Ocho mil trescientos ocho. Ese es el número de funcionarios que hoy tiene la Asamblea Nacional. Es una cifra tan desproporcionada que ni siquiera cabrían en el Palacio Justo Arosemena si un día todos decidieran presentarse a trabajar. Y esa es, precisamente, la primera señal de que algo no funciona: ninguna institución necesita tanta gente para hacer bien su trabajo.

Hagamos el ejercicio que cualquier administrador responsable haría: preguntarnos cuántas personas necesita realmente un parlamento de 71 diputados para funcionar bien.

La propia Asamblea establece que cada diputado puede contratar hasta 20 colaboradores. Si los 71 usaran el máximo, serían 1,420 personas. Las 15 comisiones permanentes, donde se hace el trabajo técnico de las leyes, necesitan unas ocho personas cada una, algo más la de Presupuesto: 130 en total. La Presidencia, la Secretaría y la Subsecretaría General, junto con las quince direcciones que sostienen la institución, desde Auditoría Interna hasta Asuntos Plenarios, pasando por Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Seguridad Parlamentaria, Tecnología, Comunicación y Asesoría Legal, caben, siendo generosos, en unas 580 personas.

El total es de 2,132 funcionarios. Hoy hay 8,308. Sobran 6,176. Tres de cada cuatro.

Pongámoslo en perspectiva. El presupuesto final de la Asamblea Nacional para 2026 es de $194.4 millones. Por la falta de transparencia, hoy es imposible saber con exactitud cuánto de ese monto se destina a la planilla. Pero sí podemos estimarlo: con el salario promedio que reflejan los propios datos de la Contraloría, unos $1,740 mensuales, los 8,308 funcionarios actuales costarían alrededor de $173 millones al año. Con la planilla de 2,132 funcionarios que propongo, ese costo bajaría a unos $44 millones. El ahorro, cerca de $130 millones, equivale a dos terceras partes de todo el presupuesto legislativo. Es el presupuesto de hospitales que no tienen insumos, de escuelas con el techo caído y de potabilizadoras que no llevan agua a nuestras comunidades.

¿Dónde están, entonces, esos 6,176 funcionarios? Nadie lo sabe con certeza, y eso ya es grave. Hoy no existe un mecanismo de transparencia que indique en qué unidad administrativa trabaja cada funcionario, ni un registro que permita dar seguimiento a sus traslados. Lo que sí sabemos es lo que en su momento reveló la propia Contraloría: parte del personal de la Asamblea estaba ubicado en juntas comunales, gobernaciones, escuelas y hasta en la Zona Libre de Colón. Una planilla que crece sin control y sin rendir cuentas no responde a las necesidades del Órgano Legislativo, sino a la lógica del clientelismo, y la pagan todos los panameños.

Y aquí aparece la segunda verdad incómoda: el tope de 20 funcionarios por diputado no se aplica a todos por igual. Cuando la Contraloría publicó la planilla por diputado, la lista la encabezó Benicio Robinson, con $261,000 mensuales, el equivalente a una empresa de 145 trabajadores. Otros diputados aparecían con más de 80 funcionarios. En el otro extremo, había despachos que funcionaban con apenas tres colaboradores. De hecho, las diez planillas más pequeñas de la Asamblea corresponden a diputados de la bancada Vamos, y ninguno de nosotros llega a los 20 funcionarios por despacho. Mismo cargo, mismo salario, mismo voto en el Pleno, pero una diferencia de casi cincuenta a uno en los recursos públicos que maneja cada uno.

La solución no requiere fórmulas mágicas. Requiere, primero, abrir la planilla: que cada panameño pueda saber cuántos funcionarios tiene la Asamblea, dónde trabajan, cuánto ganan y quién los nombró. Hoy esa información está oculta, y no por casualidad: la opacidad es la mejor aliada del clientelismo. Pero la transparencia sola no basta si no hay voluntad de cambiar. Y esa voluntad solo llegará el día en que en la Asamblea exista una mayoría honesta y decente, que no vea en el Palacio Justo Arosemena una abarrotería para premiar lealtades ni una ventanilla para pagar cuotas de agradecimiento político. Una mayoría que entienda que un cargo público no es el vuelto de una campaña, y que el “tú me apoyaste en las elecciones, yo te doy un nombramiento” es una forma de corrupción, aunque se pague con planilla y no con maletines.

Mientras esa mayoría no llegue, cada planilla seguirá siendo una factura electoral que pagan todos los panameños. Cerca de $130 millones al año que podrían estar en un hospital, en una escuela o en una potabilizadora seguirán destinados a sostener lealtades.

Ocho mil trescientos ocho funcionarios no son una planilla. Son el precio de una forma de hacer política que el país ya no aguanta. Cambiarla no depende solo de una ley, sino de que los panameños decidan quiénes merecen sentarse en esas 71 curules.

El autor es diputado de la República por la bancada Vamos.