosí.

El miedo después del temblor

El miedo también permanece. De León advierte que niños y adultos podrían sufrir secuelas emocionales por lo ocurrido y reaccionar con temor ante nuevos movimientos de tierra.

Vergara, refugiado en la galera de la finca, tampoco sabe cuándo volverá a acostarse en su propia habitación sin pensar en el mar. Algunas casas de Isla Cañas permanecen en pie, aunque presentan daños. Eso no significa que sus propietarios hayan recuperado la tranquilidad.

En Isla Cañas, Búcaro y Tonosí, el terremoto se cuenta a través de lo que quedó atrás y de lo que falta por resolver. Una cuchara abandonada, una cosecha perdida, una vivienda agrietada, una persona mayor que duerme sobre cartones y un comerciante que no sabe cómo pagar la reconstrucción forman parte de una misma emergencia.

Los residentes reclaman ayuda y respuestas; las autoridades locales describen las dificultades para atender a todos. Mientras se completan las evaluaciones y se definen las medidas de recuperación, hay familias que siguen sin saber dónde pasarán la próxima noche. La tierra dejó de temblar, pero para ellas el desastre todavía no termina.

El servicio estará disponible mientras se mantenga la emergencia. Las llamadas desde teléfonos fijos serán gratuitas, mientras que las realizadas desde celulares tendrán el costo establecido por cada operador.

A través de esta línea, un médico general ofrecerá una orientación inicial y determinará si la persona necesita una evaluación por un especialista en salud mental. También se podrá acudir directamente a hospitales, centros de salud y Minsa CAPSI para solicitar atención.

Roberto González De La Lastra, jefe de la Sección de Salud Mental del Minsa, explicó que después de un evento como un sismo es normal sentir miedo, nerviosismo, ansiedad, dificultad para dormir o incluso la sensación de que la tierra sigue temblando.

Estas reacciones no significan necesariamente que exista una enfermedad de salud mental. Sin embargo, el funcionario recomendó prestar atención a la evolución de los síntomas y buscar ayuda profesional si persisten durante varios días o interfieren con las actividades cotidianas.

Cómo manejar las emociones después del terremoto

La Fundación Relaciones Sanas también compartió recomendaciones para afrontar las reacciones emocionales que pueden surgir después del sismo.

Entre ellas, propone reconocer lo que se siente, sin exigirse recuperar la calma de inmediato, y hacer una pausa para identificar qué emociones están presentes y qué preocupaciones las generan.

Otra sugerencia es concentrarse en el presente. Si la persona se encuentra en un lugar seguro, puede respirar lentamente, sentir los pies apoyados en el suelo y observar lo que ocurre a su alrededor. Estas acciones pueden ayudar a recuperar la sensación de estar en el momento actual.

La fundación también aconseja limitar la exposición constante a videos, imágenes y noticias del terremoto que aumenten la angustia, sin dejar de consultar fuentes oficiales.

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Por su parte, el Minsa recomienda retomar gradualmente las rutinas de alimentación, descanso y trabajo, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. También sugiere hablar de las preocupaciones con familiares, amigos o personas de confianza, brindar tranquilidad a los niños con explicaciones sencillas y evitar recurrir al alcohol o las drogas para manejar el estrés.

La muestra, que estará abierta hasta el 11 de abril de 2027, pretende enseñar cómo la creatividad y la ciencia trabajan juntas para dar vida a los mundos animados de Pixar, además de prometer una “mirada exclusiva” al proceso de producción, según el museo (Frost Science, en inglés).

Creada por el Museo de Ciencia de Boston y Pixar, reúne al menos50 elementos interactivos en ocho secciones, una por cada fase de producción, del modelado de los personajes al renderizado, que convierte cada escena en una imagen.

El visitante hace de artista, animador y científico de la computación y crea una escultura digital a partir de un boceto o resuelve problemas de iluminación parecidos a los de las escenas submarinas de Buscando a Nemo.

La gerente de programas públicos del museo, Hidekel Olivo-Pinales, dijo a EFE que la exposición enseña detalles como que hacen falta 24 cuadros (fotogramas) para un solo segundo de película.

“Para mí, eso fue impactante para ver todo el trabajo que va en estas películas que nosotros amamos”, afirmó.

A la pregunta de qué parte del trabajo de Pixar es arte y qué parte es ciencia, la muestra refleja que es “100 por ciento y 100 por ciento”, comentó.

“¿Cómo se mueve una luz? ¿Qué tanta luz tenemos? ¿Cuánta luz viene del sol comparado a cuánta luz viene de la ventana? Todo eso tiene que ser hecho con ciencia y también pensando en el arte y la naturaleza”, explicó.

Rizo tras rizo

Pixar ha demostrado que hay que aprender a trabajar con las máquinas, opinó Olivo-Pinales.

Como ejemplo puso el pelo de Mérida, la princesa escocesa protagonista de Valiente (2012): “Tuvieron que hacer rizo tras rizo tras rizo”.

Para repetir ese patrón hace falta código, que permite ver los rizos en movimiento cuando Mérida monta a caballo, lo que Pixar logró al desarrollar un software propio para ese propósito.

Sin reemplazar el proceso creativo, Pixar ha desarrollado herramientas de aprendizaje de máquinas (machine learning) e inteligencia artificial (IA), lo que ayuda a escribir código y les hace el trabajo más fácil a quienes lo programan, según Olivo-Pinales.

Como sección favorita, destacó la última, la del renderizado, que reúne todos los pasos anteriores en una imagen de dos dimensiones y en la que se ve “cómo cada píxel crea una imagen”.

La relaciona con Coco (2017), ambientada en el Día de Muertos de México, su película preferida: la ve “dos veces al mes mínimo” y le impacta, contó, por ser latina y tener “una familia grande que ama la música”.

Aunque la exposición no tiene textos en español, es fácil de seguir, según Olivo-Pinales, porque el público ya conoce a los personajes y hay personal del museo dispuesto a ayudar.

Las disposiciones −anunciadas en coordinación con representantes de corregimiento y alcaldes− permiten utilizar fondos de los programas PIOPS (Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales) e IBIS (fondo derivado de la recaudación del impuesto de inmuebles) para adquirir alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad, de acuerdo con los manuales de operación establecidos.

La Contraloría también autorizó que los vehículos de las juntas comunales se utilicen durante la emergencia sin necesidad de salvoconducto, con el propósito de trasladar a personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Aunque la entidad asegura que mantendrá los controles sobre el uso de los recursos públicos, el comunicado no especifica si habrá procedimientos extraordinarios de rendición de cuentas.

En el comunicado, la Contraloría informó que mantendrá la coordinación con las autoridades locales y habilitó un centro de llamadas para atender consultas.

El Consejo de Gabinete declaró el sábado el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre.

Lo mismo ocurrió con las sumarias seguidas al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro. Al igual que los hermanos Martinelli Linares, ambos están bajo la jurisdicción del Pleno de la Corte por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ante este escenario, se decidió acumular las cuatro investigaciones en una sola carpeta, que tiene a las magistradas Maribel Cornejo y María Eugenia López Arias como fiscal y juez de garantías, respectivamente.

A pesar de que las carpetas fueron acumuladas a principios de 2023, aún no se ha definido una fecha de juicio para determinar la responsabilidad sobre los hechos objeto de investigación.

Los cuatro están en la vista fiscal del 9 de abril de 2021 de la Fiscalía Especial Anticorrupción y en el auto de llamamiento a juicio emitido el 7 de noviembre de 2022 por la juez Baloisa Marquínez, en el que dispone enjuiciar a 35 personas por presunto blanqueo de capitales.

Los hermanos Martinelli, Varela y Ford no participaron en el juicio que concluyó el pasado 27 de febrero, en la sala de la juez Marquínez. Los cuatro invocaron su condición de diputados (principales o suplentes) del Parlacen.

El cargo es el mismo: blanqueo de capitales relacionados con fondos entregados por Odebrecht entre los años 2010 y 2014, a cambio de contratos con el Estado. Ford, además, fue imputado por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionario.

Rica y Kike

Los Martinelli Linares ya aceptaron, en 2021, haber conspirado para blanquear $28 millones en coimas de la constructora, utilizando el sistema financiero estadounidense. En su confesión al juez federal Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, señalaron que seguían instrucciones de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

Los hermanos fueron condenados a 36 meses de prisión y dos años de libertad bajo supervisión. El 25 de enero de 2023, fueron puestos en libertad y deportados a Panamá.

Ese mismo día, el Departamento de Estado estadounidense designó a Martinelli Berrocal “por su participación en actos de corrupción significativa” y lo declaró inelegible para ingresar a Estados Unidos. La medida también se extiende a sus hijos.

Entre los hechos atribuidos y admitidos por los hermanos Martinelli Linares al juez Dearie están las transferencias que Odebrecht realizó entre los años 2009 al 2015 (coincidiendo con el mandato presidencial de su padre) utilizando cuentas bancarias a nombre de sociedades instrumentales como Klinfield Services LTD, Constructora Internacional del Sur, S.A., Select Engineering Consulting and Services Inc., Aeon Group, Baxley Assets Inc., Hadar Assets, Rodira Holding, Innovation Research Engineering and Development y Trident Inter Trading Ltd., entre otras.

Además, de estas evidencias, el expediente de la Fiscalía Especial Anticorrupción recoge toda la información aportada a través de asistencias internacionales a Suiza, Estados Unidos, Brasil, Andorra y Perú, entre otras jurisdicciones.

Para los hijos del expresidente Martinelli, este es su segundo periodo en el Parlacen.

Actualmente, Luis Enrique y Ricardo Alberto son suplentes de Giselle Burillo y Carlos Outten, respectivamente.

Ricardo Martinelli Linares, además, es suplente del diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Benavides, de Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli Berrocal.

Varela y Don James

Juan Carlos Varela llegó al Parlacen porque su nombre encabezó la lista de su partido, el Panameñista.

Al concluir su mandato, en 2019, le correspondía una curul. Aunque nunca fue formalmente juramentado, sus abogados alegaron que era miembro “de hecho”.

Como ocurrió antes con Martinelli Berrocal, Estados Unidos también lo designó por presuntos actos de corrupción, el 13 de julio de 2023.

En cuanto a Odebrecht, la investigación en su contra se centra en los dineros que la constructora transfirió a cuentas a nombre de V-Tech, y Poseidon Enterprises, ambas sociedades controladas por Jaime Lasso, un “lobista” que captaba donaciones para la campaña política del Panameñista. Según la investigación, los dineros luego eran desviados a la Fundación Don James, antes de ser entregados a su beneficiario final, que era Varela.

Ford, Espino y un acuerdo de pena

Jaime Ford llegó al Parlacen en agosto de 2024, porque fue enlistado por RM.

En su contra está la delación de Jorge Espino, que señaló haber recibido cerca de $1.8 millones de la División de Operaciones Estructuradas, que era el nombre de la oficina de coimas de Odebrecht.

Espino fungió como representante legal de Westfall Holding, sociedad que tenía una cuenta bancaria en el BPA de Andorra, la cual recibió depósitos por $3 millones de Aeon Group Inc. (Odebrecht). Espino es dueño de una empresa llamada Conceptos y Espacios, S.A., la cual tenía un supuesto contrato de servicios con Odebrecht. Él mismo admitió que la cuenta en Andorra tenía la finalidad de transferir fondos a Ford, que entonces era ministro de Obras Públicas.

El testaferro confeso llegó a un acuerdo de pena con el Ministerio Público, que fue validado por el Juzgado Duodécimo Penal, el 17 de noviembre de 2017. Como parte de ese acuerdo, Espino fue condenado a 42 meses de prisión (que se reemplazaron por el pago de 250 días multa, que totalizaron $16,000) y la devolución de $1 millón.

Una sentencia que no llega

Hace siete meses y medio concluyó el juicio a otras 21 personas acusados de lavar dinero procedente de Odebrecht.

La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó condena para el expresidente Martinelli y para cinco de sus ministros: José Domingo Arias (Vvienda), Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Federico Suarez (MOP), Carlos Duboy (Vivienda) y Frank De Lima (Economía y Finanzas).

La fiscalía también pidió condena para los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Valverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, y los andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.

Para Navin Bhatka, Aurora Muradas, Michelle Lasso, Jaumes Pamies y Rosa Mary Molino, la fiscalía pidió la absolución. El Ministerio de Seguridad Pública, que es querellante en este proceso, también pidió la absolución de Juan Antonio Niño.

Durante el juicio la fiscalía logró la validación de tres acuerdos de colaboración y pena alcanzados por Riccardo Francolini, Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa.

Lea aquí la nota titulada “Antes de la sentencia de la juez Marquínez: ¿quiénes admitieron su participación en la trama de Odebrecht?”

La juez Marquínez también deberá pronunciarse sobre la participación en este esquema de Aarón Mizrachi, quien fue juzgado cuatro meses después.

La fiscalía atribuye a Mizrachi haber recibido fondos de Odebrecht a través de su sociedad, Caribbean Holding Ltd. Esos fondos, a su vez, posteriormente fueron transferidos a Importadora Ricamar, por instrucciones del expresidente Martinelli, y otras sociedades utilizadas por Varela, entre otros.

DESACATO. Desde Colombia, Martinelli dice que muy pocas empresas, bancos y clubes cívicos han hecho donaciones para los damnificados. ¿Por qué no manda los $19.2 millones de la multa de New Business? Imaginen a cuánta gente necesitada ayudaría esa plata.

RETO. El alcalde de Macaracas, Ángel Batista, está exigiendo al presidente Mulino que rectifique o que muestre las pruebas de que ha entregado ayuda únicamente a sus copartidarios. Batista sostiene que ni siquiera ha recibido donaciones del Gobierno. Y este no es un “enfermo de las redes sociales”; es un alcalde hablando en nombre de su distrito.

RECONOCIMIENTO. Por cierto, el presidente agradeció ayer a los medios de comunicación e influencers que informan sobre el siniestro. En el lenguaje del Ejecutivo, eso es lo más cercano a una disculpa por los epítetos lanzados el pasado fin de semana.

CHEQUEO. En la Asamblea van a inspeccionar las oficinas de cada diputado. Imaginen cuánto tardarán en las VIP. Si encuentran algún daño, ¿de qué bolsillo saldrá el dinero para repararlo? ¿Del bolsillo de quien disfruta esas estancias de forma exclusiva o del de los ciudadanos?

ALOHA. El representante de Bella Vista, César Kiamco, compartió fotos de su participación en el Campeonato Mundial Ironman de Kona, Hawái, que se celebró el pasado sábado, un día después del terremoto. “¡No me quitan lo baila’o!”, escribió en Instagram. Poco sentido de la oportunidad.

EFEMÉRIDE. Este martes es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, proclamado por Naciones Unidas en 1989. Ojalá que lo tomen en serio.

Sin embargo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en primer debate desestimó el incremento. No acogió el aumento.

El texto que espera segundo debate en el pleno Legislativo mantiene la cifra que establece la ley actualmente, es decir, $2,000.

La Comisión de Gobierno tiene como presidente al diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM) como secretario general.

La dupla empujó buena parte de los cambios polémicos que se encuentran en el proyecto. De hecho, no están a favor de que la iniciativa regrese a primer debate para mayor discusión, tal como lo han pedido múltiples sectores.

“Discutamos el proyecto de ley y vamos a ver quiénes son los malos y quiénes son los que verdaderamente quieren que una reforma sea transparente”

Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno

El TE también propuso incrementar el monto de las multas para candidatos del resto de los cargos de elección popular, pero la Comisión de Gobierno también dejó algunas como en el código actual y otras las redujo.

El artículo 242 de la ley electoral exige tesorero solo a las campañas presidenciales. La multa para el resto de los cargos se impone a los candidatos.

La multa para los tesoreros de campaña de candidatos a presidente que no entreguen a tiempo el reporte de gastos figura en el artículo 558 del Código Electoral. Mientras que el 559 se refiere a las circunscripciones de menos de 10,000 electores.

La crítica

Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, miembros de la Comisión de Gobierno y quienes votaron en contra del proyecto en primer debate, cuestionan este y otros cambios impulsados por la comisión.

En un informe de minoría, las diputadas de la bancada Vamos, arremetieron contra el proyecto de ley 699 y solicitaron al pleno que no aprueben esta iniciativa en segundo debate, porque lo consideran inconstitucional.

Advierten entre otras cosas que la comisión recortó facultades del TE. Sobre las multas, argumentan que reducir su monto “hace que se pierda el efecto disuasivo que debe tener la sanción”.

Agregan que el castigo “funciona como una advertencia pública”, y advierten que quien ve las consecuencias para el infractor evita la falta.

Brenes y Chandler llevaron al pleno su informe de minoría el pasado jueves 8 de octubre.

Las dos diputadas abarcaron múltiples temas en su informe.

“Se coarta el ejercicio constitucional de los derechos políticos, para la creación de nuevas organizaciones políticas y para la participación de candidatos a puestos de elección popular por libre postulación (sufragio pasivo), así como el derecho a votar por nuevos actores del panorama político electoral (sufragio activo)”, se lee en el documento.

Un cambio en el que coinciden

El artículo 566 de la norma actual multa con $100 por cada día de atraso al tesorero que incumple sus deberes ante la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político.

El TE y la Comisión de Gobierno proponen $500 por cada mes de atraso. Con la multa vigente, cinco días de atraso suman $500.

Donaciones prohibidas

El artículo 556 multa hoy con $1,000 a $25,000 a quien reciba donaciones que el artículo 230 prohíbe. El TE propone una multa “equivalente al monto recibido”. Pero la comisión eliminó esa propuesta.

Robinson y Camacho defienden los cambios y sobre todo se resisten a regresarlo a primer debate.

El diputado bocatoreño afirmó recientemente que devolverlo a primer debate sería “un retroceso”.

Admitió, sin embargo, que el pleno debe corregir “dos o tres cosas” en el segundo debate.

Otras propuestas del TE que la comisión no incluyó

La semana pasada, los diputados esperaban el regreso de la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, quien se encontraba de viaje por Europa. Castañedas volvió al país el viernes, por lo que la propuesta podría entrar en debate esta semana.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea terminan el próximo 31 de octubre.

En una audiencia celebrada la mañana del lunes 12 de octubre, los magistrados Yiles Pittí, Julissa Saturno y Mauricio Marín modificaron la medida cautelar, luego de que el abogado de Ureña alegara que su defendida estaba dispuesta a entregar su pasaporte, no presentaba riesgo de fuga y no tenía posibilidad de destruir pruebas.

Ureña, quien está imputada por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, se desempeñó como subdirectora de la DGI durante el período 2019-2024. El director de aquella época era Publio De Gracia, quien también está investigado y bajo detención provisional, pero en una causa distinta.

Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, Ureña habría manejado recursos por aproximadamente $1.01 millones, pero solo habría podido sustentar recursos de fuente conocida por unos $585 mil. La diferencia, calculada en alrededor de $428 mil, permanece bajo investigación.

La investigación de la fiscalía reveló que hasta abril de 2026 había $183 mil en una cuenta bancaria, pero ese dinero fue retirado. En otra cuenta había $247,794 al 30 de abril pasado, pero en mayo casi no quedaban fondos. Un comportamiento similar se observó en las cuentas que Ureña mantenía en tres bancos de la localidad. Una de las entidades bancarias incluso emitió una alerta por posibles irregularidades.

La fiscalía también investiga la compra de aproximadamente ocho propiedades. Entre ellas figura un inmueble en Coclé, adquirido por $69 mil, pagados al contado. También aparecen otras operaciones inmobiliarias y cancelaciones de hipotecas que forman parte del análisis patrimonial de Ureña.

El artículo 351 del Código Penal establece una pena de tres a seis años de prisión por enriquecimiento injustificado. Si el monto injustificadamente obtenido supera los $100 mil, la pena es de seis a doce años. Esta última sanción podría aplicarse a Ureña si se acredita el delito y el monto investigado.

Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión provisional de un apartamento de Ureña en el PH Panama Viejo Residences, en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá. El inmueble fue adquirido en 2023 por $144 mil, según documentos del Registro Público.

También ordenó la aprehensión provisional de una propiedad en la barriada Villa Belén, en Chigoré, distrito de Penonomé, y de una residencia en San Miguelito, cuyo valor de compra fue de $90 mil.

Ureña es la madre de Luis Acevedo Ureña, hombre de confianza del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo. Este último también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado, en una causa separada.

Como parte de las labores de atención y recuperación, mantenemos desplegadas más de 190 brigadas y 400 trabajadores, que continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico en los sectores que aún presentan afectaciones, principalmente en Guánico, Búcaro, Isla Cañas y Cambutal, en la región de Azuero.

Asimismo, se mantienen trabajos de recuperación para atender afectaciones puntuales en sectores tales como Soná, San Martin de Porres y Santiago (cabecera), en la provincia de Veraguas; Las Delicias, Pueblo Nuevo, Sonadora y Río Hato, en Coclé; así como en Las Tablas, La Villa de Los Santos, Santa Ana, Macaracas y Pedasí, en la provincia de Los Santos y Ocú en Herrera.

Reiteramos a la ciudadanía la importancia de mantenerse alejada de cables eléctricos caídos, postes afectados y cualquier infraestructura eléctrica dañada.

Nuestro compromiso es continuar trabajando hasta restablecer el suministro eléctrico a todos los clientes afectados, priorizando en todo momento la seguridad de nuestros trabajadores y de las comunidades.

Para reportar daños o afectaciones en el suministro eléctrico, pueden comunicarse a nuestra línea telefónica 800-8346.

Kenmore ha evolucionado a lo largo de su historia con una propuesta enfocada en innovación, funcionalidad, calidad y soluciones pensadas para responder a las necesidades del hogar moderno, manteniendo además una oferta competitiva.

Con esta incorporación, Rodelag amplía su categoría de Línea Blanca con Refrigeradoras, Estufas, Lavadoras y Secadoras Kenmore, disponibles en sus 16 sucursales a nivel nacional.

La llegada de la marca representa también el inicio de una nueva alianza comercial entre Rodelag y Kenmore. Esta incorporación fortalece la propuesta de valor de Rodelag y le permite continuar consolidándose en el mercado panameño como el principal referente en Línea Blanca, ampliando su oferta con marcas de trayectoria y reconocimiento internacional.

Como parte de esta propuesta, Kenmore llega con atractivas ofertas de introducción, y los clientes podrán adquirir sus productos a través de CrediUna, la alternativa de financiamiento de Rodelag, que facilita sus compras de manera cómoda y conveniente.

Rodelag invita a los consumidores a visitar sus sucursales, conocer la nueva línea Kenmore, y vivir la experiencia de la marca en sus hogares.

Los productos Kenmore ya se encuentran disponibles exclusivamente en Rodelag Panamá.

El reconocimiento se produce poco más de dos años después de que Chapman asumiera el cargo, en julio de 2024, cuando Panamá enfrentaba una desaceleración económica, el cierre de la mina Cobre Panamá y un deterioro de sus cuentas fiscales.

Entre los resultados registrados, LatinFinance destaca que el déficit fiscal pasó del 6.2% del producto interno bruto (PIB) en 2024 al 3.68% en 2025, una reducción aproximada del 40%. Durante ese mismo período, el crecimiento económico aumentó del 2.9% al 4.4%.

El déficit primario, que excluye los pagos de intereses de la deuda pública, también disminuyó, del 3.32% al 0.67% del PIB.

Según las cifras citadas por la publicación, hasta julio de 2026 el déficit fiscal se situaba en el 2.78% del PIB, frente al 3.27% registrado un año antes.

En cuanto a las proyecciones, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que Panamá cerrará 2026 con un déficit fiscal del 3.5% del PIB y un crecimiento económico cercano al 4%. Estas cifras constituyen expectativas oficiales y no resultados definitivos del ejercicio.

La publicación señala que Chapman optó por una estrategia de consolidación gradual, denominada «aterrizaje suave», en lugar de aplicar recortes fiscales drásticos.

«Soy extremadamente optimista sobre el futuro de Panamá», declaró el ministro a LatinFinance.

Entre las medidas ejecutadas figura la recompra, en febrero, de bonos por $2,970 millones. De acuerdo con Chapman, esta operación representa un ahorro estimado de $470 millones en costos del servicio de la deuda.

También se concretaron operaciones de financiamiento internacional en yenes y francos suizos, mientras Panamá amplió el acceso de inversionistas extranjeros al mercado local mediante Euroclear.

LatinFinance resalta, además, los más de 30 años de trayectoria de Chapman en el sector financiero privado, donde ocupó cargos directivos en Indesa, la Bolsa de Valores de Panamá y Latinclear.

Entre los objetivos pendientes, Chapman plantea alcanzar un superávit fiscal primario en 2027. Su cumplimiento dependerá de la evolución de las finanzas públicas y del entorno económico.

Panamá también mantiene su aspiración de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un proceso cuya conclusión todavía no tiene fecha confirmada.

Chapman sucede en este reconocimiento al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien recibió la distinción de LatinFinance en 2024 y 2025. La publicación destacó en esas ediciones las medidas adoptadas por Caputo para reducir el gasto público, alcanzar un superávit fiscal y estabilizar la economía argentina.

LatinFinance es una publicación especializada de referencia internacional, con más de 35 años de trayectoria cubriendo los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe. Editada desde Nueva York y Miami, sus análisis son consultados por inversionistas, banqueros, autoridades económicas y gestores de fondos, lo que otorga especial relevancia al reconocimiento concedido a Chapman, de acuerdo con información disponible en su sitio web.

El viernes 9 de octubre, la tierra se movió bajo la península de Azuero con una fuerza que el Servicio Geológico de Estados Unidos midió en 7.7. Aun así, esa noche Sinaproc contaba cero muertos y 27 heridos, y en la capital no se reportó el colapso de un solo edificio.

Eso no es solo suerte. El trámite lo empezó el gobierno de mi abuelo, Ricardo de la Espriella: en febrero de 1983, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura creó el comité encargado de estudiar y reformar el reglamento de diseño estructural, y en 1984 el país tuvo el primero con fuerza de ley. Ese reglamento y sus revisiones, junto con la distancia al epicentro, ayudaron a que una ciudad de torres resistiera.

Pero el reglamento nació pensando en edificios: el primero ni siquiera exigía diseño sísmico formal para la casa unifamiliar. El terremoto que queda está en el interior. El domingo, el COE ya contaba 910 viviendas afectadas, solo entre las que había podido evaluar, y en Penonomé se vino abajo una torre de la catedral. Detrás de cada número están el productor que perdió la camioneta de trabajo y la familia que duerme bajo un plástico. Ellos solo tienen al Estado.

Por eso el Gabinete hizo bien en declarar el estado de emergencia y habilitar US$100 millones. Sé que a muchos les suena mal. Un país cansado de gastos innecesarios sabe que una emergencia abre la puerta a contratar sin licitación, como pasó en la pandemia. Pero no hay alternativa: una familia bajo un plástico no puede esperar los meses que toma una licitación.

El riesgo es real: un segundo terremoto, más lento y silencioso, el de la ayuda que no llega o se queda en contratos que nadie revisa. En Panamá Solidario, la veeduría de la Iglesia encontró que la mayoría de las quejas venía de las juntas comunales, donde se repetía el amiguismo.

Sabemos cómo evitarlo. Tras su terremoto de 2015, Nepal les pagó directamente a las familias en tres tramos, y los dos últimos solo se liberaban si un ingeniero certificaba la obra. Así se reconstruyeron más de 200,000 casas. Pero seamos honestos: un sistema que saca la ayuda de las manos de la junta comunal no se va a aprobar aquí.

Lo que sí funciona es mirar. En 2016, un grupo de jóvenes brasileños creó Rosie, un programa de inteligencia artificial que revisó, con datos públicos, más de tres millones de facturas que los diputados presentaban para solicitar reembolsos. Encontró unos 8,000 gastos sospechosos; sus creadores presentaron 629 denuncias sobre 216 diputados, y uno devolvió lo cobrado por 13 comidas en un mismo día.

Eso fue hace diez años y hacía falta saber programar. Hoy no. Las compras del Estado se publican en PanamaCompra y, con inteligencia artificial, cualquiera puede cruzar en minutos los datos de cada contrato de la emergencia con los precios del INEC. En 2025, el saco de cemento costaba, en promedio, US$8.82, y US$9.45 en Los Santos: un contrato que lo pague al doble salta a la vista y obliga a explicarlo. Es una herramienta que mi generación usa todos los días. Esta vez, usémosla para esto. Al Gobierno solo hay que exigirle que publique cada semana cada contrato con sus precios unitarios.

Chaplin lo dijo en El gran dictador: los seres humanos queremos vivir de la felicidad del prójimo, no de su desgracia. Los que ven en la tragedia un negocio son pocos; los que podemos vigilarlos somos todos. Los poderes de emergencia eran necesarios. Que la ayuda llegue completa depende de cuántos estemos mirando.

El autor es analista de datos.

En una intervención en televisión, el presidente aseguró que la protesta pacífica es una “garantía constitucional”, pero que este derecho “no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”.

“Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, aseguró refiriéndose a la protesta convocada para el miércoles, pero poco después de referirse al nuevo Decreto de Protesta Social, que reduce el ámbito de lo tolerado en manifestaciones.

Además, acusó a los convocantes, entre quienes se encuentran sindicatos y grupos políticos opositores, de buscar “causar el caos” y “desestabilizar el Gobierno”.

“Son los mismos que dejaron al país quebrado, a puertas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados”, apostilló el mandatario.

“Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del tigre (apodo con el que se refiere a sí mismo) y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos”, afirmó.

Sobre el Decreto de Protesta Social, que ha generado controversia en el país aún antes de su presentación —prevista para esta semana—, De la Espriella aseguró que no va a dar espacio a “quien destruye y hace terrorismo urbano”.

“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal”, apuntó el presidente.

De la Espriella también se alegró de la próxima tramitación del polémico Decreto Antiterrorista que su Gobierno lleva esta semana al parlamento y que, entre otras cuestiones, crea “un registro de organizaciones terroristas”, permite congelar bienes y endurece los ataques a la Fuerza pública.

“Necesitamos una vacuna (contra los grupos armados) y esa vacuna es el estatuto antiterrorista”, zanjó el presidente.

Añadió que su “ofensiva” contra las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y otros grupos criminales está dando resultado y aseguró que, en los dos meses que lleva en la Presidencia, el país ha incautado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1,092 kilos de heroína y 3,456 armas de fuego.

Además, ha detenido a 876 presuntos integrantes de estos grupos y ha matado a otros 70 en distintas operaciones.

Frente a quienes dudan de su fórmula de mano dura, quienes cuestionan posibles excesos y violaciones de derechos humanos, De la Espriella sentenció: “Quienes se quejan de la aplicación de la ley a los bandidos no son más que sus cómplices digitales y de opinión”.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia. Según la Presidencia de la República, el 10 de octubre de 2026 el balance preliminar registraba unas 2,130 personas afectadas, 426 residencias con daños, 419 centros educativos y 21 instalaciones de salud con afectaciones, y cerca de 27 personas atendidas por lesiones. Debemos preguntarnos cuántas necesidades siguen sin registrarse, especialmente en comunidades rurales de difícil acceso.

Sin datos actualizados sobre las viviendas y las necesidades de cada comunidad, es difícil distribuir los recursos con rapidez y equidad. No basta con evaluar los daños visibles: hay que identificar a las familias que perdieron su hogar, a quienes viven con discapacidad, a los adultos mayores, a los pacientes con tratamientos continuos y a quienes no cuentan con redes de apoyo.

Organizaciones juveniles como VEF Panamá, Jóvenes Unidos por la Educación e Impulsa Impacta se han coordinado con el Cuerpo de Bomberos, el Sinaproc y la Cruz Roja y, al momento de escribir este artículo, han llevado ayuda humanitaria a más de 600 familias. La solidaridad ciudadana es valiosa, pero no sustituye la responsabilidad primaria del Estado ni una política pública capaz de garantizar soluciones sostenibles.

Lo que ocurre en el terreno no puede reducirse a cifras. Hay pacientes encamados fuera de sus viviendas; personas que necesitan hemodiálisis u oxígeno y no reciben atención adecuada; bebés de pocos meses que duermen al aire libre. Una emergencia no afecta a todos por igual. Para quienes viven en pobreza, perder un techo es perder seguridad, salud, ingresos y posibilidades de recuperación.

La educación tampoco puede quedar en segundo plano. El daño en cientos de centros educativos amenaza la continuidad del aprendizaje. Según reportes comunitarios, en el colegio San Benito Salvador colapsaron la biblioteca y varias aulas. La reconstrucción debe ir más allá de reparar estructuras: requiere evaluaciones técnicas, seguridad y apoyo para recuperar el tiempo académico perdido.

Esta realidad preocupa aún más en un país con profundas brechas sociales. Según CEPALSTAT, Panamá registró un índice de Gini de 0,506 en 2023, reflejo de una distribución desigual de los ingresos. Por eso, un desastre golpea con mayor fuerza a los más vulnerables: quienes tienen ahorros y viviendas resistentes se recuperan antes, mientras muchas familias rurales deberán empezar prácticamente desde cero.

El país necesita una política de Estado para la atención y el desarrollo de las zonas rurales, con información comunitaria actualizada, personal suficiente para evaluar daños, ayuda distribuida con criterios transparentes, refugios temporales seguros, continuidad de los servicios de salud, recuperación de las escuelas y apoyo para restablecer los medios de vida. La respuesta debe incluir a los propios habitantes, que conocen sus comunidades y pueden identificar necesidades que pasan desapercibidas en los informes oficiales.

La ayuda humanitaria atiende lo urgente; la planificación pública debe evitar que las mismas familias queden abandonadas cuando desaparezca la atención mediática.

Las familias rurales nos recuerdan que la resiliencia no consiste solo en levantarse después de una tragedia, sino en aprender de ella y transformar aquello que nos hace vulnerables. Este momento debe llevarnos a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el ambiente, con el territorio y con nuestros prójimos. La forma en que cuidamos el entorno, planificamos nuestras comunidades, construimos nuestras viviendas y atendemos a los demás puede reducir o agravar los impactos de un desastre.

La verdadera resiliencia no se mide por nuestra capacidad de resistir los golpes, sino por nuestra voluntad de aprender de ellos, actuar con responsabilidad y construir un país más solidario, preparado y justo. Que esta emergencia no sea recordada solo por los daños que dejó, sino por la decisión colectiva de no volver la mirada hacia otro lado y de garantizar que en Panamá ninguna comunidad enfrente sola una tragedia de esta magnitud.

El autor es médico y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.

El proceso de entrega del documento y la atención a los beneficiarios continúan en el Megápolis Outlets y en el edificio Avesa, ambos ubicados en la ciudad capital.

En un comunicado, el MEF explicó que las personas cuyas citas fueron afectadas por la interrupción de las jornadas, se ha establecido la siguiente reprogramación:

• Citas del viernes 9 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre.
• Citas del lunes 12 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario que tenían asignado originalmente.

De igual forma, se indica que en el Megápolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas fechas estarán disponibles durante toda la semana. Las personas que no puedan retirar el certificado este miércoles podrán hacerlo en los días siguientes.

El MEF destacó que la atención a los beneficiarios también se reanudará en los puntos ubicados en Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

De igual forma, en estas provincias, los beneficiarios podrán retirar durante toda la semana los certificados que no se entregaron el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Con respecto al proceso de entrega en las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, la entidad indica que reanudará una vez las instalaciones estén habilitadas y se cuente con las autorizaciones para ingresar a las respectivas instalaciones.

Pero esta fórmula abre otra pregunta: ¿cuánto habría que operar para cerrar?

El informe no determina cuánto mineral sería necesario extraer, durante cuánto tiempo podría operar la mina ni bajo qué figura jurídica se realizaría esa eventual puesta en marcha. Esas definiciones quedan pendientes.

Y allí cambia la dimensión del problema.

Si para cerrar responsablemente Cobre Panamá debemos volver a extraer cobre, la decisión deja de referirse exclusivamente a cómo resolvemos las consecuencias de una mina que cerró abruptamente en 2023. Comenzamos también a tomar decisiones sobre explotación minera futura.

Cuando determinemos cuánto y durante cuánto tiempo habrá que explotar, ya estaremos tomando decisiones de política minera, aunque las llamemos decisiones de cierre.

Durante los últimos años hemos discutido el contrato, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la moratoria minera, los arbitrajes internacionales, el impacto ambiental, el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales y las consecuencias económicas del cierre. Ahora nos corresponde discutir una eventual negociación y las condiciones bajo las cuales podría ponerse nuevamente en marcha la operación.

Cada uno de esos asuntos requiere respuestas técnicas, jurídicas, económicas, ambientales y sociales. Pero la suma de esas respuestas no necesariamente contesta una pregunta anterior: ¿qué política quiere tener Panamá respecto del desarrollo de sus recursos minerales?

La pregunta tampoco es nueva. Desde distintos sectores se ha reclamado la definición de una política minera nacional. Lo que ha cambiado es la urgencia de responderla. Cobre Panamá puede obligarnos a hacerlo.

Quienes observan al país desde los mercados necesitan saber qué ocurrirá con la mina, cuál podría ser el mecanismo jurídico para una eventual puesta en marcha, cuánto demorará una decisión y cuáles son los riesgos económicos, jurídicos y sociales del proceso. Son preguntas legítimas. Panamá necesita ofrecer previsibilidad y seguridad si aspira a generar confianza para la inversión.

Pero, para Panamá, la pregunta tiene un horizonte mayor. Mientras los mercados necesitan anticipar qué puede ocurrir en los próximos meses, Panamá debe decidir qué quiere construir durante las próximas décadas para las siguientes generaciones.

El cobre bajo nuestro suelo es un activo nacional y un recurso no renovable. La discusión, por tanto, no puede agotarse en cuánto vale extraerlo, cuánto empleo genera o cuánto ingreso produce mientras la mina opera.

Hay una pregunta de fondo: ¿qué necesita Panamá para justificar su explotación?

Esa pregunta debió preceder muchas de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Hoy tenemos la necesidad de incorporarla a las decisiones que siguen.

La urgencia de resolver Cobre Panamá no debería llevarnos a invertir el orden de las preguntas. La solución inmediata y la definición de una visión estratégica a largo plazo deben construirse simultáneamente. Las decisiones que adoptemos hoy deberían responder no solo a las necesidades del sitio minero, sino también a lo que Panamá espera obtener del aprovechamiento de sus recursos minerales.

De lo contrario, la negociación sobre Cobre Panamá puede terminar definiendo, por sí sola, una política minera que el país no ha construido deliberadamente.

Y el orden importa. Porque, si decidimos transformar un recurso mineral que se agota en riqueza económica, hay que responder una segunda pregunta: ¿qué debe quedar en Panamá cuando el cobre ya no esté?

La autora es abogada, fue ministra de Desarrollo Social (2005-2009) y embajadora de Panamá ante la OEA (2019-2024).

El terremoto registrado recientemente en nuestro país debe hacer que reflexionemos seriamente acerca de esto. Ante un desastre, cada minuto cuenta. Saber dónde es más necesaria la ayuda, qué vías continúan siendo transitables, qué instalaciones requieren una inspección urgente y cómo distribuir recursos limitados puede marcar una diferencia considerable. A estas alturas del siglo XXI, en un país pequeño como el nuestro, el mayor problema no es la carencia de información, sino la falta de capacidad de las autoridades para procesarla de forma eficaz y convertirla en decisiones acertadas y oportunas. Es en ámbitos como ese donde la inteligencia artificial puede aportar un valor muy significativo.

Como los sistemas de IA procesan grandes cantidades de información de distintas fuentes, pueden relacionar reportes de daños, mapas, datos de la población, condiciones viales y la ubicación de hospitales y centros de asistencia. Con ello, las autoridades podrían identificar comunidades aisladas, establecer prioridades y dirigir los recursos hacia los lugares donde más se necesitan, de forma objetiva. En realidad, hacer el trabajo administrativo rápidamente no es lo más importante, sino procurar que la ayuda llegue a quienes enfrentan mayores riesgos, en tiempos y proporciones óptimos.

Y las posibilidades van más allá. Los drones y el análisis automatizado de imágenes facilitan la identificación preliminar de daños en edificios, puentes y carreteras, y los sensores de ciertas estructuras permiten detectar movimientos o cambios que ameriten una inspección. Así se agiliza la evaluación y se evita la exposición innecesaria del personal de emergencia. Por su parte, los modelos de simulación ayudan a examinar escenarios en los que se interrumpan carreteras, redes eléctricas o servicios de agua, y a preparar alternativas antes de que esas interrupciones se conviertan en problemas mayores.

Durante la etapa de recuperación, una plataforma que integre datos sobre viviendas afectadas, solicitudes de asistencia, inventarios y distribución de donaciones puede contribuir a la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos. Puede detectar necesidades pendientes, reducir duplicaciones, apoyar la planificación de reparaciones, el restablecimiento de los servicios públicos y la continuidad de las actividades económicas, y hasta identificar desviaciones como las que, desafortunadamente, parecen haber mermado la ayuda oficial durante algunas de las crisis anteriores.

No basta con anunciar estrategias nacionales con bombos y platillos. Nuestras autoridades tienen la obligación de obtener lecciones verdaderamente útiles del reciente fenómeno y fortalecer su aplicación mediante la cooperación efectiva con las universidades, las empresas tecnológicas y las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. No es necesario esperar a que un nuevo desastre golpee a nuestra población para entonces tratar de establecer protocolos, integrar información, capacitar al personal y comprobar la continuidad de los servicios básicos. Eso sería un despropósito.

La inteligencia artificial no es capaz de impedir que la tierra tiemble ni eliminará todas las consecuencias adversas de una catástrofe, pero sí puede ayudarnos a estar mejor preparados, comprender con mayor rapidez lo que sucede y responder de manera más eficaz.

Si hemos sido capaces de poner tanto interés en descubrir cómo esta tecnología puede facilitarnos las tareas cotidianas, con más razón deberíamos preguntarnos cómo aprovecharla para proteger nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras comunidades. Su verdadero valor no debe medirse únicamente por el tiempo que nos ahorra, sino también por lo que puede ayudarnos a proteger y recuperar cuando más lo necesitamos.

El autor es abogado, auditor forense y socio director de Encripta Law.

La realidad difícilmente presenta decisiones perfectamente evidentes. Usualmente, nos enfrentamos a situaciones en las que debemos sacrificar un objetivo a cambio de otro. Precisamente, la ciencia económica nos da herramientas para evaluar estas decisiones. Buscamos maximizar el retorno, el beneficio o la utilidad, sujetos a nuestros costos, limitaciones y restricciones.

Recientemente se presentó el informe interministerial que plantea al presidente qué hacer con la mina. Ciertamente, es una situación compleja en la que habrá insatisfechos, sea cual sea el resultado, y, lamentablemente, optar por una decisión salomónica podría resultar más costoso que tomar una con determinación.

Evaluemos cada escenario. Si el gobierno decide poner fin definitivo al proyecto sin operación, el contribuyente asumiría el costo de desmantelamiento y rehabilitación del sitio —unos $3,400 millones, según el informe—, y el país quedaría expuesto a un arbitraje de $27,000 millones. ¿Podríamos ganar el arbitraje? Es posible, sí. No obstante, perder implicaría una deuda impagable para los contribuyentes y coartaría el progreso de generaciones futuras. Desde una óptica estrictamente matemática, pregúntese: ¿con qué probabilidad de éxito se atrevería a arriesgarse si fuese su decisión?

Un escenario ligeramente menos riesgoso sería permitir que la operación autofinancie la rehabilitación del sitio. Aquí, el operador asumiría ese costo, pero, si no es FQM, aún se mantendría el pasivo contingente de un arbitraje. Eso supone, quizá con poco realismo, que un tercero tendría interés en explotar una mina solo para financiar su desmantelamiento.

Vayamos al otro extremo: tampoco es viable, ni jurídica ni socialmente, mantener el contrato anterior. Sería ignorar el fallo de la Corte Suprema y exponer al país a revivir las tensiones de 2023.

Consideremos ahora cuáles han sido las principales quejas y aprensiones de quienes rechazan la operación: debilidad institucional para fiscalizar los estándares ambientales, poca transparencia en el uso y la recaudación de los fondos de la operación y poca credibilidad en la forma en que se pactaron los contratos. En otras palabras: desconfianza. Debemos aceptar que el cese de las operaciones causó un perjuicio tangible que aún se siente en el mercado laboral y en las mipymes, en especial en las áreas aledañas al proyecto. Al mismo tiempo, debemos reconocer que no tenemos suficiente robustez institucional para generar confianza, y eso legitima las quejas de quienes rechazan un nuevo acuerdo.

Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Con disciplina y transparencia. Entre las recomendaciones presentadas en el informe hay varios elementos que apuntan en esta dirección: 1) un modelo que «genere beneficios sustancialmente superiores» a los previos; 2) que los recursos derivados se traduzcan «en beneficios tangibles e identificables» y «se ejerzan con transparencia plena»; 3) «crear un mecanismo que destine recursos a un plan ambiental»; 4) que «el proyecto se someta a los estándares internacionales de transparencia y de verificación aplicables al sector»; y 5) que se adopte «un esquema institucional con autonomía real, que incorpore buenas prácticas de gobernanza» y asegure una «gestión técnica respecto a los futuros ciclos políticos». Aunque ambiciosos, son requisitos clave para construir esa confianza.

La mina es un activo estratégico que simplemente no nos podemos dar el lujo de perder, ya sea dejándolo en abandono o regalándolo sin contraprestaciones. Se debe tomar una decisión responsable pensando en mejorar la vida del ciudadano. Pedir que el debate se lleve a cabo sin emociones es una premisa poco realista. No obstante, es parte del proceso de madurez de toda democracia que salgamos de la zona de confort y busquemos soluciones, aun si eso implica buscar fuera de donde ilumina el farol.

El autor es economista.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, 419 centros educativos oficiales y 29 instalaciones de salud resultaron afectados. La cifra exige atención nacional, no solo por los daños materiales, sino porque se trata de edificios destinados a proteger dos bienes esenciales: la educación de nuestros niños y la salud de la población.

No todo daño causado por un terremoto implica una falla estructural. Las grietas en paredes divisorias, el desprendimiento de revestimientos y los daños en cielorrasos pueden ocurrir incluso en edificios bien diseñados. La ingeniería sismorresistente no busca construcciones invulnerables, sino proteger vidas, reducir el riesgo de colapso y, en ciertas instalaciones, mantener su funcionamiento.

Aceptar esta realidad técnica, sin embargo, no significa renunciar a investigar las causas de los daños.

Panamá dispone desde hace décadas de normas de diseño estructural. Las distintas versiones del Reglamento Estructural Panameño establecen requisitos para resistir las acciones sísmicas y asignan categorías especiales a edificaciones de mayor importancia, como hospitales con servicios de emergencia y otras instalaciones esenciales. Los centros educativos también requieren consideraciones particulares por la cantidad de personas que albergan.

Un hospital no es una edificación cualquiera. Durante un terremoto debe proteger a sus pacientes y conservar, según su categoría de diseño, la capacidad de atender a las víctimas. Si debe evacuar servicios por daños, puede convertirse en parte de la emergencia justo cuando más se le necesita.

Los 419 planteles afectados también plantean preguntas ineludibles. ¿Cuántos se construyeron antes de las normas modernas? ¿Cuántos padecen falta de mantenimiento? ¿Cuántos sufrieron daños por deficiencias constructivas o por condiciones geotécnicas mal evaluadas?

Y surge una pregunta aún más incómoda: ¿qué tan rigurosos son, en la práctica, los controles de calidad de las obras públicas?

Las especificaciones, los ensayos de laboratorio, las inspecciones y las responsabilidades profesionales existen para garantizar el cumplimiento de las normas.

Pero no basta con disponer de reglamentos y laboratorios. Los controles deben ejecutarse, sus resultados deben ser confiables y toda deficiencia debe corregirse antes de recibir la obra.

Por eso cabe preguntar: ¿dónde están los registros de los ensayos de materiales de los edificios afectados? ¿Quién verificó el cumplimiento de las normas e inspeccionó las obras? ¿Qué observaciones se hicieron, qué correcciones se exigieron y bajo qué condiciones se aprobaron y recibieron finalmente las obras?

No se trata de anticipar culpables. Atribuir los daños a negligencia o corrupción sin una investigación técnica sería irresponsable. Pero también lo sería descartar esas posibilidades sin revisar los expedientes de construcción y los mecanismos de fiscalización.

Cuando existan indicios, debe investigarse con independencia y transparencia la posible existencia de inspecciones deficientes, aprobaciones sin respaldo técnico suficiente o actos de corrupción. La confianza pública no se fortalece evitando preguntas, sino ofreciendo respuestas verificables.

También debemos reconocer que buena parte de la infraestructura educativa y hospitalaria se construyó con criterios técnicos de otras épocas. Eso no implica necesariamente un incumplimiento original, pero sí exige evaluar su vulnerabilidad frente al conocimiento y las normas actuales.

El terremoto del 9 de octubre fue una advertencia que no debemos desaprovechar. La naturaleza no distingue entre una obra bien ejecutada y otra deficiente: somete a ambas a las mismas fuerzas sísmicas, y entonces quedan expuestas sus diferencias.

La pregunta de fondo no es solo cuántas escuelas y hospitales sufrieron daños, sino cuántos de esos daños pudieron evitarse mediante mejores diseños, materiales adecuados, controles rigurosos, mantenimiento oportuno e inspecciones responsables.

Cuando aprobamos una escuela o un hospital, ¿certificamos realmente su seguridad o nos limitamos a completar un trámite administrativo?

La próxima vez que tiemble la tierra, ni los expedientes ni las firmas protegerán a nuestros niños y pacientes. Los protegerá la calidad efectiva de las obras que hoy diseñamos, construimos, inspeccionamos y aprobamos.

El autor es geólogo profesional.

El ministro de Educación, Ventura Vega, hizo un llamado para que se confirme que los planteles cumplan con las condiciones necesarias para el retorno.

Vega afirmó que, con respecto a los colegios oficiales, este martes se informará la lista de los centros educativos que no podrán retornar a la actividad este miércoles 14 de octubre, tras las afectaciones registradas en más de 400 planteles.

El ministro recordó que restan 34 días de clases para culminar el año lectivo 2026 y que los estudiantes no se quedarán sin recibir la enseñanza.

Las autoridades educativas habían informado que al menos 400 escuelas oficiales resultaron con afectaciones tras el sismo y que 35 centros educativos quedaron dañados por completo, con una población aproximada de 3,031 estudiantes.

En un mensaje a la nación, el mandatario indicó que las cifras se actualizarán conforme se verifiquen más hogares en las regiones afectadas y que todos los días se estarán brindando los reportes.

Mulino adelantó que se construirán viviendas de dos y tres habitaciones a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. Además, que las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes.

Mulino informó que se han transportado por vía aérea más de 66,140 libras de suministros de emergencia.

El mandatario resaltó que la prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables. Además, señaló que los recursos están disponibles para llevar más alimentos, construir las viviendas necesarias, reparar vías y puentes.

“Hemos sido afortunados de que este sismo no haya cobrado vidas. Sin embargo, su fuerza fue devastadora y a medida que avanzan las evaluaciones, conocemos mejor la magnitud de los daños y las necesidades de las comunidades. Detrás de cada afectación hay familias que necesitan respuestas”, afirmó Mulino.

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional el pasado sábado 10 de octubre y destinará hasta $100 millones para que ministerios y entidades contraten obras, bienes y servicios sin licitación pública. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre para comprometer esos recursos.

El presidente adelantó que se avanza en la implementación de un sistema integrado de alertas a la población ante sismos y otros fenómenos naturales donado por un país, el cual no precisó.

Repuestos del susto, toca atender a los afectados sin dejar de preguntar por la necesidad de pedir fondos a entidades internacionales para la reconstrucción de las zonas afectadas, como si no tuviéramos nuestros propios recursos para solventarla. La prueba de estrés la han pasado las infraestructuras; ¿la pasarán nuestras instituciones?

El día después es un día para reflexionar sobre la necesidad de atender de forma integral y efectiva la salud mental, la reparación de los daños materiales y la gestión de las necesidades que se han derivado de la catástrofe. Esperemos que no tarden tanto como con los damnificados de Calidonia.

Bravo por los arquitectos, ingenieros y demás profesionales que han diseñado y ejecutado, de la mano de constructores y albañiles, unas obras estructurales que han soportado la prueba: son la constatación de que lo que bien se hace resiste y de que la excelencia en el trabajo salva vidas.

Lo que ha ocurrido no es un milagro, sino una suma de detalles que han contribuido a que la catástrofe no fuese mayor. El milagro será que los que gobiernan no dejen en la calle a los que más están sufriendo con este seísmo, pues dejarlos así suele ser la tónica habitual que ninguna divinidad ha podido cambiar.

Y no lo olviden: Dios no es panameño; no sean sacrílegos. Demos gracias de que, por esta vez, las circunstancias nos hayan sido favorables, quizás con el propósito de que hagamos balance para que, en la próxima ocasión, si el temblor es más fuerte, nuestro país esté de verdad preparado, más allá de la nacionalidad del Todopoderoso.

El autor es escritor.

RJ Mitte, quien interpretó al hijo de Walter White en la galardonada serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Brownsville, Texas, informaron sus representantes.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, declararon sus representantes.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Originario de Jackson, Misisipi, Mitte sufrió daño cerebral al nacer y posteriormente fue adoptado. A los 3 años le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su propia experiencia.

En 2014, fue galardonado con un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en Breaking Bad, serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

El actor fue declarado muerto el 12 de octubre en el que se cree era su domicilio, según informó a la agencia AP la jueza de paz del condado de Cameron, Cyndi Hinojosa, quien añadió que se le practicaría una autopsia.

En un comunicado compartido con la revista The Hollywood Reporter, Aaron Paul expresó que se sentía desconsolado y sin palabras.

“RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos”, dijo. “Y a quienquiera que esté leyendo esto: por favor, has de saber que eres amado y que no estás solo. Recuérdalo siempre”.

Su papel de activista

“Mitte aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”, declaró a la BBC su representante, Sean Reilly.

El actor ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy (Unidos por la Parálisis Cerebral) y Shriners Children’s.

También fundó la organización The Mitte Foundation para apoyar iniciativas filantrópicas y comunitarias, utilizando su plataforma “para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad”, señaló Reilly.

En una entrevista con la BBC en 2015, Mitte habló del acoso que sufrió en la escuela a causa de su condición. “Tuve que lidiar con el acoso. Me rompieron la mano. Me rompieron un pie. Me tiraron al suelo. Pero me levanté y luché por mí mismo”, dijo.

También se mostró crítico con la industria del cine: “Esta industria es muy negativa y dura con las personas con discapacidad, debido a la idea de perfección... que técnicamente no existe”.

El estrellato con Breaking Bad

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, obtuvo la impresionante cifra de 58 nominaciones a los premios Emmy y ganó 16 galardones, incluidos dos a la mejor serie dramática en 2013 y 2014. Es ampliamente considerada una de las mejores series de televisión estadounidenses del siglo XXI.

En ella, Bryan Cranston interpreta a un profesor de química de secundaria en Nuevo México que se adentra en el mundo del crimen para mantener a su familia tras recibir un diagnóstico de cáncer.

A medida que se hunde más en los bajos fondos del tráfico de metanfetamina, se distancia de su hijo, Walt Jr., interpretado por RJ Mitte.

Mitte, quien creció en Luisiana, era un adolescente cuando hizo la audición para ese papel decisivo, tras mudarse a Los Ángeles en 2005 para apoyar la carrera de actriz de su hermana menor.

El actor explicó en una ocasión que su primera audición en Los Ángeles fue para un anuncio de servicio público del estado de California contra el consumo de metanfetaminas.

“Y de ahí pasé a la audición para Breaking Bad, que, en mi opinión, sigue siendo una obra contra las metanfetaminas, ya que no termina bien para nadie...”, comentó a principios de este mes en el podcast de Joe Vulpis.

Su personaje se basaba en un amigo ya fallecido de Gilligan que padecía un caso más grave de parálisis cerebral y utilizaba muletas de antebrazo, algo que Mitte no necesitaba.

Interpretó el papel con honestidad y cercanía, haciendo bromas como un adolescente cuya condición de salud nunca se mencionó en la serie.

Tras alcanzar la fama con la serie, Mitte luchó por conseguir papeles más variados y representaciones más complejas de personajes con discapacidades, tanto visibles como invisibles.

“Cada vez que llega la temporada de premios, siempre esperamos ver un grupo diverso de proyectos que nos reflejen a todos, en cuerpo y mente”, declaró a la BBC en 2021.

“Ha sido fantástico ver cómo crece la concienciación sobre la representación de la discapacidad, pero los avances a veces se producen de forma fragmentada y puntual, en lugar de suponer un cambio de mayor envergadura”, señaló.

Otros trabajos de Mitte incluyen Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton y su proyecto más reciente, el filme Talking to Strangers, estrenado este año.

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Las autoridades educativas habían informado que al menos 400 escuelas habían resultado con afectaciones tras el sismo y que las 35 que no pueden ser ocupadas tienen una población aproximada de 3,031 estudiantes.

La mayor cantidad de escuelas dañadas por completo se registró en la provincia de Herrera con 20, en Veraguas 7, en Los Santos 5, en Coclé 2 y em Chiriquí 1.

Retorno a clases

El titular de Educación afirmó que para la población estudiantil que no podrá regresar a los centros escolares destruidos por el sismo se aplicarán las alternativas para que termine el año escolar.

Vega recordó que restan 34 días de clases para culminar el año lectivo 2026 y que los estudiantes no se quedarán sin recibir la enseñanza.

Sobre el resto de la población estudiantil nacional, Vega dijo que los colegios particulares pueden volver a las clases presenciales este martes 13 de octubre, pero hizo un llamado para que se confirme que los planteles cumplan con las condiciones necesarias para el retorno.

Con respecto a los colegios oficiales, el ministro afirmó que este martes se informará la lista de los colegios que no podrán retornar a la actividad este miércoles.

Minsa destinará $61 millones para hospitales

Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que de las 842 instalaciones médicas, 67 resultaron con afectaciones. El Hospital de Tonosí quedó dañado por completo y tendrá que ser reconstruido en su totalidad.

Para atender las afectaciones en todos los centros hospitalarios se destinarán cerca de $61 millones.

Además, los hospitales como el Cecilio Castillero de Herrera; Joaquín Franco Sayas, de Los Santos y Aquilino Tejeira de Coclé, que funcionan temporalmente en carpas, regresarán progresivamente a las instalaciones, una vez sean habilitadas.

Boyd Galindo también indicó que la sala de hemodiálisis, ubicada en la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, no sufrió daños mayores y que la atención se continuará bridando una vez se limpie el área afectada.

Viviendas afectadas

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adelantó que han registrado unas 1,700 viviendas afectadas y unas 6,000 personas atendidas.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que esta semana se empezará a trabajar para atender las afectaciones en las miles de casas que resultaron afectadas por el sismo.

Los pobladores corrían con fuerza tras recibir la señal del oficial bajo las aspas aún en movimiento del helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), agarraban entre sus brazos las cajas de productos básicos, donados tras el potente sismo, y volvían a alejarse con la carga.

“Estamos muy agradecidos por la ayuda. La gente ha sufrido mucho desastre (…) aún se sienten mucho las réplicas”, dijo a EFE Michael Jiménez con la caja de cartón entre sus manos.

Cañas es un poblado costero ubicado a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá, alejado a más de un centenar de kilómetros de la carretera Panamericana, que cruza el país y conecta al continente.

Frente a él, una isla homónima quedó inundada por al aumento de la marea tras el terremoto por lo que muchos vecinos tuvieron que trasladarse hasta tierra firme.

Permanece incomunicado por carretera tras el gran sismo, según dijeron a EFE vecinos y autoridades, lo que complicó el traslado de ayuda, hasta este lunes al recibir más de una tonelada de artículos de primera necesidad.

Durante una vista aérea, un equipo de EFE que pudo acompañar a las autoridades al reparto de ayuda pudo comprobar las afectaciones en estructuras, además de la instalación de tiendas de acampar en ese pueblo alejado.

“Gracias por la ayuda. No sentimos muy contentos”, comentó a EFE Abdiel Martínez mientras camina acelerado con una caja.

Como Cañas, son muchos los poblados de la zona conocida como la península de Azuero que han sido afectados por el sismo con edificaciones dañadas, carreteras reventadas con grietas o deslizamientos que obligan a los vecinos a acampar al aire libre.

“Estamos trasladando ayuda humanitaria vía aérea, terrestre y acuática con helicópteros y haciendo evacuación médicas con aviones en las área afectadas”, explicó a EFE el mayor Miguel Tejada de la Aeronaval.

Debido a su lejanía, muchos aún no reciben ayuda y los vecinos se organizan con comidas comunales a base de ollas gigantes en los parques de esa área, caracterizada por pequeños pueblos bajo una planificación urbanística típica de la época colonial española y de gran importancia histórica para el país por ser el origen de los primeros movimientos independentistas en el siglo XIX.

“Son lugares que debido al terremoto han quedado incomunicados vía carretera. Por el terremoto muchas carreteras están colapsadas”, detalló el oficial aeronaval.

Parte de la ayuda humanitaria -compuesta de agua y comida enlatada principalmente- está siendo replegada vía aérea desde un estadio de béisbol en la ciudad de Las Tablas, cabeza de una de las provincias más golpeadas por el terremoto, con ayuda del Comando Sur de Estados Unidos, según detalló a EFE Tejada.

Mientras las réplicas no cesan desde el pasado viernes, ya son más de 30 toneladas de asistencia humanitaria y 170 de agua enviada tanto a distintas zonas afectadas como a hospitales, que atienden a los pacientes en la calle ante las réplicas y posibles daños estructurales, según el informe más reciente del Servicio de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá.

El terremoto no ha dejado víctimas mortales, un milagro calificado por las autoridades, y apenas una treintena de heridos, pero sí daños estructurales en más de 2,000 edificaciones, principalmente residenciales particulares, edificios gubernamentales y centros escolares públicos.

El Gobierno de Panamá ha decretado el Estado de Emergencia para desembolsar 100 millones de dólares en ayuda por la tragedia, mientras aún no ha sido contabilizado el impacto económico del sismo y las clases están suspendidas en todo el país por precaución.

Hay dos tipos de seguros que pueden abarcar daños por sismos, dependiendo de las pólizas que se hayan contratado. Existen las pólizas de incendio y las pólizas multiriesgo.

Datos de la Asociación Panameña de Aseguradores detallan que el seguro de incendio con cobertura de terremoto protege la estructura de la vivienda o local comercial cuando el contrato incluye el riesgo de terremoto.

Ante una eventualidad de esa naturaleza puede cubrir daños que se presenten en paredes, cielorrasos y otros elementos de la edificación.

Un sismo, por ejemplo, provoca grietas y desprendimiento de parte del cielorraso de una casa.

“La póliza que va a hacerle frente a todos los siniestros ocurridos, es la póliza de incendios. No solamente cubre el incendio, también cubre lo que es terremoto, vendaval, huracanes y todo lo demás”.

Carlos Eduardo Hinestrosa, corredor de seguros y miembro de la Asociación de Productores de Seguros de Panamá.

En el caso de seguro multiriesgo residencial éste puede proteger los bienes que se encuentran dentro de la vivienda, siempre que estén incluidos en la póliza y exista cobertura por terremoto.

¿Qué puede cubrir? Muebles, televisores, refrigeradoras, electrodomésticos y otros bienes asegurados.

“A diferencia de la póliza de incendio básico, que te cubre la estructura, la póliza de multiriesgo te cubre lo que tienes dentro de tu casa”.

Carlos Eduardo Hinestrosa, corredor de seguros y miembro de la Asociación de Productores de Seguros de Panamá.

El consumidor debe verificar expresamente que su contrato incluya cobertura por terremoto, así como las condiciones, exclusiones y límites establecidos. El nombre de la póliza, por sí solo, no garantiza que todos los daños derivados de un sismo estén amparados.

¿Qué pasa con las viviendas que tienen una hipoteca?

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) advirtió que los propietarios de viviendas y apartamentos con préstamos hipotecarios vigentes, deben verificar que la suma asegurada corresponda al costo real de reconstrucción del inmueble y no únicamente al saldo pendiente de la deuda bancaria.

El gremio explicó que el monto adeudado por una hipoteca puede ser considerablemente inferior al dinero necesario para reconstruir una propiedad después de un terremoto, lo que podría dejar al propietario con una cobertura insuficiente para afrontar las pérdidas.

Por ello, recomiendan revisar y actualizar las sumas aseguradas para garantizar una protección adecuada ante eventos catastróficos.

¿Los seguros de automóviles también cubren los daños por terremotos?

La protección frente a los movimientos sísmicos no se limita a viviendas y establecimientos comerciales. Los propietarios de automóviles también pueden contar con cobertura para los daños ocasionados por terremotos, caída de escombros y otros fenómenos naturales, siempre que su póliza incluya la cobertura denominada comprensivo.

Esta protección es diferente del seguro obligatorio de daños a terceros, que no cubre los daños sufridos por el propio vehículo.

Por ejemplo, si durante un terremoto se desprende parte de una pared y cae sobre un automóvil estacionado, el propietario podría presentar un reclamo si cuenta con la cobertura correspondiente y cumple con las condiciones de su contrato.

El deducible: un elemento clave para reclamar

Otro aspecto que deben revisar los asegurados es el deducible aplicable a la cobertura de terremoto.

Este representa la parte de la pérdida que debe asumir el propietario antes de que corresponda una indemnización por parte de la aseguradora, de acuerdo con las condiciones pactadas.

Apadea explicó que la cobertura por terremoto habitualmente ampara hasta el monto total de la suma asegurada, sujeto al deducible establecido específicamente para este riesgo.

Tanto en Panamá como en otros mercados internacionales, es habitual encontrar deducibles equivalentes al 2% de la suma asegurada para las pólizas de incendio con cobertura catastrófica.

Es importante comprender que este deducible generalmente se calcula sobre la suma asegurada correspondiente y no sobre el valor de los daños sufridos.

En tal sentido, recomiendan ubicar el documento de la póliza y revisar tanto las coberturas como los deducibles y las condiciones generales.

Si el costo de reparación no supera el deducible aplicable, el asegurado podría tener que asumir la totalidad de ese gasto. De allí la importancia de conocer las condiciones antes de iniciar el proceso de reclamación.

¿Cómo presentar un reclamo por daños?

La asociación recomendó notificar cuanto antes a la compañía aseguradora cualquier afectación detectada en una vivienda, edificio o establecimiento comercial.

Para facilitar este procedimiento, indicó que las aseguradoras han habilitado líneas telefónicas y canales de WhatsApp para recibir los reportes.

“Nuestra recomendación es que los asegurados reporten a sus compañías de seguros o corredores de seguros cualquier daño visible, aun cuando inicialmente consideren que su costo de reparación no supera el deducible catastrófico”.

Ian Van Hoorde, presidente de Apadea

Los consumidores también pueden acudir a sus corredores de seguros, quienes podrán orientarlos durante el proceso.

Una vez reportado el siniestro, Apadea recomienda solicitar la evaluación de un profesional idóneo que permita identificar los daños y estimar el costo de las reparaciones.

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Este informe complementa el trabajo del ajustador designado por la aseguradora y ayuda a determinar si las pérdidas estimadas superan el deducible correspondiente.

La evaluación resulta especialmente importante cuando existen afectaciones en paredes, cielorrasos u otros componentes del inmueble, cuyo alcance puede requerir una revisión técnica.

Recabar las pruebas del daño

La documentación de los daños es otro de los elementos esenciales para sustentar un reclamo.

Apadea recomienda conservar fotografías y videos de las afectaciones, preferiblemente obtenidos antes de realizar labores de limpieza, mover los bienes dañados o comenzar las reparaciones, siempre que hacerlo no represente un riesgo para las personas.

También es importante guardar facturas, comprobantes y otros documentos relacionados con los bienes afectados y las reparaciones necesarias.

Estos registros servirán como respaldo durante la evaluación de los daños y la determinación de la indemnización que pudiera corresponder según las condiciones del contrato.

Cientos de supermercados de Francia han sido blanco de un ciberataque que hizo que se calentaran sus refrigeradores y congeladores. Los alimentos frescos y congelados echados a perder valen, según estimaciones, millones de euros.

Según una de las cadenas afectadas, unos piratas informáticos tomaron el control del software que regula la temperatura de las unidades de refrigeración y obligaron a algunas a calentarse hasta los 50°C durante la noche.

El director ejecutivo de Coopérative U dijo que varios de sus supermercados fueron víctimas de un ataque "extremadamente grave y sin precedentes".

Más de 100 supermercados de esa cadena fueron blanco del ataque, y también 180 tiendas de Intermarché y de su marca Netto. Un portavoz indicó que otras 100 fueron desconectados de internet de emergencia para evitar que les pasara lo mismo.

Otras grandes cadenas, como Carrefour, Monoprix y E.Leclerc, también se vieron afectadas por el ataque, que apuntó al software de la empresa danesa de ingeniería Danfoss.

Ese programa permite a los comercios gestionar sus equipos de refrigeración a distancia.

Normalmente, los congeladores de los supermercados pasan por un breve periodo de descongelación nocturna, en el que la temperatura sube un poco. Pero los atacantes ordenaron que los equipos se calentaran y siguieran calientes. Danfoss no confirmó los informes sobre cuánto podrían haberse calentado los refrigeradores y congeladores en ese proceso.

Danfoss dijo que los equipos afectados eran modelos antiguos, cuyo software de seguridad no podía actualizarse para protegerlos de un riesgo que ya habían identificado.

La empresa añadió en un comunicado que desde hace tiempo "aconseja" a sus clientes mantener actualizados los sistemas compatibles.

"Una refrigeración confiable es esencial para las operaciones de nuestros clientes, y seguimos comprometidos a apoyarlos y a ayudarlos a mantener los sistemas seguros y confiables que conocen", señaló.

Unas 400 tiendas afectadas

Se desconoce la magnitud total del ataque, pero las cifras de cada cadena sugieren que unas 400 tiendas resultaron afectadas, de las aproximadamente 15.000 que hay en Francia.

Carrefour informó de que los refrigeradores de 80 de sus 6.000 tiendas fueron atacados. Monoprix dijo que el 5% de sus más de 400 tiendas se vio afectado y que retiró de la venta los alimentos cuyo estado no podía garantizarse.

En un comunicado a la BBC, el Grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, indicó que algunas vitrinas de productos frescos y congelados seguían fuera de servicio este lunes por la tarde.

Las tiendas habían "tomado todas las precauciones necesarias para retirar los productos de estas unidades", afirmó, y añadió que el personal trabajaba para reabastecer los estantes "lo antes posible".

Intermarché dijo que sus refrigeradores alcanzaron los 50°C durante seis horas en la noche del domingo al lunes, y que desechó todos los alimentos afectados para evitar riesgos para la salud, informó la agencia Reuters.

Como consecuencia del ataque, los gerentes que llegaron este lunes por la mañana a las sucursales de varias cadenas recibieron una bocanada de aire caliente de los congeladores. En algunos lugares hubo incluso pequeños incendios.

"Ciberataque a gran escala"

La cadena francesa BFMTV publicó una imagen de un congelador en un pasillo de helados con una temperatura de 26,5°C.

Dos supermercados de la región de Alsacia reportaron pérdidas conjuntas de 270.000 euros (unos US$300.000), añadió la cadena, por lo que el total en todo el país podría ascender a millones.

La fiscalía francesa abrió una investigación específica por ciberdelincuencia. La fiscalía de París calificó el incidente de "ciberataque a gran escala contra los refrigeradores de varias de las principales cadenas de supermercados de Francia".

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, condenó el ataque en una publicación en X: "La seguridad alimentaria requiere más atención a todos los niveles. Porque convertir los alimentos en un arma ya es una realidad".

En otra publicación en X, el director ejecutivo de Coopérative U, Dominique Schelcher, dijo que el personal estaba "totalmente movilizado, en coordinación con especialistas en refrigeración, para restablecer la situación lo antes posible".

Pidió que se investigue el ataque y afirmó que atacar equipos esenciales para el suministro de alimentos de Francia es "inaceptable".

¿Te has visto afectado por este ciberataque? Comparte tu experiencia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

Así consta en un comunicado dirigido a todos los funcionarios del Órgano Legislativo, firmado por la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y el secretario general, Carlos Alvarado.

Según el documento, se hizo una revisión primaria de la infraestructura de la sede principal y del edificio 356, en el área revertida. Después de esa revisión, el Cuerpo de Bomberos de Panamá recomendó un estudio estructural profundo.

La junta directiva aprobó cinco medidas:

El edificio 356 opera con normalidad

El comunicado aclara que las unidades administrativas del edificio 356, en el área revertida, pueden seguir trabajando con normalidad, porque «no se encontraron afectaciones en dicha estructura».

Más adelante la Asamblea no informó que las sesiones del pleno se reanudarán este martes 13 de octubre. No obstante, no se celebrarán en el Palacio Justo Arosemena. Se realizarán en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Mientras tanto, se desconoce el alcance real de los daños en el Palacio Legislativo.

El comunicado no menciona fisuras ni zonas específicas afectadas, y tampoco dice cuánto durará el estudio estructural pedido por los Bomberos.

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Lo pendiente

La suspensión ocurre con el calendario legislativo en contra. Falta aprobar el presupuesto general del Estado para 2027, pues la Comisión de Presupuesto informó que enviaría al Ejecutivo sus recomendaciones después de atender las vistas presupuestarias de ministerio e instituciones.

También está pendiente el segundo debate del proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral.

Sin contar este lunes, cuando se suspendieron las actividades, a los diputados les quedan apenas 14 días hábiles para atender los asuntos legislativos.

1548

Letras:

ADAD

Serie:

4

Folio:

11

Segundo Premio:

7612

Tercer Premio:

5841

Fecha de Sorteo:

11 de octubre de 2026

Tipo de Sorteo:

Dominical

Ronald De Gracia, diputado de Realizando Metas (RM) por el circuito 7-2 (Los Santos, Macaracas y Tonosí), denunció que la ayuda humanitaria no está llegando a comunidades de Tonosí y Macaracas.

El motivo —según él— son las pugnas políticas en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Las Tablas. De Gracia habla, pese a que milita en el mismo partido que el presidente José Raúl Mulino.

“Yo te voy a ser muy honesto, porque yo no voy a seguir tapando cosas de mi gobierno que no se están dando bien”, dijo el diputado en una entrevista telefónica con La Prensa, desde su circuito.

‘A uno sí, a otro no’

De Gracia explicó que el problema está en el manejo del COE.

“No me están dejando trabajar al gobernador. Eso prácticamente tiene una desviación política, que a uno sí, a otro no”, afirmó.

El diputado añadió que el gobernador de Los Santos, Fernando González, es de su misma facción política y lo describió como “una tremenda persona, un hombre que quiere trabajar”.

Pero aseguró que “hay otras personas que no están dejando que el gobernador haga su trabajo, y la cosa hay que decirla como es”.

No dio nombres.

“Yo siento que no estamos ahorita en una situación para estar viendo si no me llevo contigo, si no me cae bien... Hay momentos para pelear política, para discutir política, pero yo siento que no es el momento ahorita”, añadió.

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Comunidades sin comida

De Gracia habló desde El Pájaro, en Macaracas, donde aseguró que “hay gente que no le ha llegado nada” de ayuda humanitaria.

“La comida no me está llegando a mis pueblos y yo tengo que ser honesto: no está llegando”, dijo.

“Hago llamadas esperando la activación del COE y no veo el resultado”, expresó.

Fue directo: “Yo le pido al que sea que, por favor, manden la comida para acá”.

Este medio le consultó si estas rencillas políticas están ligadas a Mercedes “Chelín” González, secretaria ejecutiva de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia.

González es una figura muy influyente. El propio Mulino ha reconocido que es su amiga personal. En la campaña política de 2024 apoyó a Christian Cedeño, el rival de De Gracia en las primarias de RM.

De Gracia no confirmó ni desmintió nada. Respondió en términos generales.

“Si por temas políticos vamos a que la gente nuestra sufra, yo siento que eso está mal”, pronunció.

Cedeño es ahora el gerente regional del Instuto de Seguro Agropecuario en Las Tablas.

Chelín González es la madre de Antonio Tercero González, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y de Antonio Manuel González, director regional del Ministerio de Salud en Los Santos.

El desplante de Mulino

La denuncia de De Gracia llega dos días después de un incómodo momento que vivió De Gracia con el presidente Mulino.

En un recorrido por Azuero, el pasado sábado, el diputado dijo: “el tema estructural de mi provincia si es un problema, un problema grave”.

Pero el presidente lo interrumpió abruptamente.

“Bueno, eso es otra cosa”, respondió Mulino.

El momento quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Las declaraciones de De Gracia se suman a las críticas que recibe el Gobierno por la distribución de la ayuda.

En un recorrido del equipo periodístico de La Prensa por las zonas afectadas del distrito de Tonosí, varios residentes denunciaron que la ayuda no ha llegado a sus comunidades.

Gabriel Atencio, residente del área, lo dijo sin tapujos.

“Por parte del Gobierno no he visto ninguna ayuda. La poca ayuda que ha llegado ha sido de empresas privadas”, denunció.

Le mandó un mensaje al presidente Mulino. “Es un hombre que no tiene corazón porque ha abandonado el país”, dijo después de decir que le pesa haber votado por él.

En Herrera, la ayuda también tarda

Los daños del sismo no se limitan a Los Santos. En la vecina provincia de Herrera, el terremoto del viernes dejó afectadas las comunidades de Mandinga, Esquiguita, Borrola, El Banco y Rincón Hondo, todas en el distrito de Pesé.

Solo en el corregimiento de Rincón Hondo hay 160 viviendas afectadas, según su representante, Juan Chávez, y algunas quedaron destruidas.

“La mayor parte de las viviendas deben ser demolidas y construidas desde sus cimientos”, explicó. En la zona viven unas 4,000 personas, y sus casas tienen algún grado de daño.

Las fuertes lluvias de las últimas horas empeoraron la situación. Según Chávez, los damnificados necesitan con urgencia tiendas de campaña, frazadas, medicinas, leche para niños y colchones.

El representante reconoció que las carreteras siguen abiertas. Aun así, dijo, la asistencia ha tardado en llegar, y pidió a las autoridades enviar más insumos.

En el corregimiento de El Pájaro, el representante Julio César Rodríguez contó que unas 20 viviendas quedaron destruidas. Sus residentes duermen en las instalaciones de la junta comunal porque temen que nuevas réplicas causen más daños.

Con información de Juan Manuel Díaz

“Eso pasó porque el alcalde repartió lo que llegó a sus copartidarios”, dijo Mulino al referirse a la protesta en Torio. En esa comunidad los vecinos cerraron la vía y quemaron llantas. El presidente explicó que conoció el caso por un video y comentó: “Con razón estaban bravos”.

También advirtió: “Yo no quiero fiesta politiquera con esta tragedia y con las bolsas de comida, y con el agua”. Anunció que quitaría a las autoridades locales de la distribución y ordenó al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entregar la comida casa por casa.

Lea aquí: Mulino acusa al alcalde de Mariato de repartir entre sus copartidarios la ayuda del terremoto

‘Dónde están esas bolsas?’

Batista respondió al presidente en un video. Según su versión, los vecinos de Torio cerraron la calle a las 11:00 a.m., pero las bolsas del IMA llegaron entre las 2:00 y las 3:00 p.m. en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“¿Dónde están esas bolsas que el alcalde agarró para sus copartidarios?”, preguntó. Aseguró que la comida se repartió “familia por familia” en la comunidad, que está a unos 20 kilómetros del epicentro del terremoto.

El alcalde explicó que la protesta empezó por otra razón. Contó que esa mañana aterrizaron en Torio dos helicópteros que transportaban al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el viceministro Iván de Ycaza.

Los vecinos pensaron que venían a revisar sus casas derrumbadas, después de 72 horas sin luz, sin agua, sin comida y sin casa. “Ellos tienen razón”, dijo.

Agregó que, si el Estado hubiese llegado a resolver los problemas de Torio, “la gente no se tira a la calle”.

Batista contó que fue él quien tuvo que dialogar con los manifestantes para despejar la vía.

“Yo tuve que dar la cara. Sin embargo, ahora el malo de la película es Ángel Batista”, reclamó.

Pone en duda la entrega casa por casa

El alcalde cuestionó la orden presidencial de que el IMA reparta directamente la asistencia humanitaria. “¿Cuántos empleados tiene el IMA para desplazarse en estas tres provincias? Eso se tiene que organizar con los gobiernos locales y las juntas comunales”, afirmó.

Según el IMA, la institución ha movilizado más de 37,000 bolsas de comida: unas 16,000 hacia Herrera, 12,000 hacia Los Santos y cerca de 12,000 hacia Penonomé.

Batista manifestó que la poca ayuda que ha manejado el municipio vino de empresas privadas y de una donación de la Alcaldía de Panamá. Con esos insumos atendieron los albergues de Palo Seco, donde había más de 180 personas, además de Malena, y llevaron “un mínimo” a Torio.

[Le puede interesar: En la costa de Veraguas, sobrevivir al terremoto es buscar agua y alimentos]

‘Antes de declarar, hay que averiguar’

El alcalde recalcó que reconstruir las viviendas y restablecer el agua y la luz le corresponde al Estado. El Consejo de Gabinete declaró la emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre.

“Es un país con muchos recursos, pero no llegan a donde deben llegar. Así que antes de dar declaraciones, hay que averiguar”, dijo.

Batista dijo que respeta a Mulino y que lo conoce desde que fue ministro de Seguridad, y aseguró que nunca ha conspirado contra él. Luego le pidió al IMA que lleve comida a comunidades que, según él, siguen sin alimentos ni agua. Mencionó Las Bocas, Arenas, Varadero y Bajo Grande, entre otras. Esas comunidades, dijo, están “esperando la ayuda del gobierno”.

“La gente sabe quién es uno y quién es el otro”, concluyó.

En un modelo en el que los pasajeros llegan desde distintos países para continuar hacia otros destinos en vuelos coordinados, una demora o cancelación puede hacer que se pierda una conexión y obligar a reorganizar el resto del viaje. El efecto de un sismo ocurrido en Panamá, por tanto, puede alcanzar a viajeros que solo utilizan el país como escala.

Solo en Colombia, al menos 31 vuelos que tenían como destino Panamá aterrizaron en aeropuertos alternos, mientras las autoridades panameñas realizaban inspecciones para determinar si las pistas, los sistemas de navegación y las instalaciones aeroportuarias reunían las condiciones necesarias para reanudar las operaciones.

Entre los aeropuertos que recibieron vuelos desviados estuvieron Barranquilla, Cartagena y Montería. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, se reportaron 16 vuelos desviados y más de 1,280 pasajeros afectados. De esas operaciones, ocho vuelos retomaron su recorrido y otros ocho fueron cancelados.

Según registros históricos de Flightradar24, la noche del viernes figuraban 119 vuelos con salidas demoradas, 39 llegadas retrasadas y 37 canceladas.

En Montería, al menos dos aeronaves aterrizaron en el aeropuerto Los Garzones como consecuencia de la suspensión de operaciones en Panamá. También se reportaron desvíos hacia Bogotá.

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Las afectaciones se extendieron a otros países. En Ecuador, dos vuelos de Copa Airlines procedentes de Lima, Perú, y Santiago de Chile, que tenían como destino Panamá, terminaron aterrizando en Guayaquil.

Otros aviones fueron desviados hacia San José, Costa Rica, y el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

En el caso de las aerolíneas europeas, se reportó que un vuelo de Air Europa fue desviado hacia Punta Cana, República Dominicana, mientras que una aeronave de Air France que se dirigía el viernes 9 de octubre a Panamá regresó a París.

Turkish Airlines también enfrentó alteraciones en su programación, con un vuelo procedente de Estabul, desviado hacia Colombia y otro hacia Cancún, México. La aerolínea retomó sus operaciones el sábado 10 de octubre.

¿Por qué no podían despegar ni aterrizar los aviones?

Carlos Conde, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP), explicó a La Prensa, que el cierre temporal de Tocumen respondió a la necesidad de verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura aeroportuaria después del movimiento sísmico.

“Una vez que ya corroboraron que era seguro y que no había daños mayores, entonces se retoman las operaciones”, indicó.

El representante de las aerolíneas explicó que un terremoto puede comprometer elementos esenciales para el funcionamiento de un aeropuerto, incluso cuando los daños no resulten evidentes de inmediato.

“El terremoto puede haber fisurado una pista de aterrizaje y los aviones no pueden salir o puede haber dañado las mangas que conectan la terminal con los aviones, es muy riesgoso”.

Carlos Conde, presidente de ALAP

También advirtió sobre la posibilidad de afectaciones en los sistemas de navegación y en el suministro eléctrico, componentes indispensables para garantizar las operaciones aéreas.

“La industria de la aviación se basa al 100% en ofrecer seguridad y en base a que la operación sea segura”, sostuvo.

Detrás de cada despegue y aterrizaje existe una operación compleja que involucra procedimientos de seguridad, sistemas de navegación, condiciones de las pistas y funcionamiento de las terminales.

Por ello, las operaciones no pueden reanudarse hasta que se compruebe que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias.

¿Por qué los vuelos desviados tardaron horas en regresar?

Aunque Tocumen reanudó sus operaciones el viernes, los efectos de la interrupción se prolongaron durante el fin de semana.

Conde explicó que la reprogramación de los vuelos desviados depende de varios factores, entre ellos la disponibilidad de las aeronaves, las condiciones del aeropuerto de destino y los períodos de servicio de las tripulaciones.

“Hay casos en que la tripulación se puede vencer su periodo de servicio. En esos casos hay que cumplir unos tiempos de descanso obligatorio, o retomar las operaciones con otra tripulación en caso de que esté disponible”.

Carlos Conde, presidente de ALAP

Esto significa que, aunque Tocumen haya reabierto, algunas aeronaves no podían despegar inmediatamente desde los aeropuertos alternos porque sus tripulaciones debían cumplir los descansos reglamentarios.

El presidente de ALAP también destacó que cada situación requiere una solución particular, dependiendo de si el avión aterrizó en un aeropuerto cercano a Panamá o tuvo que regresar a su punto de origen.

“Ninguna aerolínea quiere tener 150 pasajeros parados en Orlando o en Punta Cana o en Montería porque esos son costos adicionales que nadie quiere tener que asumir”.

Carlos Conde, presidente de ALAP

Las alteraciones en las operaciones aéreas también provocaron malestar entre los pasajeros afectados por el terremoto del viernes 9 de octubre.

Mientras algunos expresaban su inconformidad por la suspensión de los vuelos y la falta de información sobre cuándo podrían continuar sus viajes, otros intentaban adaptarse a la situación y ser empáticos ante la afectación del terremoto.

Entre las principales quejas figuraban el cierre de los comercios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las dificultades para conseguir alimentos y otras provisiones durante la espera del viernes.

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La situación fue especialmente complicada para quienes viajaban en vuelos desviados hacia Colombia y otros países, donde algunos pasajeros denunciaron haber permanecido entre cuatro y seis horas dentro de las aeronaves.

Otros tuvieron que pasar la noche en Tocumen, acumulando hasta un día entero de espera, mientras que pasajeros cuyos vuelos aterrizaron en aeropuertos de otros países fueron reubicados en hoteles hasta que las aerolíneas pudieron reanudar sus operaciones.

¿Quién responde por los pasajeros que perdieron sus conexiones?

Una de las principales consecuencias de la interrupción fue la pérdida de conexiones internacionales, particularmente entre pasajeros que viajaban desde países centroamericanos y sudamericanos hacia Europa utilizando Tocumen como punto de escala.

En algunos casos, los viajeros tenían boletos que combinaban vuelos operados por Copa Airlines con trayectos posteriores de aerolíneas europeas, mediante acuerdos interlínea o de código compartido.

Conde explicó que existe una diferencia entre la aerolínea que opera un vuelo y la que emite el boleto, una distinción que los pasajeros deben tener presente al solicitar asistencia.

“La reservación la tiene la aerolínea que se emite el billete”, señaló.

Según el presidente de ALAP, cuando un pasajero pierde su conexión debe identificar qué compañía emitió su boleto y dirigirse a sus canales de atención para gestionar una solución.

“La que tiene la responsabilidad de darle algún tipo de solución o atender a ese pasajero es la aerolínea emisora del billete”, afirmó.

También explicó que la reubicación puede complicarse cuando los vuelos posteriores ya están ocupados por otros pasajeros afectados por la misma interrupción.

En esos casos, la disponibilidad de asientos se convierte en un factor determinante para establecer cuándo podrá continuar su viaje cada persona.

Políticas de flexibilidad tras el terremoto

Conde señaló que varias aerolíneas, entre ellas Copa Airlines, activaron políticas de flexibilidad para atender a los pasajeros afectados por las alteraciones operativas.

No obstante, recordó que el terremoto constituye un fenómeno natural ajeno al control de las compañías aéreas.

“Esto no es responsabilidad de la aerolínea con lo cual las políticas de flexibilidad pues son digamos una cortesía, una política abierta para dar el beneficio a los pasajeros”, sostuvo.

El impacto del terremoto pone de relieve la complejidad de la operación de Tocumen como centro de conexiones internacionales. Una suspensión temporal puede provocar que aeronaves y tripulaciones queden fuera de su programación habitual y que pasajeros pierdan vuelos posteriores, incluso después de que el aeropuerto haya retomado sus operaciones.

Las demoras que todavía se registraban durante la noche del domingo 11 de octubre reflejaban las dificultades para recuperar la programación de vuelos tras la interrupción del viernes.

Las alteraciones en la programación de vuelos del Aeropuerto Internacional de Tocumen continuaron durante el domingo 11 de octubre, dos días después del terremoto que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

De acuerdo con un registro de Flightradar24 correspondiente a las 11:34 p. m. del domingo, alrededor de 202 salidas, equivalentes al 86% de las contabilizadas por la plataforma, figuraban con retraso, mientras cuatro aparecían canceladas.

La demora promedio era de 49 minutos y el índice de interrupción aeroportuaria alcanzaba 4.1 de un máximo de 5, considerado alto. Para la mañana del lunes 12, los indicadores mostraban una mejoría, aunque todavía no se disponía de un balance definitivo de las afectaciones.

La protesta se produjo un día después de que personal del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) evacuara la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, donde funciona una unidad de hemodiálisis, debido a las afectaciones que sufrió el edificio tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre.

Personal de los Bomberos y el Sinaproc procedieron a evacuar la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, donde funciona una unidad de hemodiálisis, por las afectaciones que sufrió tras el terremoto de 7.5 del pasado viernes.
Fotos: Sinaproc pic.twitter.com/SvSmGvfuCi

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 12, 2026

Una de las voceras de los manifestantes indicó que recibieron una respuesta para garantizar las sesiones de este lunes, pero reclamó una solución definitiva para los pacientes que dependen de este tratamiento.

“Necesitamos la diálisis para vivir”, expresó la mujer, quien pidió la construcción de un nuevo edificio para atender a los pacientes renales.

La vocera también afirmó que, antes del fuerte sismo, la estructura ya presentaba condiciones que, a su juicio, no eran adecuadas para continuar prestando el servicio. “Caemos en urgencias y qué van a hacer, ¿dejarnos morir?”, cuestionó.

Otros pacientes respaldaron el reclamo y aseguraron que las condiciones del edificio eran motivo de preocupación desde hacía tiempo.

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Reubican temporalmente las sesiones

El domingo, en conferencia de prensa, se informó que los 405 pacientes renales que reciben atención en el Hospital Santo Tomás podrían realizar sus sesiones de hemodiálisis este lunes 12 y martes 13 de octubre en otro pabellón del mismo centro hospitalario, que no resultó afectado por el terremoto del pasado viernes.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, declaró a medios locales que los pacientes ya estaban recibiendo atención y atribuyó la situación a una desinformación.

Pero dos días después del terremoto del pasado 9 de octubre, la imagen del poblado es otra. Las carpas y tiendas de campaña han tomado protagonismo en una comunidad donde el miedo a nuevas sacudidas mantiene a residentes fuera de sus viviendas. No es para menos. Las réplicas registradas en distintos puntos del país suman más de 200.

Las grietas en los edificios y las viviendas dañadas no solo plantean una emergencia habitacional, sino también el desafío de preservar los espacios que conectan a la comunidad con su pasado.

Los parques Simón Bolívar y Rufina Alfaro se han convertido en espacios para instalar carpas y habilitar refugios temporales.

Otros residentes han tendido tiendas de campaña en los patios de sus casas, mientras algunos han optado por dormir en sus autos, preparados para salir del lugar si es necesario.

El terremoto provocó un susto enorme que, lejos de disiparse, se mantiene vivo cada vez que se siente una réplica. No es solo el miedo a volver a experimentar un movimiento de esa intensidad.

También está el temor de que las estructuras que ya fueron sacudidas terminen de ceder y se conviertan definitivamente en escombros.

Con el paso de los días, los relatos de los residentes de La Villa han pasado del miedo y la incertidumbre tras el terremoto a los reclamos de ayuda para enfrentar sus consecuencias.

Muchos temen regresar a sus casas, si es que aún están de pie, al tiempo que crece la necesidad de respuestas sobre la seguridad de las estructuras afectadas, las condiciones en las que permanecen las familias y el apoyo que recibirán para comenzar a recuperarse.

Marisol Viane, residente de La Villa de Los Santos, cuenta cómo el terremoto del pasado viernes 9 de octubre cambió su vida. Tras perder su vivienda, pide ayuda al Gobierno para salir adelante. 🎥 Mira aquí su historia. https://t.co/ym1Fb5nxv1

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

En La Villa de Los Santos, Miluska Villarreal permanece en una carpa instalada en el parque, tras el terremoto que sacudió al país el pasado viernes. #Terremoto #LosSantos #Panamá https://t.co/Kar3jCHyEz

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

Entre las estructuras más emblemáticas de La Villa de Los Santos que resultaron afectadas por el terremoto están la iglesia de San Atanasio, el edificio del municipio, las instalaciones de la Policía Nacional, el cuartel de los bomberos, el Banco Nacional y la Escuela del Folclore, además de varias viviendas.

Los daños alcanzaron a todos: edificios públicos, espacios vinculados con la vida comunitaria y construcciones que forman parte de la identidad histórica y cultural del sitio.

A las 5:00 p.m. de este domingo 11 de octubre, una ráfaga de lluvia cayó sobre La Villa de Los Santos. En otro momento, habría sido una bendición para aliviar el calor y humedecer las siembras.

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Hoy, para quienes perdieron el techo de sus casas por el terremoto, era lo último que necesitaban: más agua sobre sus pertenencias y la amenaza de pasar otra noche a la intemperie.

Con información de Irving Viane

En este periodo vital femenino, la terapia hormonal puede atenuar notablemente las alteraciones que se producen en múltiples sistemas del organismo que, principalmente, causan osteoporosis, problemas cardiovasculares (infarto y accidente cerebrovascular) y síntomas transitorios de depresión e insomnio a las mujeres.

Estas son las principales conclusiones de una investigación liderada por el Instituto Weizmann de Ciencias (Israel), cuyos resultados se han publicado este lunes en la revista Nature Medicine.

Estos hallazgos, que indican que los cambios fisiológicos relacionados con la menopausia pueden ocurrir en un período de tiempo más corto de lo que se pensaba, ayudarán a mejorar la comprensión sobre estos síntomas y en qué momento se pueden empezar a detectar y tratar.

Inspirados en las estrellas

La menopausia, que supone el final permanente de la menstruación y la fertilidad femeninas, ocurre cuando los folículos ováricos se agotan, lo que provoca cambios en los niveles de varias hormonas sexuales.

Pero más allá de la fertilidad, la menopausia altera múltiples sistemas biológicos. Hasta ahora, no se ha podido establecer con exactitud cuándo suceden estos cambios porque el último período menstrual de las mujeres rara vez se registra y por la falta de estudios a largo plazo.

Para tratar de averiguar cuál es la cronología de la menstruación femenina, un equipo de científicos de Israel desarrollaron un método computacional inspirado en la astronomía para analizar más de 300 millones de análisis de laboratorio de más de un millón de mujeres de dos cohortes distintas (una de Estados Unidos y otra de Israel), entre 1999 y 2024.

Al analizar ambos conjuntos de datos, los investigadores observaron cambios abruptos en múltiples sistemas del organismo durante la menopausia.

En los datos de las mujeres estadounidenses, 52 de 90 pruebas de laboratorio analizadas mostraron cambios abruptos en varios sistemas del organismo, principalmente en el hormonal.

El estudio reveló que los niveles de tres hormonas sexuales cambiaron más de una década antes del último período menstrual: la hormona antimülleriana y el estradiol disminuyeron rápidamente alrededor de 15 y 12 años antes, respectivamente, mientras que la hormona folículo estimulante aumentó de forma más rápida alrededor de 14 años antes.

Además, las mujeres registraron cambios en los huesos, que mostraron una pérdida acelerada de la densidad mineral; en la función renal y hepática, y en el perfil lipídico, que registró subidas abruptas de enzimas y proteínas como la albúmina, y aumentos del colesterol y los triglicéridos.

Asimismo, detectaron un aumento brusco de los niveles de plomo en sangre -asociado a la liberación del metal acumulado en los huesos al perder la masa ósea- y un crecimiento importante de la ferritina, del hierro sérico y la hemoglobina, lo que, en este caso, al contrario de los otros cambios que conllevan riesgo patológico, reduce el riesgo de anemia.

Terapia hormonal

Frente a estos cambios, el estudio comprobó que la terapia hormonal para la menopausia se asociaba con cambios menores en muchas mediciones, particularmente en las relacionadas con la salud ósea y la función hepática y renal.

Para los autores, estos hallazgos indican que la menopausia es una transición fisiológica abrupta que afecta a todo el cuerpo e inherente a las mujeres, en lugar de una parte gradual del envejecimiento, ya que no se observaron cambios comparables en los hombres.

Los autores advierten de que utilizaron datos retrospectivos e información de la menopausia autorreportada, por lo que los efectos de la terapia hormonal deberían confirmarse en estudios futuros.

El funcionario explicó que la única cárcel donde se identificaron algunas afectaciones fue la de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

Sin embargo, una inspección realizada por ingenieros del Ministerio de Gobierno y del Cuerpo de Ingenieros del Comando Sur determinó que el centro no sufrió daños estructurales.

Como medida preventiva ante las réplicas, las autoridades establecieron un protocolo para trasladar temporalmente a los privados de libertad al patio cuando se registra un movimiento sísmico fuerte. Según Singh, permanecen allí durante unos 15 minutos antes de regresar a sus pabellones.

El director detalló que se realizaron inspecciones en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, Nueva Esperanza, en Colón, así como en las cárceles de Chiriquí, Veraguas, Chitré y Penonomé. En estas instalaciones no se reportaron daños graves.

“Solamente la cárcel pública de las Tablas sufrió una afectación leve pero, tras una revisión, se estableció que no tiene daños estructurales”.

Chanan Singh, director de Sistema Penitenciario.

En cuanto a los privados de libertad que se encuentran en la isla de Coiba, Singh indicó que están bien y que la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), donde permanecen, no registró afectaciones por el terremoto.

Hasta agosto de 2026, la población penitenciaria del país ascendía a 24,772 personas, de acuerdo con los datos citados. De ese total, 15,414, equivalentes al 62%, tenían condena en firme, mientras que 8,582, el 34%, permanecían bajo proceso judicial.

Allí, la comunidad armó un campamento con lo que tenía a mano. Lonas azules y grises amarradas a los árboles y a las columnas de concreto de una construcción sin paredes. Sillas plásticas y mesas con botellas de agua. El suelo es de barro rojo, con charcos de la última lluvia. Las mujeres y los niños ocupan las sillas.

Más arriba, bajo otra lona, hay carpas de campaña de colores sobre la hierba. Ahí están los mayores. Una mujer con bastón, un hombre con sombrero y otros sentados en sillas blancas. Conversan, observan la lluvia caer y esperan, sin saber qué vendrá después.

Detrás se observan los cerros de Mariato.

“Estamos acá en una altura, donde nos refugiamos por miedo a un tsunami”, dice Samuel Fuentes, camiseta roja y gorra negra, con una botella de agua en las manos.

Malena es un pueblo de playa en el sur del distrito de Mariato, en la costa pacífica de Veraguas, a un costado de la península de Azuero. Su playa es famosa porque en ella anidan las tortugas marinas; pero ahora sus vecinos temen al mar.

Después de dos días de la tragedia, Fuentes pide lo básico: leche, pan, arroz, aceite, café, agua, pañales desechables para los niños.

El sismo del viernes 9 de octubre, de magnitud 7.5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y de 7.7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en Los Santos, a poca distancia de la costa. Las alertas de tsunami se extendieron por el Pacífico, de Centroamérica a Chile, y luego se levantaron.

En Isla Caña, en Tonosí, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) evacuó a unas 300 personas por el incremento del nivel del mar.

En Malena, la cuenta de Fuentes es precisa. Más de 12 casas quedaron completamente destruidas. El 80% de las viviendas de la comunidad, según narra, tiene grietas.

Las autoridades lo confirman. Malena figura junto a Torio, Llano de Catival y La Yiya en la lista de poblados de Mariato con viviendas totalmente destruidas.

La carretera partida

Lo que separa a estas comunidades de la ayuda es la carretera. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, calculó que los daños alcanza los cinco kilómetros de la vía hacia Mariato. Mientras que seis puentes necesitan reparación urgente.

Los camiones pesados no pueden pasar. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó a los corregimientos de Arenas, El Cacao y Quebro sin acceso por tierra.

Otro testimonio desde la zona recopilados por este medio, advierten sobre depósitos de insumos y equipos de trabajo volcados por el terremoto.

“Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas”, dice un lugareño en un video que llegó a la redacción de La Prensa.

Aquí el problema es otro. El agua de la zona baja por gravedad desde la montaña y el terremoto rompió las tuberías. Tampoco hay electricidad. Los alimentos que las familias guardaban en refrigeradores tienen los días contados, y con ellos la última reserva de comida.

El hombre hace su propio diagnóstico. En Arenas y El Cacao, dice, los daños no fueron tan grandes. Malena, Torio y Morrillo, playas vecinas en la misma franja costera, no tuvieron la misma suerte. “Ahí sí se necesita apoyo ahorita de comida, agua”, insiste.

¿Y Mulino? ‘No lo vi’

En Tonosí, el distrito del epicentro del terremoto, la queja es constante. Un comerciante que habló en nombre de los pequeños empresarios del lugar describe un distrito sin agua y sin luz, con familias que no tienen para el desayuno ni el almuerzo, ni agua potable para bañarse. Algo de ayuda privada ha llegado, reconoce. La del Gobierno, no.

El presidente José Raúl Mulino recorrió zonas afectadas tras el sismo. El comerciante dice que escuchó que estuvo por allí. “No lo vi”, agrega, y deja la duda en el aire. Apela a la logística y dice que si Panamá tiene equipos suficientes, el agua embotellada ya debería repartirse en cada corregimiento del distrito.

El Gobierno declaró el pasado sábado el estado de emergencia nacional y habilitó $100 millones para compras sin licitación. Mulino anunció además la entrega de alimentos casa por casa.

En Tonosí, por ahora, esa ayuda todavía es una promesa en algunas zonas.

La ayuda por cuenta propia

Más al oeste, en Mata Pura de Quebro, Jacinto Rodríguez no espera al Estado. Habla en nombre de la Fundación Agua y Tierra, que abrió una campaña de recolección con voluntarios en Ciudad de Panamá y Santiago.

Él, clama por los damnificados en el distrito, pues las ayudas no alcanzan a llegar hasta su área.

El balance oficial de Sinaproc no registra fallecidos y cuenta 27 heridos leves en todo el país. El Ministerio de Educación contabiliza 419 escuelas afectadas, 17 de ellas en Veraguas con pérdida total.

Hasta este domingo 11 de octubre a las 11:00 a.m. se habían reportado 256 réplicas en la zona de Azuero, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

Pero el conteo de las réplicas no es un tema de conversación en las zonas afectadas. Ellos piden de arroz, agua, café.

El texto contiene dos puntos que concentran el alcance de esta emergencia: además de contar con una partida de hasta $100 millones, el Gobierno podría solicitar a la Asamblea suspender temporalmente los límites financieros de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, una medida que le daría margen para gastar por encima del tope fiscal, siempre que el órgano legislativo la apruebe.

Los $100 millones

El artículo 3 de la resolución estableció la suma de hasta $100 millones para que ministerios y entidades públicas ejecuten obras y adquieran bienes y servicios mediante el procedimiento especial de adquisiciones, es decir, sin recurrir a una licitación pública.

Según la Resolución de Gabinete N° 108, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30631, las compras se deben hacer “a precios de mercado debidamente justificados”, con el fin de atender las situaciones de emergencia derivadas del sismo.

Las contrataciones podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Consejo de Gabinete puede aumentar o disminuir tanto el monto como el plazo mediante una nueva resolución.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administrará los recursos y los traslados de partidas conforme a la ley del Presupuesto General del Estado.

El dinero se consignará en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, según la disponibilidad presupuestaria de las vigencias 2026 y 2027, y los pagos se harán previo refrendo de la Contraloría General de la República. Si al cerrar el período queda saldo, deberá reintegrarse al Tesoro Nacional.

La dispensa del déficit

Los fondos podrían provenir de reasignaciones dentro del presupuesto o de nueva deuda.

De allí que en el artículo 6 se autorice al MEF a solicitar “de forma inmediata” a la Asamblea Nacional la dispensa para suspender temporalmente los límites financieros que establece el artículo 11 de la Ley 34 de 2008, la norma de responsabilidad social fiscal.

La Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) de Panamá establece, para el año 2026, un límite máximo de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) para el déficit del sector público no financiero.

El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda en un año. La ley fija un tope a esa brecha para evitar que la deuda crezca sin control.

Si la Asamblea aprueba la suspensión temporal de esos límites, el Gobierno podría gastar por encima de ese techo para atender la emergencia. Pero el hecho de que pueda hacerlo no significa que lo hará.

Declaraciones del ministro de Economía

En este contexto, el ministro de Economía, Felipe Chapman, precisó que “la economía panameña no se va a detener”. El ministro aseguró que Panamá “cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes”.

Chapman dijo que, si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos.

Este tipo de crédito suele tener tasas de interés bajas, plazos largos y período de gracia antes de empezar a pagar el capital. Suelen darlo organismos multilaterales en contextos de emergencia y reconstrucción.

Chapman, de hecho, agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como a Estados Unidos, por ofrecer recursos no reembolsables.

“En El Salvador estamos comenzando a diseñar un país para el futuro, con los ingredientes que nos definen y la sensibilidad para encontrar las mejores ideas de la historia y del mundo. Y creo que el bitcoin puede ser una de ellas”.

Con ese mensaje pregrabado se dirigió el presidente Nayib Bukele a la comunidad entusiasta de la criptomoneda reunida en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, Florida (Estados Unidos), en marzo de aquel año.

Acto seguido, anunció su intención de enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que convertiría al país centroamericano en el primero del mundo en adoptar el bitcoin, haciendo al público estallar en aplausos ante la materialización de un ideal.

Cinco años después, el dólar vuelve a ser la única divisa de curso legal en El Salvador, la aceptación del bitcoin pasó a ser voluntaria y no existe —como se prometió— ninguna ciudad futurista impulsada por la energía geotérmica de un volcán en la que se minaría la criptomoneda.

¿Qué queda entonces hoy del “país del bitcoin”, como el propio Bukele lo bautizó? ¿Qué se ha cumplido de todo lo que se anunció? Y, ¿quién se ha beneficiado?

De lo prometido…

La cruzada para “bitcoinizar” El Salvador arrancó en junio de 2021, con la aprobación en la Asamblea Legislativa —controlada por el partido del presidente, Nueva Ideas— de la ley que volvió el criptoactivo de curso legal junto al dólar, la moneda oficial de El Salvador desde hace dos décadas.

La promesa era clara: su implementación traería “prosperidad, libertad económica e inclusión financiera”.

Se dijo que abarataría las remesas, ese dinero que envía la diáspora y que representa casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) —en 2025 ascendió al 26,3%, según datos del Banco Central de Reserva—, ayudaría a incorporarse al sistema a aquella parte de la población con empleo informal y sin cuenta bancaria, y atraería inversión extranjera.

Para su puesta en marcha, el gobierno creó un fideicomiso de US$150 millones y entregó un incentivo de US$30 a cada ciudadano para que descargara la billetera digital Chivo Wallet en su celular.

También destinó otros US$50 millones para la instalación de cajeros y demás logística.

Nueve meses después, una de las primeras encuestas sobre la nueva política mostraba la poca fe que le tenían ya por aquel entonces los salvadoreños.

El 71% de los consultados al respecto por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) aseguró que no le estaba “beneficiando en nada en la economía familiar”.

Aquello se sumaba a lo observado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, una organización estadounidense privada y sin ánimo de lucro, que en su informe de abril de 2022 recogió que la mayoría de los usuarios que descargaron la Chivo Wallet no volvieron a usarla una vez gastado el “bono” ofrecido por el gobierno.

Mientras, Bukele siguió comprando la criptomoneda con fondos públicos, a pesar de las advertencias de expertos sobre el alto riesgo al que quedaban expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.

“A veces lo hago incluso cuando estoy en el baño”, escribió el mandatario en respuesta en la red entonces llamada Twitter.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1507062761544687616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1507062761544687616%7Ctwgr%5E3f74bef797824a7e8a397d035cb85c91ea91457d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftest.elsalvador.com%2Fh-noticias%2Fh-negocios%2Fpresidente-bukele-compra-bitcoins-en-el-bano%2F940028%2F2022%2F

Avanzando con su plan, en enero de 2023 la Asamblea aprobó la inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales, con el objetivo de atraer capital extranjero.

En su intento de convencer a los grandes inversores de que creyeran en su proyecto de “bitcoinizar” El Salvador y se atrevieran a hacerle préstamos de alto riesgo, el gobierno explicó en Twitter que la nueva ley allanaba el camino para los “bonos volcán” que —dijo— pronto empezaría a emitir.

Era, quizá, el paso más ambicioso del proyecto: implicaba endeudar al país en bitcoin; es decir, emitir un bono en el mercado internacional, como lo hace cualquier Estado que requiere financiarse, aunque en este caso respaldado en la criptomoneda.

La mitad del dinero del bono sería utilizada para comprar más bitcoin y la otra mitad para financiar el inicio de la construcción de una ciudad a los pies del volcán de Conchagua llamada Bitcoin City.

Para redondear la estrategia, esta suerte de urbe futurista utilizaría energía geotérmica generada por el volcán, que a su vez alimentaría las potentes redes de computadoras que se usan para crear (o minar) nuevos bitcoin.

“El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”, dijo Bukele, una narrativa que coincide con la de los criptoevangelistas.

Estos tienen especial arraigo en Estados Unidos, donde el mercado de las criptomonedas se ha dotado de un componente ideológico impulsado por republicanos radicales y anarcocapitalistas que presentan al bitcoin como una herramienta para reducir el poder de los bancos centrales y la intervención del Estado, bajo la promesa de que cualquiera puede enriquecerse si su cotización alcanza niveles estratosféricos.

Sea como fuere, ¿cuánto se ha materializado de ese catálogo de promesas que debía acompañar la “bitcoinización” de El Salvador?

Baja adopción

“Si se atiende a las razones que ofreció Bukele para la adopción del bitcoin, no hay duda de que el proyecto fracasó”, le dice el economista Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, a BBC Mundo.

“Es muy claro que la pretensión del gobierno era que a estas alturas todo el mundo estuviera usando el bitcoin. La aprobación de la ley, la constitución del fideicomiso, todo el ecosistema estaba diseñado para eso, a pesar de que en encuestas previas la población manifestaba una alta desconfianza sobre el experimento”, explica.

“Y en ese sentido, efectivamente, no ha funcionado”, continuó.

Ya en 2022, cuando el entusiasmo por la iniciativa estaba en su punto máximo, una encuesta de CID-Gallup halló que solamente una quinta parte de las empresas aceptaba bitcoin y que tan solo el 5% de los pagos de impuestos se hacía en cripto.

Dos años después, en 2024, BBC Mundo pudo comprobar en terreno que el uso de la criptomoneda era anecdótico, concentrado mayormente en el área bautizada como Bitcoin Beach, en torno a la playa de El Zonte.

El “bitcoin no ha tenido la adopción que esperábamos”, le confesó el propio Bukele a la revista Time durante una entrevista publicada en agosto de aquel año.

Una encuesta publicada en enero de 2025 por el Iudop acabó de completar la radiografía: el 91,8% de los salvadoreños manifestó no haber utilizado el criptoactivo el año anterior; y entre ellos, un 76,2% admitió no haberlo usado nunca.

Aunque El Salvador dio el año pasado un importante salto en la bancarización, según la encuesta Global Findex 2025 del Banco Mundial, solo cuatro de cada diez salvadoreños mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria.

Remesas y bonos

La “bitcoinización” tampoco tuvo mayor impacto en las remesas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes del BCR, el porcentaje enviado mediante billeteras de criptomonedas entre enero y abril de 2026 aumentó con respecto al año anterior — 44,3% más, hasta un total de US$23,1 millones—, pero apenas representó el 0,7% del total de remesas enviadas, que ascendió a US$3.286 millones.

La gran mayoría del dinero que manda la diáspora y que constituye un salvavidas financiero para miles de hogares salvadoreños continúa llegando por los canales tradicionales.

“Lo que pasa es que la propuesta diagnosticó mal el problema”, le dice a BBC Mundo Frank Muci, investigador de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science (LSE).

“Lo que hace que las remesas sean caras (que tengan comisiones altas) es en parte que se originan en efectivo en EE.UU. y se quieren recibir también en efectivo”, explica el experto, quien ha escrito ampliamente sobre la experiencia con el bitcoin en El Salvador.

Muci describe el proyecto como un “gran nothing burger”, el concepto inglés para referirse a algo insignificante, sin impacto relevante.

Sobre el rol que el bitcoin habría tenido, según sus defensores, en la llegada de visitantes al país, Muci cree que no es “macroeconómicamente significativo”. “Si tú me preguntas qué ha hecho Bukele que realmente esté cambiando el panorama turístico, es la política de seguridad”, señala.

Con su “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Bukele logró reducir drásticamente el índice de homicidios, al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

El desplome de la violencia llevó a que en febrero de 2024 el presidente Bukele fuera reelegido por una mayoría aplastante, obteniendo alrededor del 90% de los votos.

A diferencia de la de seguridad, la del bitcoin es “una política que generó cientos de titulares, si no miles, y que en el fondo no hizo nada”, prosigue Muci, “más allá de generar un gasto para su implementación y asustar a los mercados, que durante un tiempo penalizaron muy fuertemente a El Salvador”.

“Por lo menos hay que remarcar que no se ha perdido dinero”, subraya por su parte Acevedo, refiriéndose a los bitcoins adquiridos en estos años. “Si bien la inversión no ha tenido la rentabilidad que el gobierno esperaba, tampoco está tan alejada de lo que habría sido la rentabilidad del mercado si se hubiera invertido en otra cosa”.

Hasta pasado jueves, el país acumulaba 7.798,37 bitcoins (equivalente a US$636 millones, un valor que fluctúa), según la Oficina Nacional de Bitcoin, que muestra en su página web las transacciones a tiempo real.

Lo que no se ha emitido hasta la fecha son los “bonos volcán”, y tampoco se ha avanzado en la construcción de la Bitcoin City.

Es algo que Samson Mow, director ejecutivo de la firma de infraestructura bitcoin JAN3 y quien fuera el arquitecto de los “bonos volcán”, lamenta.

“Lo bueno es que sí conservaron el marco de activos digitales y con eso creamos una industria regulada, próspera y robusta que está creciendo muy rápido”, le dice a BBC Mundo.

Aunque reconoce que hace mucho no habla con Bukele, también opina que el presidente “todavía cree en el bitcoin”.

“Pero necesita equilibrar esa fe con lo necesario para gobernar un país y con la presión y las condiciones impuestas por una entidad como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar mucho capital para El Salvador”, subraya.

La presión del FMI

En un contexto económico complicado para el país, en diciembre de 2024 el gobierno salvadoreño alcanzó con la entidad un acuerdo de financiamiento de US$1.400 millones, con la condición de “mitigar los riesgos del bitcoin”.

Al mes, y sin mucho anuncio desde el oficialismo, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Bitcoin.

Con la modificación de seis artículos y la eliminación de tres de la pionera legislación, el criptoactivo dejó de ser moneda de curso legal, su uso quedó relegado a intercambios entre ciudadanos y empresas privadas, y su aceptación pasó de ser obligatoria a voluntaria.

Y recién en septiembre se dio otro paso más hacia el desmantelamiento del plan original para “bitcoinizar” El Salvador.

En el marco de la tercera revisión del cumplimiento de las condiciones para el préstamo, programado en varias entregas, el gobierno transfirió “la propiedad mayoritaria y el control” de la billetera estatal Chivo Wallet a un “operador privado”.

“Lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo, algo que se ofreció hace año y medio, y no la reserva estratégica de bitcoin”, escribió Bukele como aclaración en X después de que varios medios se hicieran eco de la noticia.

No sería hasta el pasado jueves cuando se supo que se trata de Linguard Labs, aunque sigue sin conocerse el porcentaje adquirido y el monto de la operación. Mientras, el Estado salvadoreño permanecerá como accionista y socio.

Con esta alianza “público-privada” se contempla el relanzamiento de la billetera con servicios que incluirían remesas gratuitas desde EE.UU. para determinados usuarios, acceso a microcréditos, adelantos en efectivo y pagos con distintos activos digitales.

Por otra parte, en el informe con el que autorizaba el nuevo desembolso de US$138 millones para El Salvador, el FMI también hizo referencia a los bitcoins que el Ejecutivo siguió comprando.

De hecho, continuó con esas adquisiciones incluso tras la firma del préstamo, a pesar de que frenar la inversión era una condición explícita para ello, según mostró el sitio oficial de The Bitcoin Office, que recoge datos sobre la compraventa de la criptomoneda y su reserva.

En su comunicado, sin embargo, el FMI señaló que los últimos bitcoins fueron adquiridos gracias a “donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos” y que el gobierno salvadoreño se comprometió a no invertir más. “No se prevé acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, concluyó el FMI.

Pero ¿quién está detrás de las donaciones? ¿Y a cuánto asciende su monto?

Son preguntas que se suman a las interrogantes que rodean al proyecto desde el inicio. Hasta hoy no se tiene claridad de dónde salen los fondos ni quién lleva una contraloría sobre ellos.

BBC Mundo se lo preguntó a Presidencia, pero sigue sin recibir respuesta. También le consultó al FMI, pero la entidad contestó diciendo que no tenía nada más que añadir al comunicado.

¿Qué queda del experimento?

A pesar de reconocer que el acuerdo con el FMI desmanteló los elementos más ambiciosos del experimento, sus defensores, así como algunos críticos, subrayan su impacto simbólico.

“Fue importante para la narrativa de la hiperbitcoinización, la idea de un mundo en el que el bitcoin haya reemplazado al dinero tradicional emitido por los Estados”, le dice Muci, el investigador del LSE, a BBC Mundo.

Antes de 2021, la idea de que un gobierno pudiera adoptar el bitcoin era puramente hipotético. Y El Salvador, bajo Bukele, lo volvió realidad, al menos por un tiempo, subraya por su parte Mow.

“Para el bitcoin fue una validación del concepto, mientras que El Salvador consiguió un escenario global”, agrega.

Aunque reconoce que esperaba que otros países siguieran rápido el ejemplo, de la experiencia de El Salvador aprendió que es “más difícil de lo que parece”.

“Incluso cuando se tiene un gobierno con enormes cuotas de poder, en realidad no se puede imponer la adopción”, dice sobre las lecciones que deja el ejemplo de El Salvador.

“Debe haber un enfoque combinado, de iniciativas impulsadas desde el gobierno que allanen el camino para que los mercados funcionen libremente y para eliminar los obstáculos que impiden a la gente adoptar esta tecnología, y otras iniciativas más centradas en la educación”, opina.

“De todas maneras, no creo que el bitcoin necesite un decreto que obligue a la gente a usarlo, porque estoy convencido de que es la mejor forma de dinero que ha conocido la humanidad y de que su adopción se producirá de manera natural”, concluye.

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El proyecto es el número 741, fue presentado por el diputado de Realizando Metas (RM), Jamis Acosta -que además es abogado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal- e introduce modificaciones a tres artículos del Código Procesal Penal (CPP).

En una nota enviada al diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Benicio Robinson, el procurador Gómez explica por qué los cambios propuestos por el diputado Acosta crean obstáculos que podrían impedir que casos “con fundamento investigativo” lleguen a juicio.

“Para quien ha sufrido un delito, ello puede significar que su denuncia quede sin una respuesta efectiva, pese a la existencia de diligencias útiles para esclarecer lo ocurrido”, señaló Gómez en su nota a Robinson.

Sostiene que las modificaciones propuestas en el proyecto 741 comprometen la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal.

La nota a Robinson fue enviada el 7 de octubre. Posteriormente, ese mismo día, la Comisión de Gobierno prohijó el anteproyecto de Robinson, que es el actual proyecto 741.

La intención de Acosta

El diputado Acosta propuso modificar tres artículos del CPP: los números 271, 280 y 349.

El 271 tiene que ver con las “formas” de iniciar la investigación preliminar.

Si es por denuncia o querella, se establece un plazo de 18 meses y permite una sola prórroga de hasta seis meses. Pero si es de oficio, se admiten prórrogas sucesivas. El procurador no entiende a qué responde esta diferencia. “No se advierte una justificación suficiente para que la denuncia de una víctima determine un régimen más restrictivo de investigación”, remarcó en la nota a Robinson.

Advirtió que solicitar prórrogas sucesivas por periodos de hasta seis meses supone una carga adicional para los fiscales y los despachos judiciales. Además, que ello generaría una multiplicidad de audiencias ante los jueces de garantías sin una necesidad real.

“Estas disposiciones, consideradas conjuntamente’, crean obstáculos que podrían impedir que casos con fundamento investigativo lleguen a juicio”.

Procurador Luis Carlos Gómez.

En cuanto al artículo 280, este trata sobre la formulación de la imputación.

La propuesta de Acosta permitiría que la imputación sea rechazada mediante una “valoración2 de la vinculación del investigado con los delitos atribuidos. El procurador consideró que eso convertirá la audiencia de imputación en un ”debate probatorio anticipado" y obstaculizaría el desarrollo de una investigación que todavía no se ha completado.

El 349 tiene relación con la apertura del juicio oral.

El proyecto 741 permite al juez de garantías rechazar la acusación si considera que los elementos de convicción no vinculan al imputado con el tipo penal señalado. Gómez precisa que la amplitud de esta causal puede anticipar, en la fase intermedia, una valoración de fondo que requiere la práctica y contradicción de la prueba en juicio.

Además, plantea que la propuesta introduce un sobreseimiento provisional por deficiencias de la acusación, sin definir sus condiciones de reapertura ni armonizar sus efectos con el régimen existente.

Por lo antes expuesto, el procurador solicitó que la propuesta de Acosta no fuera aprobada. En cambio, lo que hicieron los diputados de la Comisión de Gobierno fue acuerparla y votar para que fuera discutida en primer debate.

Ese orgullo tiene fundamento, pero las torres de iglesias que cayeron, las viviendas afectadas y los tramos de carretera que se partieron no estaban en la ciudad donde viven los ingenieros y donde se revisan los planos, sino en Azuero y en Veraguas, que cuentan con muy poco de todo eso. En esa diferencia hay una lección más importante que la resistencia de cualquier edificio.

Ciertamente, la distancia explica la mayor parte de lo ocurrido, porque en la capital el sismo se sintió con una intensidad cercana a los cinco grados y, en los alrededores del epicentro, con siete, así que ningún rascacielos de Punta Pacífica aprobó el viernes un examen que en realidad no presentó. La ciudad tiene, además, su propia falla, la de Pedro Miguel, y es esa falla, y no la de Azuero, la que algún día pondrá a prueba toda la capacidad técnica instalada del país. Lo que sí muestra el sismo es que esa capacidad de prevenir, de inspeccionar y de evaluar daños está repartida de manera muy desigual sobre el territorio, y que el reglamento estructural no corrige por sí solo esa desigualdad, porque rige igual en Tonosí que en Bella Vista y lo que cambia es quién está ahí para aplicarlo.

La norma es buena y conviene reconocerlo, porque, desde el código antisísmico de 1976 hasta el Reglamento para el Diseño Estructural Panameño de 2021, vigente desde abril de 2023, cada versión corrigió a la anterior. Tampoco faltan profesionales, porque el Censo de 2023 cuenta 4,822 personas que ejercen como ingenieros civiles y 3,771 como arquitectos y, si se suman las demás ramas de la ingeniería, el país queda con unos 32 ingenieros por cada diez mil habitantes, una proporción parecida a la del Reino Unido. Siendo así, el problema de Panamá no está en la cantidad de profesionales que forma, sino en el lugar donde esos profesionales terminan viviendo y trabajando.

El censo permite verlo con detalle. La provincia de Panamá reúne al 35% de la población del país, pero al 61 por ciento de sus ingenieros civiles y al 67% de sus arquitectos. Herrera, Los Santos y Veraguas, las tres provincias más golpeadas por el sismo, tienen el 12% de la población y el 8% de los ingenieros civiles. Esa distribución no es un capricho ni una falla de las universidades, porque los ingenieros se reparten por el país igual que el producto interno bruto y no igual que la gente: la provincia de Panamá genera el 60% del PIB y tiene el 61% de los ingenieros civiles, mientras que Azuero y Veraguas generan el 5% del PIB y tienen el 8% de los ingenieros.

Los profesionales van adonde está la economía que puede pagarlos, como haría cualquier mercado, y así la capacidad técnica de un territorio queda atada a su producto y no a sus casas ni a sus fallas. Con los albañiles pasa lo contrario, porque se reparten más o menos como la gente, de manera que, por cada ingeniero civil o arquitecto residente, hay tres albañiles y medio en la provincia de Panamá y doce en Azuero. Visto por distritos, casi uno de cada cuatro no tiene ningún ingeniero civil residente y la mitad tiene menos de cinco profesionales entre ingenieros y arquitectos. Tonosí, el distrito del epicentro, no tiene ningún ingeniero civil y tiene dos arquitectos para cerca de nueve mil habitantes.

El censo registra dónde viven los profesionales y no dónde ejercen, pero, donde no vive ninguno, la revisión del plano y la inspección de la obra dependen de que alguien viaje. Panamá tiene, además, un reglamento estructural, pero no un código de construcción; es decir, tiene una norma técnica para calcular las estructuras, pero ninguna ley que reúna en un solo cuerpo qué materiales pueden usarse, cuánto deben medir los espacios y quién inspecciona cada obra, en qué etapas y con qué consecuencias. Los municipios tampoco pueden suplir esa ausencia, porque muchos carecen de personal especializado y 71 de los 81 distritos no tienen un plan de ordenamiento vigente, de manera que la decisión de dónde se construye se toma en cada trámite por separado, sin una visión de conjunto del territorio ni de sus amenazas.

Queda una escala por debajo de la municipal, que es la del barrio y la familia, y es ahí donde se concentra el riesgo. El ingeniero Ramiro Vargas señaló hace poco en estas páginas que gran parte de la población vive en casas construidas sin supervisión técnica, y el censo permite ver dónde: en Tonosí, Mariato y Soná, una de cada cuatro o cinco viviendas tiene paredes de madera, quincha o zinc en lugar de bloque, lo que no dice cómo resistirán un sismo, pero sí que nadie las revisó; en los distritos de la comarca Ngäbe-Buglé, esa proporción alcanza ocho o nueve de cada diez viviendas. Se suele decir que quien construye así lo hace porque no quiere pagar a un idóneo, pero el censo muestra que el hogar mediano del distrito de Panamá dispone de unos 1,200 balboas al mes y el de Tonosí, de menos de 500.

Como los honorarios profesionales son los mismos en todo el país, el juego de planos de una casa sencilla cuesta en la capital dos o tres meses del ingreso de un hogar y, en Azuero, el doble o el triple, así que recomendarle a esa familia que no escoja al más barato sirve de poco. Sin embargo, el censo muestra también dónde está el recurso: en la comarca Ngäbe-Buglé, donde no aparece ni un solo arquitecto, viven 667 albañiles, y en Azuero y Veraguas, más de siete mil, que ya levantan las casas que los profesionales no diseñan ni inspeccionan. La capacidad técnica que falta en esos distritos no va a llegar primero como un ingeniero residente, sino como un albañil mejor formado. Para eso hacen falta manuales de construcción sismorresistente para viviendas de uno y dos pisos, escritos en el lenguaje de quien pone el bloque, y programas de formación y certificación de maestros de obra que partan de lo que ya saben.

Se puede argumentar que concentrar la capacidad técnica en la capital es lo eficiente, y en parte es verdad, porque un distrito de pocos miles de habitantes no necesita una Dirección de Obras como la capitalina, pero sí necesita que alguien con idoneidad revise sus planos, inspeccione sus obras y le diga dónde no se debe construir. Esa función se puede prestar con unidades técnicas compartidas entre municipios vecinos o con la asistencia regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Lo que no me parece aceptable es que la seguridad de una casa dependa de la riqueza del distrito donde se levanta. Si los profesionales van adonde está la economía, esperar a que la economía de Tonosí atraiga por sí sola a sus ingenieros es esperar algo que no va a ocurrir. El único que puede romper ese círculo es el gobierno central, que recauda sobre el producto de la capital y puede gastarlo donde el producto no alcanza.

Colón es la advertencia de que ni siquiera tener el producto en casa basta, porque, con el segundo PIB por habitante del país, tiene menos ingenieros civiles por habitante que Herrera, ya que el producto del Canal y de la Zona Libre pasa por la provincia sin quedarse en ella. No se trata de repartir fondos por igual entre los 81 municipios, sino de focalizar la inversión en capacidad técnica en los distritos donde ni el mercado ni el presupuesto municipal la van a producir. Esa inversión no es un gasto a fondo perdido, porque un municipio con técnicos propios tramita, inspecciona y recauda. La ley vigente ya dispone que el Ministerio de Vivienda capacitará a los municipios, pero añade que lo hará “en el marco de sus capacidades técnicas y financieras”, y esa salvedad deja la obligación en manos de la voluntad y del presupuesto de quien tiene que cumplirla.

El anteproyecto de ley 71, que reforma la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, mejor conocida como la Ley de Urbanismo, atiende una parte del problema: no hace más resistente ningún edificio, pero convierte aquella obligación condicionada en un deber del Estado de garantizar el fortalecimiento técnico de los municipios (artículo 22-B), obliga a que la evaluación de cada plan mida la exposición a amenazas naturales (artículo 16-A) y permite revisar el plan después de un desastre sin esperar el plazo mínimo (artículo 16-B). Se le puede reprochar que llega hasta el municipio y no hasta la comunidad y, si el sismo deja una lección para esa reforma, es que esa última escala también tiene que quedar escrita.

En el ínterin, el Estado no tiene que inventar la red que hace falta, porque ya existe. La Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos reúnen la mayor parte del conocimiento sísmico del país, y las tres tienen centros regionales y capítulos en Azuero, Veraguas y Chiriquí, a una o dos horas de los distritos afectados, con docentes y profesionales idóneos que conocen el suelo y las casas de su provincia mejor que cualquier brigada venida de la capital. Lo que falta es que el Estado contrate con ellos, con presupuesto y honorarios, la evaluación de las viviendas, las escuelas y las iglesias de Azuero y Veraguas, y no en forma de voluntariado.

Tampoco faltaría a quién contratar, porque uno de cada catorce profesionales del país está subempleado, y un programa así les daría trabajo en su oficio donde viven. Panamá es uno de los países más ricos de Hispanoamérica y no tiene excusa para pedirles a sus ingenieros que trabajen gratis donde el propio Estado no ha puesto a nadie, ni para mendigar ayuda a potencias extranjeras por daños que puede evaluar y reparar con su propio presupuesto.

El reglamento no viaja solo al interior del país y, si queremos que el próximo balance sea tan favorable como este cuando el epicentro esté en Pedro Miguel o vuelva a estar en Azuero, la capacidad técnica tendrá que estar ya instalada donde se necesita, y alguien tendrá que pagarla. Que esa capacidad existe no hay que demostrarlo, porque el viernes la demostraron las torres, los puentes y los pasos elevados de la capital que se mecieron y quedaron en pie; lo que el país todavía no ha hecho es llevarla adonde las casas se construyen sin ella.

El autor es arquitecto y urbanista.

La imagen de León XIV con los brazos abiertos estará instalada en un parque público frente al mar del Callao, una jurisdicción que el papa conoce muy bien desde los años en que estuvo a cargo de administrar su obispado, al mismo tiempo en que ejercía como obispo de Chiclayo, distante a más de 600 kilómetros al norte de Lima.

“Sabemos que nuestro papa fue obispo encargado del Callao y es, en ese sentido que frente al mar decidimos hacer nuestra estatua más grande que en el mundo exista de nuestro querido Robert Prevost, de nuestro papa León XIV”, señaló el alcalde provincial del Callao, César Pérez.

El alcalde añadió que los avances de la obra, que se prevé que esté lista para fines de este mes de octubre, permiten ver ya el rostro de la escultura, a cargo de un equipo liderado por el escultor Rafael Gutiérrez, “que llegará a tener aproximadamente 14 metros, con todo y base”.

“Estando cerca a su llegada pedimos una oración a todos los chalacos y a todos los peruanos para que nuestro papa salga bien de esta operación que se va a realizar”, añadió en referencia a la operación de un nódulo a la que será sometido el papa.

Por su parte, Antonio Wong Arana, encargado de la escultura, señaló a EFE que ya están en el proceso de modelado en arcilla de las manos y la cabeza de la estatua, del que luego se sacará un molde que será vaciado en fibra de vidrio.

Agregó que “conjuntamente se está desarrollando la estructura de acero galvanizado que va a soportar todas las cargas de fibra de viento y de los vientos donde va a estar situada la escultura”.

“Estamos haciendo todo lo posible, el idea es que lleguemos a fin de mes para poder instalarla”, remarcó antes de agregar que este trabajo “es significativo, es algo que a nosotros nos impulsa lograr esta escultura”.

Al respecto, la Municipalidad del Callao detalló que el monumento ya presenta un avance de más del 40% y estará lista para finales del mes de octubre para ser instalada en el Parque Gaelito.

El alcalde Pérez también comentó que existe la posibilidad que el papa llegue al Callao a bendecir la obra, durante la visita que hará a Perú, del 11 al 16 de noviembre próximo.

“Estamos coordinando que el papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao, con todos los representantes de la iglesia para que el Papa. Estamos seguros que así será”, dijo.

La Municipalidad del Callao señaló que este proyecto, financiado por la Caja Huancayo, “tiene un alto significado espiritual” para los habitantes del Callao, ya que Robert Prevost “antes de ser la figura más representativa de la iglesia católica, fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021”.

León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16, lo que concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de 20 años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

En redes sociales circulan comparaciones entre los sismos de Venezuela (7.7) y Panamá (7.5), pero equiparar sus efectos solo por la magnitud sería un error.

Para entender por qué un terremoto causa más daños que otro, también hay que considerar la distancia al epicentro, las características de la ruptura de la falla, el tipo de suelo y las condiciones y el tipo de las edificaciones.

En el caso de Venezuela, fueron dos terremotos consecutivos, de magnitud 7.2 y 7.5, que dejaron más de 6,00 muertos, 14,239 viviendas con afectaciones moderadas y 11 mil viviendas con daños graves. Afectó una zona densamente poblada, donde los edificios estaban construidos sobre suelos blandos que pueden aumentar la intensidad del movimiento sísmico.

En Panamá se reportaron daños en 188 estructuras, sin víctimas fatales aún. Fue un solo terremoto, aunque con más de 100 réplicas contabilizadas. La zona del epicentro no era urbana y las edificiones eran de menor tamaño.

Un mes antes del terremoto del viernes 9 de octubre en Panamá, los ingenieros e investigadores Óscar Ramírez y Ramiro Vargas abordaron varios factores durante el foro Ingeniería y Riesgo Sísmico: Construyendo un Panamá Resiliente, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Sus explicaciones permiten entender ahora por qué sismos de magnitudes similares pueden tener consecuencias distintas.

Durante la exposición, Ramírez explicó que la magnitud y la distancia al epicentro no bastan para anticipar los efectos de un terremoto. Incluso dentro de una misma ciudad, las características del terreno y de cada edificio pueden hacer que las estructuras respondan de manera diferente al mismo movimiento.

La profundidad del sismo, las características de la ruptura, la propagación de las ondas, el terreno y las propiedades de las estructuras influyen en la manera en que se percibe el movimiento y en los daños que puede ocasionar.

En la conversación, Vargas también distinguió entre amenaza y vulnerabilidad. La amenaza corresponde a la actividad sísmica del territorio; la vulnerabilidad está relacionada con la propensión de las estructuras a sufrir daños y puede modificarse mediante intervenciones de ingeniería.

Según las cifras que presentó, el área metropolitana expandida —los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón— concentra alrededor de 2.2 millones de personas. Al incluir también sectores del occidente del país, estimó que más del 55% de la población panameña reside en zonas de alta amenaza sísmica.

El suelo modifica el movimiento

Ramírez explicó que las ondas sísmicas se propagan a través de la roca y atraviesan los depósitos de suelo antes de alcanzar las edificaciones.

Las propiedades de esos materiales modifican el movimiento y pueden amplificar la señal que recibe una estructura.

Durante su exposición contrastó las condiciones de Paitilla y Punta Pacífica, lugares que describió con roca próxima a la superficie, en comparación con sectores como Costa del Este y Santa María, con depósitos de arcillas compresibles.

Estas diferencias deben ser consideradas en el diseño. Una edificación no necesariamente tendrá la misma respuesta ni requerirá la misma solución estructural en terrenos distintos.

Pero tampoco basta con clasificar el suelo. La respuesta depende de su interacción con la masa, la rigidez y el amortiguamiento del edificio.

Ramírez explicó que cada estructura tiene características propias de vibración. Incluso edificios asentados en un mismo lugar pueden registrar movimientos distintos, y las personas pueden percibir el sismo de manera diferente según el piso en el que se encuentren.

Uno de los fenómenos que describió fue la resonancia: cuando las características de vibración del suelo y de la estructura se aproximan, el desplazamiento puede amplificarse considerablemente.

“Cuando usted monta una estructura flexible sobre un suelo blando, la estructura va a amplificar su desplazamiento, pero sustancialmente”, indicó.

Sus ejemplos también mostraron que la altura, por sí sola, no determina la vulnerabilidad. Un edificio bajo puede experimentar aceleraciones mayores que uno alto, mientras una torre flexible puede desarrollar desplazamientos importantes bajo determinadas condiciones del terreno.

Ramírez también destacó que en Panamá los edificios más altos se cimentan sobre roca, mediante pilotes o excavaciones profundas. Esas cimentaciones deben diseñarse tanto para las cargas verticales ( como el mobiliario o las personas) como para los esfuerzos laterales que genera un terremoto.

Cómo resisten las estructuras

El diseño sismorresistente no implica que una construcción permanezca intacta ante cualquier evento. Ramírez explicó que las estructuras necesitan capacidad para deformarse y disipar la energía del movimiento sin perder su estabilidad.

Esa propiedad, conocida como ductilidad, permite que determinados elementos incursionen más allá de su comportamiento elástico y desarrollen daños previstos en zonas específicas.

Para lograrlo, son esenciales el confinamiento del concreto, los anclajes del acero y las conexiones entre vigas y columnas. La cantidad de refuerzo, por sí sola, no garantiza un buen desempeño.

Viviendas y deficiencias constructivas

Vargas señaló que la vivienda unifamiliar merece especial atención por su representatividad en el país. Según los datos del Censo de 2023, estas construcciones superan el millón y representan aproximadamente el 86% de las unidades habitacionales.

Parte del problema puede surgir cuando se remodela o amplía una vivienda. La falta de vigas y columnas que amarren las paredes, las conexiones mal hechas o una mala distribución de las paredes pueden debilitar la casa y hacerla más vulnerable ante un sismo.

El especialista explicó que las paredes deben funcionar como un conjunto integrado. Su distribución en ambas direcciones, la continuidad de los amarres y el anclaje del refuerzo a las cimentaciones contribuyen a la estabilidad de la vivienda.

Laderas y suelos susceptibles

Vargas identificó las construcciones en laderas inestables como otro foco de vulnerabilidad. Mencionó sectores de San Miguelito, Arraiján y Chiriquí donde los deslizamientos durante la estación lluviosa muestran condiciones que también deben evaluarse frente a un terremoto.

Un sismo puede alterar las condiciones de estabilidad y resistencia del terreno, con consecuencias para las viviendas construidas sobre él.

El especialista también se refirió a la licuefacción, fenómeno que puede afectar suelos arenosos con alto contenido de agua y reducir su capacidad de soporte durante un movimiento sísmico.

Recordó su manifestación en el área de El Empalme, en Changuinola, durante el terremoto de 1991, y cuestionó que zonas donde se identificó ese riesgo hayan registrado posteriormente desarrollo habitacional.

Vargas insistió en la necesidad de estudios geotécnicos para determinar la resistencia del suelo y estimar asentamientos. Frente al argumento de que encarecen la construcción, expresó: “Más caro es cuando se muere la gente, más caro es venir a reparar”.

Aquí puede ver el conversatorio completo:

Uno de los ejemplos de esta transformación es Yappy, plataforma que nació en 2019 como un servicio exclusivo de Banco General y que posteriormente abrió su ecosistema a otras instituciones financieras.

Actualmente cuenta con más de siete bancos conectados y otros cuatro están en proceso de incorporarse.

Yolianna Alfaro, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Yappy, señaló que la plataforma supera los 1.8 millones de clientes que mantienen conectado su número de celular con una cuenta bancaria.

El crecimiento también se refleja en el volumen de operaciones.

“Hoy en día hacemos 78 millones de transacciones; veníamos de 3 millones cuando salimos. Es un crecimiento exponencial, ya es parte del día a día”, afirmó Alfaro.

En promedio, explicó, cada cliente realiza entre 40 y 43 transacciones al mes.

“Tenemos más de 1.8 millones de clientes que tienen conectado su número de celular con su número de cuenta”

De las transferencias personales a los comercios

La evolución de la plataforma también ha estado marcada por su entrada en los pagos comerciales. Lo que inicialmente fue concebido para transferencias entre personas se extendió progresivamente hacia emprendedores, pequeñas empresas y grandes establecimientos.

“Hoy en día tenemos 34 mil comercios; estos incluyen desde comercios jurídicos hasta emprendedores y comercios informales”.

Yappy Comercial permite recibir pagos mediante códigos QR, enlaces y botones de pago para ventas en línea, entre otras modalidades.

La plataforma considera como comercio a un usuario personal que recibe más de 50 transacciones y más de $10 mil durante dos meses consecutivos. Ambas condiciones deben cumplirse.

Inclusión financiera y menos dependencia del efectivo

Alfaro considera que la digitalización de las cuentas bancarias está contribuyendo a ampliar el acceso a servicios financieros en zonas donde históricamente la presencia física de las entidades bancarias ha sido menor.

“Los bancos ya todos tienen su apertura de cuenta digital, lo cual nos hace llegar a lugares donde antes no podíamos llegar, porque si no había una sucursal era difícil que esas personas tuvieran acceso a una cuenta bancaria”, explicó.

La posibilidad de realizar transferencias desde un teléfono también reduce la necesidad de desplazarse para enviar o recibir dinero entre distintas regiones del país.

Sin embargo, Alfaro reconoce que persiste una fuerte utilización del efectivo, especialmente dentro de segmentos de la economía informal, y que la educación financiera y digital seguirá siendo determinante.

“Hay mucha educación todavía por hacer para quitar como que esa barrera de desconocimiento y miedo de no tener el efectivo”, sostuvo.

El próximo paso de la plataforma apunta a profundizar su participación en el comercio electrónico, facilitar los pagos en distintos medios de transporte y reducir los pasos necesarios para vincular cuentas y comercios.

“Desaparecer el efectivo no va a desaparecer mañana, es un trabajo de años”, señaló Alfaro, quien destacó que el proceso requerirá la participación conjunta del sistema bancario.

La medida incluye a Puerto Vidal y Puerto Mutis, en Veraguas; Puerto Almirante, en Bocas del Toro; y las instalaciones portuarias ubicadas en Coclé, Herrera y Los Santos, informó la institución.

La AMP también suspendió temporalmente la atención al público en sus oficinas administrativas de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, así como en las sedes de Remedios, en Chiriquí, y Almirante, en Bocas del Toro.

Puertos mantienen atención de zarpes

Pese al cierre preventivo, la entidad informó que en los puertos de Almirante, Mutis y Pedregal se mantendrá la atención de los zarpes.

La autoridad marítima indicó que, en coordinación con las entidades correspondientes, sigue con las evaluaciones técnicas para determinar las condiciones de las instalaciones y garantizar la seguridad de las operaciones portuarias.

La Autoridad Marítima de Panamá mantiene cerrados hasta nuevo aviso varios puertos estatales en Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, Herrera y Los Santos, mientras realiza inspecciones para verificar las condiciones de las instalaciones tras el sismo. En Almirante, Mutis y Pedregal… pic.twitter.com/Z3nnKBuhln

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 12, 2026

La institución también señaló que adoptará las medidas necesarias para proteger sus instalaciones y que la decisión toma en cuenta la situación de los colaboradores portuarios cuyas viviendas y familias resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

El terremoto de magnitud 7.5 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Daños estructurales

De acuerdo con Jonathan Guerini, jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la AMP, las principales afectaciones identificadas incluyen grietas en paredes, muelles y algunos pilotes, así como desprendimientos de cielo raso y caída de mobiliario.

El funcionario subrayó que actualmente se realizan evaluaciones más detalladas para determinar la magnitud de los daños y establecer las reparaciones necesarias antes de proceder con la reapertura de las instalaciones.

Guerini señaló que la mayoría de los puertos afectados están dedicados a la actividad pesquera, por lo que la institución trabaja en un plan de contingencia que permita mantener la atención a los usuarios y verificar las condiciones de las embarcaciones para emitir las correspondientes autorizaciones de zarpe.

Además, reveló que todavía no han podido acceder a los puertos de La Enea, en Guararé, y Búcaro, en el distrito de Tonosí, debido a los daños registrados en las carreteras. Esta situación ha impedido completar las inspecciones para determinar las condiciones de ambas instalaciones.

Puertos Balboa y Cristóbal

En cuanto a las terminales concesionadas dedicadas al movimiento de contenedores, Guerini explicó que las operaciones fueron suspendidas temporalmente el viernes 9 de octubre, como parte de los protocolos de evacuación y seguridad del personal tras el terremoto.

Sin embargo, desde el sábado 10 de octubre, los puertos de Balboa y Cristóbal retomaron sus actividades. El funcionario aseguró que ambas terminales ya operan al 100% de su capacidad y que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado pérdidas.

Pese a las afectaciones registradas en algunas instalaciones estatales, el movimiento de carga y descarga de contenedores continúa con normalidad y no se prevén retrasos en las operaciones portuarias, según explicó Guerini.

De acuerdo con el funcionario, los buques siguen arribando al país dentro de las ventanas operativas establecidas, mientras que el ferrocarril y las terminales de combustible también han mantenido sus actividades regulares.

Una de esas noticias falsas afirmaba que el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, querría quitarle a la Virgen de Aparecida el título de patrona de Brasil en caso de llegar al poder, algo que fue desmentido por el propio aspirante del Partido Liberal (PL).

Por su parte, otra, empleada en redes durante las elecciones de 2022, sostenía que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en ese entonces candidato, pretendería cerrar miles de iglesias evangélicas alrededor de todo Brasil, algo que también fue ampliamente desmentido.

Mientras tanto, en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones, más de 100,000 peregrinos se dirigieron a lo largo de esta semana hacia el Santuario, el más grande del mundo dedicado a una advocación mariana, para encomendarse a la Virgen protectora de Brasil.

Muchos de ellos llevan días caminando bajo la lluvia con los pies doloridos e incluso algunos enfilan el Puente de la Fe, que une la ciudad con la Basílica, de rodillas para ofrecer ese dolor a la Virgen y solicitarle su bendición.

‘Ella nos hace olvidar el odio’

El Santuario acoge más de diez millones y medio de peregrinos anualmente. Uno de ellos es Gilberto, de 53 años, que caminó 45 kilómetros desde el municipio de Taubaté, en la periferia de São Paulo, y para el que la devoción por Aparecida es “sudor, lágrimas, mucho amor y mucha fe”.

“Es una alegría en el corazón”, declaró a EFE.

Gilberto tuvo que saltar de un tercer piso durante un incendio hace diez años y le agradece a la Virgen el seguir vivo, por lo que, “aunque sea ardua”, esta peregrinación es lo más importante del año para él.

“Ella nos hace olvidar el odio, la muerte. Y así dirigimos los ojos hacia Dios y todo cambia”, dijo.

“Yo he cruzado el Puente de la Fe de rodillas”, cuenta Angélica, de 40 años, que vino a Aparecida para cumplir una promesa que le hizo a la Virgen, a quien le pidió su intercesión para salvar la vida de su sobrino, que nació prematuramente y pasó tres meses en cuidados intensivos.

Para ella, “solo Dios puede tener piedad” de aquellos que politizan la religión por el daño que le hacen a la Virgen.

“Le pido a Dios que no ganen, que quienes venzan sean personas íntegras que no perjudiquen a nadie y menos aún por cuestiones religiosas”, expresó.

Por un lado, no es un cierre. Por otro lado, no es autofinanciable, porque el concepto de autofinanciamiento es falaz. Por último, implica enmascarar nuevamente una concesión minera, pese a que existe un fallo de inconstitucionalidad y una ley de moratoria minera.

¿Por qué no es un cierre?

Porque, por lo que se escucha y se lee en este informe de 35 páginas, se habla de tajos en plural. Lo que existe hoy por hoy es el desarrollo de un tajo de la mina. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de cierre, sino de explotación.

¿Qué preveía el proyecto original?

El proyecto, como estaba contemplado en 2011, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, habla de tres tajos, con la posibilidad de seis. Lo que el gobierno está presentando como un cierre es una explotación minera que dura décadas y, luego de transcurridas esas décadas, como estaba estipulado en el estudio de impacto ambiental, empieza un plan de cierre de la mina producto de su propia actividad.

“Lo que el gobierno está presentando como un cierre es una explotación minera que dura décadas y, luego de transcurridas esas décadas, empieza un plan de cierre de la mina”.

¿Por qué dices que lo de autofinanciable es falaz?

Hablar de financiamiento en este contexto elude algunos costos que el gobierno no presenta como costos financieros del proyecto. Sobre todo, los costos ecosistémicos y lo que esto tendrá para la salud, el derecho a la vida y el derecho a un ambiente sano de las futuras generaciones, los niños y los adolescentes. Costos que no va a pagar mi generación ni la tuya, sino nuestros hijos.

¿Qué cambió entre el fallo de 2017 y el de 2023?

El de 2017, publicado en 2021, era netamente procedimental. Pero el fallo de 2023 abre la puerta a una discusión completamente diferente. En él se abordan distintas dimensiones de las violaciones al derecho a la vida, a la salud, al agua, a los derechos de la niñez y la adolescencia, y a los derechos de las futuras generaciones. Eso no está contemplado en esos costos a los que hace alusión el ministro Chapman.

¿Panamá se puede dar el lujo de renunciar a los ingresos de la mina?

Creo que hay muchos lujos que no nos podemos dar como país en este momento. En Derecho, a esta contradicción la llamamos antinomia. Pero es una antinomia que se resuelve a través de ponderaciones y principios. Esa decisión ya la tomó la Corte Suprema de Justicia. La balanza del Pleno de la Corte siempre se inclinará hacia la defensa de la humanidad.

¿Qué es el principio de no regresión?

Una vez que se establece un estándar de protección, no se puede retroceder. Es ilegal e inconstitucional dar marcha atrás. Es más, el propio presidente Mulino lo ha reconocido. Cuando el presidente vetó la ley de corales aprobada por la Asamblea, lo hizo, entre otras razones, por inexequibilidad, es decir, porque no era constitucional. Argumentó que la ley de corales constituiría una regresión ambiental no permitida por el principio internacional de no regresión.

“Una vez que se establece un estándar de protección, no se puede retroceder. Es ilegal e inconstitucional dar marcha atrás. Es más, el propio presidente Mulino lo ha reconocido”.

Son nueve magistrados decidiendo. ¿Por qué no un referéndum?

Hubo un referéndum en las calles. La gente también se opuso a eso de manera contundente. En los acuerdos del Pacto del Bicentenario se dice que Panamá no es un país de extractivismo minero.

¿Los derechos se pueden someter a votación?

Es como decir que se lleve el derecho a la vida a un referéndum, que se lleve el derecho a la salud a un referéndum o que se lleve el derecho a un medio ambiente sano a un referéndum. Porque eso significa que, eventualmente, una mayoría puede ir en contra de los derechos de una minoría.

¿Y las comunidades y las arcas del Estado que dependían de la mina?

Esta resolución mandataba a todos los ministerios y al Gobierno Central a elaborar una estrategia para afrontar todo eso que tú me dices en materia económica. La resolución decía que el gobierno tenía que buscar un plan de sustitución económica que revirtiera lo que representaba la explotación minera para el PIB de nuestro país. Eso no se ha hecho.

“La resolución decía que el gobierno tenía que buscar un plan de sustitución económica que revirtiera lo que representaba la explotación minera para el PIB de nuestro país. Eso no se ha hecho”.

¿Y una empresa estatal o una asociación con First Quantum?

Ahora tenemos una recomendación de los tres ministros que no tiene asidero, base legal ni sustento jurídico. Yo tomo como cierto y serio lo que ha dicho hasta ahora el gobierno nacional. Partimos de eso y, cada vez que se le ha preguntado al señor presidente, cuando hacía sus alocuciones los jueves o en diferentes actos, él ha dicho que, según su visión, no se tomará en cuenta a la Asamblea Nacional para tomar una decisión sobre este tema. Uno sabe lo que entra a la Asamblea, pero no cómo salen las cosas de allí. Ya se convierte en una especie de triángulo explícito, porque la Constitución Política establece que las empresas estatales tienen que ser creadas mediante ley. Tenemos una ley de alianzas público-privadas, pero el artículo 2 de esa ley excluye la minería.

¿Cuánto cuesta cerrar la mina?

Esos estudios de impacto ambiental establecen una fianza como una especie de garantía para el cierre, el abandono de la mina y demás. La última garantía superaba los $128 millones en 2011. La más reciente fue aprobada en 2024 por el Miambiente, con base en el EIA, por $157 millones.

“Tenemos una ley de alianzas público-privadas, pero el artículo 2 de esa ley excluye la minería”.

Los ministros hablan de más de $1,000. ¿Cómo se explica?

Yo no sé si cerrar la mina cuesta $157 millones. Pero alguien tiene que certificarlo oficialmente. Ojo, esos cinco años todavía están vigentes. Esa garantía tiene vigencia hasta 2029. Mil millones me parece una cifra astronómica, con unos cambios astronómicos.

El gobierno presenta la auditoría de SGS como prueba de que la mina cumple. ¿Qué le ves?

Los términos de referencia del contrato con la empresa establecían que esta no tenía que hacer ningún tipo de estudio in situ ni nuevos estudios de laboratorio o ambientales, sino utilizar los datos suministrados por la empresa minera.

¿Qué encontró la mesa técnica al revisar los anexos?

Alrededor del 40% de los compromisos auditados. Cuando ves que dicen “conforme” y revisas la evidencia que sustenta esa conformidad, que está en los anexos, ves que no se corresponde directamente con lo estudiado o evaluado.

El CIAM tiene sus cuentas secuestradas por una demanda. ¿Cómo lo ven?

Nosotros creemos, y lo decimos abiertamente, que lo que ocurre contra el CIAM y Adopta Bosque con estas demandas que se presentaron y que todavía nos mantienen bajo secuestro es una retaliación. Este tipo de retaliaciones se configuran como acoso judicial y, en inglés, se conocen como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, demandas estratégicas contra la participación pública.

¿Qué buscan esas demandas?

El propósito no es tener éxito en los tribunales. Lo que buscan es crear un efecto amedrentador. Panamá y Costa Rica antes no aparecían en esos rankings; ahora aparecemos directamente.

“El propósito de esta tipología de demandas como las que enfrentan el CIAM y Adopta Bosque no es tener éxito en los tribunales. Lo que buscan es crear un efecto amedrentador”.

Retaliación, ¿por qué?

Por habernos opuesto judicialmente, mediante un contencioso-administrativo de nulidad, al estudio de impacto ambiental que aprobaba Puerto Barú.

¿Cómo ves el futuro de la mina?

Me gustaría tener una bola de cristal para poder darte una respuesta directa sobre ese tema. No la tengo, no lo sé. Cada vez hay más conciencia ambiental entre la juventud panameña, en general. El otro día estaba en Pacora viendo cómo unos niños de escuela le escribían una poesía al río, porque en este país se enseña educación ambiental desde la niñez. Ahí estaremos en primera línea, presentando los recursos judiciales que sean necesarios en su momento.

La atención se brinda en hospitales, centros de salud y mediante jornadas itinerantes en las provincias de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Según informó la entidad este domingo 11 de octubre, los equipos de salud mental continuarán acompañando a la población mientras se mantenga la emergencia.

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Herrera

En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo integrado por tres psicólogos, siete profesionales especialistas en salud mental y un psiquiatra ofrece atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

En el distrito de Ocú, el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. También se realizan jornadas itinerantes en otros distritos, con prioridad en las comunidades afectadas.

A partir de este lunes 12 de octubre, el Minsa prevé extender la atención a Pesé, Las Minas y las áreas afectadas de Los Pozos.

Coclé

En esta provincia, los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí, en el distrito de Aguadulce, brindan atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El servicio se ofrece por libre demanda, por lo que las personas pueden acudir directamente a estas instalaciones durante el horario establecido, sin necesidad de una cita previa.

Veraguas

Los equipos de salud mental atienden a la población en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Al igual que en Coclé, la atención está disponible por libre demanda.

Los Santos

En el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, la atención psicológica se brinda de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. En tanto, el servicio de psicología del Hospital Regional Anita Moreno está disponible de 6:00 a.m. a 12:00 medianoche.

Línea de apoyo emocional

Las personas que necesiten orientación o apoyo emocional también pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Inclusión y salud emocional

Desde el MIDES reforzamos con profesionales de psicología la atención de la Línea 147 y brindamos apoyo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de la mano con el equipo de intérpretes de lengua de señas, en respuesta a la creciente demanda… pic.twitter.com/LZsEtcCxIB

— Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@midespma) October 11, 2026

El Minsa recuerda que, después de un evento como un sismo, es posible experimentar miedo, preocupación, nerviosismo o dificultades para dormir. Si estas reacciones persisten, generan un malestar intenso o afectan las actividades cotidianas, se recomienda buscar ayuda profesional.

Señales para acudir a un especialista:

Se explicó que las medidas temporales se toman para proteger a los pacientes y los colaboradores mientras se realizan las evaluaciones técnicas.

Instalaciones cerradas

• Policlínica Presidente Remón (calle 17, ciudad de Panamá).
• Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (Capps) de Los Pozos (Herrera).
• Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Tonosí (Los Santos).
• Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego (Chitré, Herrera).

Para las provincias de Herrera y Los Santos se suspende la consulta externa el lunes y el martes. Las citas serán reprogramadas y los servicios de urgencias se mantienen para quienes requieran atención inmediata.

En la provincia de Coclé, se suspende la consulta externa el lunes en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña (Penonomé).

En tanto, en el Hospital Dr. Rafael Estévez (Aguadulce) se suspende la atención en la consulta externa lunes y martes. Se informa que las citas serán reprogramadas y los servicios de urgencias de ambas instalaciones se mantienen operativos.

Por otro lado, la Policlínica San Juan de Dios (Natá), la Policlínica Especializada Dr. Manuel de Jesús Rojas (Aguadulce) y el Capps de La Pintada prestan los servicios con normalidad.

En la provincia de Veraguas, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, y el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, brindarán atención parcial mientras continúan las inspecciones técnicas.

Además, en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero de Colón y en el Hospital de Chepo (Panamá) se suspenden las cirugías electivas programadas para el lunes y el martes. Los pacientes serán contactados para reprogramar sus procedimientos.

La CSS resalta que las unidades ejecutoras de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este, Bocas del Toro, Chiriquí y Colón mantienen sus servicios, salvo los centros médicos señalados previamente.

Las agencias de Santiago y Boquete permanecen sin atención.

Tras una reunión ministerial e interinstitucional realizada este domingo en la Presidencia de la República, representantes del Ejecutivo dieron un balance de las evaluaciones realizadas, al cumplirse más de 48 horas del sismo.

Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), indicó que se han inspeccionado más de 1,200 viviendas con afectaciones.

En esa línea, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que se coordina precisamente con el Sinaproc para realizar un censo completo de las casas afectadas, a fin de brindar la ayuda correspondiente.

Sostuvo que espera que en los próximos días la Contraloría dé el visto bueno para proceder con las contrataciones destinadas a brindar ayuda a las familias afectadas.

Todavía el Gobierno no ha dado una cifra exacta de la cantidad de personas afectadas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Daños en carreteras

Las provincias de Los Santos y Veraguas han sido seriamente impactadas en su infraestructura vial, por el terremoto, que tuvo su epicentro en el distrito santeño de Tonosí.

José Luis Andrade, titular de Obras Públicas, afirmó que al menos seis puentes están siendo revisados para restablecer con normalidad la comunicación. De igual forma vías importantes de los sectores de Mariato, Soná, Quebro y Arenal, en Veraguas, están siendo objeto de reparaciones.

Igual el puente del río Tonosí, las vías de Flores y Búcaro, que también resultaron afectadas. La carretera que conecta Tonosí con Las Tablas fue habilitada en un carril, para vehículo livianos.

Instalaciones de salud

En tanto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que en las próximas horas el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé volverá a funcionar en sus instalaciones. Desde el día del terremoto se habilitaron carpas en las afueras del hospital por razones de seguridad.

Boyd Galindo dijo que paulatinamente ocurrirá con las otras instalaciones que resultaron con algunas afectaciones, una vez se den las condiciones.

Sobre la afectación en las instalaciones de la sala de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, que resultó afectada, afirmó que se le dio solución para que cerca de 405 pacientes reciban su tratamiento en los próximos dos días.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, explicó que algunas instalaciones médicas de la entidad sufrieron afectaciones menores y que se continuará prestando el servicio con normalidad en los centros que no fueron afectados.

Ayuda alimentaria

Con respecto a la entrega de comida a las familias afectadas, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, informó que a partir del martes se entregarán bolsas de comida a las familias afectadas.

Aseguró que se hará casa por casa y que no se hará la entrega con politiquería. Las bolsas contienen diversos productos, como aceita, lentejas y arroz, entre otros.

Este domingo, se informó que ya se han traslado cerca de 63 mil libras de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas están entre las más afectadas por el movimiento telúrico.

Dinero de la Emergencia

Sobre los fondos para atender la emergencia, el secretario de Metas del Gobierno, José Ramón Icaza, afirmó que los $100 millones aprobados saldrán del presupuesto de 2026 y parte del presupuesto de 2027.

Afirmó que si no se usan todos los fondos, el resto regresará a las arcas del Estado.

Destacó que una comisión de alto nivel le dará seguimiento al manejo de los fondos, al igual que lo hará la Contraloría.

Aeropuertos

El director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, indicó que todos los aeropuertos del país funcionan con normalidad. El más afectado fue el de Río Hato, que registró daños en la torre de control, situación que ya fue solventada.

Desde que tomó posesión, en julio de 2024, el gobierno de José Raúl Mulino ha aprobado cinco declaratorias de emergencia que habilitan $360 millones para contrataciones excepcionales. Dos siguen vigentes y suman $180 millones.

Según los manifestantes, la asistencia no llegaba.

Sin embargo, al ser consultado por periodistas sobre el tema, el presidente José Raúl Mulino ofreció otra explicación. Culpó al alcalde de Mariato, Ángel Batista, de repartir entre sus copartidarios los víveres que llegaron al distrito.

“Vi en un video un caso en Torio. Eso pasó porque el alcalde repartió lo que llegó a sus copartidarios. Y por supuesto la gente se puso brava”, afirmó el mandatario.

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Dijo que planteó el caso a los diputados, alcaldes y representantes que lo acompañaron este domingo en una gira por la zona.

Mulino agregó que, tras ver el video, llamó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para preguntar qué ocurría en Torio y que le informaron que había llantas encendidas en la vía. “Con razón estaban bravos”, dijo.

Hasta el momento el alcalde Ángel Batista, del opositor Partido Panameñista, no había reaccionado a los comentarios del presidente de la República.

El IMA, casa por casa

La respuesta del Gobierno fue retirar la distribución de manos de las autoridades locales. “La comida la va a repartir el IMA, casa por casa, como corresponde”, dijo Mulino. “Yo no quiero fiesta politiquera con esta tragedia y con las bolsas de comida, y con el agua”, añadió.

El presidente extendió la advertencia al Órgano Legislativo: ningún diputado, del Gobierno o de la oposición, podrá hacer política con la ayuda. “A todos por igual. Aquí no hay panameños de un lado, panameños de otro”, insistió.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trasladó más de 37,000 bolsas de comida a las zonas afectadas, según un comunicado de la institución.

Su director, Nilo Murillo, detalló que unas 16,000 se destinaron a Herrera, 12,000 a Los Santos y cerca de 12,000 a Penonomé, en Coclé. Por su lado, el Ministerio de Seguridad Pública informó que el Servicio Nacional Aeronaval trasladó 57,440 libras de agua y alimentos por puente aéreo entre el sábado y el domingo, y la Policía Nacional reportó operativos en Torio y Malena.

No todos están de acuerdo con centralizar la asistencia. El diputado Luis Duke, de la bancada vamos, apuesta por el rol de las autoridades locales.

“La centralización dificulta la eficacia en este tipo de emergencias como la del terremoto. Los gobiernos locales son los que mejor conocen a su gente. Toda la coordinación debería ser canalizada a través de ellos para hacerla más eficaz. Querer concentrar todo, es sinónimo de egocentrismo y hace que las ayudas no lleguen a tiempo. Mientras tanto, quien queda esperando son los panameños más afectados”.

Luis Duke, diputado de la bancada Vamos

Un distrito aislado

Torio está entre las comunidades más golpeadas de Mariato, a unos 20 kilómetros del epicentro, según la ubicación del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, identificó entre cuatro y cinco kilómetros de carretera con daños severos en el tramo hacia Torio, y el Sistema Nacional de Protección Civil reportó a los corregimientos de Arenas, El Cacao y Quebro sin acceso por tierra.

Un día después del sismo, el propio Batista describió a La Prensa un distrito sin electricidad, agua ni internet, con acueductos rurales colapsados y el edificio municipal prácticamente perdido.

Calculó en unas 1,500 las personas afectadas y contó que algunas familias se refugiaron en las alturas, en escuelas o en potreros. El alcalde dijo entonces que viajó a Santiago para conseguir 35 cajas de agua, además de pan y leche para niños y adultos mayores, y pidió apoyo al Gobierno central.

La queja de Torio no fue la única. Residentes de Macaracas y Tonosí, en Los Santos, y de Los Pozos y Pesé, en Herrera, también reclamaron por la demora de las inspecciones y de la ayuda. Mulino reconoció que el mal estado de las carreteras retrasó el traslado de alimentos y aseguró que las entregas comenzaron el sábado.

‘Esto no se va a resolver rápido’

El presidente pidió paciencia. Advirtió que la reconstrucción tomará meses y que el primer problema es dónde ubicar a quienes perdieron su vivienda. “Las casas desplomadas, las familias están en el patio, bajo un palo en una carpita”, describió.

“Esto no se va a responder de una vez”, dijo. Lo primero ya está en marcha, agregó, “pero va a tomar tiempo”.

El Consejo de Gabinete declaró el sábado el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre. Estados Unidos anunció $5 millones en asistencia inicial.

“Me sentía muy bien. Ver que no he podido adaptarme lo mejor posible a las condiciones de hoy me ha dolido. (...) Venía a este torneo fresco, con muchas ganas de competir, y visto el nivel pobre que he dado hoy, la verdad es que me decepciona”, indicó el murciano en declaraciones a los medios tras el duelo.

En la pausa entre ambos sets, ‘Carlitos’ gritaba: “¡No puedo jugar por intuición!”, quejándose de no poder predecir los botes de la pelota.

“Es muy raro. Cuando tú pegas un resto de segundo saque atacando de arriba a abajo, la bola no te puede botar por encima de la cabeza, y luego en el punto siguiente la bola (...) me ha botado totalmente diferente. Una vez bota hacia arriba, otra desliza y bota hacia adelante...”, enumeró.

“Tampoco quiero poner excusas. Son sensaciones: (...) intento ver la bola tal y como viene, pienso que va a botar de una manera y me preparo para ese golpe. Y cuando me viene de una manera diferente, es muy tarde −prosiguió−. A lo mejor tengo que jugar de otra manera, ver la bola y pensar de otra manera”.

Alcaraz se confesó “un poquito descolocado” por “unas sensaciones muchísimo más lentas” con respecto a la primera ronda y a los entrenamientos; su rival reconoció en zona mixta que vio “algunos botecitos extraños en la pista”, aunque aseguró que tanto la cancha como las bolas “están muy bien por lo general”.

El español consideró que Bergs “tuvo suerte en algunos lances, y la aprovechó”, y que al mismo tiempo a él le faltó esa fortuna. En todo caso, el español habló de su “muy mal nivel” hoy −“todas”, respondió al ser preguntado por qué áreas de su juego no le habían satisfecho− y del “muy bueno” de Bergs, a quien felicitó por su buen saque.

El segundo cabeza de serie del torneo, que cuajó su peor participación entre las tres que ha tenido -la mejor, los cuartos de 2024-, trató de mirar hacia el futuro: “Lo único que puedo pensar (...) es en volver a casa, a las pistas de entrenamiento, y dar lo mejor en el siguiente torneo. Sigo pensando que estoy fresco, y tengo ganas de los torneos que vienen. Vamos a intentar darlo todo”.

El gigante informático ruso Yandex tiene un serio problema. Una serie de ataques con drones de Ucrania a varios de sus servidores situados en Rusia dejaron fuera de juego muchos de sus principales servicios.

Los centros de datos de las regiones de Vladímir, Riazán y Kaluga están dañados y según el medio Meduza, con sede en Letonia, las interrupciones impactaron al servicio de pagos Yandex Pay, así como las aplicaciones de taxi Yandex Go y Yandex Pro.

También afectaron al servicio de reparto Yandex Food, al almacenamiento en la nube Yandex Disk, a la plataforma de streaming Kinopoisk, a Yandex Music y al asistente de inteligencia artificial Alisa (también conocido como Alice).

Las cadenas minoristas Magnit, Lenta, M.Video y Lamoda así como grandes cadenas farmaceúticas, de comida rápida, plataformas inmobiliarias y uno de los aeropuertos de San Petersburgo, se vieron igualmente afectados.

"En Occidente les gusta llamarnos el Google de Rusia, pero somos mucho más que eso: somos el Uber de Rusia, el Spotify de Rusia y muchas otras cosas más", dijo en 2017 el fundador y jefe de Yandex, Arkadiy Volozh.

Y aunque la compañía afirmó que está restableciendo gradualmente el acceso a sus servicios, el fallo pone de manifiesto una vulnerabilidad de la infraestructura digital crítica en Rusia y podría ralentizar los esfuerzos del Kremlin por construir una internet "soberana".

Es clave en el desarrollo de la IA

Yandex abarca muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos rusos y sus empresas y participa activamente en el desarrollo de la IA en Rusia.

De hecho, la compañía opera YandexGPT, uno de los modelos de IA generativa más destacados de Rusia.

"Existen varios buscadores web en el mundo. Los más grandes son Google; Bing, de Microsoft; Baidu, de China; y el pionero, Yahoo. Google es el más dominante, ya que se ha convertido en mucho más que un simple motor de búsqueda", explica la periodista de la BBC Anastasia Zyrianova.

"Pero hay otro contendiente para agregar a esta lista, y del que pocas personas han oído hablar fuera del país donde opera. Ese país es Rusia. ¿El motor de búsqueda? Yandex", añade.

Yandex nació a finales de la década de 1990 con la dirección web de Yandex.ru. Y desde entonces se ha convertido en una de las compañías de internet más grandes del mundo.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ataques contra infraestructuras en los últimos meses, mientras la guerra entre ambos países continúa en su quinto año tras la invasión a gran escala de Rusia.

El ataque al centro de datos de Yandex se produjo tras una oleada de ataques rusos contra centros de datos ucranianos en las últimas semanas.

Kiev afirmó que sus objetivos eran lugares que generaban ingresos para la maquinaria bélica de Moscú, y que los ataques podrían obligar a Rusia a desviar sus recursos para reparar los daños en Yandex.

Volver a la normalidad

El ataque del domingo se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Ucrania debería "dejar de una vez por todas" atacar las refinerías de petróleo rusas para que Moscú pudiera liberar más diésel al mercado mundial, un acuerdo que ha suscitado críticas de Europa y ha provocado una disputa diplomática con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Los expertos prevén que el restablecimiento completo de los servicios podría extenderse debido al grado de reparaciones necesarias.

"Si solo resultaron dañados los sistemas de alimentación y refrigeración, la restauración llevará semanas. Si se vieron afectados los módulos de servidores, podríamos estar hablando de meses", comentó un experto a BBC Monitoring.

La empresa tecnológica afirmó en su momento que sus centros de datos eran fundamentales para el funcionamiento normal de sus servicios y que era "muy difícil predecir" cuándo volverían a estar operativos.

Menos actividad de los bots

Zelensky afirmó que los ataques a los centros de datos rusos han reducido enormemente la actividad de los bots y de la propaganda antiucraniana.

"Cuando empezamos a responder a la operación de Rusia contra nuestros centros de datos... de repente se volvió un poco más fácil respirar en muchas plataformas de redes sociales", dijo en el Foro de Seguridad celebrado estos días en Varsovia.

"Había menos odio, menos división y menos provocaciones. Porque había menos bots".

El popular periodista polaco Jaroslaw Wolski (311.000 seguidores en X) observó "menos cuentas 'polacas' que odian a los ucranianos y menos cuentas 'ucranianas' que odian a los polacos", recogió BBC Monitoring.

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La actividad se desarrollará en el estadio Armando Dely Valdés y está dirigida a jóvenes de entre 10 y 17 años.

Junto a Woodruff estarán Nathalee Aranda, Chamar Chambers y Arturo Deliser, quienes compartirán sus conocimientos en sus respectivas especialidades. También se sumarán los medallistas olímpicos Irving Saladino y Atheyna Bylon, en una iniciativa que busca que los participantes aprendan de figuras que han representado a Panamá en escenarios internacionales.

“Estoy muy agradecida de estar aquí. Solo quiero entrenar a los niños y motivarlos. Quiero mostrarles que estamos aquí para apoyarlos todo el tiempo. Esto es algo que estará por siempre”, expresó Woodruff a La Prensa sobre este campamento, organizado por Canal Sports Hub con el apoyo de Nike.

La atleta explicó que el campamento no se limitará al trabajo en la pista. La programación contempla conversaciones sobre salud mental y nutrición, además de espacios para que los participantes escuchen las experiencias de atletas olímpicos y compartan sus inquietudes.

“Estamos aquí para apoyarlos todo el tiempo y que no están solos. Soy una persona normal, pueden venir y hablar conmigo. Puedo darles un abrazo”, manifestó la corredora, al destacar la importancia de que los jóvenes encuentren referentes con quienes puedan conversar y sentirse acompañados.

Para Woodruff, el deporte también representa una oportunidad para demostrar que los sueños pueden mantenerse vivos con disciplina, constancia y trabajo. A sus 32 años, la panameña continúa compitiendo al máximo nivel y encuentra en sus resultados una motivación para seguir creciendo y aportar a su país.

“Es un momento especial. No tengo palabras para explicar todo ahora mismo, porque estoy asombrada conmigo misma. Tengo 32 años de edad y todavía puedo competir al máximo nivel y ser una inspiración para todos. Estoy contenta de estar junto a otros grandes atletas que también están poniendo a Panamá en lo más alto siempre. Estoy contenta de ser parte de la historia”, comentó.

Woodruff ha representado a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, en la prueba de los 400 metros con vallas. En los últimos años también ha sumado importantes resultados internacionales, con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de 2025, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 y los Juegos Suramericanos de 2026.

Su mirada, sin embargo, no está puesta únicamente en los logros alcanzados. La atleta continúa preparándose para afrontar nuevos desafíos, entre ellos los Juegos Panamericanos, los campeonatos mundiales, la Liga de Diamante y otras competiciones internacionales junto con los Juegos Olímpicos. En ese proceso, reconoce que cada experiencia le deja una enseñanza que puede aprovechar para seguir mejorando.

“Siempre aprendo. Estoy aprendiendo siempre. Estoy aprendiendo a estar al tope del podio, creo que es bueno. Lo que es útil para el 2028 que viene. Creo que es solo tener consistencia. Ahora mismo estoy descansando, tengo seis semanas para descansar”, concluyó.

El campamento estaba previsto para realizarse esta semana, pero su inicio quedó pendiente tras el terremoto registrado en Panamá el viernes 9 de octubre. La organización confirmará la nueva fecha y existe la posibilidad de que las actividades comiencen durante esta misma semana.

La Roja visitará al conjunto caribeño el jueves 12 de noviembre, a las 7:00 p. m., hora de Panamá, en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad, y disputará el partido de vuelta el domingo 15, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El emparejamiento responde al sistema de clasificación establecido por Concacaf para esta edición del torneo. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá accedieron directamente a los cuartos de final por su posición en el ranking de la confederación al cierre de la ventana internacional de septiembre y octubre. Panamá ocupó el cuarto puesto entre los equipos preclasificados.

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Las otras cuatro plazas se asignaron a las dos mejores selecciones de cada grupo de la Liga A. Curazao y Haití avanzaron por el grupo A, mientras que Guatemala y Jamaica lo hicieron por el grupo B.

Los cruces se organizaron tomando en cuenta el ranking de los equipos preclasificados y el rendimiento de las selecciones que avanzaron desde la fase de grupos.

De esta manera, Panamá quedó emparejada con Curazao, que terminó como el mejor ganador de grupo. Los otros enfrentamientos serán Canadá contra Guatemala, Estados Unidos frente a Haití y México ante Jamaica. La distribución de los cruces también determina qué selección tendrá la ventaja de disputar el partido de vuelta como local.

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¿Cómo se clasifica?

Los cuartos de final se disputan en dos partidos, uno en cada país. El equipo que consiga la mayor cantidad de goles en el marcador global avanzará al Final Four de la Liga de Naciones, previstas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Si las dos selecciones terminan igualadas en goles después de los dos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante, que favorece al equipo que haya anotado más tantos fuera de casa durante el tiempo reglamentario de ambos encuentros. Si persiste el empate, se disputarán tiempos extra en el partido de vuelta y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al clasificado.

La clasificación también tiene un efecto directo en el calendario internacional de 2027. Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su boleto directo a la Copa Oro, mientras que las selecciones que pierdan sus respectivas series pasarán a las preliminares de ese torneo.

Líder de grupo

El conjunto dirigido por Dick Advocaat consiguió su lugar en los cuartos de final después de completar una fase de grupos en la que obtuvo victorias ante Costa Rica, por 4-3, y Nicaragua, por 6-1. También venció a Trinidad y Tobago por 1-0 y empató 1-1 en el segundo encuentro ante los trinitarios.

Ese rendimiento le permitió terminar en el primer puesto del grupo A y convertirse en el mejor ganador de grupo, condición que lo llevó a enfrentarse a Panamá en los cuartos de final.

Panamá, por su parte, llegará después de disputar tres partidos de preparación durante su gira por Asia. El equipo dirigido por Thomas Christiansen empató 1-1 ante India y Nueva Zelanda, y terminó igualado con Ecuador durante el tiempo reglamentario en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin. Posteriormente, se impuso en la tanda de penales para quedarse con esa posición.

La gira permitió al cuerpo técnico evaluar a nuevos jugadores y mantener la preparación del equipo de cara a los compromisos oficiales de noviembre.

Antecedentes

Curazao es un rival conocido para Thomas Christiansen. En los tres enfrentamientos previos bajo la dirección del técnico hispano-danés, Panamá registra dos victorias y un empate, un balance favorable que servirá como antecedente para una serie en la que ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase.

El último duelo entre ambas selecciones se disputó el 13 de octubre de 2023, durante la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024. Panamá ganó por 2-1 en Willemstad con anotaciones de Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez.

Antes de ese partido, estas selecciones se habían enfrentado en la segunda ronda de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Panamá avanzó con un marcador global de 2-1: ganó por ese resultado en el estadio Rod Carew, con goles de Alberto Quintero y Cecilio Waterman, y empató 0-0 como visitante en el estadio Ergilio Hato.

La Roja ha disputado el Final Four de la Liga de Naciones en las tres ediciones anteriores: 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025. La serie contra Curazao representa, además, su segunda clasificación directa a los cuartos de final.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de “rutina” y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El Papa León ingresará la mañana del 13 de octubre al hospital Gemelli - Vatican News https://t.co/kHak5A2Bje

— Vatican News (@vaticannews_es) October 12, 2026

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias esta mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.

A la crisis sanitaria permanente provocada por la contaminación del agua en Azuero, tratada durante demasiado tiempo como un problema secundario, se suma ahora la emergencia generada por los recientes sismos. Son acontecimientos que evidencian una fractura cada vez más profunda entre los distintos Panamá que coexisten dentro de un mismo país. Si antes las desigualdades eran evidentes, hoy parecen haberse convertido en abismos.

Panamá ha crecido económicamente durante décadas y suele exhibirse ante el mundo como un centro financiero, logístico y comercial de primer nivel. Mostramos con orgullo el Canal, los rascacielos y las cifras de crecimiento económico, pero pocas veces nos detenemos a observar el país que existe más allá de la postal. Mientras una parte del territorio disfruta de los beneficios del desarrollo, otra sigue enfrentando problemas básicos relacionados con el acceso al agua potable, la atención sanitaria, la educación, las infraestructuras y las oportunidades laborales. La verdadera grandeza de una nación no se mide por la altura de sus edificios, sino por la dignidad con la que viven sus ciudadanos.

Somos una sociedad profundamente clasista y, aunque resulte incómodo admitirlo, con frecuencia también racista. Juzgamos a las personas por su vestimenta, su procedencia, el color de su piel e incluso su forma de hablar. Hemos olvidado algo esencial: que Panamá somos todos y que la solidaridad ha sido, durante mucho tiempo, uno de los valores que mejor nos han definido como nación.

No todos pueden vivir en edificios de lujo. No todos tienen acceso a la misma educación. No todos pueden garantizar un plato de comida en la mesa cada día. Sin embargo, durante décadas hemos normalizado estas diferencias mientras seguimos hablando de desigualdad, pobreza y abandono del interior del país como si fueran problemas ajenos o inevitables. Cuando estos temas entran en el discurso político, generan votos; cuando llega el momento de las soluciones, quedan atrapados entre la indiferencia, la improvisación y la falta de oportunidades.

Durante años hemos hablado del interior como si fuese un espacio periférico y no una parte esencial del país. Sin embargo, el interior produce alimentos, preserva tradiciones, sostiene comunidades y aporta una identidad cultural sin la cual Panamá dejaría de ser Panamá. Una crisis en el interior no es un problema local, sino una herida nacional.

La excesiva concentración de recursos, inversiones y decisiones en la capital ha contribuido a profundizar una brecha que ya era evidente. Durante décadas hemos escuchado discursos sobre descentralización y desarrollo regional, pero la realidad demuestra que todavía existe un país que espera ser escuchado. No puede haber un Panamá verdaderamente desarrollado mientras una parte significativa de su población siga sintiendo que solo es visible en tiempos de elecciones o de tragedia.

Quizás lo único positivo que puede rescatarse de tanta desgracia es la oportunidad de preguntarnos si queremos seguir retrocediendo como sociedad. Nos dejamos deslumbrar por centros comerciales llenos, por rascacielos cada vez más altos y por una élite económica y política que se mueve cómodamente entre sus privilegios. Mientras tanto, quienes verdaderamente construyen el país desde el interior ven ignoradas sus necesidades y sus problemas relegados de la agenda pública. Solo se les recuerda cuando se necesitan sus votos, aunque son ellos quienes, con sus propias manos, luchan cada día por salir adelante.

No son los sismos los que están destruyendo a este país. Lo que realmente nos está destruyendo es la indiferencia, el constante juega vivo, la falta de empatía y la desconexión con la realidad de quienes sufren. Hoy el interior llora mientras muchos observan la tragedia desde la comodidad de un balcón o a través de la pantalla de un teléfono móvil.

Esa desconexión entre panameños es la misma que el político de turno aprovecha para mantenerse en el poder. Hemos permitido que se nos divida entre centro y periferia, entre ciudad e interior, entre quienes tienen mucho y quienes apenas sobreviven. Sin embargo, el interior no es una postal folclórica ni un escenario para campañas electorales. Es una fuente indispensable de desarrollo, cultura, identidad y riqueza humana para todo el país.

Durante años, el interior ha sido instrumentalizado con fines políticos: se le visita en fiestas, desfiles y cabalgatas, principalmente para tomarse fotografías y pronunciar discursos. Se celebra su folclore, se exaltan sus tradiciones y se presume de su cultura. Pero quienes lo hacen rara vez utilizan sus hospitales, consumen su agua o experimentan sus carencias cotidianas. Llegan para bailar, posar frente a las cámaras y prometer soluciones. Luego regresan a la comodidad de sus despachos y residencias hasta la próxima visita electoral.

Todos conocemos la hospitalidad y la cortesía de la gente del interior, valores que forman parte de su identidad y de su manera de entender la comunidad. Muchos dirigentes solo recorren sus calles, se sientan en los portales de sus casas y estrechan nuestras manos cuando buscan votos. Fingen cercanía, prometen compromiso y hablan de progreso; sin embargo, terminada la contienda electoral, el interior vuelve a quedar relegado al olvido.

Se suele decir que cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Tal vez haya algo de verdad en esa afirmación. Sin embargo, lo que ningún país merece es acostumbrarse a la indiferencia. Ninguna sociedad puede prosperar cuando deja de mirar el sufrimiento ajeno o cuando convierte la tragedia de unos en una noticia pasajera para otros.

Las necesidades del interior no desaparecen cuando las cámaras se apagan, cuando cesan los titulares o cuando la atención pública se desplaza hacia la siguiente controversia o hacia el próximo tema de moda. Siguen allí, esperando respuestas, soluciones y voluntad política. Lo mismo ocurre con las familias afectadas por la crisis del agua, con quienes han visto sus hogares dañados por los sismos y con aquellos que cada día enfrentan carencias que rara vez llegan a ocupar las primeras páginas.

Como sostuvo Amartya Sen, el desarrollo no puede medirse únicamente a través del crecimiento económico o de los indicadores macroeconómicos. El verdadero desarrollo consiste en ampliar las oportunidades y capacidades reales de las personas para vivir con dignidad. Bajo esa premisa, resulta inevitable preguntarse qué significado tiene hablar de progreso cuando miles de panameños siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos tan esenciales como el agua potable, la atención sanitaria o una educación de calidad.

Del mismo modo, Adela Cortina ha advertido que las sociedades contemporáneas corren el riesgo de normalizar formas de exclusión que terminan erosionando los vínculos de solidaridad. Cuando dejamos de ver al otro como un igual y comenzamos a valorarlo por su posición económica, por su origen o por la utilidad que pueda representar para nosotros, la desigualdad deja de ser únicamente un problema material para convertirse en una fractura moral.

Quizás el verdadero problema de Panamá no sea la falta de recursos, sino la incapacidad de reconocernos en el dolor de nuestros propios compatriotas. Durante demasiado tiempo hemos aceptado la desigualdad como una realidad inevitable, hemos normalizado las diferencias y hemos confundido crecimiento económico con desarrollo humano.

Los recientes acontecimientos nos recuerdan una verdad elemental: ninguna nación puede avanzar cuando una parte de ella queda rezagada. No habrá rascacielos, centro financiero ni indicador económico capaz de ocultar el fracaso colectivo que supone abandonar a quienes más necesitan ser escuchados.

La reconstrucción que Panamá necesita no es únicamente la de carreteras, viviendas o infraestructuras. Es, sobre todo, una reconstrucción moral. Necesitamos recuperar la empatía, la solidaridad y el sentido de comunidad que alguna vez nos definieron como pueblo. Azuero, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Darién, las comarcas indígenas y la ciudad de Panamá no son realidades separadas. Son expresiones distintas de una misma nación, unidas por desafíos comunes y por un destino compartido.

Porque cuando el sufrimiento de una región deja de importarnos, cuando el dolor de nuestros vecinos deja de conmovernos y cuando la desgracia ajena deja de interpelarnos, no solo fracasa la solidaridad: fracasa la idea misma de país.

El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.

Luque señaló que el país está expuesto a sismos de gran magnitud y que el evento reciente evidencia la importancia de conocer las condiciones del terreno y la resistencia de las edificaciones ante este tipo de fenómenos.

“Tenemos que hacer la evaluación de todas las estructuras y su capacidad de sismorresistencia”, sostuvo el especialista, en declaraciones dadas a TVN Noticias.

Más de 350 réplicas tras el terremoto

El director del Instituto de Geociencias informó que, hasta la mañana de este lunes 12 de octubre, se habían registrado más de 350 réplicas asociadas al terremoto, de acuerdo con los datos de la red de estaciones sísmicas distribuidas en el territorio nacional.

Según explicó, durante las primeras 10 horas posteriores al evento principal se contabilizaron alrededor de 100 réplicas. Posteriormente, los registros aumentaron a unas 256 y, entre la noche del domingo y la mañana del lunes, se detectaron aproximadamente 96 adicionales.

[Siga aquí: Lista de sismos registrados por el Instituto de Geociencias UP]

Luque indicó que las réplicas de mayor magnitud se registraron inicialmente en el rango de 6, con eventos de 6.9, 6.3 y dos de 6.1. Después, la magnitud de estos movimientos comenzó a descender y los registros más recientes se situaban entre 3 y 4.

El especialista explicó que, tras un terremoto de esta magnitud, las fallas involucradas experimentan un proceso de reajuste. Aunque la tendencia esperada es que las réplicas disminuyan en magnitud y frecuencia, no es posible establecer con exactitud cuánto tiempo durará esta actividad.

El sistema de fallas Azuero-Soná

Luque explicó que el sismo está relacionado con el sistema de fallas Azuero-Soná, una zona en la que intervienen varias fallas y donde las réplicas continúan registrándose a ambos lados del área del evento principal.

Añadió que las características del suelo también influyen en la intensidad con la que se percibe un movimiento sísmico. Mientras los suelos rígidos transmiten las ondas, los blandos y los de relleno pueden amplificarlas. La energía también tiende a sentirse con mayor fuerza cerca de la superficie y del epicentro, y a atenuarse con la distancia.

El director del Instituto de Geociencias señaló que los registros históricos de la zona incluyen un sismo de magnitud 6.9 en 1913. Según su explicación, los grandes terremotos pueden presentar ciclos de alrededor de 100 años, aunque no se puede establecer con precisión cuándo ocurrirá un nuevo evento de esa magnitud.

Ante este escenario, insistió en el llamado de avanzar en los estudios de las fallas y la evaluación de las edificaciones para fortalecer la preparación del país frente a futuros terremotos.

Ricardo Tobón, profesor de geología de la Universidad El Bosque, en Colombia, explica cómo la interacción de las placas de Cocos, Nazca, Suramericana y Caribe, además de la microplaca de Panamá, genera esfuerzos y acumulación de energía en las rocas que pueden liberarse de forma súbita y provocar terremotos.

El especialista también se refiere a las réplicas registradas después del sismo, incluida una de magnitud 6, y explica qué factores geológicos permiten que continúe la actividad sísmica.

Ayer viernes se registraron más de 100 réplicas tras el terremoto que provocó daños en viviendas, carreteras, comercios y edificios gubernamentales, especialmente en las provincias centrales del país.

“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una visita a las áreas afectadas.

“Lo más importante aquí es preservar la calma”, añadió en un video publicado en la red social X por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El sismo ocurrió a las 12:56 p.m. El epicentro se localizó en La Pitaloza, un corregimiento rural de la provincia de Herrera, en el sur del país, cerca de la costa del océano Pacífico. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros.

Su argumento se remonta a 1976, cuando el país comenzó a desarrollar normas antisísmicas inspiradas en criterios del código de California, Estados Unidos, una región marcada por la actividad de la falla de San Andrés. Desde entonces, los requisitos se han vuelto más estrictos. Sin embargo, el sismo también reabre una pregunta sobre los edificios construidos antes de que esas normas fueran obligatorias.

La falla de San Andrés es una fractura geológica situada en California, donde interactúan las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. El movimiento relativo de estas placas acumula tensión en la corteza terrestre y puede provocar terremotos de gran magnitud.

Atencio sostiene que Panamá cuenta hoy con criterios de diseño más exigentes que los utilizados décadas atrás. El Reglamento Estructural Panameño establece parámetros para considerar la amenaza sísmica, las características del suelo y el uso de cada edificación. Sin embargo, esa protección no puede darse por sentada en todas las construcciones, especialmente en aquellas levantadas cuando no existían las mismas exigencias técnicas.

La cronología

La regulación comenzó a tomar forma en 1976, cuando se elaboró un código antisísmico que, según Atencio, servía principalmente como referencia. El cambio llegó con el Reglamento Estructural Panameño de 1984, que estableció requisitos de cumplimiento obligatorio para el diseño de estructuras. Desde entonces, el país ha actualizado sus normas en distintas ocasiones, con nuevas versiones en 1994, 2004 y 2021.

El ingeniero atribuye parte de la resistencia esperada de las construcciones modernas a la aplicación de esos estándares. Los cálculos incorporan estudios de suelo y parámetros que permiten estimar cómo podría responder una estructura ante un terremoto.

También toman en cuenta el tipo de edificación. Los hospitales y las escuelas, por ejemplo, requieren criterios más conservadores debido a la importancia de proteger a sus ocupantes y garantizar, en la medida de lo posible, su funcionamiento.

“Como tenemos un código conservador, esto genera que, al hacer los cálculos y usar factores de seguridad altos, las estructuras nuestras son más robustas”, explicó Atencio. Esa exigencia, añadió, implica utilizar más acero y concreto, lo que puede elevar los costos de construcción. El ingeniero afirmó que se ha opuesto a los intentos de flexibilizar las normas porque considera que la seguridad humana debe prevalecer sobre el abaratamiento de las obras.

Edificios antiguos

Sin embargo, la existencia de un reglamento no significa que todas las edificaciones tengan el mismo nivel de protección. Atencio considera que las construcciones levantadas antes de la entrada en vigor de las normas obligatorias requieren especial atención, en particular aquellas que no fueron diseñadas con los criterios sísmicos actuales o que carecen de estudios de suelo comparables con los que se realizan hoy.

Entre los edificios que, a su juicio, deberían revisarse mencionó construcciones antiguas de los centros históricos de Panamá y Colón, además de edificios municipales y estructuras patrimoniales. También citó la Casa Wilcox, en Colón, y el antiguo edificio del Ministerio de Salud en Chiriquí.

“Yo revisaría todos los edificios del casco viejo”, afirmó. Su señalamiento no significa que esas estructuras estén necesariamente en riesgo, sino que, por su antigüedad y por las normas bajo las cuales fueron construidas, ameritan evaluaciones técnicas para determinar su estado.

El edificio de la Lotería

El edificio de la Lotería Nacional, en la ciudad de Panamá, también surgió en la entrevista como ejemplo de una construcción anterior a los reglamentos actuales. Atencio explicó que fue diseñado en la década de 1970 por el ingeniero Diego Pardo y sostuvo que incorporaba criterios conservadores para su época, así como una estructura y unas cimentaciones robustas.

El ingeniero mencionó, además, que investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá trabajan en modelos de edificios antiguos para analizar su comportamiento. Estos estudios podrían aportar información para comprender mejor las condiciones de las construcciones que no fueron diseñadas conforme a las normas vigentes.

La revisión de las edificaciones antiguas no es el único reto. Atencio señaló que el Comité Consultivo Permanente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura examina los avances internacionales y las modificaciones que pueden incorporarse al reglamento panameño.

Tras el terremoto, indicó, el comité debía reunirse para analizar posibles mejoras. Entre los asuntos pendientes mencionó completar el mapeo de las curvas de aceleración espectral, herramientas que los ingenieros utilizan para estimar cómo podrían responder edificios, puentes, muros y cimentaciones ante los movimientos del suelo.

Los puentes

Los puentes Centenario y de las Américas también fueron parte de la conversación. Atencio sostuvo que el Centenario fue diseñado con criterios estructurales específicos para puentes y cuenta con elementos destinados a permitir que la estructura responda a los movimientos sísmicos.

Sobre el puente de las Américas, explicó que fue diseñado con normas estadounidenses de su época y que ha recibido trabajos de mantenimiento en componentes como las pilas, las losas de acceso, el arco metálico y los tensores. No obstante, determinar su estado después del terremoto requiere inspecciones técnicas de las autoridades competentes.

El terremoto deja así dos tareas: comprobar el estado de las estructuras que pudieron resultar afectadas y evaluar las construcciones levantadas bajo normas anteriores. Esta última necesidad también ha sido planteada por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Atencio defiende que Panamá mantenga criterios estrictos de diseño y actualice los parámetros técnicos con base en nuevas investigaciones.

La Resolución de Gabinete 108, publicada el sábado en la Gaceta Oficial 30631, se emitió un día después del terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El documento declara la emergencia en todo el territorio nacional y autoriza hasta $100 millones para que ministerios y entidades contraten obras, bienes y servicios sin licitación pública. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre para comprometer esos recursos.

No es la única medida de este tipo en los últimos meses. Desde el 25 de agosto pasado rige la Resolución 80, que declaró la emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño y habilitó otros $80 millones en contrataciones especiales, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

En consecuencia, esta administración tiene dos resoluciones de emergencias nacionales activas o vigentes, por lo que tiene a su disposición $180 millones para adjudicar por la vía excepcional, al margen de los plazos y la competencia que exige la ley de contratación pública.

Rapidez a cambio de controles

El procedimiento de emergencia existe para que el Estado no espere meses mientras se cumplen los procesos de las licitaciones y todo lo que implica: pliegos, reclamos e impugnaciones mientras las comunidades afectadas por alguna emergencia esperan respuestas de las autoridades.

Las resoluciones emitidas por el actual gobierno intentan cubrir ese aspecto con una misma fórmula. Los documentos repiten casi palabra los mismos términos, por ejemplo, que las compras deben hacerse a “precios de mercado debidamente justificados”.

La del terremoto agrega dos novedades. Los fondos se administrarán a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, bajo control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y cada pago requerirá refrendo previo de la Contraloría General de la República.

Cualquier saldo sin usar al cierre del período deberá volver al Tesoro Nacional.

La de El Niño, en cambio, establece que una comisión interinstitucional de alto nivel, creada en mayo, debe aprobar cada solicitud y definir el monto de cada contratación.

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Al concluir la emergencia, cada entidad deberá entregar al Gabinete un informe escrito con el nombre del contratista, el objeto del gasto y la cifra pagada, y publicarlo en PanamáCompra junto con el acta de la sesión en la que se presentó.

Esa obligación de rendir cuentas se daría al final. Por lo tanto, mientras la emergencia está abierta, la ciudadanía sabe cuánto se autorizó, pero no cuánto se gastó ni a quién se asignaron los contratos.

Cinco resoluciones, $360 millones

Mulino asumió la Presidencia de la Republica el 1 de julio de 2024. Desde entonces, su gabinete ha emitido cinco declaratorias de emergencia con partidas para compras especiales por hasta $360 millones.

El 14 de noviembre de 2024, apenas cuatro meses y medio después de la toma de posesión, un Consejo de Gabinete extraordinario aprobó la Resolución 107 por las lluvias que duplicaron la precipitación habitual del mes en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. En esa época murieron 11 personas y más de mil familias resultaron afectadas.

La resolución fijó un tope de $100 millones y un plazo hasta el 15 de enero de 2025.

Ese plazo no se cumplió. El 14 de enero, un día antes del vencimiento, el Gabinete elevó el fondo a $160 millones y extendió las contrataciones hasta el 15 de febrero.

Al menos $120 millones quedaron en manos del Ministerio de Obras Públicas para reparar carreteras y calles; el Idaan recibió $23.7 millones; el Ministerio de Gobierno, $3.6 millones, y el de Vivienda, $2.5 millones.

2025: dos declaratorias, $20 millones

En 2025 se emitieron dos. Ambas fueron provinciales y de menor escala. La primera, la Resolución 48 del 27 de mayo, cubrió la provincia de Bocas del Toro durante la huelga del sindicato bananero Sitraibana contra la Ley 462, que reformó la ley jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social.

El conflicto ocasionó que la empresa Chiquita Panamá despidiera a más de 5,000 trabajadores y la suspensión temporal de sus operaciones. El Gobierno habilitó hasta $10 millones en compras directas, con plazo al 31 de diciembre.

La segunda, la Resolución 69-25 del 11 de junio, respondió a la crisis hídrica en Herrera y Los Santos, cuando la contaminación del río La Villa y sus afluentes obligó a apagar las plantas potabilizadoras de la región. El tope fue otra vez de $10 millones.

Las dos de 2026

Como se explicó en los párrafos de arriba, este año se han emitido dos resoluciones que suman $180 millones. La primera por el fenómeno de El Niño en agosto pasadoy la segunda por el terremoto del viernes 9 de octubre.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, dijo el pasado sábado en una conferencia de prensa que “la economía panameña no se va a detener”, y aseguró que el país tiene los recursos para atender los daños más urgentes.

Si hiciera falta financiamiento, añadió, se trataría de préstamos blandos, con tasas bajas, plazos largos y periodo de gracia. Chapman agradeció además los recursos no reembolsables que ofrecieron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Estados Unidos.

El presidente Mulino, por su parte, ha recorrido las zonas afectadas y descartó que el país vaya a paralizarse.

​Para Carson, el pasado no es un anaquel cobijado por el polvo de los siglos, sino una coordenada activa del presente. Su obra demuestra que los dramas del siglo XXI —el duelo, la alienación, el deseo irrealizable y la arbitrariedad del poder— ya fueron codificados en la Antigüedad, que es una lente de alta precisión que nos permite leer la turbulencia de nuestra propia época.

​En ese cruce de tiempos, el amor no aparece como una sutura ni como un refugio de plenitud; es vulnerabilidad pura y ruptura. Es el Eros agridulce (glykypikron), sentenciado por Safo de Lesbos (c. 630 a. C. – 570 a. C.), aquella figura primordial que, con su Himno a Afrodita y su obra, desplazó el eje de la épica marcial hacia la intimidad, la subjetividad y el temblor del deseo. El amor no une: deja al descubierto el vacío.

​Al defender su tesis doctoral (1986), en la Universidad de Toronto —publicada como Eros el agridulce—, Carson formuló una premisa que conecta el ayer y el hoy: el placer del deseo coexiste y pervive con la herida de la carencia. Eros jamás se despliega en una dinámica binaria. Requiere una trinidad; exige un tercer elemento, una cuña, un espacio intermedio o una frontera inalcanzable que mantenga separados al amante y al amado. El deseo habita en esa distancia. Si la brecha se elimina, el fuego se apaga. Tajante advertencia: «A la gente no le gusta recordar que el amor es una violencia».

​El fondo insobornable de la literatura de Carson es la fragilidad humana. En su condición de filóloga clásica, sabe que el lenguaje cotidiano es una estructura tullida, atravesada por la ausencia. La poesía ejerce su verdadero don: no para rellenar la falta con consuelo retórico, sino para hacer visible ese vacío, ofreciendo un espejo donde la mente moderna puede mirarse sin evadirse.

​Esta arquitectura conceptual se ramifica en su producción lírica, ensayística, dramatúrgica y pedagógica. Al traducir a la tríada trágica —Esquilo, Eurípides y Sófocles—, Carson realiza una disección quirúrgica de la actualidad. La tragedia griega no era un divertimento moralista, sino una tecnología colectiva para nombrar lo intolerable: la locura, el duelo extremo, la arbitrariedad de la fatalidad y la violencia ciega de las instituciones.

​En el género teatral tragedia, la catarsis actúa como la exposición cruda ante la dureza del hecho irreversible. Cuando Carson traduce e interviene la Antígona de Sófocles (en su célebre Antigonick), el coro no recita versos estáticos: funde la rabia de nuestros días con la filosofía clásica para erigir una resistencia ética innegociable frente a los decretos del poder político que pretende normar incluso el derecho al luto.

​Su búsqueda de la intensidad verbal es una respuesta vital. En 2020, al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras por la excelencia y la tensión poética de su obra, se supo también que, para encarar un diagnóstico de Parkinson, la poeta entonces de setenta años había sumado el boxeo a su rutina diaria. Hay una coherencia estética en golpear el aire con la precisión directa y afilada con la que asesta cada verso en la página.

​Este octubre de 2026, la Academia Sueca le ha concedido el Premio Nobel de Literatura. El fallo celebra su audacia e innovación al establecer un diálogo lúdico, feroz y fecundo entre la inmediatez contemporánea y la tradición clásica. Anne Carson nos demuestra que el pasado no está muerto: sus mitos y sus vacíos son el único oráculo capaz de nombrar nuestro presente. Y no sucumbir ante la desesperación y la desesperanza.

Un poema de Carson

Pequeño éxtasis triste del amor

Me gusta estar contigo toda la noche,

con los ojos cerrados.

Qué suerte: aquí estás,

llegando

por entre las estrellas.

Hice un viaje por carretera

a través de toda mi mente y mi corazón,

y

allí estabas tú,

de rodillas junto al camino,

con tu pequeña caja de herramientas,

arreglando algo.

Dame un mundo:

te has llevado el mundo que yo era.

“Fue una carrera difícil ahí afuera hoy; y estoy muy contento de haberla acabado en el podio”, comentó Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia; que ahora encabeza el Mundial con 340 puntos. Exactamente 102 más que su compañero, el inglés George Russell, que, penalizado por haber cambiado varios componentes de la unidad de Mercedes, había salido decimonoveno antes de avanzar diez plazas y concluir noveno este domingo en Singapur.

De tal manera, la nueva estrella boloñesa se convertirá matemáticamente en nuevo campeón mundial si gana dentro de dos domingos el Gran Premio de Estados Unidos y Russell no mejora un noveno puesto en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas.

“Sabíamos que adelantar iba a ser difícil, así que intentamos hacer cosas algo diferentes en lo que a la estrategia respecta. Al tiempo que le cedíamos posición en pista al McLaren de Lando Norris (que fue cuarto), sabíamos que íbamos a ir mejor con las gomas landas para intentar cazarlo tanto a él como a (el también inglés) Lewis (Hamilton, de Ferrari, que acabó sexto)”, explicó.

“Me las apañé para sacar partido de la batalla que mantenían ellos dos; logré adelantar a ambos y tomé el tercer puesto. Ha sido un gran resultado para el equipo después de un par de fines de semana difíciles”, afirmó el joven boloñés, que sólo tiene que esperar a conocer la fecha exacta en la que se convertirá en el tercer italiano -y en el primero después de que lo lograse por última vez, hace ya 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1.

“Hemos dado un buen paso adelante con las evoluciones de nuestro paquete este fin de semana. Se demostró que el experimento ha sido muy útil; y que nos ha facilitado encontrar el camino para extraer lo máximo de él”, manifestó Antonelli, que cuenta ocho victorias -una de ellas en el Madring, nueva sede del Gran Premio de España- y seis ‘poles’ en la categoría. Todas ellas este año.

“Obviamente, fue un fin de semana con sprint (prueba que concluyó cuarto) y después de un viernes complicado, eso es todo lo que pudimos hacer, ya que no parecía que tuviésemos el coche en la ventana perfecta (de rendimiento) hoy”, opinó el líder del campeonato.

“Eso nos da confianza en que podemos efectuar más mejoras en Austin (Texas, sede del Gran Premio de Estados Unidos) y empezar a ver lo que realmente puede ofrecernos”, manifestó Antonelli tras acabar tercero en Singapur y dejar prácticamente resuelto a su favor el Mundial de F1.

Las fotografías del terremoto muestran una escena que se repite en varios poblados. Casas de paredes de bloques y techos de tejas o zinc, levantadas en parcelas donde las familias también trabajan la tierra. Son viviendas construidas poco a poco, a medida que crecían las familias y sus necesidades. Esas imágenes muestran mejor que cualquier cifra el impacto del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

La pobreza, la informalidad laboral, los bajos ingresos y la falta de oportunidades también marcan las diferencias entre las zonas afectadas y la ciudad capital.

Son realidades que condicionan la calidad de vida de sus habitantes y los recursos de los que dispondrán para construir, mantener y reparar sus viviendas.

Además, dentro de cada provincia hay diferencias importantes entre las cabeceras y las comunidades rurales. En lugares como Tonosí, en Los Santos; Mariato, en Veraguas, y Pitaloza, en Herrera, los daños reportados ponen de relieve la vulnerabilidad de poblaciones que dependen de recursos limitados para sostener sus hogares y recuperarse de una emergencia.

En la provincia de Veraguas, la tasa de incidencia de pobreza multidimensional alcanza el 12.2%, lo que abarca a 29,951 personas.

En Coclé, se ubica en un 9.9%, afectando a 26,743 personas. En Los Santos, el indicador de incidencia registra un 4.9%, correspondiente a 4,362 personas, mientras que en la provincia de Herrera la incidencia se sitúa en un 3%, equivalente a 3,514 personas.

De las 17 carencias que mide el Estado, una persona pobre en estas provincias sufre aproximadamente 6 problemas juntos a la vez (empleo precario, problemas de acceso a salud, bajo nivel educativo, problema con la basura o vivienda deficiente).

Las cifras laborales ayudan a entender esas diferencias. En agosto de 2026, el desempleo superaba el 9% en todo el país, mientras que en Coclé era de 5.5%, en Los Santos de 3.4% y en Veraguas de 8.1%.

Pero una tasa de desempleo más baja no necesariamente significa mejores condiciones de vida. El trabajo informal, el empleo por cuenta propia y las actividades agropecuarias tienen un peso importante en varias de estas provincias, donde muchas familias dependen de ingresos variables.

Fuera de las cabeceras de Las Tablas, comunidades de Tonosí y Macaracas enfrentan dificultades relacionadas con la disponibilidad de empleo formal y el acceso a servicios especializados.

Estas condiciones importan cuando ocurre un desastre. Para una familia que vive de la agricultura o del trabajo por cuenta propia, los efectos del terremoto no terminan cuando deja de temblar. Si la vivienda queda dañada, si una vía se ve afectada o si la actividad productiva se interrumpe, también puede desaparecer el ingreso del que depende el hogar.

A diferencia de un trabajador con salario fijo, quien trabaja por cuenta propia puede no tener vacaciones pagadas, protección por incapacidad temporal ni una fuente alternativa de ingresos mientras se recupera.

El impacto, además, puede extenderse a la producción, el transporte, el abastecimiento y el comercio local.

Nota: Esta información está basada en el informe de empleo de 2026, elaborado por el Inec y el Índice de Pobreza Multidimensional 2025.

El pasado sábado, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante una sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete, para priorizar la ayuda a las familias afectadas por el movimiento telúrico en el país.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Panamá cuenta con recursos para atender los daños y las necesidades más urgentes, por lo que no ha sido necesario recurrir al FAP ni iniciar los procedimientos establecidos por ley para utilizar sus recursos.

El titular del MEF, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno ha gestionado ayuda no reembolsable que no represente afectaciones para la economía nacional y sostuvo que la declaratoria de emergencia está limitada a las situaciones derivadas del potente sismo.

Por su parte, el FAP expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas y señaló que se mantiene atento a la evolución de la situación, en comunicación con las autoridades competentes.

El Fondo es un mecanismo de ahorro de largo plazo y estabilización financiera del Estado, concebido para contribuir a la capacidad de respuesta del país ante circunstancias extraordinarias. Su utilización está sujeta a una evaluación de las necesidades financieras y al cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación.

La entidad reiteró que mantiene una posición financiera sólida y que continuará coordinando con el MEF y las autoridades competentes, preparado para cumplir su propósito cuando las circunstancias lo requieran, conforme a la ley.

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Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

El premio reconoce sus contribuciones al estudio de cómo las políticas monetaria y fiscal pueden ayudar a estabilizar las fluctuaciones de la economía.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, señaló John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

“Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares, añadió.

Hall nació en 1943 en California y es profesor de la Universidad de Stanford.

Woodford nació en 1955 en Massachusetts y es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia.

Ambos recibirán un total de 12 millones de coronas suecas, cerca de (US$1,2 millones) que se repartirán en partes iguales.

En un comunicado, al academia aseguró que “los galardonados nos han ayudado a suavizar los altibajos de la economía”.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció el premio, Woodford dijo que era un honor recibirlo.

“Es una sorpresa, pero me siento muy bien al respecto”, añadió.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, distingue cada año investigaciones que contribuyen al avance de la ciencia económica.

El año pasado, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt compartieron el premio por sus investigaciones sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido.

Más información en breve.

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En una actualización divulgada este domingo 11 de octubre, a las 11:00 a.m., la entidad indicó que habían transcurrido 45 horas desde el sismo principal.

Durante el primer día de la secuencia sísmica se registraron 162 réplicas. El IGC señaló que desde las 9:00 p.m. del sábado no se había registrado ninguna réplica de magnitud 5 o superior.

Los movimientos localizados durante las primeras horas de este domingo se mantenían por debajo de magnitud 4.7, y la mayoría se situaba entre magnitudes 3.5 y 4.5.

[Siga aquí: Lista de sismos registrados por el Instituto de Geociencias UP]

De las réplicas registradas, cuatro superaron la magnitud 6: una de magnitud 6.9, otra de 6.5, una de 6.2 y otra de 6.1. Todas ocurrieron durante las primeras horas de la secuencia sísmica, precisó el instituto.

La entidad también aclaró que el número de réplicas ocurridas es mayor al que aparece en el mapa de seguimiento. Esto se debe a que el sistema automático localiza los sismos con suficiente energía para ser registrados simultáneamente por varias estaciones. Los movimientos de menor magnitud quedan fuera del conteo hasta que un analista los revise.

El IGC explicó que las réplicas continuarán mientras la zona de la falla termina de reacomodarse después del movimiento principal. Este proceso puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, aunque se espera que los sismos sean cada vez más pequeños y estén más espaciados en el tiempo.

Ante esta situación, el instituto recomendó a la población seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes oficiales, se registran daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud, edificios gubernamentales, infraestructura vial y otras estructuras en distintas provincias y comarcas del país.

Las evaluaciones continúan en las zonas afectadas, por lo que las cifras podrían variar.

JUEGA VIVO. No faltó el clásico funcionario que trató de sacar provecho político de las donaciones. El presidente Mulino dijo que sorprendió a un alcalde —que supuestamente es el panameñista Ángel Batista, de Mariato— repartiendo la ayuda únicamente entre sus copartidarios en la comunidad de Torio. Pasó con el terremoto de Bocas del Toro, pasó con la pandemia respiratoria… Pareciera que no aprendemos de la situación. Pero, ¿cómo vamos a aprender, si nunca hay condenas?

QUEJA. El presidente pidió que los “enfermos de las redes sociales se calmen por unos días, por consideración con su propio país”. Curiosa defensa de la patria: solo cuando él escribe es bueno, pero cuando lo hacen los demás, es una enfermedad.

RODANDO. Después de los tranques del pasado viernes y en lugar de fomentar otras formas de movilidad, la ATTT evalúa regular el uso de “vehículos eléctricos de movilidad personal” o scooters. Eso implicaría exigir licencia (todavía no se sabe de qué tipo) a los conductores. Ojalá no estén buscando cómo darle un billete extra a las escuelas de manejo.

BRINCO. El diputado Popi Varela ha visitado las zonas damnificadas en Herrera, contribuyendo a visibilizar la magnitud del siniestro a través de sus redes. Mientras hacía un recorrido dentro de una vivienda afectada, lo sorprendió una réplica y, más rápido que la alerta de sismo de los teléfonos celulares, lanzó una expresión muy panameña que no dejó duda de que se había asustado. Ni una cámara indiscreta lo habría captado mejor.

Casa Simona forma parte de Small Luxury Hotels of the World, que promueve al hotelero independiente y reúne a la comunidad más atractiva del mundo, compuesta por viajeros de espíritu libre y hoteles con identidad propia.

Cocina de monte

La gastronomía es una de las grandes razones para venir a Casa Simona. Al frente de La Tulivieja, el restaurante insignia del hotel, está la Chef Cuquita Arias con su propuesta de cocina de monte: una cocina honesta y creativa que pone en el centro los ingredientes producidos localmente y las historias que hay detrás de ellos. El resultado es una experiencia gastronómica sin igual en la zona, de esas que se recuerdan mucho después de volver a casa.

21 habitaciones, cero prisas

Sus 21 habitaciones respiran lujo silencioso: comodidad, privacidad y artesanía en cada detalle. En Casa Simona nada está puesto al azar. Desde la arquitectura hasta el diseño interior y el arte de talentos panameños que acompaña cada rincón, todo fue pensado con intención, como una oda a El Valle de Antón y a Panamá.

Bienestar en esencia

Casa Simona entiende que el bienestar nace desde un lugar profundo y personal que va mucho más allá de un spa. Aquí se trata de libertad, calidad, silencio, movimiento y presencia; de reconectar con lo humano. Los huéspedes pueden disfrutar de masajes en la privacidad de su habitación, practicar yoga al aire libre rodeados de montaña y relajarse en la piscina climatizada, que regala vistas al paisaje montañoso con todas las comodidades del trópico.

Ver Casa Simona abrir finalmente sus puertas como parte de SLH es un orgullo enorme. Es la oportunidad de mostrar un pedacito de Panamá al mundo, desde un lugar que hemos creado con muchísimo cariño y respeto por lo que somos. Ahora queremos que quienes nos visiten lo descubran, y se lleven un poquito de El Valle con ellos.“, comentó Patricia Mejías – Gerente General del hotel.

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Durante la presentación, que fue engalanada con un espectáculo de drones y fuegos artificiales que alumbraron el cielo, mientras de fondo se escuchaba parte de la participación de Banesco en la vida de muchas familias panameñas, el banco dio a conocer la renovación de su tradicional símbolo, que ahora incorpora tres elipses y mantiene los colores que han formado parte de su imagen durante años.

Pero esta vez el encuentro no giró alrededor del lanzamiento de un producto financiero, sino de algo que acompañará al banco en cada uno de sus espacios: su nueva identidad.

Para Alfonso Prieto, CEO de Banesco Panamá, este cambio significa evolución y responde a las nuevas tendencias tecnológicas y a la necesidad de prepararse como equipo para el futuro, sin dejar atrás los valores que acompañan a la marca.

“Queremos representar cómo estamos preparados para el futuro, pero sin perder la esencia de la marca, que son nuestros valores, qué es la proximidad, la confianza y el siempre trabajar pensando en el mejor servicio para el cliente”, explicó Prieto.

Y aunque uno de los cambios más evidentes será el nuevo logo, la entidad plantea que los clientes también deberían percibir diferencias en sus operaciones cotidianas.

Prieto manifestó que para el cliente este cambio será un avance, ya que su experiencia mejorará, ya que será mucho más ágil, con productos más útiles y procesos “en definitiva” más fluidos.

Entre las iniciativas que ya forman parte de esta evolución se encuentran Pagos 2x3 a través de la Banca Digital y WhatsApp conversacional, además de nuevas propuestas relacionadas con tarjetas. El banco también contempla el uso de herramientas de digitalización e inteligencia artificial para facilitar procesos y fortalecer la atención.

Entre los cambios más visibles que el cliente podrá observar está su logo, ya que, aunque su tradicional símbolo conserva sus tres formas, estas ahora se presentan como elipses que buscan transmitir movimiento y proyección.

Cada color también tiene un significado: el verde representa la innovación; el azul, la calidad y la eficiencia; y el rojo, el sentido humano de la entidad.

La renovación llega acompañada del concepto “El camino siempre has sido tú”, con el que Banesco busca destacar el papel de las personas en esta nueva era.

Y aunque la nueva identidad fue presentada en el país, su alcance es internacional. Banesco Panamá forma parte de Banesco Internacional, un grupo con presencia en más de 14 países, por lo que la renovación responde a una estrategia compartida entre sus distintos mercados.

La nueva operación permitirá fabricar tuberías negras y galvanizadas, redondas, cuadradas y rectangulares, en diferentes dimensiones, espesores y acabados, con una capacidad nominal de hasta 30 mil toneladas anuales.

Carlos Rodríguez, gerente general de ACESCO Panamá, explicó que concretar el proyecto tomó más de dos años, desde la adquisición de la línea hasta las adecuaciones, instalación y montaje necesarios para comenzar a producir.

“No vamos a depender de las importaciones como dependemos hoy día. Ya Panamá tiene un nuevo producto hecho en Panamá”, destacó Rodríguez, al explicar que la fabricación local permitirá fortalecer el abastecimiento, reducir los tiempos asociados a las importaciones y responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado panameño.

Capacidad de hasta 30 mil toneladas

La planta fue diseñada para alcanzar una capacidad nominal de hasta 30 mil toneladas de tubería de acero al año, frente a un mercado panameño estimado en unas 40 mil toneladas anuales.

Rodríguez indicó que la capacidad efectiva de la nueva línea puede variar según los tipos de tubería, dimensiones y espesores que se fabriquen.

Durante las distintas etapas de adecuación, instalación y montaje participaron 118 personas, entre contratistas y trabajadores de la empresa. En la etapa de producción, la línea operará con siete colaboradores por turno, incluyendo técnicos, ingenieros y personal calificado.

Una apuesta de largo plazo

Durante el acto inaugural, José Uribe, CEO de Grupo ACESCO, destacó que la nueva operación forma parte del proceso de expansión que la compañía desarrolla desde 1970.

Uribe señaló que el grupo cuenta actualmente con presencia en 10 países de América, unos 2,600 colaboradores y lleva a sus clientes alrededor de un millón de toneladas de acero al año.

“Este logro es el resultado de una apuesta de largo plazo, de la planificación y de la confianza en todo lo que Panamá puede seguir construyendo”, manifestó.

El ejecutivo destacó que el crecimiento de la compañía no se limita a ampliar su presencia geográfica, sino que también busca desarrollar capacidades y generar oportunidades en los mercados donde opera.

Según Uribe, la nueva línea permitirá a ACESCO estar más cerca de sus clientes, acompañar sus proyectos y fortalecer su presencia en Panamá.

Destacan creación de capacidad industrial

El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Torres De León, también participó en la inauguración y destacó la decisión de la empresa de ampliar su capacidad productiva en el país.

Torres señaló que este tipo de inversiones no solo incorpora infraestructura industrial, sino que también contribuye a la formación de trabajadores especializados y al desarrollo de nuevas capacidades dentro del mercado laboral panameño.

“ACESCO, en este caso, no está creando solamente una capacidad privada, sino que está aportando a la creación de una capacidad país”, expresó.

El viceministro invitó además al sector privado a continuar apostando por proyectos que agreguen valor desde Panamá y permitan aprovechar oportunidades tanto dentro como fuera del mercado nacional.

“Pensemos en grande. Hay más cosas por hacer”, manifestó.

Invitados conocieron cómo se fabrican las tuberías

Como parte del lanzamiento, representantes del Gobierno, empresarios, colaboradores e invitados realizaron un recorrido por la planta de producción, donde pudieron observar la nueva línea en funcionamiento.

Durante la visita, ingenieros, técnicos y personal especializado explicaron las diferentes etapas del proceso, el funcionamiento de los equipos y la transformación que atraviesa el acero hasta convertirse en tuberías listas para su comercialización.

El recorrido permitió a los asistentes conocer de primera mano la operación detrás de esta nueva capacidad industrial y el alcance del proyecto.

ACESCO Panamá informó que actualmente sus productos se encuentran disponibles a través de una red de más de 300 ferreterías y grandes centros de distribución en el país.

Con esta nueva línea, ACESCO Panamá amplía su capacidad de atención al mercado nacional y fortalece su apuesta por la producción local de soluciones de acero, con una capacidad de hasta 30 mil toneladas de tubería al año.

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Después hice lo que hacemos todos: abrí las redes sociales para saber cómo estaba el país. Las primeras noticias fueron un alivio enorme: Panamá había aguantado, ningún edificio se había caído y no había personas fallecidas. Al día siguiente logré llegar, abracé a los míos y entré a mi casa. No se había caído ni una planta. Me sentí extremadamente privilegiada y agradecida.

Pero seguí leyendo y la historia empezó a ser otra. Vi a un abuelo llorando frente a lo que quedó de su casa, la única que levantó con años de trabajo, con muebles y electrodomésticos comprados poco a poco, símbolos de toda una vida de esfuerzo y de cada quincena bien ganada. Leí sobre un puente caído que conectaba caminos de producción o que era la única vía hacia el hospital más cercano, y sobre una escuela multinivel con grietas que no tienen arreglo, donde los niños quizás reciben la única comida del día, además de la educación que puede cambiarles el futuro.

Como pediatra, esa última noticia me detuvo. Sé lo que significa para un niño ese plato de comida y ese salón de clases. Una grieta en una escuela rural no es solo una pared dañada: es una amenaza al desarrollo de decenas de niños.

Y, en medio de todo eso, vi algo que me llenó de admiración: el personal de salud de hospitales y centros de salud de todo el país. No abandonaron sus puestos. Pusieron a sus pacientes primero, con calma y con vocación, y siguieron cuidando a los hijos y a los papás de otros sin haber tenido siquiera la oportunidad de saber de los propios. Ojalá el Estado les asegure condiciones dignas de trabajo, porque, para que puedan seguir cuidando, hay que cuidarlos.

Creo que el temblor nos dejó dos lecciones. La primera es personal: en minutos descubrimos quiénes realmente importan. Son las personas. Llamémoslas, abracémoslas y no esperemos otro susto para hacerlo.

La segunda es colectiva y es la que más me inquieta. Cuando pasa el miedo, la tentación es decir: «Qué suerte que no fue peor». Pero para el abuelo que lo perdió todo, para la comunidad sin puente y para los niños sin escuela, no fue suerte. El mismo temblor no sacudió igual a todos: una casa bien construida resiste y una humilde, levantada con lo que alcanzó, no.

Hoy hay que ayudar y cada quien puede hacerlo con lo que tenga: una donación, unas horas, su voz. Pero me pregunto algo que no me deja tranquila: ¿ese abuelo tendrá que depender el resto de su vida de la caridad de sus vecinos? La caridad ayuda a pasar la emergencia, pero no reemplaza a un Estado que garantice vivienda digna, caminos seguros, salud y escuelas que no se agrieten. Eso no es un favor, es un derecho de cada panameño.

Cuando pase el temblor, que no pase también el compromiso con los demás. Exijamos que la reconstrucción llegue primero a quienes menos tienen. Y a los padres y abuelos que me leen les dejo una tarea: conversen con sus hijos y nietos sobre lo que pasó. Hablen de gratitud, pero también de responsabilidad con quienes lo perdieron todo. Enseñarles a ayudar es la mejor forma de dejarles un país más justo y más solidario.

La autora es pediatra.

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los residentes, administradores y juntas directivas: los sistemas de protección y los equipos electromecánicos esenciales de un edificio deben mantenerse en condiciones de operación las 24 horas del día, los 365 días del año. Para lograrlo, se requieren inspecciones, pruebas y mantenimiento periódico, realizados por profesionales y empresas idóneas.

Aunque un terremoto y un incendio son emergencias distintas, ambos ponen a prueba nuestra preparación, el estado de las instalaciones y la capacidad de respuesta de quienes ocupan el edificio.

Me preocupa que muchos residentes desconozcan los protocolos de actuación ante un incendio. En los edificios de gran altura, el alcance de los equipos exteriores de los bomberos tiene limitaciones; por ello, la intervención depende en buena medida del acceso seguro y del funcionamiento de los sistemas de protección instalados dentro de la edificación. Una falla en estos sistemas puede dificultar el control del incendio y poner en peligro tanto a los ocupantes como al personal de respuesta.

Por esta razón, los administradores y presidentes de las juntas directivas deben verificar que las inspecciones, pruebas, mantenimientos y certificaciones correspondientes estén al día. También deben informar a los residentes, mediante un mural o un medio accesible, sobre el estado de estos sistemas, las fechas de revisión y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias encontradas.

Entre los sistemas e instalaciones que requieren atención se encuentran:

• Los sistemas de detección y alarma contra incendios.
• Los rociadores, las conexiones y las mangueras contra incendios, y las bombas que abastecen estos sistemas.
• Los extintores portátiles.
• La iluminación y la señalización de emergencia.
• Las rutas de evacuación y las escaleras de emergencia.
• Los sistemas de presurización de escaleras, donde correspondan.
• Las puertas cortafuego y sus mecanismos de cierre.
• Los ascensores y sus funciones de emergencia.
• El generador de emergencia y su sistema de transferencia.
• Las bombas de agua potable y sus instalaciones eléctricas.

No basta con que estos equipos estén instalados. Es indispensable comprobar que funcionen, que reciban el mantenimiento requerido y que puedan cumplir su propósito cuando ocurra una emergencia.

Asimismo, los residentes deben conocer el plan de emergencia del edificio, las rutas de evacuación y los procedimientos establecidos para cada situación. La capacitación y los simulacros deben contemplar también la asistencia a personas con movilidad reducida.

Hay otro aspecto técnico que merece especial atención: la capacidad interruptiva de los interruptores instalados en los tableros eléctricos. Esta debe ser adecuada para la corriente de cortocircuito disponible en el punto donde se encuentra cada equipo, conforme al estudio correspondiente y a las condiciones de la instalación.

Para explicarlo de manera sencilla, así como los elementos estructurales de un edificio deben resistir los esfuerzos para los cuales fueron diseñados, los interruptores deben poder interrumpir con seguridad las corrientes de falla que puedan presentarse. Si la corriente de cortocircuito supera su capacidad interruptiva, el equipo puede fallar violentamente y producir un arco eléctrico, daños graves o un incendio.

Por ello, la selección de un interruptor no debe basarse únicamente en su amperaje o en su precio. Su capacidad interruptiva también es una condición esencial para la seguridad de la instalación.

No pretendo convertir este artículo en una clase de ingeniería eléctrica. Mi propósito es llamar la atención sobre responsabilidades que no pueden postergarse y promover medidas preventivas antes de que una emergencia revele nuestras deficiencias.

La seguridad de un edificio requiere mantenimiento, comprobación técnica, organización y residentes informados. Espero que estas reflexiones contribuyan a proteger la vida de nuestros compatriotas y a fortalecer una cultura de prevención en Panamá.

El autor es ingeniero electricista. Teniente coronel del BCBRP.

Basta leer algunos artículos para entenderlo.

El artículo 14 cambia las reglas para los funcionarios que quieran ser candidatos. Hasta hoy, si ocupas la Secretaría o la Subsecretaría General de la Asamblea Nacional y aspiras a un cargo de elección popular, debes renunciar. Es una regla elemental: quien administra la institución no puede usarla como plataforma de campaña. Con la modificación, esa obligación desaparece. Las normas generales no deberían tener nombre y apellido, pero esta los tiene: la actual subsecretaria general es Fátima Agrazal. Que cada panameño saque sus propias conclusiones.

El artículo 73 va aún más lejos. Permite que una persona que gane dos cargos de elección popular conserve ambos: ejerce uno primero y luego puede regresar al otro. Estamos hablando de dos posiciones desde las que se decide sobre recursos públicos y asuntos de interés colectivo. El ciudadano vota para que alguien lo represente, no para que guarde una curul de reserva mientras prueba suerte en otra. Esto no tiene otro nombre: es una sinvergüenzura.

El artículo 452, sobre los circuitos plurinominales, esconde su verdadero propósito detrás de una frase noble: dice que los partidos que obtengan dos o más curules por cociente no podrán competir por medio cociente ni por residuo, «con el propósito de garantizar la representación y el derecho de las minorías». Veamos lo que significa en la práctica. En un circuito como San Miguelito, que elegiría seis diputados, una fuerza política que obtenga dos cocientes y medio, es decir, votos suficientes para una tercera curul, solo se llevará dos. Los votos que le sobran a la opción preferida por los electores se botan, y esa curul pasa a manos de quien obtuvo menos votos. No es protección de minorías: es protección de quienes saben que no pueden ganar por cociente y que desde hace años llegan a la Asamblea por el residuo.

Y si la fuerza más votada es una lista de libre postulación, el castigo es mayor, porque el mismo artículo obliga a cada candidato independiente a alcanzar el cociente por sí solo, sin poder sumar los votos de sus compañeros, algo que a los candidatos de partido sí se les permite. Dos reglas distintas para competir por la misma curul, en la misma boleta. Es una norma diseñada para que, gane quien gane en las urnas, los de siempre conserven su puesto.

En San Miguelito no hace falta adivinar a quién beneficia: en 2024, mientras los electores respaldaban de forma masiva una opción distinta, Raúl Pineda conservó su curul gracias al medio cociente y al residuo. Con esta norma, ese salvavidas deja de ser una casualidad y se convierte en una garantía.

A eso se suma el aumento del porcentaje exigido para inscribir nuevos partidos políticos, que pasaría del 2% al 3%. Quienes ya están dentro suben el muro para que nadie más entre, aunque varios de los partidos existentes ni siquiera alcanzan hoy el porcentaje que ahora les exigirían a los nuevos. Las reglas son duras para los que vienen y blandas para los que ya están. Cuando se cierra a la vez la vía independiente y la vía de nuevos partidos, al ciudadano que quiere participar no le queda ninguna puerta abierta, salvo la de pedir permiso a los mismos de siempre.

Y luego está el mapa. En la reorganización de circuitos, Bocas del Toro, que hasta hoy elegía dos diputados en un solo circuito provincial, se divide en dos circuitos de un solo diputado cada uno. Parece un ajuste técnico, pero no lo es: en un circuito de dos curules, una fuerza distinta tiene oportunidad de ganar un escaño; en dos circuitos uninominales, quien domina el territorio puede quedarse con todo. Bocas del Toro es, desde hace décadas, el bastión político de Benicio Robinson. El Tribunal Electoral presentó la propuesta; la Asamblea la aprobó en primer debate sin cambiar una coma. No hace falta ser adivino para entender a quién beneficia.

Una democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la honestidad de sus reglas. Cuando quienes compiten escriben las normas para garantizar su propia permanencia, la elección deja de ser una competencia y se convierte en un trámite. No hay democracia cuando las leyes se diseñan para proteger la perpetuidad y los intereses particulares de unos pocos.

Las reformas electorales deberían abrir la puerta a nuevos liderazgos, no cerrarla con llave desde adentro. Todavía hay tiempo de corregir. La pregunta es si los diputados votarán pensando en la verdadera democracia ciudadana o en la próxima reelección.

El autor es diputado de la coalición Vamos en circuito 8-4, período 2024-2029.

Y ahí los indicadores internacionales no nos favorecen. El último informe Doing Business del Banco Mundial (2020) ubicó a Panamá en el puesto 141 de 190 en cumplimiento de contratos: hacer cumplir un contrato por la vía judicial podía demorar unos 790 días, con costos equivalentes al 38 % del monto reclamado. Por su parte, en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá ocupa el puesto 87 de 143 países en justicia civil, justamente donde más se necesita certeza.

El riesgo de perder un proceso se puede manejar; la incertidumbre sobre cuánto tardará en llegar una decisión cuesta más, y no muchas empresas están dispuestas a asumir ese costo.

Esa incertidumbre tiene consecuencias. El informe sobre el clima de inversión de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que consultan los inversionistas, advierte que, en Panamá, las empresas recurren cada vez más al arbitraje por falta de confianza en el sistema judicial. El arbitraje es un mecanismo legítimo, pero cuando se escoge para huir de los tribunales se convierte en un sobrecosto que solo puede asumir quien tiene con qué. Así, una justicia ineficiente termina cobrándole al ciudadano en oportunidades que nunca llegan.

Por eso, la reforma procesal civil es también una política de competitividad. Este 13 de octubre se cumple un año del inicio de operaciones del Código Procesal Civil y, desde adentro, puedo afirmarlo con datos: los tiempos de respuesta están cambiando.

El cambio empezó antes de la ley: primero se diagnosticó en qué etapas se detenía el proceso y, a partir de esos hallazgos, se legisló. De ahí que la oralidad sea la columna vertebral del nuevo modelo, incorporada donde aporta valor. La etapa de admisión y objeción de pruebas, que antes podía demorar más de 400 días, hoy se completa en aproximadamente una hora durante la audiencia preliminar. Y, en la audiencia final, el juez que practicó las pruebas es el mismo que decide, con un plazo máximo de veinte días desde el cierre de la audiencia para publicar la sentencia.

La ley, además, le puso fecha de vencimiento a la espera. El artículo 202 obliga, como regla general, a dictar sentencia de primera instancia en un año, contado desde la notificación al demandado, y a resolver la segunda instancia en seis meses. Quien incumple pierde la competencia sobre el proceso, con las medidas disciplinarias correspondientes. El plazo tiene, así, consecuencias legales concretas.

Todo esto convive con la liquidación de los procesos anteriores al Código. Para quien tiene su causa en un juzgado liquidador, su proceso no es «viejo»: es su petición de justicia. Al 31 de julio, el Primer Distrito Judicial ya había liquidado el 45% de las causas heredadas del sistema anterior: más de veinte mil procesos concluidos. Detrás de cada uno hay personas que esperaban una respuesta.

El Órgano Judicial ha asumido su parte con una Comisión de Implementación que se reúne cada semana, analistas que siguen a diario los tiempos de cada despacho, jueces de descongestión para las causas antiguas y el acompañamiento del Pleno de la Corte. Medir y corregir a tiempo separa una reforma en papel de una que funciona.

Pero el compromiso no puede ser de un solo órgano del Estado. Las universidades deben formar en las destrezas que exige el nuevo sistema, y los abogados, dejar atrás las prácticas del viejo.

Al Órgano Ejecutivo le corresponde entender que cada balboa que se le niega a la justicia se termina pagando, con intereses, en arbitrajes y en inversión que se va a otra parte. La justicia es gratuita, sí, para el usuario, pero sostenerla requiere presupuesto para contar con jueces suficientes, personal de apoyo, salas de audiencia, infraestructura y sistemas tecnológicos que respalden toda la operación.

Panamá puede mejorar sus indicadores de justicia civil con seguimiento y financiamiento sostenido. Un país compite mejor cuando quien invierte sabe que, si algo sale mal, habrá un juez que le responda a tiempo.

La autora forma parte de la Fundación Libertad.

Entonces aparece la urgencia. Nos cuesta pensar o decidir qué hacer. Nuestra atención se concentra en sobrevivir y proteger a quienes queremos.

Aunque estar a salvo pueda parecernos un milagro, parte de ese milagro tiene un rostro humano: el de los arquitectos, ingenieros, obreros y constructores que hicieron bien su trabajo. Su responsabilidad contribuyó a proteger nuestras vidas. Reconocerlo nos invita a agradecer y a sentir orgullo por lo que construimos los panameños. Esa fortaleza se expresa en las edificaciones y en nuestra capacidad de afrontar la adversidad con solidaridad y amor al prójimo.

Ese agradecimiento puede convivir con el miedo y el dolor por quienes han sufrido daños. Sentir alivio no significa recuperar la tranquilidad. Aunque el movimiento termine, la inseguridad puede permanecer. Cada réplica renueva la pregunta: ¿volverá a suceder? Aquello que antes parecía confiable se vuelve incierto.

Es importante no minimizar lo que sentimos ni lo que sienten los demás. Decirnos «ya pasó» o «no fue para tanto» puede dejar sin espacio una experiencia que necesitamos expresar. Reconocer el miedo y encontrar compañía puede ayudarnos a recuperar la calma para pensar.

Desde una mirada psicoanalítica, un acontecimiento como este puede despertar experiencias anteriores de desamparo, pérdida o ruptura. En lo que ocurre afuera pueden resonar momentos en los que sentimos que nuestra vida perdía su sostén. Son nuestros terremotos internos. Cada persona vive lo sucedido de una manera distinta y necesita su tiempo para procesarlo.

Donald Winnicott —el reconocido pediatra y psicoanalista— llamó sostén a los cuidados físicos y emocionales que un ambiente confiable ofrece desde el comienzo de la vida y que favorecen nuestra continuidad de ser. Esta idea nos ayuda a pensar cómo, ante una experiencia que nos sacude, la presencia de otros puede ayudarnos a recuperar estabilidad.

Poner en palabras lo que sentimos puede ayudarnos a encontrar calma. Expresar el miedo o la incertidumbre permite darle forma a lo vivido. Podemos ofrecer escucha a los demás, sin juzgar ni apresurarnos a decirles cómo deberían sentirse.

También necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Las indicaciones de seguridad de los aviones nos ofrecen una imagen: en caso de despresurización de la cabina, colóquese primero su mascarilla de oxígeno antes de ayudar a su acompañante. Cuidarnos nos permite estar en mejores condiciones para cuidar. No necesitamos estar tranquilos para ofrecer compañía, pero sí reconocer cuándo necesitamos apoyo.

El cuerpo participa de lo que vivimos. En momentos de tensión pueden aparecer molestias digestivas, dolores de cabeza o dificultades para dormir. A veces nos cuesta encontrar palabras para un malestar que se hace sentir corporalmente. Esto no significa que todo síntoma tenga un origen emocional, pero nos recuerda la importancia de atender lo que sentimos y las señales de nuestro cuerpo.

También importa cuidar la información que recibimos y compartimos. Buscar fuentes oficiales y evitar difundir rumores puede ayudarnos a orientarnos. Necesitamos saber cómo proceder, pero también darnos pausas para que las noticias no ocupen todo nuestro espacio emocional.

Es preciso seguir adelante, pero también detenernos a escuchar cómo estamos. La resiliencia se construye dando lugar a nuestra vulnerabilidad y aceptando que podemos necesitar de otros. Compartir lo que sentimos, escuchar y aceptar compañía son formas de recuperar sostén. Porque cuando la tierra se mueve y sentimos que puede dejar de sostenernos, descubrimos en nuestros vínculos cómo sostenernos a nosotros mismos y unos a otros.

La autora es psicoanalista, miembro de APAP.

Panamá es un país de edificios altos. Contamos con más de 200 edificios de más de 15 pisos y con 37 rascacielos, más que ningún otro país de Latinoamérica. Esa ciudad cosmopolita que nos enorgullece fue puesta a prueba como nunca antes por un movimiento que alcanzó una magnitud de hasta 7.5. Y resistió.

Lo digo con conocimiento de causa. Soy ingeniero mecánico, no estructural, pero durante diez años ejercí mi profesión como ingeniero consultor en mi rama, trabajando codo a codo con los mejores arquitectos, ingenieros estructurales e ingenieros de otras especialidades vinculadas al diseño de edificios, tanto en Panamá como en la antigua Zona del Canal. Desde 1980 hasta la fecha me he dedicado a la promoción y construcción de edificios de altura. Son más de cinco décadas viendo de cerca cómo se conciben, se calculan y se levantan estas obras.

Por eso puedo dar fe del profesionalismo y la dedicación de quienes han diseñado los edificios de este país y de los ingenieros residentes que han velado por que lo dibujado en el plano se cumpla en la obra. He sido testigo de lo exigentes que han sido con cada detalle en proyectos de hasta 65 pisos: con el acero, con el concreto, con las fundaciones, con cada revisión. Muchas veces esa exigencia significó más tiempo, más dedicación y, en ocasiones, hasta obsesión por la perfección. Hoy sabemos que valió cada centavo y cada minuto.

Pero la razón de estas líneas es otra: reconocer a los ingenieros que hicieron posible que este sismo no terminara en tragedia. Debo recordar a Diego Pardo, Adolfo Quelquejeu, César Kiamco y Salomón Cherem, quienes desarrollaron el Código Antisísmico de Panamá en 1976, que luego se fue actualizando mediante reglamentos y nuevas versiones. También a profesionales como Víctor Levi, Víctor Cano, Juan Yinh, Martín Isaac, René Henríquez, Julio Davis, Álvaro Calvo, Ernesto Ng, George Berman, Luis Alfaro y Amador Hasselen. A cualquier otro cuyo nombre se me escape, le pido disculpas: el mérito es igualmente suyo.

Todos ellos participaron en el proceso de impulsar y desarrollar los reglamentos estructurales del país cuando todavía faltaban muchos años para vivir un evento como el de esta semana. Fue una tarea larga y poco visible, sostenida por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y por sucesivas generaciones de especialistas que fueron actualizando las normas a medida que avanzaba el conocimiento.

Vale recordar, además, con qué herramientas lo hicieron. Estas tareas se realizaron en épocas en que el ingeniero trabajaba con regla de cálculo y, ocasionalmente, con computadoras, cuando estas eran apenas herramientas de apoyo que prácticamente no eran más que calculadoras sofisticadas. No contaban con el respaldo de la inteligencia artificial de hoy, cuando las computadoras y los bancos de información digitales casi piensan por uno. Cada cálculo salía de su criterio, de su estudio, de su inteligencia y de su experiencia.

Probablemente nunca imaginaron exactamente cuándo llegaría una prueba así. Pero entendieron algo fundamental: había que construir pensando en salvar vidas. Entendieron que nada excluía a Panamá de sufrir un sismo de alta magnitud y que ese sismo podía derrumbar grandes estructuras si no se contaba con códigos antisísmicos y diseños estructurales de primer mundo.

No era una postura fácil de defender. Durante años se repitió que en Panamá no tiembla, que esas previsiones eran exageradas y que solo encarecían la construcción. Ellos insistieron, con argumentos técnicos y con paciencia, hasta que la exigencia se convirtió en norma y la norma en costumbre.

Una visión que merece nuestro agradecimiento. Hoy, viendo que los edificios modernos resistieron, que no tuvimos colapsos masivos y que, gracias a Dios, no se reportaron víctimas fatales, uno entiende el verdadero valor de aquellas decisiones. Y, sin duda, su trabajo ayudó a proteger a incontables familias panameñas que esa noche pudieron volver a sus casas.

Gracias a quienes tuvieron esa visión. Panamá hoy se los debe.

El autor es ingeniero mecánico consultor y promotor de proyectos.

Para las pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en el mercado local, mantener la viabilidad financiera en la coyuntura actual va mucho más allá de colgarse del dinamismo del Canal de Panamá o del sector logístico. La ecuación de rentabilidad se enfrenta a retos estructurales que amenazan la sostenibilidad de las operaciones privadas en el mediano y largo plazo.

El principal dilema que enfrentan los directivos radica en el desacople entre las grandes variables macroeconómicas y el consumo interno. Mientras el comercio exterior y los servicios financieros muestran resiliencia, la demanda local sigue contenida por una tasa de informalidad laboral que ronda el 50%.

Esta dualidad afecta directamente el flujo de caja de las empresas que dependen del mercado doméstico. Sin una masa salarial formal sólida que impulse el consumo masivo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) pierden margen para absorber el alza en los costos operativos, las tarifas de servicios y los alquileres comerciales.

La viabilidad tampoco es igual para todos los actores. En Panamá, más del 90% del parque empresarial está compuesto por pymes, las cuales generan más de la mitad de las plazas de empleo del país. Sin embargo, entre el 60% y el 65% de estas unidades productivas reportan dificultades severas para acceder a líneas de crédito o financiamiento comercial competitivo.

Las exigencias de garantías, sumadas a evaluaciones de riesgo bancario cada vez más rígidas, ahogan la capacidad de trabajo de las pymes. Para sobrevivir, muchas terminan recurriendo al autofinanciamiento o limitando su escala de crecimiento, lo que, a su vez, frena la generación de empleo formal.

Cuatro desafíos futuros para la empresa privada

Para garantizar la viabilidad en los próximos años, el sector privado panameño deberá sortear cuatro frentes críticos:

1. Transformación digital sin retorno: La automatización y la inteligencia artificial han dejado de ser ventajas competitivas para convertirse en requisitos de supervivencia. Las empresas familiares y tradicionales que adoptan herramientas digitales registran ganancias en productividad de hasta un 60%, reduciendo costos operativos clave.
2. Reconversión del talento humano: Existe una desconexión persistente entre las competencias demandadas por las empresas y la oferta del sistema educativo. La escasez de perfiles técnicos y digitales obliga a las compañías a asumir costos adicionales en capacitación interna.
3. Eficiencia energética y sostenibilidad: La volatilidad en los precios de los insumos exige modelos de operación más sostenibles y una transición hacia fuentes de energía eficientes para proteger los márgenes de utilidad.
4. Agilidad ante la burocracia: La lentitud en los trámites estatales y la fragmentación de los incentivos restan agilidad operativa a las empresas. La modernización de los procesos públicos es un clamor urgente del gremio empresarial.

El escenario futuro no es sombrío, pero sí exigente. Aunque las encuestas de confianza empresarial muestran que más del 80% de los ejecutivos prevén un panorama de mayor estabilidad y tienen intenciones de mantener o ampliar sus planillas, la viabilidad no vendrá dada por inercia.

Aquellas empresas que logren optimizar su estructura de costos, integrar tecnología en sus procesos clave y cerrar la brecha de talento serán las que conviertan las cifras de crecimiento nacional en verdadera rentabilidad sostenible. La economía de Panamá crecerá, pero el éxito individual dependerá de qué tan rápido aprenda cada negocio a adaptarse al nuevo mapa competitivo.

La autora es economista y docente universitaria.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

La protesta, a la que asistieron al menos unas 10,000 personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines al llegar a Casa Jalisco, la residencia del gobernador Pablo Lemus, que fue protegida con vallas para disminuir el acceso a la calle.

Los manifestantes marcharon pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al encontrar la zona cercada quitaron las vallas y se fueron acercando a Casa Jalisco, donde policías antimotines les recibieron con amenazas y violencia física, según constató EFE.

El contingente no se movió e intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno y con chorros de agua.

En la gresca, que duró al menos dos horas, golpearon y detuvieron a nueve manifestantes y a un periodista del medio local ‘Para esto’, quienes fueron llevados al interior de Casa Jalisco, sin que hasta ahora se sepa su paradero o situación jurídica, según denunciaron los colectivos organizadores de la protesta.

Los activistas también señalaron que los agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, quienes no han sido localizados, al igual que dos mujeres, madre e hija, que estaban por participar en la marcha.

Durante un recorrido efectuado este domingo 11 de octubre por la comunidad de Torio, en el distrito de Mariato, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que se han identificado entre cuatro y cinco kilómetros de vías con deterioro considerable.

El ministro explicó que el ministerio coordina la incorporación de equipos y personal para acelerar la rehabilitación de los caminos y facilitar el ingreso de ayuda a las zonas afectadas.

“Lo importante en este momento es habilitar los caminos para que todas las comunidades sean accesadas”, señaló Andrade, quien indicó que también se requiere evaluar y reparar varios puentes afectados por el terremoto.

Terremoto: Las evaluaciones preliminares del MOP identifican unos ocho puentes afectados en Soná y al menos seis en Mariato, Veraguas. pic.twitter.com/mNx25It0Iz

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, en el distrito de Soná se contabilizan alrededor de ocho puentes afectados, mientras que durante la inspección en Mariato el ministro observó al menos seis estructuras que necesitan atención.

Andrade explicó que desde la noche del viernes se movilizaron equipos para habilitar los accesos a las comunidades y que desde el sábado se iniciaron las evaluaciones de los puentes.

Además, informó que se autorizó a las empresas que mantienen proyectos en las áreas afectadas a apoyar en la habilitación de caminos de producción.

Por el momento, el MOP no cuenta con una estimación del costo de las reparaciones. El ministro señaló que las evaluaciones continúan a nivel nacional y que la prioridad es recuperar la conectividad para garantizar el acceso a las comunidades afectadas.

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Solo unos pocos edificios –muchos de ellos viejos– y varias iglesias sufrieron daños en el interior del país, daños que pueden considerarse de consideración. Personalmente puedo decir que fue una experiencia aterradora y no puedo imaginar las violentas sacudidas que sufrieron las personas que estaban en los pisos superiores de los edificios en Panamá. El susto fue inimaginable, a tal punto de que ya no se si son réplicas o si es mi imaginación, pero no me pregunto sobre si es real o paranoia: sencillamente salgo de la casa.

Pero si hay algo bueno que rescatar de esta estremecedora experiencia es la resistencia de la construcción en Panamá. Fue una temible prueba de fuego para las normas anti sísmicas que rigen la construcción en el territorio nacional.

Parece que si hay algo que se ha respetado son, precisamente, esas normas. Y razón de más tenemos ahora para fortalecerlas y cumplirlas. Probablemente el estricto cumplimiento de estas salvaron cientos o quizás miles de vidas en el transcurso de este seísmo. Y eso definitivamente hay que aplaudirlo de pie. El solo hecho de que, transcurridas nueve horas desde que ocurrió el fenómeno no haya habido reportes de víctimas o heridos por causa del movimiento telúrico debe ser un récord.

Y sí, por supuesto que hubo numerosos casos de ansiedad, situaciones emotivas, ataques de nervios y de pánico, etc., pero todos podemos echar el cuento, contar el susto, responder dónde estaba cuando ocurrió, cosa que miles de víctimas de terremotos y fenómenos similares no pueden hacer alrededor del mundo. Algo bueno se ha hecho en Panamá, algo que nos mantiene hoy respirando. Entonces, ¿por qué no somos igual de exigentes en muchas otras cosas? Este terremoto nos demostró que cumpliendo leyes y normas podemos ser tan desarrollados como cualquier otro país.

Y quizás no nos hayamos dado cuenta o no hayamos pensado en ello, pero este sismo pudo haber afectado o destruido estructuras esenciales del Canal de Panamá – como sus esclusas y represas– y entonces el desastre, medido en costos económicos y sociales, habría sido catastrófico, pues recordemos que, además en las aguas del canal están las reservas que se usan para el consumo humano en gran parte del área metropolitana. Y no hablemos de los puentes e infraestructura que conectan la capital con el resto del país.

Alguien me comentó que tuvimos suerte, porque pudo haber sido mucho peor. Y es cierto, pudo serlo, pero las cosas bien hechas resisten pruebas igualmente fuertes. Ignoro hasta qué grado de la escala Richter deben resistir las edificaciones en Panamá, pero esta prueba que acabamos de pasar no fue poco cosa. Nos deja más tranquilos. Pero, por si las moscas, valdría la pena darle una mirada, como para actualizarla con las últimas técnicas y avances en materia anti sísmica.

Algunos periodistas de medios extranjeros nos preguntaban y cuántas víctimas o heridos hay o que cuándo se actualizaría el número de heridos o muertes y la respuesta a lo largo de las horas era igual: cero, con lo cual se producía un escepticismo incómodo, pues daba la impresión de que, en medio del caos que produce un terremoto, no había cifras oficiales, ni siquiera extraoficiales.

En los próximos días habrá que examinar con mayor detenimiento estructuras que se vieron afectadas o comprometidas; quizás se descubran residencias y edificios con problemas, pero insisto, si no hubo víctimas, ha sido ganancia, porque la vida lo es todo. Y no hace falta decir que, al menos en normas de construcción, hay algo muy bueno que los panameños hemos hecho. Y eso nos da esperanzas de que, pase lo que pase o a pesar de todo, hay cosas que mantener, rescatar y preservar, pero también tenemos que habernos dado cuenta de que, tras esta prueba, tenemos –y podemos– mejorar.

Con esto dicho, el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los costos de la emergencia, aseguró la entidad.

Aunque la Resolución de Gabinete N.° 108 faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal, esta no es obligatoria. Según el Ministerio, los gastos previstos pueden cubrirse sin exceder el límite fiscal establecido.

El Gobierno recurrirá a coberturas de seguros, donaciones y recursos no reembolsables para financiar la atención de las comunidades afectadas.

Solo se acudiría a deuda si resulta indispensable y se dará prioridad a condiciones concesionales, propias de situaciones de crisis, explicó la entiodad.

El MEF aclaró que los $100 millones autorizados para atender la emergencia nacional constituyen un monto máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para cubrir necesidades comprobadas.

La administración de los fondos estará a cargo de un fideicomiso en el Banco Nacional, sujeto al refrendo de la Contraloría y a mecanismos de seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.

El MEF asegura que la atención de la emergencia por el terremoto no alterará la meta fiscal de 2026. El déficit se mantendrá dentro del límite de 3.5% del PIB y no se solicitará una dispensa a la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/vqkuJ6Lie0

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

Lo que sí hay en uno de los parques es una olla improvisada cocinándose a fuego lento a manos de tres mujeres, personal del centro de salud, que han estado sirviendo las tres comidas −desayuno, almuerzo y cena− a los damnificados del pequeño pueblo.

Los locales de Tonosí hacen fila para que Argelis Ortega les dé algo de comer en un recipiente desechable. Algunos han perdido su vivienda y muchos tienen el miedo dentro del cuerpo.

“Han sido bastantes. Desayuno, almuerzo y cena para más de cien personas“, dice a EFE Ortega mientras con actitud sazona el cerdo.

El parque de ese pueblo alejado de la carretera Panamericana, la principal que cruza Panamá, se ha convertido en un campamento, comedor y hospital improvisado a la vez desde que a las 12:56 hora local del viernes un terremoto de magnitud 7.7 −según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)− ocurrió cerca de Tonosí, la localidad más próxima al epicentro.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá rebajó la magnitud a 7.5.

La comida fue donada por los vecinos mientras las autoridades locales reparten agua y los pacientes se ubican como pueden debajo de un par de toldas viejas con cuadros de ansiedad o golpes por las caídas en el momento del terremoto.

Las principales vías para llegar hasta ese pequeño pueblo del sur de Panamá están dañadas: un deslizamiento de tierra ha cortado una de ellas y en la otra hay grietas, árboles caídos y piedras, por lo que el Ejecutivo ha venido en helicóptero a evaluar daños.

Sin parar de temblar

Mientras el personal médico pone las vías intravenosas y Ortega revuelve el caldero, la tierra no para de temblar bajo sus pies con el más de un centenar de réplicas registradas desde el terremoto del viernes.

Los vecinos están sobre sillas de plástico aunque los más pequeños duermen sobre colchones. Ese es el caso de Cristal Reyes, oriunda de Tonosí, que se mantiene en un círculo con su familia en medio del parque intentando calmar a sus hijos.

“Ni me atreví a ir a mi casa. Me mandó un video (mi esposo) y está todo en el suelo“, hablaba a EFE cuando otra réplica obligó a parar la entrevista.

No hay agua, tampoco luz desde hace más de 24 horas en Tonosí, el pueblo más cercano al epicentro del terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Panamá.
Video/EFE pic.twitter.com/7kLBiOqP2R

— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026

Reyes trabaja cerca de ese parque y del centro médico. Cuando comenzó a temblar, salió corriendo pero la magnitud era tan grande que la tumbó junto a sus otros compañeros.

La incomodidad y el nerviosismo se suman a las constantes réplicas reportadas a lo largo de este sábado mientras esperan el restablecimiento de los servicios básicos.

Las autoridades de Panamá aún no han dado una cifra de pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.

El servicio estará disponible en su horario habitual, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., después de las evaluaciones y pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del sistema y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

Las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ya están operativas.

Agradecemos a nuestros usuarios por su paciencia y comprensión durante la suspensión del servicio.

La prevención y la seguridad son compromiso de todos.#MetroInforma pic.twitter.com/iZUAZPUHaa

— El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 11, 2026

El sábado, la entidad inició las denominadas “marchas en blanco”, pruebas en las que los trenes circulan sin pasajeros y de manera consecutiva para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas antes de retomar la operación comercial.

La suspensión del servicio se produjo tras el terremoto y las réplicas posteriores, mientras se realizaban las revisiones correspondientes para determinar si las instalaciones y los equipos estaban en condiciones de operar con normalidad.

“La película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel”, afirmó Netanyahu, según la nota.

Gran parte del documental está basado en investigaciones realizadas desde 2023 por el periodista israelí Yuval Abraham -codirector del filme- y publicadas tanto en la revista israelí-palestina +972 como en el diario británico The Guardian, que además produce NAZA.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo Israel pasó de autorizar, tras el 7 de octubre de 2023, la muerte de decenas a cientos de civiles como ‘daño colateral’ en ataques contra altos cargos de Hamás.

“Existe la preocupación de que los implicados en esta película difamatoria hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad”, detalla el primer ministro en su solicitud, que adjunta el comunicado.

Netanyahu acusó a los participantes del filme de incurrir, además, en “difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos” del país.

Según el mensaje publicado por su oficina, el primer ministro dirigió su petición al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), David Zini, y a la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara.

NAZA toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que podría morir en un ataque, por ejemplo 20 NAZA.

El documental describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre y presunto miliciano de Hamás regresa a dormir a casa.

También el uso de modelos de inteligencia artificial que predicen −según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con un 15 % de error− la probabilidad de que un gazatí sea o no un miliciano, creando una lista de posibles objetivos.

Los militares de NAZA, con la condición de anonimato por las represalias que podrían sufrir, aseguran asimismo que el Ejército bombardeó zonas bajo órdenes de evacuación de Gaza sabiendo que aún quedaba allí población civil.

El Ejército israelí, por su parte, sostiene que sus normas prohíben atacar deliberadamente a civiles y obligan a los mandos a adoptar medidas para reducir los daños a la población civil. También afirma que las decisiones finales sobre los ataques y la evaluación del riesgo de víctimas civiles corresponden a oficiales.

El pasado 2 de octubre, The Guardian defendió la investigación y aseguró haber consultado durante tres años a más de cien fuentes conocedoras de los sistemas militares israelíes empleados en la guerra, incluidos altos mandos implicados en la autorización de ataques. También afirmó que contrastó los testimonios con documentos clasificados filtrados y mediante la verificación de operaciones concretas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este domingo que Rusia y Ucrania han acordado un “alto el fuego energético”.

“Con efecto inmediato, hay un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que Ucrania apoyaría la tregua. Rusia, por su parte, aún no se ha pronunciado.

“Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye”, escribió Zelensky en X.

“Estamos a la espera de detalles por parte de EE.UU. Por nuestra parte, Ucrania siempre apoya plenamente las medidas para reducir la tensión, proteger vidas y tomar las decisiones necesarias para poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera”, añadió.

“Pero si los rusos aceptan un alto el fuego en materia energética, Ucrania también lo aceptará”, afirmó.

En varias ocasiones, Trump ha instado a Ucrania a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Trump y Zelensky.

Este domingo, el presidente ucraniano dijo que su país estaría dispuesto a dejar de atacar las refinerías rusas si Moscú dejaba de atacar la infraestructura energética ucraniana.

En los últimos meses, ambos países han intensificado sus ataques contra infraestructuras mientras la guerra entra en su quinto año, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Francia “apoya sin reservas” una “auténtica tregua energética” que sea aceptable para Ucrania.

Sin embargo, señaló que Rusia “sigue negándose a ello e intensificando sus ataques contra la infraestructura ucraniana en las últimas horas”. En un mensaje publicado en X, Macron añadió que “Francia seguirá apoyando a Ucrania y al presidente Zelensky”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó su “pleno apoyo” a Zelensky tras mantener una conversación telefónica con él este domingo.

Von der Leyen dijo que respaldaba plenamente un “alto el fuego que proteja el suministro mundial de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia”. Añadió que la guerra ha entrado en una “nueva y más sombría fase”.

Los ataques continúan

Cinco años después del inicio de la guerra, Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques a diario.

Este fin de semana, el gigante tecnológico ruso Yandex suspendió sus operaciones en un centro de datos cerca de Moscú tras un ataque con drones ucranianos.

Se trata del tercer ataque contra sus instalaciones esta semana. Kyiv afirmó que sus objetivos eran instalaciones que generan ingresos para la maquinaria bélica rusa.

En Ucrania, el Servicio Estatal de Emergencias informó de que seis personas resultaron heridas durante ataques rusos nocturnos en cuatro distritos de la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país.

El día anterior, 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en ataques rusos en Zaporiyia.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Kyiv. En una ofensiva la semana pasada murieron cuatro personas.

A principios de esta semana, un misil ruso mató a 22 personas, entre ellas cinco niños, al impactar contra un bloque de apartamentos en Pryluky, al este de Kyiv.

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• Trump dice que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, tras las críticas de Zelensky al acuerdo sobre el diésel entre EE.UU. y Rusia

El mandatario progresista criticó el cierre de este canal con más de tres millones de personas llamado “Ejército de Lula”, que se dedicaba a impulsar contenido a favor de su reelección.

“No es posible que la justicia electoral no tenga la actitud civilizada y republicana de permitir que las elecciones ocurran sin interferencia”, dijo en declaraciones a la prensa, antes de añadir que llevará el caso ante los tribunales.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, aceptó los argumentos de la campaña del ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien solicitó el cierre del canal por supuestamente difundir noticias falsas sobre su candidatura.

En su decisión, Nunes Marques, nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato, determinó la suspensión del canal hasta después de la segunda vuelta de las elecciones el 25 de octubre.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ahora trata de reforzar su presencia en redes sociales para lograr una remontada frente al rival.

Con todo, la campaña del líder progresista denunció ayer que Meta, la multinacional que controla Instagram y Facebook, ha limitado el alcance de sus publicaciones, supuestamente para favorecer a Bolsonaro.

Meta, según la propia campaña del mandatario, atribuyó los problemas a fallos técnicos que también han sufrido otros usuarios.

Los alcaldes de estos tres distritos donde se reportó el epicentro del temblor describen comunidades que buscan agua, alimentos y refugio, mientras esperan las evaluaciones y la ayuda del Gobierno.

En el sur de Veraguas, algunas familias dejaron sus casas y buscaron refugio en las alturas. En Tonosí, los comerciantes vieron cómo paredes caían sobre vehículos y las viviendas quedaban entre los escombros. En Pedasí, hubo quienes pasaron la noche en parques y centros deportivos, sin atreverse a regresar a sus hogares. El terremoto alteró la vida de estos distritos y dejó a sus autoridades frente a una emergencia cuya magnitud todavía está por determinarse.

Las primeras horas estuvieron marcadas por el miedo, los daños en las infraestructuras y las dificultades para movilizarse. Las carreteras sufrieron afectaciones, algunos puentes quedaron comprometidos y los servicios básicos comenzaron a faltar en comunidades golpeadas por el movimiento sísmico.

Los alcaldes de Mariato, Ángel Batista; Tonosí, Aníbal Domínguez, y Pedasí, Miguel Batista, describieron a La Prensa un panorama en el que las necesidades se acumulan mientras avanzan las evaluaciones.

Los daños en Veraguas

En Mariato, Ángel Batista hablaba desde una emergencia que lo obligaba a salir de su distrito para buscar suministros. Viajaba hacia Santiago en busca de agua y alimentos para las familias afectadas. La carretera tenía tramos colapsados, puentes desnivelados y derrumbes en las montañas. A los daños viales se sumaban viviendas destruidas, comercios afectados y pérdidas en el sector turístico. Hasta el momento de la entrevista, aseguró que no se habían reportado víctimas mortales en el distrito, aunque sí lesiones leves.

“La gente está histérica, está triste, está conmocionada. La gente está esperando ayuda del Gobierno y de las autoridades”, relató Batista. El alcalde calculó que alrededor de 1,500 personas habían resultado afectadas, principalmente en las comunidades más próximas al epicentro, entre ellas Llano Catival, Quebro, Arenas y El Cacao. La cifra era preliminar: todavía faltaba llegar a otras localidades para conocer la dimensión de los daños. También informó que un colegio había sufrido afectaciones considerables y que el edificio municipal estaba prácticamente perdido.

La emergencia no se limitaba a las paredes agrietadas o a las casas que terminaron en el suelo. Mariato estaba, según Batista, sin electricidad, agua ni conexión a internet. Varios acueductos rurales habían colapsado y las familias necesitaban agua potable, precisamente cuando las vías dificultaban el traslado de ayuda. La falta de comunicación también complicaba conocer lo que ocurría en las comunidades más apartadas, donde algunos residentes habían abandonado sus viviendas por temor a nuevos temblores.

Algunos buscaron refugio en las alturas, otros se instalaron en escuelas y hubo quienes terminaron bajo los árboles o en potreros. Batista aseguró que no había suficientes espacios habilitados para recibir a las familias.

“La gente está histérica, está triste, está conmocionada. La gente está esperando ayuda del Gobierno y de las autoridades”.

Ángel Batista, alcalde de Mariato

“Yo los tengo en los potreros, porque no hay de otra”, dijo al describir dónde estaban pasando la emergencia algunos damnificados. La cancha municipal estaba disponible, pero cuando habló con La Prensa todavía no tenía agua. En su viaje a Santiago consiguió 35 cajas de agua, además de pan y leche para distribuir entre niños y adultos mayores.

La lista de necesidades que enumeró el alcalde era la de familias que, en muchos casos, habían salido de sus casas sin poder rescatar sus pertenencias. Hacían falta carpas, colchonetas, estufas, gas, ropa, medicamentos y materiales para reconstruir las viviendas. “Cuando digo todo, es porque se cayeron las casas y no pudieron sacar nada”, explicó. Batista pidió ayuda al Gobierno central y a organismos internacionales. Mientras tanto, los residentes seguían sin saber cuándo podrían regresar a sus hogares o dónde pasarían las siguientes noches.

Los más afectados

En Tonosí, provincia de Los Santos, Aníbal Domínguez también intentaba reconstruir el panorama con información que le llegaba de los moradores. La única vía terrestre de acceso que identificó era la carretera por Macaracas, pero advirtió que estaba en condiciones peligrosas.

La situación impedía movilizar equipos con normalidad y recorrer todas las comunidades. Por eso, el alcalde insistió en que las cifras que ofrecía no eran definitivas: todavía no se había podido evaluar el distrito completo.

Su estimación inicial era de unas 100 viviendas destruidas o severamente afectadas, aunque advirtió que podían ser muchas más. En el centro de Tonosí, explicó, había daños en hoteles y comercios, y alrededor de ocho vehículos habían quedado debajo de una pared desplomada. También mencionó afectaciones en Isla de Cañas, Búcaro, Cambutal, Flores y El Cacao. Algunas comunidades habían sido evacuadas, mientras los equipos locales intentaban establecer qué había ocurrido en las zonas a las que todavía no habían podido llegar.

“La verdad, lamentablemente, todo destruido, sin exagerar”, resumió Domínguez al describir la situación de su distrito. El terremoto también golpeó una actividad que sostiene buena parte de la economía local: la agricultura. El alcalde explicó que durante el año se habían sembrado cerca de 7,000 hectáreas de arroz.

“Los municipios no tenemos ni la Junta Comunal para comprar una libra de arroz”.

Aníbal Domínguez, alcalde de Tonosí

Según su estimación, entre 4,000 y 5,000 hectáreas todavía podían estar en riesgo, porque una parte de la cosecha ya se había recogido y el resto seguía en el campo. La emergencia amenazaba, por tanto, no solo las viviendas y los comercios, sino también los ingresos de los productores y trabajadores agrícolas.

En medio de ese escenario, las necesidades más inmediatas eran agua, comida y un lugar donde dormir. Domínguez mencionó también pañales y leche para los bebés. Su preocupación iba más allá de la asistencia inmediata: “Los municipios no tenemos ni la junta comunal para comprar una libra de arroz”, afirmó, al explicar las limitaciones económicas de los gobiernos locales para enfrentar una crisis de esta magnitud. Pidió al Gobierno central actuar ante los daños en las viviendas, las carreteras y la producción agrícola.

Temor al mar

En Pedasí, también en Los Santos, Miguel Batista describió otra forma de la emergencia: la incertidumbre de quienes no sabían si sus casas seguían siendo seguras. Aunque el balance de daños era todavía preliminar, una vivienda de quincha se había desplomado en el distrito y en Playa Venao un edificio de apartamentos identificado como el sitio Playa Venao colapsó por completo. Otra estructura de esa zona presentó daños considerables. El alcalde informó, además, de una persona que aparentemente había resultado herida, aunque sin lesiones graves.

La noche tampoco había sido tranquila para quienes buscaron refugio fuera de sus casas. Algunas personas durmieron en parques y centros deportivos; otras se quedaron en espacios abiertos por miedo a que los temblores continuaran. Batista relató el caso de una mujer de 100 años que pasó la noche en la calle, cubriéndose de la lluvia con un paraguas. En Playa Venao, varios moradores se trasladaron a una loma donde hay una escuela. “La gente tiene miedo de entrar a sus residencias, no se atreve”, explicó el alcalde al describir la incertidumbre entre los residentes.

Batista solicitó carpas y toldas para habilitar espacios temporales y pidió coordinar las labores para proteger a los residentes y restablecer los servicios básicos. También informó del cierre del puente sobre el río Oriano por problemas en su estructura y señaló que aún debían revisarse otras infraestructuras.

“La gente tiene miedo de entrar a sus residencias, no se atreve”.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí

A la preocupación por la seguridad se sumaba el cierre de comercios, que dificultaba a los residentes comprar alimentos y productos esenciales. Mientras esperaba la respuesta de las autoridades nacionales, el municipio seguía levantando información sobre los daños.

En los tres distritos, el balance seguía abierto. Las estimaciones de los alcaldes daban cuenta de viviendas perdidas, carreteras comprometidas, comunidades que necesitaban agua y familias que buscaban dónde pasar la noche. Pero todavía faltaban inspecciones para establecer cuántas estructuras podían utilizarse, cuántas debían ser reparadas y cuántas personas requerían asistencia inmediata. Por ahora, entre los escombros, las vías afectadas y los refugios improvisados, la urgencia se medía en necesidades concretas: agua para beber, comida para los niños y un lugar seguro donde esperar a que la tierra dejara de temblar.

En medio del estremecimiento, nuestra querida Panamá recibió la noticia más valiosa: no hemos tenido que lamentar víctimas fatales.

Es insólito que un terremoto de esa fuerza no haya cobrado vidas humanas, que suelen contarse en otros pagos por centenares y miles.

Que una sacudida de semejante escala no se haya traducido en una tragedia de pérdidas humanas no es producto del azar. Es el triunfo contundente de la previsión técnica y de la ciencia. Como bien ha señalado el arquitecto Álvaro González Clare, contar con un código sismorresistente —no antisísmico— tan avanzado es una conquista ética de la ingeniería nacional que transformó la manera de diseñar y construir en Panamá, dotándonos de un marco normativo que nos ha salvado la vida.

Aquel proyecto visionario, impulsado hace medio siglo por Diego Pardo, Adolfo Quelquejeu, César Kiamco y Salomón Cherem —coordinados por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y respaldados por Víctor Levi, líder universitario—, fue la base del Reglamento Estructural de Panamá. Al convertirse en ley, la norma obligó a que el diseño priorizara la vida. Las altas torres de la capital oscilaron el 9 de octubre con flexibilidad, absorbieron la energía telúrica y mantuvieron su integridad. No eran hamacas, pero se les asemejaban.

El terremoto expuso una realidad contrastante en el interior. Si la capital resistió con solvencia, las provincias centrales mostraron la vulnerabilidad de su infraestructura social. El sismo fracturó inmuebles donde late la identidad histórica, como el Museo de la Nacionalidad en La Villa de Los Santos, la fachada de la Escuela Normal de Santiago y centenarios templos coloniales. Más grave aún: la sacudida puso en riesgo a miles de niños y pacientes al comprometer cerca de doscientas escuelas y múltiples edificaciones de salud en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. La falla en estructuras anteriores a las normas modernas exige atención inmediata.

Frente a esta gravedad, los tomadores de decisiones deben liderar una reconstrucción ejemplar. La reparación del patrimonio histórico exige técnicas de retrofit de precisión —inyección de cales hidráulicas, tensores de acero inoxidable ocultos y fibra de carbono— para devolver la solidez a los muros sin alterar su alma arquitectónica. El Estado debe ejecutar un plan nacional de auditoría y reforzamiento estructural en las escuelas y hospitales afectados.

La solidaridad del pueblo se manifiesta con fuerza. Lo ocurrido en Azuero debe ser el punto de partida para traducir el rigor técnico que elogió González Clare en una política pública inclusiva, que lleve la seguridad sísmica a cada escuela, hospital y monumento de la República, sin importar si se encuentra en una zona rural o urbana.

El autor es filólogo y periodista.

Un claro recordatorio de esta compleja realidad ocurrió recientemente con la fuerte sacudida del pasado viernes 9 de octubre. Este terremoto, de magnitud 7.8, retumbó con fuerza desde zonas occidentales como Bocas del Toro y Chiriquí hasta Darién. A la luz de las investigaciones del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP), este tipo de eventos no son accidentes aislados, sino la manifestación física de cómo la tierra se reacomoda y se mantiene activa en las fronteras de nuestra microplaca.

Las evaluaciones preliminares de las autoridades de protección civil reflejan con claridad esta vulnerabilidad. Cientos de viviendas en casi todas las provincias sufrieron desde agrietamientos leves hasta pérdidas totales, lo que obligó a evacuar a comunidades enteras y habilitar albergues e instalaciones médicas de campaña. Cientos de escuelas y diversas infraestructuras resultaron golpeadas, por lo que requirieron la atención urgente del Gobierno e intervenciones de emergencia para restablecer servicios esenciales como el agua potable.

Más allá de los daños materiales, este evento dejó al descubierto lo mucho que nos falta aprender sobre cómo actuar en momentos de verdadero caos. El nerviosismo y la frustración se apoderaron del ambiente en cuestión de segundos. Se vieron personas desesperadas que bajaban por las escaleras y se empujaban entre sí, se escucharon llantos de angustia por no tener noticias de sus familiares y hubo calles completamente colapsadas donde el tráfico impedía el paso de ambulancias, bomberos y unidades de rescate. Fue una escena impactante que quedará grabada en la memoria de miles de panameños, recordándonos a la fuerza que no basta con reaccionar, sino que es imprescindible educarnos para conservar la calma, seguir rutas de evacuación seguras y ceder el paso a las autoridades en medio de una emergencia.

Desde una perspectiva estructural, cuando ocurre un movimiento de esta magnitud, la deformación de la corteza terrestre se manifiesta de forma severa en el terreno. En las zonas más cercanas al epicentro, la sacudida causa el colapso de edificaciones sin la debida resistencia, agrietamientos profundos en el suelo e interrupciones de los servicios básicos. Asimismo, en terrenos saturados de agua se desencadena la licuefacción, fenómeno en el que el suelo pierde solidez y actúa como un líquido, mientras que, en las costas del Caribe y del Pacífico, el movimiento marino puede generar alertas de tsunami y alteraciones repentinas en el nivel del mar.

Hoy en día, gracias al uso de tecnología moderna y redes de monitoreo, los científicos han podido entender mejor el comportamiento subterráneo que origina estos sismos. El territorio se divide en zonas clave. Por ejemplo, la zona de fractura de Panamá y Punta Burica registran una intensa actividad por el choque lateral de las placas de Cocos y Nazca; en el norte, el cinturón deformado del Caribe genera fuertes empujes; y, en puntos como la península de Azuero y Panamá Este, se constata que ninguna región escapa de la deformación tectónica constante.

El istmo de Panamá se desplaza de forma silenciosa a una velocidad de aproximadamente tres centímetros por año, lo que significa que la energía bajo el suelo no desaparece, sino que se acumula poco a poco en las fallas geológicas. Comprender esto no es solo un asunto de libros o teorías académicas, sino una necesidad vital para mejorar la ingeniería civil, actualizar los códigos de construcción y ordenar el crecimiento de nuestras ciudades.

El autor es arquitecto/Máster en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.

Pero, para mí, lo más importante no es solamente la calidad de nuestra ingeniería. En Venezuela y Colombia también existen normas de construcción sismorresistente. La diferencia muchas veces está en su cumplimiento. Cuando la corrupción permite que se ignoren las normas para abaratar costos, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Por eso, considero que lo ocurrido el viernes merece un aplauso a la ingeniería panameña, pero también a nuestra institucionalidad. A pesar de todas las críticas que hacemos a los municipios y a las autoridades, hay que reconocer el valor de un sistema en el que los profesionales diseñan conforme a las normas, los constructores las respetan y las autoridades ejercen su responsabilidad de supervisar y exigir su cumplimiento.

Y aquí viene mi reflexión más importante: cuando cada uno de nosotros, desde su profesión, su trabajo y sus decisiones cotidianas, contribuye a mantener estándares éticos, incluso en las cosas más pequeñas, está ayudando a construir una sociedad en la que la corrupción no tiene cabida. Esa cultura de integridad, que se construye día a día y muchas veces de manera silenciosa, termina salvando vidas en momentos como este.

Por eso, más que un aplauso a una profesión, esto es un aplauso a los valores de una sociedad. Porque la ética no es un concepto abstracto: tiene consecuencias reales y, en ocasiones, es precisamente lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte.

El autor es ingeniero civil, con una maestría en Ingeniería Sísmica por la Universidad de California en Berkeley.

Unos investigadores encontraron cientos de monumentales construcciones en una región que abarca el sur del estado de Amazonas y partes de Acre, en la Amazonía de Brasil.

Las estructuras se construyeron hace miles de años en una región alejada de los grandes ríos y, según los científicos, pudieron haber albergado a millones de personas.

“Este pueblo practicaba la geometría monumental en la Amazonía al mismo tiempo que Pitágoras desarrollaba su teorema en Grecia”, compara el paleontólogo Alceu Ranzi, presidente del Instituto de Geoglifos de la Amazonía (Brasil) y uno de los autores de un estudio reciente sobre el tema.

A continuación te explicamos lo que los nuevos hallazgos revelan sobre el pasado de la selva tropical más grande del mundo, así como los detalles sobre la llamada civilización Aquiry, responsable de crear los geoglifos, nombre que se le da a estas enormes estructuras excavadas en la tierra.

Desentrañar el pasado

Las revelaciones más recientes sobre los geoglifos y la civilización Aquiry fueron tema de un artículo científico publicado en julio en la famosa revista académica Nature.

Los investigadores, pertenecientes a distintas instituciones, utilizaron una tecnología llamada LiDAR, acrónimo en inglés de detección y medición de distancia por luz.

Básicamente, este equipo utiliza un láser para medir distancias y crear mapas complejos en tres dimensiones.

En regiones como la Amazonía, el LiDAR puede “ver” lo que hay debajo de los árboles y analizar grandes áreas sin necesidad de talar bosques ni visitar todos esos lugares, uno por uno.

“Esta fue la primera evaluación ambiciosa con LiDAR en la Amazonía”, afirma el arqueólogo y antropólogo Martti Pärssinen, de la Universidad de Helsinki (Finlandia) y otro de los autores del artículo.

Centenares de construcciones

Con la ayuda de esta tecnología, los científicos exploraron un área de 4.400 km² entre los estados de Amazonas y Acre.

En ese tramo identificaron 432 estructuras, de las cuales 396 nunca habían sido registradas.

Los geoglifos asociados a la civilización Aquiry se construyeron entre los años 600 a.C. y 850 d.C.

A partir de estos datos y de imágenes satelitales, estiman que el área ocupada por la civilización alcanzaba unos 183.000 km², menos del 3% de la Gran Amazonía, un área un poco mayor que el territorio de Uruguay.

Los autores también calculan que, alrededor de los años 100 y 300 d.C., esta región albergaba hasta 3 millones de personas, cifras que, según los científicos, están relacionadas con la monumentalidad de los geoglifos.

“La mayoría [de los geoglifos] son zanjas y varían en tamaño”, detalla Ranzi. “Hay zanjas de hasta 15 metros de ancho y 5 metros de profundidad”, agrega.

Los autores de la investigación sugieren que la construcción de estructuras gigantescas como estas requería una gran comunidad de personas trabajando juntas.

¿Cómo se construyeron los geoglifos?

“En esa región no hay piedra. Es posible que se utilizara madera y canastas para transportar [la tierra]”, responde Ranzi.

“Era mucho trabajo manual, pero no estamos seguros, porque todo en la Amazonía es orgánico, desaparece”, explica el investigador.

Esto significa que es imposible encontrar en esta región los “clásicos” indicios antiguos de ocupación humana, como cuerpos enterrados, restos de comida o rastros de campamentos y viviendas.

Debido a la humedad, todo ese material se descompone con el paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre en las regiones más secas del planeta.

Además de la gran cantidad de mano de obra y la necesidad de dividir las tareas, los expertos estiman que estas construcciones exigieron conocimientos de matemáticas y geometría.

“En la Amazonía ya existían las condiciones tecnológicas suficientes para que una civilización gigantesca como la Aquiry construyera geoglifos en la selva”, afirma el arqueólogo y antropólogo Rhuan Carlos Lopes, de la Universidad Federal de Pará (Brasil), quien también es coautor del artículo.

¿Para qué servían los geoglifos?

Una de las primeras hipótesis de los investigadores era que los geoglifos fueran fortalezas o construcciones defensivas, para que la población se protegiera contra invasiones y ataques.

Sin embargo, hoy en día, los expertos consideran más probable que tuvieran funciones ceremoniales y políticas.

“Si realmente se confirma que son estructuras ceremoniales, este pueblo vivía en paz porque, para dedicar tanto esfuerzo, tanto trabajo, eso significa que no había enemigos de los que preocuparse”, especula Ranzi.

Pärssinen destaca otro aspecto que indican las investigaciones en la región: un respeto absoluto por la naturaleza.

“Nunca convirtieron la selva tropical en una sabana”, señala. “Esto significa que los claros y la tala de árboles eran lo suficientemente grandes como para la subsistencia, para cultivar maíz, calabaza, yuca, nada más”, agrega el científico.

En el artículo, los investigadores sostienen que no había una ocupación permanente de estas estructuras: se utilizaban para recibir invitados y celebrar ceremonias de carácter político, cultural, deportivo o religioso.

“Los geoglifos se usaban para reuniones, para tomar decisiones políticas y para organizar ceremonias religiosas, así como para fiestas, bailes y música”, detalla Pärssinen.

El trabajo de campo, a través de excavaciones, indica que estas estructuras se mantenían en muy buen estado.

“Se realizaba un mantenimiento de estos espacios. No se trataba solo de construirlos, sino de conservarlos a lo largo de los siglos y eso, obviamente, implica también la existencia de un conjunto de conocimientos”, expone Lopes.

Otro punto importante es que los estudios muestran que las construcciones estaban conectadas por caminos.

“Hemos mapeado 350 km de caminos que conectan los geoglifos”, dice Ranzi.

Según él, los geoglifos no eran estructuras aisladas en medio del bosque o del paisaje: “Esos caminos conducían a esos lugares y, esas vías, al acercarse a las estructuras, aumentaban de tamaño”.

“Es como salir del interior hacia una calle pequeña, que se transforma en una carretera y luego se convierte en una autopista de dos, tres o cuatro carriles”, compara el científico.

El fin de la civilización Aquiry

Durante las investigaciones los científicos notaron algo curioso: los geoglifos dejaron de construirse alrededor del año 850 d.C.

Aún no se sabe muy bien la razón de esto.

Ranzi establece un paralelismo con lo que ocurrió en ese mismo período con los mayas, que habitaban partes de México y Centroamérica.

“En esa misma época los mayas dejaron de construir y de utilizar esos palacios. Las pirámides de Yucatán volvieron a ser ocupadas por la selva”, señala.

“Algo similar ocurrió en la Amazonía. Los años 800 fueron tal vez un período de alguna crisis ambiental global”, sugiere.

Ranzi investiga los geoglifos de Acre desde hace más de 40 años. Vio las primeras estructuras de este tipo durante un vuelo, cuando regresaba a Río Branco después de un viaje.

En esa época, la mayoría de esas construcciones solo podían identificarse en áreas que habían sido desforestadas y transformadas en plantaciones o pastizales.

“Para mí, lo que me llamó la atención desde el principio fue la monumentalidad de estas estructuras. Son dibujos de 400, 500 metros de diámetro”, recuerda.

Ahora, con la ayuda de nuevas tecnologías como el LiDAR, el trabajo de los arqueólogos sigue adelante, con la ventaja de saber mejor dónde realizar excavaciones en busca de más vestigios de la civilización Aquiry.

Un nuevo pasado para la Amazonía

Las investigaciones sobre los geoglifos forman parte de un movimiento más amplio que, poco a poco, está desentrañando el pasado de la Amazonía y desmontando muchos mitos sobre este lugar.

El primero de ellos era que se trataba de un bosque virgen, sin rastros de ocupación humana.

En las últimas décadas, investigaciones en diferentes campos del conocimiento han demostrado que esta región estaba habitada por millones de personas mucho antes de la llegada de los europeos y que estos dejaron huellas profundas en la composición y la estructura de la selva tropical más grande del mundo.

“Lo que vemos en la Amazonía no es una gran selva natural, sino un gran jardín construido a lo largo de la historia”, sostiene Lopes. “Y eso, desde mi punto de vista, es muy fascinante”, agrega el investigador.

Las estimaciones sobre la ocupación ancestral de este territorio siguen aumentando: antes, los estudios calculaban que toda la Amazonía precolonial podría albergar entre 1 millón y 2,5 millones de personas como máximo.

Posteriormente, esa cifra aumentó a entre 5 y 10 millones de personas.

Ahora, con la sugerencia de que solo un área relativamente pequeña de esa selva albergaba hasta 3 millones de personas, es posible que esa cifra vuelva a aumentar.

Otra contribución del estudio de los geoglifos es comprender cómo se produjo la ocupación de la llamada “tierra firme”.

Antes se creía que la ocupación de la Amazonía se dio principalmente a orillas de los grandes ríos, donde supuestamente habría mejores condiciones para obtener alimentos.

Pero los geoglifos se ubican precisamente en la región entre los ríos conocida como tierra firme: investigaciones recientes revelaron que estos lugares también albergaban grandes poblaciones, con capacidad para intervenir en la selva y cultivar yuca, frijoles, calabaza, maíz…

“Estas personas no solo ocuparon los grandes ríos, allí en las orillas, con abundancia de pescado y facilidad para desplazarse en canoas. También ocuparon todo el interior, al menos en el sur de Amazonas y en Acre”, subraya Ranzi.

“Conocían la topografía, ocupaban lugares alejados de los ríos y se desplazaban a pie por esos caminos. Y eso cambia por completo la visión de cómo ocurrió la ocupación de la Amazonía”.

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La medida busca coordinar la asistencia a las comunidades afectadas y atender los daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y otras infraestructuras.

También se anunció la conformación de una comisión para organizar la ayuda humanitaria y coordinar la reparación y reconstrucción de las estructuras afectadas.

Orillac explicó que el Ministerio de Gobierno, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras dependencias se mantienen desplegados en las zonas afectadas para recibir solicitudes de asistencia y coordinar la respuesta institucional.

La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, informó que, hasta la hora de la conferencia de prensa de este sábado, no se habían reportado víctimas fatales.

Sin embargo, alrededor de 27 personas habían resultado lesionadas, con heridas de leves a moderadas, y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

El balance también contabilizaba 21 instalaciones de salud afectadas. Según Rivera, ingenieros, arquitectos y especialistas en estructuras ya trabajaban en la evaluación de estos establecimientos para determinar las medidas necesarias y facilitar una respuesta a las comunidades.

En cuanto a las viviendas, Sinaproc había evaluado más de 426 residencias con afectaciones de distinta gravedad, desde daños leves hasta casos de destrucción total.

Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las zonas donde se ha registrado una mayor cantidad de viviendas afectadas, según el informe de Sinaproc.

En Veraguas, la situación también alcanzó zonas insulares. En isla de Cañas, el incremento del nivel del agua obligó a evacuar a unas 300 personas, quienes, de acuerdo con las autoridades, se encontraban bajo resguardo al momento de la conferencia.

Sinaproc indicó que a estas comunidades se les estaba haciendo llegar asistencia humanitaria, medicamentos y otros suministros necesarios para atender a la población evacuada.

También se reportaron afectaciones en las provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. En estas áreas se identificaron daños en centros educativos y algunas viviendas.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, las instituciones de respuesta habían iniciado el traslado y la distribución de agua, alimentos y artículos de primera necesidad para atender a las comunidades impactadas.

Además de la asistencia material, las autoridades informaron que se estaba coordinando apoyo psicológico para las personas afectadas y atención específica para la población con discapacidad.

El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que alrededor de 419 centros educativos habían sido reportados con afectaciones tras el terremoto.

El funcionario explicó que la decisión de suspender las clases a nivel nacional, adoptada el viernes, respondió a la necesidad de proteger a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo mientras se evaluaba la situación.

Explicó que deberá determinar si las clases se reanudan en todo el país o si la suspensión se mantiene en determinadas regiones. Vega indicó que la decisión se evaluaría para el lunes y que el anuncio se realizaría entre este sábado y las primeras horas del domingo.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que se habilitaron ocho helicópteros y cuatro aeronaves para facilitar el traslado de personal especializado y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) reforzó la atención en los hospitales de Penonomé y Aguadulce con 15 paramédicos y técnicos de urgencias médicas, según el informe oficial.

Cerca de 400 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), equipados para estas labores, se trasladaron a Penonomé para apoyar las acciones de respuesta y reforzar la atención en esa ciudad.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que el objetivo es identificar cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles requieren una reconstrucción o la construcción de nuevas unidades habitacionales.

Jované explicó que las viviendas con daños menores deberán contar con una certificación coordinada con el Sinaproc para determinar si pueden volver a ser habitadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que una vez que las instituciones completen las evaluaciones y documenten sus necesidades, deberán presentar las solicitudes correspondientes al MEF, que se encargará de revisar los requerimientos.

Aseguró que Panamá cuenta con recursos para responder a los daños y atender las necesidades más urgentes de la población.

Chapman también aclaró que la atención de esta emergencia es distinta a la de otros casos y señaló que, por ejemplo, la situación del fenómeno de El Niño, que se atiende con cargo al Presupuesto General del Estado.

La entidad le informó a los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) que, tras el sismo, se están realizando ajustes en la programación de las jornadas de entrega de los certificados a nivel nacional.

La medida incluye la suspensión temporal de la atención en las oficinas provinciales, el punto habilitado en Megápolis Outlets y las consultas en el edificio Avesa.

El MEF indicó que tan pronto las condiciones lo permitan se reanudará el proceso de entrega del Cepanim.

Se recomienda a los beneficiarios a mantenerse informados por los canales de comunicación oficiales de la institución, a través de los cuales se estarán divulgando las fechas en las que los beneficiarios podrán acudir nuevamente a los puntos de entrega de los certificados.

La medida se tomó como una acción preventiva para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria.

Este sábado, el rector de la Universidad, José Emilio Moreno, encabezó una inspección por diferentes facultades e infraestructuras de la institución, con la finalidad de determinar posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

La inspección se llevó a cabo junto a autoridades universitarias y responsables de áreas técnicas y administrativas, entre ellas las direcciones de Planificación y Evaluación Universitaria, Protección Universitaria, Ingeniería y Arquitectura y Asesoría Legal, así como la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

De igual forma, se mantiene la coordinación con los directores de los centros regionales para conocer las condiciones de las instalaciones.

“Agradecemos a todos los decanos y directivos que han participado de esta jornada por estar pendiente en todo lo relacionado a la seguridad de nuestra comunidad universitaria”, manifestó el rector Moreno.

La entidad informó que la medida se tomó mientras se realizan las revisiones correspondientes para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones escolares en todo el país.

El Meduca resaltó que, en estos momentos, actuar con prudencia y mantener la calma es fundamental y que la medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

El terremoto que sacudió al país este viernes 9 de octubre afectó a cerca de 400 planteles oficiales en diferentes regiones del país.