La reforma electoral empieza a parecerse peligrosamente a un traje confeccionado a la medida de quienes deberán someterse a sus reglas. En la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, diputados de todos los partidos políticos representados ahí han cerrado filas para impulsar cambios que mantienen espacios de protección para sus propias estructuras. El ejemplo más evidente es el fuero penal electoral. El Tribunal Electoral propuso excluir de esa cobertura a vicepresidentes y subsecretarios de partidos, precisamente para evitar que una garantía excepcional termine convertida en una inmunidad procesal excesivamente amplia. Sin embargo, la modificación aprobada por los diputados de todos los partidos políticos mantiene esa protección para sus cúpulas. Las reformas electorales inevitablemente pasan por manos de políticos, pero eso exige mayor responsabilidad, no mayores privilegios. Las reglas deben fortalecer la competencia y la institucionalidad, no proteger a quienes participan en su elaboración. Cuando los beneficiarios potenciales también sostienen la aguja, no sorprende que el traje termine hecho a su medida.