La madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026 marcó un punto de inflexión sombrío para la democracia panameña. Alrededor de las 2:20 a. m., un individuo descendió de un taxi frente a la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, en Brisas del Golf, y arrojó un artefacto explosivo que incendió dos vehículos y puso en grave peligro la vida de su esposa, quien logró escapar ilesa entre el humo y las llamas.
El hecho anterior no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país, en el que, si bien es cierto han existido amenazas veladas y acciones judiciales en contra de comunicadores sociales, comentaristas políticos y similares, nunca se había atentado contra la integridad de estos, sus familias y sus bienes.
No estamos ante un episodio fortuito de delincuencia común. El atentado ocurre en el preciso instante en que Rodríguez, conforme lo ha planteado el diario La Prensa, ultima una investigación periodística sobre presuntas irregularidades que involucran a un contratista del Estado y a exfuncionarios, apenas días después de haberles solicitado formalmente sus descargos, como ordenan los cánones periodísticos en esta materia, para balancear la noticia y escuchar la posición de los involucrados.
Este ataque desnuda la vulnerabilidad extrema a la que hoy se enfrenta el oficio de comunicar e investigar en Panamá; ejercer el periodismo fiscalizador se ha convertido en una profesión de alto riesgo dentro de un clima político donde, lejos de arropar el derecho a la información, se ha optado por erosionar su legitimidad. Cuando desde la propia Presidencia de la República se descalifica de manera reiterada a periodistas, analistas y ciudadanos críticos bajo las etiquetas de “opinólogos” y “bochinchosos”, se alimenta una narrativa hostil que degrada el valor del escrutinio público; despreciar desde el poder a quienes cuestionan no causa por sí solo un atentado, pero sí debilita el cerco de protección institucional y envía una señal equívoca de tolerancia frente al acoso contra la prensa.
La Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la OEA señala que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:
Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información.
Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares.
Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Más allá del agravio directo contra un periodista y su familia, lo sucedido expone una fractura alarmante en el contrato social. La razón primaria por la que existe el Estado es garantizar la vida, la honra y los bienes de sus ciudadanos, tal como lo mandata la Carta Magna: mediante el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando las instituciones desprotegen a la población frente al avance de la criminalidad, el país entra en la fase crítica de un Estado fallido.
Esa falla estatal deja de ser un concepto teórico y se convierte en una amenaza tangible cuando el uso de explosivos intenta frenar denuncias sobre presunta corrupción en el manejo de los recursos públicos, dejando a los ciudadanos denunciados, periodistas e investigadores en estado de indefensión frente a redes que operan con absoluta audacia.
La explosión en Brisas del Golf no solo buscó destruir el patrimonio de un comunicador; lleva implícita una amenaza velada contra todo aquel que se atreva a disentir, fiscalizar o denunciar los actos de corrupción de este y de cualquier gobierno. Es el intento más crudo de imponer la autocensura mediante el terror. Si el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo no actúan con determinación inmediata para capturar y condenar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de este crimen, la impunidad terminará validando ese mensaje intimidatorio. Hoy el blanco fue la vivienda de un periodista; mañana, si el Estado renuncia a su deber más elemental, será el derecho de toda una sociedad a exigir cuentas sin miedo.
Como bien señala el secretario general de la ONU, António Guterres: “Dejen de atacar la verdad y a quienes la dicen. Cuando los periodistas defienden la verdad, el mundo está con ellos”.
El autor es abogado.
