En el mes de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce la trata transatlántica de personas y la esclavitud racializada de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. En esta sesión, votaron en contra de la resolución los Estados de Argentina, Israel y Estados Unidos, y hubo varias abstenciones.

En la resolución, los Estados partes reconocen que la explotación, que se prolongó durante más de cuatrocientos años, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe. Recoge algo muy importante: las consecuencias de esa explotación de personas africanas siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.

Señala que los Estados son responsables de los hechos internacionalmente ilícitos y que deben, de buena fe, entablar un diálogo y aplicar medidas de justicia reparadora, tales como disculpas públicas; medidas de restitución, indemnización y rehabilitación; garantías de no repetición; modificaciones a leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica y estructural.

En lo local, ante los cuestionamientos públicos que se realizan en torno a la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para las Personas Afropanameñas (SENADAP), se evidencia el desconocimiento total de la desigualdad social en nuestro país y de la histórica exclusión de ciertos sectores. En lugar de asumir una postura objetiva, se simplifica el argumento mediante comparaciones carentes de fundamento científico e histórico, reforzando terribles prejuicios sobre el valor de las personas en función de su sexo, edad, etnia, condición social, discapacidad o diversidad sexual.

Entre estos grupos históricamente excluidos y vulnerados se encuentran las mujeres, las niñas, los niños, las personas adolescentes, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad y las personas mayores, entre otros. Desconocer sus realidades implica también ignorar el propósito de las acciones afirmativas: medidas temporales aprobadas por los Estados para corregir las desigualdades históricas y garantizar los derechos humanos ante las persistentes brechas existentes en nuestro país, la región y el mundo. Estas herramientas obligan a las autoridades a diseñar mecanismos, planes y programas para reducir significativamente la exclusión, la discriminación y la violencia.

Dichas brechas de desigualdad se traducen en la falta de acceso a condiciones básicas para poder vivir de forma digna: acceso a la educación, a la salud, a una vivienda, a un empleo decente, a agua potable y a un ambiente sano.

La acumulación de estas carencias impacta directamente en la realidad social que viven estas poblaciones en sus comunidades, manifestándose en pobreza extrema, hambre, desnutrición y enfermedades físicas y mentales. Asimismo, el perfilamiento racial es una realidad indiscutible que alimenta el ciclo de la criminalización.

En este contexto, quienes llenan las cárceles son mayoritariamente personas negras, víctimas del estereotipo de la persona “negra que delinque” o del “negro maleante”. Este perfil no es solo un prejuicio social, sino una práctica formalizada por las autoridades cuando requisan, verifican o detienen a personas basándose en el color de su piel o su forma de vestir, y no precisamente en los hechos.

El estereotipo de la persona negra en un país cultural y racialmente diverso es cotidiano y está naturalizado, inclusive desde las estructuras del Estado, con un sesgo de desigualdad transversal muy marcado.

Todas estas brechas en poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y violentadas deben ser atendidas por los Estados. Con ese fin, se crean instituciones, mecanismos y programas enfocados en ejecutar las políticas que pongan fin a las desigualdades y promuevan oportunidades para quienes llevan siglos acumulando carencias y necesidades.

El verdadero debate no debe estar enfocado en simplificar la negritud ni hacer comparaciones sin sentido. En Panamá, la niñez y la juventud siguen siendo discriminadas por el color de su piel o la forma de su cabello; el uso de afros en las escuelas es censurado; la discriminación de personas negras en los puestos de trabajo es una realidad, así como otras tantas.

El gran desafío de los gobiernos, una vez creado un mecanismo legítimo y científicamente necesario para atender estos temas, es dotarlo de presupuesto y nombrar personal técnico y ético mediante procesos de selección transparentes. Lo que realmente empaña la función de estos organismos son las estructuras de corrupción, el amiguismo, el clientelismo y el uso de las instituciones sociales para ejercer control y poder político.

Antes de discriminar, excluir o violentar a quienes luchan por sus derechos, es indispensable comprender las interseccionalidades, así como la diversidad de sus situaciones, necesidades y reclamos en materia de derechos humanos.

La autora es abogada y Defensora de los Derechos Humanos.