Como cada año, la discusión sobre el presupuesto público vuelve a generar insatisfacción entre los panameños. Sin embargo, cabe preguntarse si el problema reside únicamente en los políticos que lo diseñan y aprueban, o si en realidad estamos ante una dificultad más profunda que no hemos sabido identificar.
Aquí encontramos dos expectativas. La primera es que el ciudadano vota por un político basándose en las esperanzas y promesas que este presenta durante su campaña, muchas veces asumiendo que sus propuestas son económicamente viables. La segunda es que ese mismo ciudadano, que produce y paga impuestos, espera que estos se traduzcan en mejoras concretas en su calidad de vida.
Ambas expectativas convergen en una sola figura: el político de turno, quien termina decidiendo, en nombre de sus electores, cómo distribuir los recursos de la sociedad. Pero ¿qué garantiza que sus decisiones respondan al interés colectivo y no a sus propios intereses?
La teoría de la elección pública nos recuerda que los políticos también responden a incentivos personales. Las promesas se cumplen en la medida en que resulten convenientes para conservar el poder, satisfacer a determinados grupos o asegurar beneficios políticos. De poco sirven los discursos sobre desigualdad, pobreza y servicios públicos si el presupuesto termina reflejando los intereses particulares de quienes lo elaboran, en lugar de las prioridades de la sociedad.
El problema también radica en cómo los ciudadanos conciben el Estado. Una parte de la población espera que este satisfaga prácticamente todas sus necesidades: que construya viviendas, produzca alimentos, garantice educación de calidad, aumente los salarios, otorgue subsidios, controle los precios y administre los servicios públicos. En definitiva, pretende que el Estado gestione cada aspecto de su vida.
Pero cuanto más se amplían sus funciones, mayor es el poder discrecional que se entrega a los políticos para decidir quién recibe qué, cómo y cuándo. Por eso, el ciudadano debe preguntarse cuáles son las funciones legítimas del Estado, cómo deben ejercerse y cuáles son sus límites. También debe reconocer que los recursos son escasos, que toda decisión tiene un costo de oportunidad y que ninguna promesa puede eliminar las restricciones económicas.
Existen ciudadanos que prefieren un Estado limitado, que garantice la justicia, la seguridad, la infraestructura y unas instituciones sólidas, y que les permita progresar mediante el trabajo, el ahorro y el esfuerzo. No necesariamente exigen que el Estado preste todos los servicios, sino que garantice las condiciones para que estos funcionen adecuadamente. Sus impuestos deberían complementar su esfuerzo, no convertirse en el precio de una dependencia permanente.
En el otro extremo están quienes esperan que el Estado los proteja de toda incertidumbre económica y social, y consideran egoísta o perverso a quien desea producir, trabajar y decidir libremente sin una intervención constante del poder público.
El verdadero problema del presupuesto es que refleja una sociedad que no ha resuelto qué Estado quiere ni cuáles deben ser sus límites. Mientras los ciudadanos pretendan satisfacer todas sus necesidades mediante el gasto público, sin asumir sus costos, y crean que votar por un político garantiza el cumplimiento de sus promesas, seguirán delegando decisiones fundamentales en quienes tienen incentivos propios para ejercer el poder.
Al final, el presupuesto no es más que el reflejo de nuestras prioridades, nuestras contradicciones y nuestra concepción de la libertad.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
