Según los primeros reportes, el sábado 14 de noviembre, un día después del Día del Periodista, un hombre llegó en taxi de madrugada a la casa de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, y lanzó un artefacto incendiario. El Ministerio Público investiga y le corresponde esclarecer los hechos.

El Instituto Prensa y Sociedad señala que este sería el primer atentado de su tipo contra un periodista en Panamá, y lo que el Estado haga con el caso fijará el precedente.

Que la prensa sea libre es una idea con casi cuatro siglos. En 1644, el poeta inglés John Milton publicó sin licencia la Areopagítica, contra la censura previa del Parlamento, y pidió “la libertad de conocer, de expresar y de discutir libremente según la conciencia” por encima de todas las libertades.

Más de un siglo después de Milton, Suecia aprobó en 1766 la que se considera la primera ley de libertad de prensa del mundo. Eliminó la censura de la mayoría de las publicaciones y dio a los ciudadanos acceso a los documentos oficiales. Y en 1859, John Stuart Mill agregó que silenciar una opinión es robarle a la humanidad, a la generación presente y a la futura.

Esa herencia pasó a los tratados. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas por cualquier medio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue adoptada en 1969 por los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Panamá es parte de ella. Su artículo 13 recoge ese derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó en 1985 la libertad de expresión de “piedra angular” de la sociedad democrática, indispensable para formar la opinión pública.

Para la violencia contra periodistas hay una disposición expresa. En octubre de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, aprobó una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Su principio 9 dice que el asesinato, el secuestro, la intimidación y las amenazas a comunicadores, así como la destrucción material de los medios, violan derechos fundamentales y limitan severamente la libertad de expresión. Los Estados deben prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y reparar a las víctimas.

En nuestro país, el artículo 37 de la Constitución permite emitir libremente el pensamiento sin censura previa, con responsabilidades legales por los abusos. Si alguien se considera agraviado por una publicación, puede acudir a los tribunales. Un artefacto lanzado de madrugada contra una casa no es una de esas vías.

En el mundo, el 86% de los asesinatos de periodistas documentados desde 2006 siguen sin resolverse, informó el 2 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Cualquier acto de violencia es condenable y peligroso para la sociedad. Atacar la libertad de expresión debilita los cimientos de la sociedad.

El periodismo tiene un rol clave en nuestras sociedades modernas para avanzar en la transparencia de la gestión pública. La violencia es enemiga de la economía y ahuyenta la inversión.

Esperamos que las investigaciones se lleven a cabo en tiempo y forma, para dar con los responsables de este atentado y para que se ejerza justicia.

El autor es empresario y comunicador.