El arresto del exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales no garantiza que el saqueo descarado de fondos del Estado en esta institución haya terminado. Tampoco significa que todos los que permitieron y se beneficiaron de este esquema de corrupción rendirán cuentas ante la justicia. Meneses es la punta del iceberg pero el fondo del problema persiste.
El exdirector necesitó de poderosos padrinos políticos para la lesión patrimonial de $24 millones que revela la auditoría y el esquema de pagos cash back que investiga el Ministerio Público. Si Meneses operó tan libremente es por que contó con la complicidad de altos funcionarios: los miembros de Junta Directiva del IFARHU y el excontralor que refrendó los traspasos y ocultó los nombres de los beneficiados. ¿Rendirán ellos cuentas ante la justicia?
Pero además de buscar en las altas jerarquías del gobierno anterior hay que mirar hacia atrás. Y es que la distorsión de la figura de los auxilios económicos - cuya intención original era ayudar a estudiantes de escasos recursos y méritos académicos- no la inventó Meneses. La manipulación de las normas del IFARHU empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli con modificaciones al reglamento. Un proceso perverso que terminó por convertir una institución que debería estar regida por criterios técnicos orientados a formar los recursos humanos que el país necesita, en otro aparato del clientelismo y la politiquería. Solo en los últimos 10 años se repartieron $385 millones. No sabemos qué porcentaje de beneficiarios cumplía con la esencia para la cual se concibieron estas ayudas.
Lo que sí sabemos es que se trata de un club de sinvergüenzas mucho más amplio que el PRD. Hay personas de todos los partidos políticos, reconocidos empresarios, abogados y allegados al actual gobierno. En su discurso de toma de posesión José Raúl Mulino prometió “una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron”.
Nada de eso ha pasado, pero si el presidente lo prometió, debemos asumir que pensó en algún mecanismo legal para recuperar ese dinero. ¿O fue una promesa para ganar el aplauso fácil? Cómo sea, conviene aprovechar este impulso de la justicia y exigir que se cumpla con tan importante compromiso presidencial. Además de que se divulguen, sin selectividad política, todos los nombres de los beneficiados.
La pregunta del millón (más bien de los millones) es si se han hecho las transformaciones legales e institucionales para evitar que este escándalo se repita. Mulino aseguró que los auxilios económicos “no serán lo que fueron en el pasado”, pero no todas las señales apuntan en ese sentido.
Durante su gobierno han desfilado por el cargo tres directores del IFARHU. Jaime Díaz fue destituido por serias fallas administrativas. Gabriel Cajiga asumió interinamente la dirección e hizo cambios al reglamento, transformando la figura del auxilio en becas socioeconómicas y por mérito. Pero -siempre hay un pero- quien debe implementar las nuevas reglas es Carlos Godoy, cuyo perfil y equipo de trabajo apuntan a lo mismo de siempre: la politización de la institución.
Godoy se benefició de un auxilio económico para un doctorado virtual que aún está tomando. Tras su ratificación aseguró que no usará todo el dinero y que de ahora en adelante pagará sus estudios. ¿Quién fiscalizará eso? ¿Es ese el perfil que se requiere para adecentar el IFARHU?
Más preocupante aún: el equipo que trabajó en las modificaciones al reglamento de becas fue reemplazado en menos de un mes por miembros del partido gobernante. Cargos clave han quedado en manos de funcionarios con vínculos a la Presidencia o candidatos de RM derrotados en las elecciones. Proyectos que se habían iniciado para digitalizar y reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de becas han sido paralizados. Es urgente que se haga pública la información de planes y personal en el IFARHU. Sin eso, queda la impresión que ganará la inercia del clientelismo y la politiquería.
El pecado original de haber desnaturalizado una institución que fue creada para promover la movilidad social en un país inmensamente desigual aún no ha sido corregido. Si Panamá quiere que este escándalo quede en el pasado -como aseguró el Presidente- se necesita ir mucho más allá de la detención de Meneses. El IFARHU ha sido el botín político de varias administraciones y aquí tienen que asumir responsabilidad no solo los funcionarios, si no también los cientos de amigos del poder, que sin tener necesidad económica o méritos, utilizaron fondos públicos para sus hijos o familiares. Meneses es solo la punta del iceberg de una gran masa de privilegios e impunidad.
