A finales de la década de 1980, residiendo en Altos de la Montaña, cerca del antiguo Club de Montaña y a 200 metros del Hospital San Miguel Arcángel, solía recorrer los 6.6 kilómetros hasta mi lugar de trabajo en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS en aproximadamente once minutos. Actualmente, partiendo desde la estación de peaje del corredor norte, a la altura de la avenida Martín Sosa, hasta la salida hacia la avenida de la Universidad Tecnológica, el trayecto de 5.6 kilómetros me toma entre 17 y 20 minutos en condiciones normales de tráfico, y supera los 50 minutos durante las horas pico.
El desplazamiento de un barco de 300,000 toneladas por el Canal requiere aproximadamente ocho horas. El traslado de un trabajador desde La Chorrera hasta la ciudad, ida y vuelta, puede requerir un tiempo similar. Así como se amplió el Canal para optimizar el comercio internacional, resulta fundamental abordar con urgencia la crisis de movilidad, que se agrava progresivamente y se vuelve más difícil de resolver con el paso del tiempo.
Esa paradoja sintetiza los principales desafíos que enfrenta la movilidad urbana en la actualidad.
En 2024 se comercializaron más de 54,000 vehículos nuevos, y para 2025 se estima que la cifra superará los 58,000, influenciada principalmente por el creciente interés en automóviles de origen chino. En los últimos cinco años, el parque automotor nacional ha sumado más de 180,000 unidades, mientras que la expansión de infraestructura y transporte público no ha mantenido el mismo ritmo. Como consecuencia, recorrer distancias de seis a ocho kilómetros puede requerir hasta una hora.
El costo invisible que pagan los ciudadanos
La congestión vehicular impacta no solo los indicadores macroeconómicos, sino también el presupuesto y la salud de los hogares. Un trabajador que reside a 20 kilómetros de su lugar de empleo puede perder hasta 500 horas anuales en desplazamientos, lo que equivale a más de 2,000 dólares al año en tiempo improductivo calculado al salario mínimo. A lo anterior se añaden gastos mensuales por combustible, mantenimiento y estacionamiento, que oscilan entre 200 y 300 dólares, constituyendo así el gasto de bolsillo (OOP) asociado a la movilidad: un costo indirecto que el Estado no recauda, pero que afecta directamente a la ciudadanía.
La exposición prolongada a contaminantes generados por el tráfico agrava afecciones respiratorias y cardiovasculares, y contribuye al aumento del estrés crónico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las concentraciones elevadas de partículas finas (PM2.5) en áreas urbanas congestionadas incrementan la morbilidad en más del 10%. Además, la pérdida de tiempo repercute en las relaciones personales: el tránsito reduce en aproximadamente una hora diaria el tiempo de convivencia familiar, lo cual impacta negativamente la calidad de vida, aunque no se refleje directamente en términos económicos.
El país que se frena a sí mismo
A pesar de que el Canal de Panamá destaca internacionalmente por su eficiencia logística, la movilidad interna presenta importantes desafíos. El país, que facilita el tránsito expedito para el comercio mundial, enfrenta obstáculos que afectan su propio comercio local. Los retrasos en las entregas, el aumento de los costos logísticos y la pérdida de clientes por impuntualidad golpean especialmente a las pequeñas empresas. Cada congestión vial disminuye la competitividad que el Canal contribuye a fortalecer.
La factura ambiental y sanitaria
El tráfico contribuye con aproximadamente 700,000 toneladas adicionales de CO₂ al año, lo que afecta negativamente los compromisos climáticos establecidos por el país. De acuerdo con estimaciones de la CAF y el BID, los gastos sanitarios asociados a la contaminación y al estrés vial superan los 120 millones de dólares anuales. Como consecuencia, Panamá enfrenta mayores índices de enfermedades y una significativa pérdida de tiempo productivo vinculados a estos factores.
Modernidad en contradicción
El país destina importantes recursos financieros al desarrollo de puertos, aeropuertos y ampliaciones que benefician la conectividad global; sin embargo, la movilidad urbana presenta rezagos significativos. La construcción de nuevas vías no constituye una solución efectiva, ya que tiende a incrementar el tráfico. Para abordar este desafío, es fundamental implementar estrategias que optimicen el flujo vehicular, tales como la coordinación de semáforos inteligentes, la flexibilización de horarios laborales, la integración de redes de autobús y metro, así como incentivos para el uso compartido de vehículos.
La modernidad debe evaluarse no por la cantidad de automóviles en circulación, sino por la eficiencia en el ahorro de tiempo y la reducción de emisiones contaminantes. Una ciudad eficiente se define por su capacidad de ofrecer calidad de vida a sus habitantes sin exigir una dependencia constante del automóvil particular.
Un llamado urgente
De no implementarse acciones, se estima que el parque vehicular alcanzará los dos millones de automóviles en 2030, lo que duplicaría el costo asociado a la congestión. Las pérdidas derivadas de la ineficiencia superan actualmente los 2,000 millones de dólares anuales, equivalentes al 1.8% del PIB, cifra similar a los ingresos nacionales provenientes del Canal. Mientras Panamá es percibido internacionalmente como un centro de conectividad global, la población local enfrenta restricciones significativas en su movilidad interna.
El tiempo, el combustible y la salud consumidos en situaciones de tráfico representan recursos nacionales desaprovechados. Cada minuto de detención urbana repercute negativamente en la economía y en la cohesión familiar. Revertir esta tendencia requiere decisiones técnicas, morales y políticas: para mantener su rol estratégico en el comercio mundial, el país debe priorizar la mejora de su propia movilidad.
El autor es neurocirujano.
