Mientras otros países compiten por organizar los grandes eventos deportivos del continente, Panamá decidió retirarse de la carrera. No porque faltaran escenarios, experiencia o capacidad organizativa. La verdadera razón deja un mensaje mucho más profundo: el deporte continúa esperando el día en que sea tratado como una política de Estado y no como una prioridad circunstancial.
La renuncia a la candidatura para organizar los Juegos Panamericanos Junior de 2029 va mucho más allá de un evento que no se realizará en nuestro país. Es un recordatorio de que, cuando llega el momento de tomar decisiones trascendentales, el deporte sigue ocupando un lugar secundario dentro de la agenda nacional.
Y esa debería ser la verdadera discusión.
Porque mientras algunos actores, principalmente los entrenadores y atletas, hacen su parte para elevar el nivel del deporte nacional, la continuidad de los grandes proyectos sigue dependiendo de factores ajenos a ese esfuerzo. En este caso, la coincidencia con un año electoral terminó siendo suficiente para abandonar una candidatura que, por infraestructura y momento histórico, parecía tener argumentos sólidos.
Eso demuestra que todavía estamos lejos de construir una verdadera política de Estado para el deporte.
Una política de Estado significa que un proyecto estratégico trascienda gobiernos, campañas electorales y cambios de administración. Que exista un compromiso nacional capaz de sostener iniciativas independientemente del gobierno de turno. Si un evento de la magnitud de unos Juegos Panamericanos Junior no puede garantizarse porque coincide con un proceso electoral, entonces el problema no es únicamente el calendario. El problema es estructural.
Y es una realidad que el deporte panameño arrastra desde hace décadas.
Durante demasiado tiempo el deporte ha sido visto como un botín político. Lo hemos visto en federaciones utilizadas para repartir cuotas de poder, en nombramientos alejados del mérito y, lamentablemente. No es un fenómeno nuevo y tampoco exclusivo de una administración. Es una práctica que ha debilitado la credibilidad del sistema deportivo durante años.
Por eso cuesta tanto consolidar proyectos de largo plazo.
La candidatura al 2029 representaba la posibilidad de organizar el mayor evento multideportivo en la historia de Panamá. Estamos hablando de aproximadamente 4,000 atletas provenientes de 41 países compitiendo en más de 40 disciplinas. Ningún evento organizado en nuestro territorio durante las últimas décadas alcanza esas dimensiones. Basta comparar con los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026, que reunieronn cerca de 2,000 atletas de 15 países en 23 deportes.
El salto era enorme.
También lo era la oportunidad.
El Comité Olímpico Paraguayo reportó que los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 generaron un impacto económico cercano a los 431 millones de dólares, equivalente a 2.75 veces la inversión inicial. Más allá de la cifra, el evento fortaleció el turismo, dinamizó sectores comerciales, dejó infraestructura y posicionó internacionalmente a Paraguay como sede de grandes competencias.
Panamá tenía razones para ilusionarse con un resultado similar.
Los escenarios deportivos que dejarán los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026 —como las renovadas canchas Fred Maduro, el estadio Emilio Royo y el nuevo Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada— permitían pensar en una candidatura construida sobre instalaciones reales y no sobre promesas. Pocas veces el país había llegado tan preparado para aspirar a un evento de esta magnitud.
Por eso la decisión deja una sensación de oportunidad desperdiciada.
No es la primera vez que ocurre.
Hace apenas seis años Panamá renunció a organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022. En aquel momento la pandemia sirvió como una explicación ampliamente aceptada. Era una emergencia sanitaria mundial y parecía razonable pensar que el país no estaba en condiciones de asumir semejante compromiso.
Sin embargo, el paso del tiempo también dejó otra lectura.
El deporte panameño atravesó uno de los quinquenios más cuestionados de su historia reciente por problemas administrativos, falta de planificación y escasa ejecución. Viéndolo en retrospectiva, la renuncia no pareció responder únicamente a una limitación económica. También hubo una evidente falta de voluntad política para sostener un proyecto que ya tenía la sede adjudicada.
Aquella decisión tuvo consecuencias. Panamá enfrentó diferencias con organismos deportivos internacionales porque ya existía un compromiso formal adquirido.
La situación actual es distinta. Retirarse durante la etapa de candidatura no genera las mismas repercusiones legales, económicas ni institucionales. Pero desde una perspectiva deportiva el resultado termina siendo parecido: otra oportunidad que el país deja escapar.
Sería injusto decir que no existen esfuerzos por cambiar esta realidad.
La discusión de una nueva Ley General del Deporte, que actualmente cursa su segundo debate en la Asamblea Nacional, representa un intento por modernizar el marco jurídico que regula el deporte panameño. También existen dirigentes que han apostado por procesos transparentes, federaciones que trabajan con planificación y organismos que han elevado sus estándares de gestión.
Todo eso merece ser reconocido.
Pero todavía no alcanza.
Porque el verdadero cambio no llegará únicamente con una nueva ley ni con mejores administradores deportivos. Llegará cuando el deporte sea entendido como una inversión estratégica para el desarrollo del país.
Y conviene recordarlo cada vez que aparecen los argumentos de siempre. Que primero está la salud, la educación, el agua potable, el empleo o el transporte.
Claro que sí.
Pero el deporte no compite con esas prioridades; las fortalece. Invertir en deporte significa invertir en salud preventiva, en educación, en inclusión social, en oportunidades para miles de jóvenes y en comunidades más seguras. También significa proyectar al país, atraer turismo, generar actividad económica y construir identidad nacional.
Por eso resulta inevitable mirar con cierta envidia deportiva cómo Rosario y Ciudad de Guatemala continúan en carrera por una sede que Panamá estaba en condiciones de disputar.
Cuando en 2029 esos Juegos se inauguren en otra ciudad, probablemente seguiremos preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos mantenido viva nuestra candidatura.
