Llegó noviembre, mes de la Patria. Durante este mes celebramos las más importantes efemérides de nuestra historia, el nacimiento de una identidad nacional que, irónicamente, a veces olvidamos. La razón de este olvido sigue siendo un viejo conocido: nuestro sistema educativo. Ha transcurrido un cuarto del siglo XXI y la educación panameña parece dar graves retrocesos que se pueden notar en la poca o nula preparación que tienen nuestros estudiantes de cara a la vida profesional. Vemos cómo la pérdida de habilidades intelectuales básicas, como leer y escribir, se hace notoria, ni hablar de esa capacidad de razonar, tan necesaria para afrontar la vida misma; tan necesaria para elegir sabiamente a quienes nos gobiernan.

Nos enfrentamos a un sistema que no solo se preocupa poco o nada por actualizaciones primordiales en la forma de educar, sino que muchas veces deja en el completo desamparo a aquellos que están en el frente de batalla: nuestros educadores. Seguimos en pleno 2026 con docentes que no son bien pagados o, peor aún, ni siquiera reciben sus ingresos a tiempo. Escuelas que cada día están más deterioradas y sin la inversión necesaria para ser lo que se supone que deben ser: centros de educación.

Y el problema se agrava aún más en la región central del país con el terremoto del pasado 9 de octubre. Antes de esta catástrofe teníamos reportes de unos 36 centros educativos cerrados en la provincia de Los Santos en los últimos 10 años (dato revelado por el ministro de Educación, Ventura Vega, durante una reunión con el Consejo Provincial de Coordinación de Los Santos el pasado 25 de septiembre), producto de la situación socioeconómica que viven muchas de estas comunidades. Ahora, con lo sucedido, hablamos de al menos 400 escuelas afectadas, 35 de ellas inhabilitadas indefinidamente, lo que afecta a unos 3,031 estudiantes. De estas escuelas severamente afectadas, 20 se encuentran en Herrera y 5 en Los Santos (datos aportados por el ministro Vega en una rueda de prensa el pasado 12 de octubre). Un caso puntual es el CEBG La Pitaloza, en una de las zonas más afectadas por el terremoto: una comunidad que necesita una educación de primera y que hoy se encuentra a la deriva, sin esperanzas de una pronta respuesta. Esto se traduce en un mayor déficit a futuro en la calidad de la educación, así como en una brecha social mayor, similar a la que ya viven las comarcas indígenas o la provincia de Darién.

Por ello, ante esta problemática, es menester crear una red de tutores voluntarios, con el apoyo de la empresa privada y la sociedad civil, que permita brindar asistencia educativa a los niños y jóvenes afectados, con el objetivo de que ningún estudiante quede rezagado por las circunstancias que atraviesa su comunidad. Esta iniciativa buscaría involucrar a docentes, estudiantes universitarios y tutores para ofrecer acompañamiento educativo, especialmente en áreas fundamentales.

Asimismo, se promoverían campañas de recolección de materiales escolares y la habilitación de espacios temporales donde los estudiantes puedan continuar aprendiendo mientras se recuperan sus escuelas. Más allá de reconstruir las infraestructuras dañadas, debemos procurar reconstruir las oportunidades de aprendizaje.

Las fiestas patrias siempre son una oportunidad para distraernos, justa y necesariamente, de los problemas cotidianos; sin embargo, no podemos olvidar a aquellos que más nos necesitan. No solo por la situación social y económica que atraviesan los hermanos de Azuero tras el terremoto: la educación en general, en especial en esta región, debe ser un tema de emergencia nacional, porque la educación también es patria.

La autora es tutora e investigadora.