La Fiscalía Anticorrupción comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para que ubique a los representantes de corregimiento y alcaldes que recibieron fondos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y que son objeto de investigación por presunto peculado.
La orden fue impartida por la fiscalía luego de practicar una serie de diligencias en el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en la AND en donde se ubicaron nombres de las personas que recibieron cheques del programa PDIS.
La diligencia realizadas en el MEF y BNP también estuvo enfocada en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la AND a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.
La fiscalía también solicitó al Banco Nacional de Panamá (BNP) una certificación de las cuentas del programa PDIS asignadas a cada junta comunal y municipio que participaban de dicho programa.
La información solicitada al BNP busca identificar las personas naturales y jurídicas que recibieron fondos provenientes de la descentralización a través del PDIS.
También la fiscalía realiza una trazabilidad de los movimientos de los fondos entregados a cada junta comunal y municipio que participó del programa.
Entre las alcaldías objeto de investigación se encuentran: las alcaldías de Capellanía y Natá en la provincia de Coclé y la alcaldía de Arraiján en Panamá Oeste.
También se mencionan las juntas comunales de La Villa de los Santos, La Miel, El Carate y La Palma, en la provincia de Los Santos.
Las juntas comunales de Amelia Denis de Icaza, Belisario Porras y Ernesto Córdoba en el distrito de San Miguelito.
En la provincia de Chiriquí aparecen las juntas comunales de Tolé, Volcán, Quebrada de Piedra, Solano y Dolega Cabecera.
A su vez aparecen en el listado las juntas comunales de San Francisco, Pedregal, Ancón y Pacora en la provincia de Panamá.
Mientras que en la provincia de Colón se encuentran las juntas comunales de San Juan, Barrio Sur, Playa Chiquita, Puerto Pilón, Cristóbal, Barrio Norte, Cristóbal Este y Salamanca.
En tanto, en la provincia de Panamá Oeste aparecen las juntas comunales de los corregimientos de Burunga, Veracruz, Villa Rosario, Lídice, La Trinidad, Nueva Gorgona, Ciri Grande, San Carlos, Ciri de Los Sotos, El Coco y El Higo.
En tanto, en la provincia de Veraguas se mencionan las juntas comunales de Boro, El Higo, Gatuncito, Santiago cabecera, Bisvalles y La Huaca.
En Herrera se mencionan a las juntas comunales Parita cabecera, Los Cerros de Paja, Las LLanas y Peñas Chatas.
En la provincia de Darién se mencionan las juntas comunales de Wargandí, Peña Blanca, Guoroní, Río Sábalo, Jigurundó y Pinogana.
En la Comarca Guna Yala están los corregimientos Puerto Obaldía y Tubuala.
En Bocas del Toro se mencionan los corregimientos Punta Laurel, Bocas del Toro y Barriada Guaymí.
Hasta el pasado 10 de julio la AND había presentado un total de 280 denuncias que involucran irregularidades en el manejo de $200 millones.
La fiscalía anticorrupción calificó como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela.
El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron.
