Parece que la suerte dejó de sonreírle a Scientific Games LLC. Después de varias demandas, solicitudes y reclamos, por fin el Ejecutivo ha decidido proceder de manera pública y legal contra este concesionario. En lo relacionado con esa empresa, hasta ahora, entidades como la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), la Contraloría General y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habían tenido una actuación más aleatoria que la trayectoria de una balota a lo largo de tres administraciones presidenciales. A través de los años, resultó inútil cualquier intento de suspender el contrato de la lotería electrónica, ya que todas las autoridades llamadas a supervisar a Scientific Games le rendían virtual pleitesía. Actuaban como si fuera la Diosa de la Fortuna. Además, la lotería electrónica tenía como dudoso precedente un bingo televisado llamado Buko Millonario, puesto en marcha dos años antes, durante el mismo gobierno (el de Ricardo Martinelli) y con el mismo director de la LNB (Sergio González Ruiz).
La tómbola judicial de este negocio comenzó con una demanda contencioso administrativa en 2013, el mismo año en que se firmó el contrato y su primera adenda. En la demanda, la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (o Alcogal) alegó que se había modificado el objeto del contrato al permitir la comercialización de nuevos productos como la Lotto y el “Pega 3″. La LNB se justificó diciendo que su “desfasado” sistema tecnológico no le permitía hacer una implementación eficaz del contrato y, por ello, fue necesario pactar la adenda. Es obvio que no ignoraba ese hecho cuando adjudicó este servicio. Entonces, a sabiendas, la institución contrató obligaciones que no podría cumplir o sencillamente actuó de acuerdo con lo que sabía hacer mejor: dejar que las cosas dieran vueltas, como en una ánfora, para ver si salían bien o no. Y les resultó. En 2016, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte rechazó la demanda y dio su espaldarazo al contrato, al declarar que este no era ilegal.
No sería la primera vez. Cuando el contrato ya iba por su tercera adenda en menos de un año fue objeto de otra demanda (esta vez de inconstitucionalidad) presentada por René Alberto Rodríguez. Nuevamente, la CSJ (ahora bajo la ponencia de José Ayú Prado) cerró filas y no admitió el reclamo por “improcedente”. La poco escarmentada Lotería siguió expidiendo adendas. Con la quinta, se jugó el premio gordo: modificó el valor del contrato, extendió su vigencia y cambió las obligaciones del contratista. Y así llegamos a las dos demandas de nulidad (una presentada por Pedro Meilán y otra por Alcogal), que fueron acumuladas y ahora están pendientes de resolución. La Lotería y la Contraloría, con el entusiasmo propio de quien está anunciando un número ganador, han salido en defensa de la empresa. Alegan que a la suertuda contratista le ha tocado asumir tareas como proveer una plataforma electrónica, brindar “soporte” a las tareas de mercadeo y ventas, dotar de equipos portátiles a los billeteros, entrenar al personal y ofrecer los servicios de un call center para garantizar la atención de los compradores de la Lotto y el Pega 3. Ambas entidades insisten en que no era necesario convocar una licitación, puesto que su intención era darle “seguimiento” al contrato pactado en 2013 por 10 años adicionales. Por tanto, le han solicitado a la Corte que desestime las demandas. Es como si les importara más preservar los intereses de Scientific Games que los del Estado. Después de las advertencias del presidente de la República y del procurador de la Administración, ¿actuarán la Corte, la Lotería y la Contraloría en forma correcta esta vez? Parece que es más fácil convencer a un ratón de que un gato negro trae buena suerte.
