A 22 aumentó el número de personas imputadas por la presunta comisión de los delitos de corrupción y peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Esto ocurrió luego de que un juez de garantías acogió la formulación de cargos contra tres estudiantes que obtuvieron estos beneficios durante la administración de Bernardo Meneses.
Durante una audiencia celebrada la mañana de este jueves 27 de noviembre, en las oficinas judiciales de Plaza Ágora, la fiscal Azucena Aizpurúa presentó la imputación contra los estudiantes Sara Juárez, Óscar Coronado y José García.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Juárez recibió auxilios económicos por la suma de $22,959 y —siempre según la investigación— habría entregado a Meneses la suma de $117.
Según las pesquisas, la imputada no justificó el uso de los fondos otorgados por el Ifarhu para culminar sus estudios. No obstante, su abogado defensor alegó que su clienta puede presentar documentación que respalda la culminación de su carrera.
En el caso de Coronado, la fiscalía estableció que recibió un auxilio económico por $19,200 y que realizó transferencias a Meneses por un monto de $8,000.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 27, 2025
Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a 3 personas, por corrupción y por peculado agravado por extensión, relacionado a investigación por irregularidades en los auxilios económicos del IFARHU.
La Fiscal Superior, Azucena Aizpurúa da mayores detalles👇 pic.twitter.com/BXW4xfxDGV
La investigación también reveló que José García obtuvo del Ifarhu un auxilio económico por $105,000, pese a que no cumplía con los requisitos para recibir dicho beneficio, y que habría hecho transferencias a favor de Meneses por $200.
A los tres imputados se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes, mantener su residencia actual y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El pasado 21 de noviembre, la juez de garantías Diana García declaró causa compleja la investigación por peculado y corrupción relacionada con los auxilios económicos entregados por el Ifarhu.
La juez García concedió un plazo de seis meses a la fiscalía para concluir la investigación, en la que hasta ahora existen 22 personas imputadas, entre exfuncionarios y beneficiarios de los auxilios.
La fiscal Aizpurúa sustentó la necesidad de extender el plazo, ya que su despacho aún debe analizar la legitimidad de 1,000 auxilios económicos entregados durante la administración de Meneses, los cuales deben ser verificados.
En esa ocasión, la fiscal explicó que solicitó a la Contraloría General de la República la ampliación de la auditoría realizada a principios de 2025, para determinar el alcance real de la lesión patrimonial ocasionada al Estado.
En el primer informe de auditoría de la Contraloría se estableció que algunos beneficiarios de auxilios realizaron depósitos en las cuentas personales de Meneses y se estimó una lesión patrimonial de $24 millones.
La fiscalía también mantiene por revisar unos 1,000 auxilios económicos para determinar si fueron asignados de acuerdo con el manual del Ifarhu y si los estudiantes realmente culminaron las carreras para las que solicitaron la ayuda estatal.
Por este caso se imputaron cargos por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales al exdirector del Ifarhu, quien permanece detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya.
También están imputados un grupo de 12 estudiantes de la comarca Ngäbe-Buglé, que recibieron auxilios económicos por $25,000 para culminar carreras que no superan los $400 en la Universidad Tecnológica de Panamá.
