El paro que detuvo la educación oficial durante 81 días no solo interrumpió el calendario escolar, sino que también expuso la complejidad del manejo político y organizativo dentro de los gremios magisteriales. Este conflicto reflejó las tensiones existentes entre las distintas asociaciones docentes y evidenció las desigualdades en el acceso a recursos destinados a la capacitación de los docentes.
Actualmente, Panamá cuenta con 27 asociaciones docentes legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio de Gobierno (Mingob), tras cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 39 de agosto de 2018 y el Decreto Ley 7 de octubre de 1989, que regulan la creación y operación de asociaciones civiles y el derecho a la asociación.
De estas 27 organizaciones, solo 17 califican para acceder a recursos del Fondo de Capacitación Gremial Docente, que sale del 1% de lo recaudado por el seguro educativo. Este fondo se asigna exclusivamente a los gremios que cuentan con más de 500 afiliados activos, según explicó Antonio Pérez, director nacional de Finanzas del Ministerio de Educación (Meduca).
Los datos más recientes muestran que los gremios más activos durante el paro, como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), son también los que reciben los fondos más elevados. En 2024, Asoprof reportó ingresos por $1,180,794.73, mientras que AEVE alcanzó los $915,762.90. Esta distribución refleja no solo la cantidad de afiliados de cada organización, sino también su capacidad de movilización y su influencia dentro del panorama educativo del país.
El uso y la ejecución de los fondos
El acceso a estos recursos está respaldado por la Ley 49 de septiembre de 2002, cuyo artículo 9 establece que los fondos del seguro educativo deben destinarse exclusivamente a la capacitación docente. A través de este mecanismo, los gremios tienen la posibilidad de organizar actividades como cursos, seminarios, congresos, investigaciones, publicaciones y pasantías, todas orientadas a mejorar la formación profesional de los docentes.
Sin embargo, la ejecución de estos fondos no es tan directa como podría parecer. Aunque los gremios son los beneficiarios de los recursos, no gestionan el dinero de manera autónoma. Las solicitudes de uso deben tramitarse ante el Meduca, y los pagos se efectúan a través de la Tesorería Nacional, bajo la supervisión de la Cuenta Única del Tesoro. Esta estructura implica que, una vez asignados, los fondos tienen una naturaleza financiera y deben estar debidamente justificados.
El monto anual que cada gremio puede utilizar depende del número de afiliados registrados, que varía entre 31,000 y 38,000 docentes en todo el país. Este dato se actualiza cada 15 de enero con la publicación del presupuesto general del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de informar al Meduca sobre el porcentaje correspondiente al fondo, que luego es distribuido entre las organizaciones que cumplen los requisitos establecidos.
Una característica relevante del sistema es la posibilidad de acumular saldos no ejecutados. Si un gremio no utiliza todos los fondos asignados en un año fiscal, puede conservar el remanente y aplicarlo al siguiente año. Este mecanismo ha explicado por qué algunas organizaciones presentan un gasto superior al monto originalmente presupuestado en ciertos años.
Variabilidad en los ingresos gremiales
Entre 2019 y 2024, los ingresos de las principales organizaciones magisteriales muestran tendencias diferenciadas. Asoprof ha experimentado un crecimiento constante, pasando de $350,121.97 en 2019 a más de $1.1 millones en 2024.
Por su parte, AEVE ha tenido una evolución más irregular, pero igualmente significativa, pasando de $165,548.09 en 2019 a $915,762.90 en 2024. Este crecimiento puede estar relacionado con el papel destacado que ambas organizaciones jugaron durante el conflicto reciente, lo que probablemente aumentó su base de afiliados y su capacidad de movilización.
En contraste, asociaciones como la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y la Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi) experimentaron un aumento considerable en 2023, con ingresos de $674,022.00 y $712,870.76, respectivamente. Sin embargo, en 2024 ambas sufrieron retrocesos significativos, con reducciones de hasta el 36%. Esto puede deberse a varios factores, como una menor afiliación activa, ajustes presupuestarios o la ejecución incompleta de proyectos formativos.
Por otro lado, gremios como la Asociación Panameña de Educadores (Aspae) y la Asociación de Maestros Veragüenses (Amave) han mantenido ingresos bajos, con una tendencia decreciente. Aspae, por ejemplo, no reportó ingresos en 2024, mientras que Amave apenas alcanzó los $3,451.70 ese mismo año. Esta limitada capacidad financiera afecta directamente la capacidad de estos gremios para implementar programas de formación de calidad para sus miembros.
La relación entre la capacidad organizativa y la participación
La variabilidad en los ingresos de los gremios pone de manifiesto la estrecha relación entre la capacidad organizativa de cada asociación, el número de sus afiliados y su nivel de participación en el escenario educativo nacional. Además, resalta cómo el contexto político, las huelgas y la percepción pública sobre el rol de los docentes influyen en la dinámica interna de estos gremios.
El debate central debe girar en torno a la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la capacitación docente. Aunque el objetivo legal del fondo es garantizar una educación de calidad a través de la formación continua de los profesores, la ejecución de los fondos muestra una gran desigualdad. En un país donde los resultados educativos aún enfrentan desafíos significativos, la correcta utilización de estos recursos se vuelve crucial.
Los gremios que logren demostrar un impacto real mediante sus programas de formación estarán en una mejor posición para justificar la asignación de estos fondos, fortaleciendo así su legitimidad tanto ante el Estado como ante la ciudadanía.
El perfeccionamiento educativo y su impacto
Según Ludolfo Herrera, director nacional de Perfeccionamiento Docente del Meduca, en 2024 se contabilizan 37,398 docentes agremiados, un aumento respecto a los 31,958 registrados en 2019. Este incremento en la afiliación ha impactado directamente en la distribución de los fondos del 1% del seguro educativo, ya que el monto asignado a cada gremio es proporcional al número de sus miembros.
Entre las organizaciones con mayor número de afiliados destacan:
Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE): 8,753 afiliados
Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof): 6,015
Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA): 4,781
Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi): 4,354
Magisterio Panameño Unido (MPU): 2,312
Cada gremio también gestiona las cuotas mensuales de sus miembros, que generalmente oscilan entre uno y dos dólares, y que son descontadas directamente por la Contraloría General de la República y transferidas a las cuentas de las asociaciones. Estos fondos son independientes del 1% asignado por el Estado y pueden destinarse a otras gestiones internas.
Las asociaciones gremiales deben presentar una programación anual de capacitaciones ante la Dirección de Profesionalismo del Meduca antes de agosto de cada año, como requisito para obtener el aval institucional. En caso de incumplimiento, las organizaciones pierden temporalmente la facultad de realizar actividades formativas con respaldo oficial.
El gasto en viajes internacionales y la opacidad en el uso de recursos
Un informe de 2022 sobre los viajes internacionales revela que, solo entre mayo y junio de ese año, se destinaron $843,490.80 del seguro educativo para que representantes de 14 gremios viajaran a ciudades como Medellín y Cali (Colombia), El Salvador y Oaxaca (México) para participar en diversas pasantías y capacitaciones académicas. De los siete cursos disponibles, representantes de la AMIA participaron en cuatro, con un gasto total de $214,467.60. Otros gremios asistieron solo a una formación.
Los viajes incluyen viáticos y otros gastos. Por ejemplo, la asignación para el Encuentro de Creatividad en El Salvador (del 7 al 14 de mayo de 2022) fue de $2,100 por persona, además de los costos de los boletos aéreos y la inscripción. Estos gastos han generado críticas, ya que algunos gremios envían repetidamente a los mismos representantes, lo que plantea dudas sobre la equidad en el acceso a estos recursos.
Es importante señalar que, a diferencia de los programas de formación gestionados directamente por el Meduca —abiertos a todos los educadores del sistema público—, las capacitaciones organizadas por los gremios solo están disponibles para sus agremiados. Esto limita el acceso y genera tensiones sobre el uso de los fondos públicos en beneficio de una fracción del cuerpo docente.
Actualmente, la Contraloría General de la República está llevando a cabo una auditoría para determinar si ha existido un uso inapropiado de los recursos asignados a las organizaciones gremiales. Los resultados de esta revisión serán cruciales para evaluar la transparencia y la efectividad del modelo vigente.
Los dirigentes de los gremios docentes han asegurado que no temen la auditoría solicitada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y han destacado que las organizaciones no manejan directamente los fondos, sino que los solicitan a través del Meduca.
La ley reglamenta el uso del Seguro educativo invitamos a la @ContraloriaPma para que audite a quienes manejan estos fondos en el caso de Capacitación Gremial lo administra el @MeducaPma pic.twitter.com/ipbuShIDtg
— GREMIO AMIA. (@AmiaGremio) May 27, 2025
Armando Espinosa, dirigente de la AMIA, explicó que el Meduca es quien administra los recursos y que las agrupaciones gremiales solo solicitan el dinero para las capacitaciones.
Por su parte, Humberto Montero, vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, coincidió en que las organizaciones no manejan los fondos de manera directa y detalló que, para acceder a ellos, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Meduca.
En conclusión, el paro docente en Panamá y la gestión de los recursos destinados a la capacitación docente han puesto de manifiesto la necesidad urgente de una revisión más profunda y equitativa del sistema. La distribución desigual de los fondos, la falta de transparencia en ciertos procesos y las tensiones internas de los gremios, reflejan que la educación del país aún enfrenta retos estructurales importantes.
Para que el sistema educativo logre mejorar de manera significativa, no solo se deben revisar las condiciones laborales y de formación de los docentes, sino también asegurar que los recursos públicos sean gestionados de manera eficiente y transparente.
