El pasado 3 de noviembre, a mitad del mandato presidencial, los electores estadounidenses acudieron a las urnas y cambiaron la mayoría de ambas cámaras del Congreso. En una sola jornada, la ciudadanía corrigió el equilibrio de poder sin esperar al final del período presidencial. No es una rareza estadounidense: en Argentina se renueva la mitad de la Cámara de Diputados cada dos años, y en México los diputados federales se eligen cada tres, a mitad del sexenio. En Panamá, en cambio, quien quiera reprobar a su Asamblea debe esperar cinco años.

Las elecciones de medio período representan una alternativa de renovación democrática que merece debatirse en Panamá. Su propósito no es sustituir el mandato presidencial, sino introducir una evaluación ciudadana intermedia del poder político. La separación de poderes no puede limitarse a una declaración constitucional: necesita condiciones institucionales que permitan ejercerla realmente. Si Ejecutivo y Legislativo nacen simultáneamente de una misma elección, existe el riesgo de que sus mayorías respondan a una misma dinámica política. Separar sus ciclos electorales permitiría diversificar la voluntad popular y fortalecer la independencia institucional.

El artículo 148 de la Constitución panameña establece que los diputados son elegidos por cinco años, el mismo día de la elección presidencial. Enmendarlo permitiría establecer elecciones legislativas de medio período. Esta fórmula contribuiría a reducir el clientelismo: cuando los representantes saben que deberán someterse nuevamente al escrutinio popular, disminuye el incentivo para convertir los recursos públicos y las relaciones partidistas en mecanismos de fidelización electoral. La rendición de cuentas dejaría de ser una expectativa distante para convertirse en una exigencia democrática concreta.

Imaginemos una Asamblea Nacional que, durante los primeros dos años de gobierno, aprueba decisiones cuestionadas, mantiene prácticas clientelistas o se niega a fiscalizar al Ejecutivo. Actualmente, la ciudadanía debe esperar hasta las siguientes elecciones generales para renovar a sus diputados. Una enmienda al artículo 148 permitiría acudir a las urnas a mitad del período, elegir nuevos representantes y expresar una voluntad política actualizada. Se abriría un espacio para escuchar a la población, incorporar nuevos candidatos y organizaciones ciudadanas y corregir decisiones que afecten injustificadamente a la sociedad. El pueblo no sería únicamente elector, sino un actor permanente en la evaluación del poder. Resulta difícil sostener una división efectiva de poderes si sus principales órganos representativos permanecen sometidos a un mismo calendario electoral y a una misma coyuntura política.

La doctrina constitucional reconoce que las elecciones y los contrapesos institucionales son mecanismos complementarios de rendición de cuentas, no sustitutos entre sí. Las elecciones intermedias no serían el último control del poder, pero sí un punto de partida esencial. Permitirían reestructurar progresivamente los contrapesos, estimular la fiscalización legislativa y crear condiciones para que las instituciones ejerzan sus competencias con mayor independencia.

Panamá necesita comprender que la estabilidad democrática no significa perpetuar las mismas estructuras de poder durante cinco años. La enmienda del artículo 148 podría iniciar una transformación institucional que reduzca el clientelismo, fortalezca el Estado de derecho y aumente la participación popular. No se trata de promover la confrontación entre poderes, sino de impedir que la colaboración se convierta en complacencia.

La democracia requiere mecanismos para escuchar, corregir y controlar. Una elección intermedia podría ser el primer paso para oxigenar los pesos y contrapesos y construir una república donde el poder permanezca verdaderamente sometido a la voluntad ciudadana.

El autor es abogado e investigador de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).