El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención provisional para el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado.
En una decisión dividida de dos votos a favor y uno en contra, la mayoría de los magistrados consideró que la detención provisional era la medida más idónea para el momento procesal.
Los magistrados José Correa y Andrés Reyes votaron por mantener la medida de detención provisional de Araúz, al considerar que existe el riego de fuga por los constantes viajes que el exfuncionario realizó a Paraguay en busca de una oportunidad laboral en un proyecto naval.
Ambos magistrados también consideraron que Araúz tenía conocimiento de la existencia de una investigación administrativa por parte de la Contraloría General de la República, que a su vez derivó un proceso penal.
Ya que en varias ocasiones funcionarios de la Contraloría General de la República intentaron notificarlo del proceso, sin éxito. No obstante, Araúz comisionó a un abogado para que verificara el informe de auditoría elaborado por la entidad.

Durante la audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. de este miércoles 22 de julio, el magistrado Carlos Barragán salvó su voto por considerar que en este caso se podía aplicar la medida cautelar de depósito domiciliario y aplicación del brazalete electrónico.
Barragán alegó que si el Estado no puede garantizar la custodia de un procesado con una medida de arresto domiciliario y la vigilancia a través de una brazalete electrónico, entonces es mejor retirarlas del catálogo de medidas cautelares aplicables por los jueces de garantías.
Habla la defensa
Javier Quintero y César Ruiloba, abogados de Araúz, alegaron que en este caso la detención provisional decretada contra su cliente es una medida excesiva y una condena anticipada.
Explicaron que la auditoría de la Contraloría tiene múltiples inconsistencias y que Araúz puede justificar la totalidad de los bienes que mantiene.
También consideraron que si bien su cliente salió en múltiples ocasiones del país, en todas ellas retornó por tener un arraigo familiar fuerte y remarcaron que “no pretende eludir” la investigación del Ministerio Público.
Araúz, administrador de la AMP en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), fue aprehendido el pasado 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando retornaba en un avión procedente de Paraguay.
La aprehensión fue solicitada por la fiscalía anticorrupción casi un mes antes, el 4 de junio, y no se había podido ejecutar dado que Araúz se encontraba fuera del país.
De acuerdo con las investigaciones, Araúz no habría podido justificar ingresos por un monto de $1.3 millones, tras concluir su gestión como director de la AMP.
La investigación inició cuando, en abril de 2026, la Contraloría General de la República entregó un informe de auditoría y se procedió a realizar una verificación de los ingresos de Araúz durante los cinco años que fungió como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.
Bajo su gestión, la institución renovó las concesiones portuarias de Panama Ports Company (PPC), en Balboa y Cristóbal, y Panama Colon Container Port (PCCP), en isla Margarita. Ambas decisiones fueron muy cuestionadas. Posteriormente, el contrato de PPC quedó sin efecto por mandato de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el de PCCP fue rescindido por incumplimiento.

