Panama Ports Company, S.A. (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, respondió este viernes 1 de agosto, mediante un comunicado oficial a las recientes declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, quien anunció la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el contrato de concesión que la empresa mantiene con el Estado panameño desde 1997.
En su pronunciamiento, PPC destacó que forma parte de Hutchison Ports y que actualmente es objeto de un proceso de venta de ciertos activos del grupo a nivel global. La empresa aclaró que dicho proceso sigue en curso y que, llegado el momento, se realizarán las comunicaciones pertinentes, incluyendo las actuaciones correspondientes ante el Gobierno panameño.
“Creemos que la colaboración con el Gobierno de Panamá es vital para discutir el camino a seguir para PPC”, señala el comunicado.
Además, PPC reafirmó su respeto por la seguridad jurídica y el estado de derecho, al señalar que estos principios brindan certeza a las empresas e inversionistas, y reiteró su llamado al diálogo y a la coordinación respetuosa con las autoridades para proteger la concesión que —asegura— ha brindado servicios de alta calidad a Panamá y al mundo.
“Respecto de las acciones legales en curso, creemos firmemente que, el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir”, indica el comunicado.
La empresa indica que tras 28 años de operaciones en el país han logrado crear más de 25,000 empleos directos e indirectos.
Acciones legales y contexto
Las declaraciones de la empresa se producen luego de que el contralor Anel Flores informara el pasado miércoles 30 de julio sobre la interposición de una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, ambas dirigidas al contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Según Flores, las acciones legales están sustentadas en los hallazgos de una auditoría que documentó presuntas prácticas lesivas para los intereses nacionales. Calificó el contrato como “leonino” y “abusivo”, y señaló que su despacho tiene la responsabilidad de proteger los fondos públicos y actuar cuando se identifiquen posibles perjuicios económicos. También advirtió sobre transacciones multimillonarias internacionales relacionadas con activos de Panama Ports que no habrían incluido a la República de Panamá como parte interesada.
Por más de dos décadas, este contrato ha sido objeto de controversia por su falta de transparencia y por los bajos aportes al Estado, en comparación con el volumen de operaciones portuarias manejadas por la empresa. El acuerdo inicial contemplaba una concesión por 25 años, con opción de renovación automática.
