El Ministerio de Educación (Meduca) presentará una denuncia penal formal ante la Procuraduría General de la Nación y remitirá un expediente a la Contraloría General de la República para ampliar las auditorías en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), informó este lunes la ministra del ramo, Lucy Molinar, en conferencia de prensa.
La medida surge luego de que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas revirtiera su decisión de abandonar el cargo el próximo 11 de junio, respaldada por el Consejo General Universitario.
‘Me quedo, porque me quedo’
Molinar, cuestionó con dureza la postura de la rectora, argumentando que se había pactado previamente una salida pacífica del puesto. “Creíamos que iba a poder haber una transición sosegada y que el 11 de junio, como habíamos acordado, ella se iba a retirar”, explicó la titular, añadiendo que tras comprometerse con el proceso, la funcionaria decidió retractarse bajo la premisa de “me quedo, porque me quedo”.
Colapso del pacto de transición
La confrontación institucional escaló debido a las constantes denuncias por nombramientos de familiares, dobles salarios y concursos de cátedras presuntamente manipulados. Según los informes oficiales, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ya había solicitado la separación de más de 14 personas vinculadas a estas faltas organizadas.
La ministra Molinar detalló los acercamientos directos que sostuvo con la regente universitaria antes de la ruptura del acuerdo:
“No es la primera vez que conversaba con la rectora. Ella siempre ha reconocido que hay cosas que no se han hecho bien, pero las va a arreglar, el tema es cuándo y a qué precio. Cuando conversé personalmente con la rectora le dije: ya está bueno, rectora. No puede seguir esto. Y ella contestó: sí, estoy consciente, vamos a arreglar lo que se pueda. Hagamos una transición tranquila”.
¿Complicidad?
La jefa de la cartera educativa lamentó la postura adoptada por el Consejo General Universitario, el cual determinó mantener a De Bonagas en la jefatura institucional argumentando la defensa de su soberanía administrativa. Molinar descartó que el organismo cuente con facultades legales para rechazar la dimisión remitida originalmente el 11 de mayo, consulta que ya fue elevada ante la Procuraduría de la Administración.
“Me sorprende que para el Consejo General Universitario el único tema haya sido decir que se queda la rectora sin atender los grandes problemas que afectan verdaderamente a la universidad. No hay que ser un gran intelectual para entender que o hay complicidad o hay convergencia de intereses”, enfatizó Molinar.
Fiscalización a las finanzas y la acreditación
El Meduca señaló que remitirá toda la documentación recopilada, incluyendo las cartas de renuncia presentadas por miembros de la comunidad educativa de la Unachi que decidieron apartarse en señal de protesta.
Las acciones legales no se limitarán a la esfera penal, sino que abarcarán auditorías financieras estrictas junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debido a que “esta estructura que tienen montada no puede ser sostenida en el tiempo”.
Asimismo, el Gobierno Nacional revisará minuciosamente el proceso de certificación de la casa de estudios superiores ejecutado hace cuatro años. “Vamos a mirar con lupa lo actuado en el proceso de acreditación universitaria, porque en el 2022, habiendo ya denuncias de procesos de nombramientos amañados, esta universidad fue acreditada”, adelantó la funcionaria.
La ministra concluyó reafirmando que las acciones legales respetan el marco legal educativo del país:
“Respetamos a pie juntilla el principio de autonomía, pero la autonomía no es una patente de corso para convertirse en un feudo. En Unachi hay esfuerzos muy grandes, profesionales y serios por hacer las cosas bien, pero son empañados por feudos. ¿Cuántas denuncias más se necesitan para actuar contra la UNACHI?”, señaló Molinar.
La Unachi mantiene una planilla de más de 2,000 funcionarios entre personal administrativo y docente, cuyo costo supera los seis millones de dólares mensuales. Además, personas vinculadas al círculo cercano de la rectora Etelvina de Bonagas perciben ingresos que, entre salarios y sobresueldos, superan los 10,000 dólares mensuales.
