En 2022 visité, junto con mi equipo, varias comunidades de difícil acceso en Panamá, entre ellas Boca de Remedio, Wala, Ticantiquí, Playón Chico y Capandí. El trabajo era evaluar alternativas de electrificación mediante sistemas solares.

Fue una experiencia que me permitió conocer otra realidad del país. Llegar a algunos lugares requiere horas de viaje, embarcaciones y transportar equipos en condiciones muy distintas a las de la ciudad. Algo que me llamó la atención fueron las ganas de sus habitantes de tener electricidad. Para muchas familias significa iluminación, refrigeración de alimentos, cargar un celular y mejorar su vida diaria.

El estudio incluyó cinco comunidades y siete sitios solares, con una capacidad propuesta de aproximadamente 1.1 megavatios pico. Tomando como referencia 915 viviendas y un consumo supuesto de 100 kilovatios hora por vivienda al mes, estimamos una demanda doméstica de 91,500 kilovatios hora mensuales. No era consumo medido, pero sí una base para dimensionar las posibles soluciones.

La electricidad también abre otras oportunidades. Las antenas de telefonía celular necesitan energía para funcionar. En Kusapín conocí el caso de una antena que no operaba por problemas de suministro eléctrico y mantenimiento. Esto muestra que instalar infraestructura no es suficiente si después no se puede mantener. Sin comunicaciones, se dificultan el acceso a internet, la educación a distancia y otras actividades.

Traigo esta experiencia por el Proyecto de Ley 705, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional. El texto aprobado en primer debate incorpora la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas como obligación de las distribuidoras. La propuesta también contempla reconocer las inversiones ejecutadas por estas empresas como activos para calcular la tarifa de distribución.

Esto merece atención. Si parte del costo se recuperará mediante la tarifa que pagamos los usuarios, hay que revisar bien las inversiones. No siempre extender una línea eléctrica será la opción más conveniente. En algunos lugares podrían funcionar mejor las minirredes solares con baterías o sistemas individuales. Hay que comparar costos y necesidades antes de decidir.

Y no basta con calcular cuánto cuesta construir. También hay que saber quién operará cada sistema, cuánto costará mantenerlo y qué pasará cuando una batería o un inversor falle. En comunidades donde el traslado de un técnico puede tomar varias horas, el mantenimiento no es un detalle menor.

También debemos hablar claro con las familias. No se debe prometer electricidad gratis sin explicar cómo se pagará. Puede existir un subsidio, pero producir energía, operar los equipos y reemplazarlos siempre tiene un costo.

Me gustaría que estos proyectos incluyeran la formación de técnicos e ingenieros de las mismas comunidades: jóvenes que puedan estudiar energía y regresar para aportar lo aprendido. Eso ayudaría a resolver fallas, crear empleo y reducir la dependencia de personal que debe viajar desde lejos.

El Proyecto 705 abre una discusión necesaria sobre las responsabilidades de la electrificación rural y su financiamiento. Si esas inversiones se incorporan al cálculo de la tarifa, debemos exigir información sobre cuánto cuestan, a cuántas familias benefician y cómo se medirá la continuidad del servicio.

Después de aquellos recorridos, considero que llevar electricidad no debe significar solamente entregar una obra. Debe significar que la gente reciba un servicio confiable, a un costo razonable y con oportunidades para el desarrollo.

El autor es profesional del sector eléctrico y del desarrollo de proyectos de energía.