En la desembocadura del río Chiriquí, en un punto conocido como Puerto Cabrito, se gesta hoy uno de los proyectos más ambiciosos de la historia reciente de Panamá: Puerto Barú. Una iniciativa privada de 250 millones de dólares que promete desarrollo y empleo para la región occidental, pero que enfrenta cuestionamientos técnicos y ambientales significativos. Lo que pocos saben es que esta no es una idea nueva: la historia de Puerto Barú comenzó hace más de medio siglo, en la mente de un magnate estadounidense que vislumbró allí un puerto para conectar a Chiriquí con el resto del mundo.
En la década de 1960, el empresario Daniel Ludwig —conocido como el “billonario invisible” por su carácter reservado— fijó su atención en esta zona. Ludwig, quien había construido un imperio naviero, concibió un plan para plantar 4,000 árboles de naranja y construir un puerto de exportación de concentrado de jugo. Llegó incluso a iniciar el dragado, pero las complicaciones con el gobierno y la magnitud de la inversión sepultaron el sueño. El estudio de impacto ambiental (EIA) actual reconoce este origen.
En los años 80, cuando partes de la Carretera Panamericana quedaban fuera de servicio por derrumbes, el Estado utilizó Puerto Cabrito como punto logístico para transportar bienes hacia David. Fue una solución temporal que demostró la utilidad práctica del enclave.
Hoy, la empresa Ocean Pacific Financial Services, Corp., dirigida por John McKeown, retomó el proyecto con una visión mucho más ambiciosa. Se trata de un puerto multipropósito y “verde” con una inversión de 250 millones de dólares, 850 metros de muelle, un canal de navegación de 31 kilómetros con 11 metros de calado y una capacidad de 200,000 TEU anuales. El proyecto contempla carga comercial, tanques de líquidos, un parque logístico y una zona turística. McKeown rechaza la alternativa de reubicarlo en Puerto Armuelles, argumentando que está más lejos de las principales áreas agrícolas.
No muy lejos de allí yace otra sombra histórica: el proyecto minero de Cerro Colorado (Codemin). La oposición de los pueblos indígenas y los cambios políticos influyeron en la cancelación del proyecto. Algunos analistas consideran que la coincidencia geográfica es un factor relevante. Si el proyecto cuprífero llegara a reactivarse, Puerto Barú podría ofrecer una salida marítima viable para el concentrado de cobre, aunque no existe evidencia pública que vincule a los actuales promotores con ese pasado minero.
Batalla legal: el fallo y su interpretación
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia despejó el pasado 26 de octubre el principal obstáculo jurídico para el proyecto. Al declarar “no ilegal” la Resolución DEIA-IA-0003-2024 del Ministerio de Ambiente, el tribunal validó el EIA. La Corte determinó que los demandantes no lograron sustentar las infracciones legales y confirmó que “no existe traslape entre el desarrollo portuario y las áreas protegidas de manglar”. Para el director general de Puerto Barú en David, Ismael González, el mensaje es claro: “Chiriquí va a tener su puerto”.
Sin embargo, las seis organizaciones que impugnaron el EIA —entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque— emitieron un comunicado para precisar el alcance de la sentencia. Aclararon que su demanda “no se basaba ni buscaba probar un traslape entre el proyecto y el área de manglar”, sino que su reclamo se centró en demostrar que “el polígono del proyecto, incluido su canal de navegación, traslapa con el área protegida”. El punto central no está en el espejo del espigón, sino en los 31 kilómetros de canal que deben dragarse. Las organizaciones advirtieron que el fallo “sienta un precedente preocupante para la participación pública”, al estimar suficiente que el Ministerio de Ambiente archive las observaciones ciudadanas para dar por cumplido el Acuerdo de Escazú.
El dragado: 9.6 millones de m³ y un depósito bajo sospecha
El núcleo del riesgo ambiental es la escala de la obra. El proyecto contempla un dragado de 9.6 millones de metros cúbicos para profundizar un canal de 100 metros de ancho. Para dimensionarlo: el canal de acceso de Puerto Barú, de 31 kilómetros, es más largo que los 29 kilómetros que separan la boya de la entrada del Pacífico del Canal de Panamá de Gamboa. Es decir, equivale a recorrer todo el tramo pacífico del Canal, con una diferencia fundamental: se ejecutaría en un estuario rodeado de manglares.
Los promotores sostienen que el material será depositado en la fosa submarina natural de Boca Brava, con capacidad de 25 millones de m³, ubicada a más de 64 kilómetros de Coiba, y que las corrientes dominantes limitarían cualquier interacción con el área protegida. Argumentan, además, que el diseño aprovecha un canal natural existente.
La revisión técnica independiente encargada por las ONG a la consultora Lynker (diciembre de 2024) presenta una conclusión distinta. El análisis señala que el sitio de vertido propuesto no está en aguas profundas, sino dentro del estuario, donde las corrientes de marea son más fuertes y podrían redistribuir los sedimentos finos hacia los manglares. Lynker también concluyó que el modelo de dispersión del EIA no siguió las mejores prácticas científicas. A esto se suma el «efecto bomba de carbono»: dragar el lecho marino expone turba antigua y anóxica al oxígeno, desencadenando una liberación masiva de carbono almacenado por milenios, un impacto que no se compensa replantando árboles.
La UNESCO y la disputa
El frente internacional añade presión. La UNESCO ha solicitado a Panamá un informe sobre el Parque Nacional Coiba, con fecha límite del 1 de diciembre de 2026, para ser examinado en la 49.ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial. El organismo instó a reevaluar el alcance del proyecto bajo estándares más rigurosos y a evitar impactos “irreversibles”. Aunque MiAmbiente sostiene que no hay riesgo para Coiba, el escrutinio internacional crea incertidumbre sobre la viabilidad futura de la obra.
El litigio es la punta del iceberg de un enfrentamiento entre dos inversionistas estadounidenses. El promotor es John McKeown, quien invierte 250 millones de dólares. Del otro lado, el multimillonario Louis Bacon, dueño del resort Islas Secas (a 50 kilómetros del proyecto), financia la oposición a través de su fundación. Su coalición “No a Puerto Barú” agrupa a unas 60 organizaciones y apoya la reubicación del puerto en Puerto Armuelles, una opción con aguas profundas naturales y menor necesidad de dragado.
La tensión trascendió el EIA. En agosto de 2025, Ocean Pacific presentó querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos de calumnia y difamación. Posteriormente, un juzgado civil ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes de ambas organizaciones. La Red Regional Escazú Ahora y Climate Action Network Latin America (CANLA) denunciaron las acciones como una “intimidación judicial” incompatible con los estándares democráticos, y advirtieron que el congelamiento de fondos pone en riesgo la labor de conservación y desalienta la participación ciudadana.
La historia de Puerto Barú aún no tiene un final. El fallo de la Corte despejó el obstáculo jurídico, pero la advertencia de la UNESCO, el embargo a las ONG y las dudas técnicas sobre la dispersión del material dragado mantienen abierto un debate que trasciende lo legal y lo ambiental, y que definirá el futuro del golfo de Chiriquí.
El autor es práctico del Canal.


