La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) convocó a una reunión extraordinaria de su Junta Directiva para este martes 1 de septiembre, con el objetivo de revisar y reconsiderar la polémica Resolución JD No. 012-2026 que restringe hasta el año 2036 el acceso público a información sobre todas las concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo.
La medida institucional se tomó en respuesta directa a una solicitud del presidente José Raúl Mulino, quien pidió reconsiderar el documento de restricción emitido el pasado viernes 28 de agosto en la Gaceta Oficial N° 30600, el cual ha generado inquietud en el sector marítimo y portuario por su posible impacto en la transparencia.
Mulino aseguró desconocer por qué se había tomado tal acción, lo que generó dudas entre diputados como Janine Prado y Alexandra Brenes, ya que la resolución fue firmada por Luis Roquebert, administrador de la AMP y por Virna Luque Ferro, viceministra de la Presidencia, muy cercana al mandatario.
La polémica resolución de restricción también advierte que la divulgación indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
De acuerdo con el comunicado oficial de la AMP, la sesión de urgencia busca alinear la normativa con los principios de transparencia y estricta legalidad.
Según la institución, el propósito final será establecer mecanismos más eficientes que garanticen de forma plena el derecho al acceso a la información pública, bajo el estricto cumplimiento de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia.
