El Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes a favor del proyecto Puerto Barú, como parte de un proceso judicial por daños y perjuicios. La medida se dictó contra las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, señaladas por su presunta participación en acciones que habrían afectado el desarrollo del proyecto portuario en David, Chiriquí.
Según la resolución, ambas organizaciones habrían promovido una campaña de desinformación que provocó perjuicios económicos y retrasos en la ejecución del proyecto, lo que motivó la decisión del tribunal. El secuestro de cuentas y propiedades busca garantizar el resarcimiento de los daños alegados por los promotores de la iniciativa.
Puerto Barú es un proyecto portuario que ha generado debate debido a su impacto ambiental y social. Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil han mantenido una postura crítica, mientras que sus promotores aseguran que cumple con todos los requisitos legales y ambientales establecidos.
En septiembre de 2024, seis organizaciones ambientales presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se declarara nulo el estudio de impacto ambiental del proyecto, aprobado mediante la Resolución DEIA-IA-0003-24 del 16 de enero de 2024. Alegaban que se trataba de un acuerdo “ilegal”. No obstante, la CSJ negó la suspensión provisional del estudio, que continuó vigente y permitió la construcción del puerto.
Posteriormente, en agosto de 2025, el abogado José María Castillo, en representación de Ocean Pacific Financial, gestora del proyecto, presentó querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos de calumnia, injuria y delitos contra la economía.
En ese momento, Castillo afirmó que las organizaciones “han difundido inexactitudes técnicas para desvirtuar la iniciativa, la cual cuenta con la aprobación de más de diez oficinas públicas, incluido el Ministerio de Ambiente, y con su estudio de impacto ambiental”.
Por su parte, los ambientalistas plantearon que sus argumentos se basan en los propios expedientes de evaluación de impacto ambiental, así como en los resultados de sus análisis técnicos.
Además, Lilian Guevara, directora ejecutiva de CIAM, manifestó que hasta el momento el juzgado civil no ha dictado sentencia alguna; se trata de una orden de secuestro preventiva. Corresponderá al demandante presentar las debidas formalidades para ver si el recurso interpuesto es admitido. Hasta entonces, podríamos ser notificados y formar parte formal del proceso que los promotores de Puerto Barú han iniciado en contra de dos organizaciones defensoras de la naturaleza.
La decisión del Juzgado Quinto Liquidador Civil marca un nuevo capítulo en el proceso judicial relacionado con Puerto Barú. Hasta ahora, no se ha informado si las organizaciones demandadas presentarán recursos legales contra la decisión ni si el proceso continuará en instancias superiores.
