El pasado 5 de agosto entró en vigor la resolución 190 de 27 de julio de 2026, promulgada por el Ministerio de Seguridad Pública, firmada por el general, perdón, por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. El documento parece haber sido redactado con la lucidez de un borracho que trata de convencer al policía de que su sobriedad es la misma que tiene una tinaja que almacena agua pura y cristalina.
La resolución se emitió una semana antes de que el ministro anunciara la visita de Pete Hegseth –secretario de Guerra de Estados Unidos–, durante la ceremonia de inauguración de los ejercicios Panamax 2026, culminados el pasado 13 de agosto con la intervención del alto funcionario estadounidense. Cualquiera diría que esa resolución era para complacer a Hegseth –cosa que no descarto del todo– pero también, al leerla, surgen preguntas, conjeturas y confirmaciones.
El documento en cuestión crea el Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá, refiriéndose a la vigilancia de siete zonas identificadas en otro documento aparentemente confidencial: el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá. No sé de quién fue la iniciativa de presentar este documento: si del Canal o de Ábrego, pero intuyo que fue de este último, porque, como siempre, él se sitúa en el centro del poder, mas no de las responsabilidades.
Resulta intrigante que Ábrego, a través de este “comando”, promete garantizar una seguridad que ni el Ejército de Estados Unidos, con todo su poder y tecnología, nunca pudo garantizar ni en tiempos de paz, mucho menos en guerra. El propio Torrijos lo admitió: la obra era –y es– “indefendible”. Pero Ábrego promete y promete, sin poder garantizar siquiera la tranquilidad en ningún barrio.
La justificación para crear este comando halló razones en, por ejemplo, “las amenazas actuales de naturalezas climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales…”. sísmicas, accidentales y estomacales, agregaría yo, pues hasta el SUME (el Sistema Único de Manejo de Emergencias) lo metió en este “comandicidio”, lo cual es, después de todo, lo único bueno, porque quizás ahora sí le compren una o dos ambulancias, aunque presumo que serán para los comandos, no para civiles.
Ya hay amenazas identificadas. Una es que haya ciudadanos merodeando por donde no deben. Uno de los artículos de la resolución trata de decirlo… tan claro como una ambigüedad: “Establecer dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo: la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que materialicen acciones de manera flagrante a los ordenamientos jurídicos”. ¿Eso incluye la caza furtiva o botar basura? ¿Pueden imaginar a comandos armados hasta los dientes capturando a un cazador de iguanas? ¿O a alguien botando caliche?
Pienso que lo que hay detrás de todo esto es figurar y gastar. Figurar: La resolución establece que habrá una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional “bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública” … “…Ambas designaciones estarán determinadas por el ministro de Seguridad Pública...”. Gastos: El comando “contará para su ejecución de la asignación de los recursos económicos” pactados en el acuerdo marco con el Canal. Y seguramente cada contrato será secreto, como suele ocurrir hasta cuando compran café.
Pero lo peor está al final del documento. Si bien los organismos de seguridad pueden hacerse cargo de la operación, uno pensaría que el Canal podría administrar los fondos, pues ciertamente lo hace mejor que el resto del gobierno. Pero no. Ábrego se aseguró de que el Canal no maneje un real, aunque sean sus reales:
“Las coordinaciones, gestiones, tramitaciones y actuaciones para el uso de los recursos financieros serán ejecutadas por la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval, bajo la supervisión de la Coordinación del Ministerio de Seguridad Pública [o sea, del mismísimo general Ábrego]. Le corresponde a la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval promover las acciones y autorizaciones administrativas correspondientes para la creación del fondo especial…”. Plata y plata. Es todo.
¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuánto costarán los juguetes que pedirán para el Centro de Comando, para lo logística y para vestir y equipar a los soldaditos? ¿Quiénes estarán en el equipo de asesores del comando? ¿Cuál será su presupuesto? ¿Se conocerán los nombres de las empresas proveedoras? ¿Por qué una resolución ministerial en lugar de un decreto de gabinete o una ley? Honestamente, creo que este comando de vigilancia necesitará que lo vigilen… y de cerca, porque si van a vigilar como redactaron esta resolución, mejor apaga y vámonos.
