Una protesta por falta de agua potable en Tocumen terminó en una violenta intervención policial. Las imágenes de la representante más joven del país enfrentándose a las unidades antimotines y siendo esposada y detenida, se viralizaron en redes sociales y medios.
Con una fractura y varias lesiones, Arielis Barría exige disculpas a la Policía y pide que se identifiquen a las unidades que la agredieron. Mientras que la institución oscureció en vez de aclarar: tras los hechos, publicaron un comunicado, lo borraron, y lo reemplazaron por otro. El director de la Policía responsabilizó a la representante de 22 años por lo ocurrido por actuar con “desafío y agresividad”. ¿Y qué adjetivos describen entonces la violenta actuación policial contra una autoridad local? Ni el lema “Dios y Patria” los exime de su responsabilidad.
Más allá de los sinsabores de este incidente, lo fundamental es el mensaje que se envía: las soluciones de políticas públicas para problemas como la falta de agua pasan a un segundo plano frente a la mano dura policial. Ese parece ser el manual del gobierno.
En ese esquema hay poco espacio para reflexionar sobre si el protocolo policial fue el correcto o si los antimotines deben ser la primera respuesta ante una protesta. Aquí hay una lógica que se busca imponer: lo cuestionable no es el desproporcionado uso de la fuerza policial, sino que ciudadanos cierren una calle tras semanas sin agua. El argumento es reforzado por la cámara de eco gubernamental en la opinión pública.
Pero las imágenes de Tocumen se quedan pequeñas si las comparamos con las denuncias no esclarecidas sobre excesos policiales en Bocas del Toro y Darién. Los abusos detallados por el informe de la Defensoría del Pueblo exigen una respuesta por parte del gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto y la abogada Yanel Venado habló ante el Mecanismo de Derechos Indígenas en la ONU. Un grupo de diputados ha impulsado la creación de una comisión legislativa para esclarecer lo ocurrido. El esfuerzo ha sido en vano. Ningún diputado del gobierno está dispuesto a participar y el reglamento exige la presencia de miembros del gobierno y de la oposición. Más importante que eso: el Presidente dijo que no patrocinará ningún tipo de investigación sobre lo ocurrido durante el estado de urgencia. Negó que hubiesen muertos, a pesar de que la Defensoría investiga la muerte de una bebé y de un joven indígena.
El gobierno busca echarle tierra a lo ocurrido, o peor aún, mostrarlo como un gran logro. Así lo considera el exmagistrado Arturo Hoyos, quien parece tener la tarea de revestir con un velo de legalidad las acciones gubernamentales. Para este jurista, directivo de First Quantum y padre de un viceministro, el estado de urgencia fue “exitoso” pues “derrotó a la coalición para el retroceso que integraban Sitraibana, Suntracs, educadores, estudiantes extremistas y pandillas”. Su mensaje en X concluyó, por supuesto, con una felicitación al mandatario.
Su versión no concuerda con la del ministro Frank Ábrego (quien hizo una diferencia entre el vandalismo y las protestas). Pero aquí la congruencia es lo de menos cuando lo que se quiere es justificar un método para ejercer el poder: responder policialmente a problemas que requieren de soluciones políticas, privilegiar la confrontación sobre el diálogo y ver las necesidades no resueltas de los ciudadanos como “situaciones de orden público”.
La realidad es que la buena gestión de un gobierno y la confianza ciudadana no pueden ser reemplazadas por antimotines y bombas lacrimógenas. No importa cuántos aplausos y vítores de victoria pululen en el círculo presidencial.
