Toda estructura de poder tiene una regla que sus beneficiarios conocen perfectamente: la lealtad se exige a quienes pagan las cuentas; los privilegios se reservan para quienes deciden cómo gastar los recursos.

En Panamá, esa regla amenaza con convertirse en el principio rector de una nueva política social. Bajo el discurso de la solidaridad, el Gobierno del «paso firme» parece dispuesto a reorganizar las obligaciones de los ciudadanos sin explicar de manera convincente quién asumirá los costos y quién disfrutará de los beneficios.

La solidaridad es una virtud. Convertirla en una obligación selectiva, mientras otros quedan exentos de contribuir, es una manera bastante peculiar de practicarla.

La propuesta de unificar los servicios de salud ilustra este dilema. Los trabajadores formales financian la Caja de Seguro Social mediante cuotas obrero-patronales obligatorias. Una integración que diluya los beneficios diferenciados de los asegurados, sin establecer mecanismos equitativos de financiamiento, equivaldría a trasladar los recursos aportados por estos hacia una población más amplia, sin resolver quién debe sostener el sistema.

Los incentivos importan. Si cotizar no representa ventajas adicionales para el trabajador y sus dependientes, aumenta el atractivo de evadir las cuotas o recurrir a contratos de prestación de servicios. Aparece entonces la figura del gorrero (free rider): aquel que disfruta de un beneficio colectivo sin contribuir proporcionalmente a financiarlo.

La salud es un bien meritorio. Su acceso no debería depender exclusivamente del ingreso individual. Pero tampoco puede sostenerse indefinidamente sobre los descuentos quincenales de una minoría formal, mientras otros permanecen al margen de las obligaciones contributivas.

El sistema enfrenta fallas tanto del mercado como del gobierno. Su sostenibilidad requiere solidaridad colectiva, instituciones confiables y financiamiento compartido. Una asociación público-privada en el programa de Enfermedad y Maternidad no resolvería el desequilibrio si unos pocos continúan pagando por todos. Además, debilitar los incentivos para la formalización laboral podría comprometer indirectamente los ingresos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El problema trasciende la salud.

La economía convencional enseña que, cuando el mercado falla, el Estado interviene para corregirlo. Si falta inversión, ofrece incentivos. Si existe contaminación, establece regulaciones. Si los servicios son insuficientes, propone nuevos mecanismos administrativos.

Pero ¿qué ocurre cuando es el propio Gobierno el que crea las distorsiones? Entonces surge una situación particularmente conveniente para quienes administran el poder. Primero diseñan instituciones defectuosas. Después anuncian reformas como asociaciones público-privadas para reparar las consecuencias. Finalmente, presentan la corrección como una demostración de capacidad gubernamental. El ciudadano termina agradeciendo que le devuelvan una parte de aquello que nunca debieron quitarle.

La economía política ha demostrado que los mercados no existen independientemente de las instituciones. Sus resultados dependen de las reglas, de las relaciones de poder y de la distribución de las responsabilidades.

Por eso, resulta insuficiente presentar cada fracaso nacional como una simple falla técnica que requiere una corrección reactiva. Una sociedad no progresa acumulando parches sobre instituciones que producen desigualdad desde su origen.

La lógica del “paso firme” corre el riesgo de convertir al Estado en una oficina administradora de intereses particulares. Bajo esa concepción, el bien público deja de ser una responsabilidad compartida y pasa a definirse como la libertad de obtener beneficios privados.

Así, una contratación directa con sobrecostos podría presentarse como una victoria de la eficiencia administrativa. Se ahorra tiempo al evitar la competencia, se acelera el desembolso y alguien obtiene una excelente rentabilidad. El único inconveniente es que el contribuyente termina financiando una eficiencia que nunca solicitó.

La verdadera reforma económica no consiste en sustituir monopolios públicos por privilegios privados ni en socializar los costos mientras se privatizan los beneficios. Consiste en construir instituciones capaces de generar valor público, distribuir justamente las responsabilidades y exigir resultados verificables.

Porque, cuando el Gobierno decide quién paga, quién cobra y quién queda dispensado de cumplir, ya no administra una economía: administra una familia de privilegiados.

El autor es cirujano subespecialista.