El presupuesto de 2026, que supera los 34 mil millones de dólares, fue finalmente aprobado tras un debate marcado por tensiones entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Entre los puntos más controvertidos se encontraban el límite de las partidas discrecionales y el llamado silencio administrativo, disposiciones que el Legislativo logró consolidar a su favor.
La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, integrante de la Comisión de Presupuesto, destacó la relevancia de estas modificaciones para fortalecer la transparencia y el control sobre los recursos públicos. Según Prado, estas medidas permiten que los traslados de fondos sean revisados con mayor detalle y evitan que los trámites se aprueben automáticamente sin supervisión.
Inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso elevar a un millón de dólares el tope para autorizar directamente traslados de partidas sin necesidad de someterlos a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, según lo contemplaba el proyecto de presupuesto para 2026.
Se trataba de un monto mucho mayor al establecido en el presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares, y que, según el MEF, buscaba agilizar los procesos. Finalmente, la Comisión de Presupuesto recomendó mantener el límite de 300 mil dólares, monto que figura en el documento final firmado por el presidente José Raúl Mulino.
Silencio administrativo
Otro aspecto que valoró la diputada fue la regulación del silencio administrativo, mecanismo mediante el cual un trámite se considera aprobado si no recibe respuesta dentro de un plazo establecido. “También logramos que quedara en los 30 días y no en 15, como lo querían poner [el MEF]”, explicó Prado, subrayando que la medida busca garantizar mayor transparencia y evitar aprobaciones automáticas que podrían prestarse a irregularidades.
Prado señaló que ampliar el plazo permite un análisis más completo de los traslados de fondos y asegura que el Ejecutivo no ejerza discrecionalidad excesiva sobre los recursos públicos.
Un ejemplo práctico es el caso del Ministerio de Educación: si solicita trasladar fondos de un rubro a otro para la reparación de escuelas, la Comisión de Presupuesto tiene 30 días para evaluar y aprobar la solicitud. Si no hay respuesta dentro de ese período, el traslado se aprueba automáticamente, lo que evita movimientos apresurados o discrecionales y garantiza que cada trámite sea revisado con mayor cuidado.
Según Prado, esta disposición evita que los recursos sean movidos de manera apresurada o discrecional, y permite que cada trámite sea evaluado con mayor cuidado.
La excepción
La excepción en cuanto a los traslados de partidas se aplica únicamente en situaciones de emergencia nacional, declaradas por el Consejo de Gabinete mediante resolución. En estos casos, el Órgano Ejecutivo, a través del MEF, puede realizar traslados de partidas hasta por un millón de dólares para atender la crisis de manera inmediata.
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), el tope que obligaba a llevar los traslados ante la Comisión de Presupuesto no fue uniforme: algunos años se exigía que superaran los 200 mil dólares, en otros, los 300 mil. En las administraciones de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), las leyes de presupuesto fijaban en 300 mil dólares el umbral a partir del cual se requería la aprobación legislativa.
En su momento, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que el aumento del tope en los traslados de partidas respondía a la necesidad de agilizar la ejecución financiera del Estado.
“Se vuelve algo muy engorroso”, señaló Fernández, al referirse a los retrasos provocados por la programación de sesiones y la espera de la aprobación legislativa, que dificultan la gestión oportuna de los recursos públicos.
El presupuesto de 2026 destina 11,151 millones de dólares a inversión pública, un aumento del 26% respecto a 2025, de los cuales el 12% se dirigirá a infraestructura y el 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano, incluyendo salud, educación y acceso a agua potable.
