El mundo está cambiando cada vez más rápidamente y es muy poco lo que Panamá ha hecho para generar destrezas para enfrentar los riesgos cibernéticos. Han pasado 18 años desde la creación del bitcoin, en 2008, y Panamá sigue sin una ley de criptomonedas. No tiene regulación para las fintech ni los proveedores de activos virtuales; tampoco ha creado un sandbox regulatorio. Eso contrasta peligrosamente con la ausencia de normas que ya resultan urgentes para fortalecer nuestra ciberseguridad, que, colectivamente, es casi artesanal. En esas circunstancias, ¿cómo vamos a salir bien posicionados en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA)? Los algoritmos no son un privilegio de los ciberdelincuentes, sino la base de una tecnología que puede ser utilizada tanto por ellos como por quienes los persiguen, investigan y combaten. Los delitos como la estafa, la extorsión, la suplantación de identidad, el blanqueo de capitales y el robo de información han alcanzado un nuevo nivel, ahora que se ejecutan con herramientas de inteligencia artificial. Pero, al paso que vamos, si no salimos del letargo actual, aquello de lo que más nos preciamos como panameños podría quedar pronto en manos de cibercriminales.