Luego de la calificación de “estabilidad” otorgada a Panamá por S&P Global Ratings, no cabe duda de que el ministro del MEF está cumpliendo su deber en los ámbitos financiero y económico, campos en los cuales es experto. En primer lugar, se tomó en cuenta la reforma del sistema de pensiones, realizada en marzo de 2025, hecho consumado que nos ha dado un importante respiro, aunque hay temas pendientes que se verán en el próximo periodo presidencial, como el aumento de la edad de jubilación, necesidad inminente.
También se menciona el crecimiento del producto interno bruto, lo cual no es ninguna sorpresa, pues Panamá lleva años, junto con Chile, liderando ese segmento en América Latina, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo. Pero donde verdaderamente entra la pericia del ministro es en lo que él mismo denomina “prudencia y disciplina financiera”, que se refiere a la “gestión proactiva de la deuda” o, lo que es igual, a cumplir con su pago, por más onerosa que sea. Eso crea confianza para que nos sigan prestando. Porque, para las instituciones internacionales, pagar los compromisos financieros representa estabilidad económica.
Pero los riesgos no han desaparecido, como ocurre con el crecimiento de la deuda. Los $53 mil millones que nos dejó el gobierno anterior en 2024 se sitúan en casi $62 mil millones en agosto de 2026, un crecimiento en los dos primeros años del actual gobierno de casi $9 mil millones. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que entre 2019 y 2021, los dos primeros años del periodo anterior, la deuda pública creció de $31 mil a $40 mil millones, o sea, los mismos $9 mil millones en que ha crecido ahora en el mismo periodo de gobierno.
Por esta razón, el nivel de deuda representa el principal factor de vigilancia de las calificadoras. La carga de la deuda, por consiguiente, se estabiliza reduciendo el déficit fiscal. Y reducir el déficit fiscal implica ser más austero en el gasto público. Y aplicar la austeridad en el gasto público significa cerrar los grifos del despilfarro de fondos, todavía abiertos y hasta mayores en algunos casos. Ese desperdicio es incompatible con el deterioro a la vista de algunos servicios públicos, porque la prioridad no existe en la institucionalidad panameña.
La realidad es que el gobierno continúa gastando más de lo que recibe. A pesar de eso, el país mantiene una buena evaluación para seguir recibiendo dinero prestado, porque el déficit fiscal se ha reducido. Pero resulta que la estabilización de la deuda no puede contra el ritmo del derroche de fondos públicos, porque no se han tomado todavía las medidas respectivas. El ministro del MEF parece limitarse a los márgenes de maniobra fiscal que permitan la consolidación necesaria para que Panamá siga siendo sujeto de crédito. Esto le posibilita transmitir con alegría la certidumbre de que el país mantiene su grado de inversión.
Pero la reducción adicional del déficit fiscal sería contrarrestada por una imparable avalancha del gasto público, la cual sigue sin detenerse. Y es peor cuando las prioridades continúan totalmente desajustadas. Hoy Panamá conserva la confianza de los mercados para cumplir con el pago de su deuda, porque en eso se concentró el MEF, a saber, en realizar un ajuste fiscal para pasar el examen relacionado con nuestra capacidad para cancelar los compromisos con las instituciones financieras internacionales. Y eso es parte de la solución.
Pero es cuestión de tiempo que el gasto público se desborde por la falta de austeridad y por no tomar decisiones ante el temor al costo político. Es lo que las calificadoras denominan “nuestra capacidad limitada para aplicar reformas adicionales que aceleren la consolidación fiscal”. Esta limitación, aunada a las prioridades invertidas, al aumento desmedido de todo tipo de gastos producto de leyes especiales y a la falta de controles y eficacia en el proceso burocrático, nos mantendrá en esa zozobra según la actuación de cada gobierno de turno, sin ningún tipo de continuidad institucional para beneficio y estabilidad de la cosa pública.
El autor es abogado.
