El 3 de enero pesa en la memoria panameña. Ese día de 1990 Manuel Antonio Noriega se entregó a las tropas estadounidenses, y ese mismo día de 2026 fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. El próximo 3 de enero se instalará en Washington un Congreso controlado por el Partido Demócrata. ¿Qué cambia para Panamá? Menos de lo que sugieren los titulares del miércoles, aunque lo suficiente para que el gobierno de José Raúl Mulino revise una estrategia casi por completo apostada a la relación personal con Donald Trump.

Los demócratas ganaron ambas cámaras, algo que un presidente no sufría en una elección de medio término desde George W. Bush en 2006. Con dos contiendas aún sin proyectar, NBC News les asigna 54 escaños en el Senado frente a 44 republicanos, tras arrebatar siete asientos en estados como Texas, Iowa y Maine. En la Cámara de Representantes lograron una mayoría amplia cuyo tamaño exacto todavía depende del conteo. El mismo martes, Trump escribió a Mulino por el aniversario de la separación de Colombia, llamó a Panamá uno de los socios “más cercanos y de mayor confianza” de su país y habló de oportunidades económicas en los proyectos del Canal, que incluyen dos puertos y un gasoducto.

La política de Washington hacia Panamá se ha hecho casi entera desde el Ejecutivo. El memorando de seguridad que firmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en abril de 2025 tiene una vigencia de tres años y, según el propio Mulino, Panamá puede cancelarlo con seis meses de antelación. El Congreso estadounidense no lo aprobó y no necesitaba aprobarlo. De la Casa Blanca también salieron amenazas contra el Canal y presión para la concesión de CK Hutchison. Cuando la Corte Suprema anuló en febrero los aranceles basados en la Ley de Emergencias Económicas, Trump anunció ese mismo día un reemplazo con otra base legal.

¿Puede un Congreso demócrata frenar el uso de la fuerza? Venezuela ya respondió esa pregunta. Trump ordenó la operación contra Maduro sin autorización del Congreso y, el 14 de enero, el Senado rechazó una resolución de poderes de guerra gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Con 54 senadores, los demócratas podrán aprobar resoluciones como esa y Trump podrá vetarlas. Superar un veto exige dos tercios de los miembros presentes que voten en cada cámara, siempre que haya cuórum: 67 senadores y 290 representantes si participan todos. Los demócratas no alcanzaron por sí solos esas cifras el martes y necesitarían apoyos republicanos. El freno más inmediato será político: elevar el costo de cada decisión al obligar al gobierno a explicarla. También podrán ejercer presión mediante el presupuesto y la legislación.

Ese costo se cobra a través de las comisiones, que, a partir de enero, estarán bajo control demócrata y podrán citar a funcionarios y exigir documentos. El nuevo Congreso también tendrá poder sobre los presupuestos del Departamento de Estado y del Pentágono. Gregory Meeks, hoy el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, es el candidato casi seguro a presidirla. Joaquín Castro y Tim Kaine, los principales demócratas en los subcomités del hemisferio occidental de la Cámara y del Senado, respectivamente, han promovido límites a intervenciones militares en la región. Según The Hill, Chris Coons sería el siguiente en la línea de sucesión para presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. Nada obliga a ninguno de ellos a mirar hacia Panamá. Sin embargo, tendrán con qué preguntar cuántos militares rotan bajo el memorando y con qué fundamento legal, y esas eventuales audiencias se seguirían de cerca en la Ciudad de Panamá.

¿Se vuelve Washington más peligroso o más predecible? Los politólogos William Howell y Jon Pevehouse mostraron que los presidentes estadounidenses recurren menos a la fuerza cuando sus adversarios controlan el Congreso, aunque el efecto se debilita en lugares que Washington considera estratégicos, y pocos lo son tanto como el Canal. El mecanismo, además, supone un presidente que calcula esos costos y en Venezuela Trump los descontó. Hasta el 3 de enero gobierna un Congreso republicano saliente, y la carta del martes deja claro que el interés de la Casa Blanca en los puertos y el gasoducto sigue en pie, gane quien gane en el Capitolio.

Panamá ya pagó parte de la cuenta de este ciclo. En septiembre mostré en estas páginas que, según el Barómetro de las Américas, la confianza en el gobierno estadounidense cayó del 58% al 40% entre los panameños que opinan. Los datos regionales, que no publiqué entonces, añaden un matiz. Entre los 13 países que la encuesta midió en 2023 y en 2026, la caída panameña fue la segunda más grande, y solo Nicaragua, cuyo gobierno vive enfrentado con Washington, registró una mayor (de 65% a 42%). La proporción de entrevistados que considera “nada confiable” al gobierno de Estados Unidos aumentó en Panamá del 8% al 18%. Los demócratas que quieran cuestionar la política de Trump en el hemisferio tendrán en esas cifras un argumento, porque sugieren un deterioro del crédito de Washington en Panamá durante este periodo de presión sobre el Canal, aunque no permiten atribuirlo únicamente a esa causa. El desgaste ocurrió en un país que el propio Trump llama uno de sus socios más cercanos.

El gobierno de Mulino tiene a su favor resultados concretos. Desactivó la crisis del Canal sin ceder la administración de la vía y, en enero, pudo hablar ante la Asamblea de una “recuperación de confianza” con Washington. Esa recuperación, sin embargo, descansa en cartas y conversaciones con un presidente que acaba de perder el Congreso y al que le quedan dos años de mandato. Una diplomacia que depende de un solo interlocutor queda expuesta cuando ese interlocutor se debilita, y también cuando la próxima administración llegue con otras prioridades. Panamá necesita interlocutores en el Capitolio, en ambos partidos, y conoce bien el peso de ese edificio: el Tratado de Neutralidad pasó por el Senado el 16 de marzo de 1978 con 68 votos contra 32, uno más de los dos tercios requeridos.

Un Congreso que pregunta le da al gobierno panameño algo que hoy le falta: un argumento interno para poner límites a lo que Washington pide. La disputa entre las potencias ya le costó al registro panameño cerca de 500 buques que cambiaron de bandera tras las retenciones en puertos chinos. Las decisiones de Washington y Pekín sobre el Canal y el comercio marítimo tienen consecuencias para Panamá. Anticiparlas y defender sus intereses exige al gobierno panameño ampliar sus interlocutores y explicar sus acuerdos ante ciudadanos que desconfían de ambas potencias.

El autor es profesor de ciencia política en la Universidad del Norte de Texas en Dallas.