Hace algunas semanas ya, durante la última Feria del Libro de Panamá, se presentó la obra De manos ajenas a manos propias, en la que su autor, Jorge Eduardo Ritter, nos relata con lujo de detalles el complejo proceso que inició con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 y culminó con el traspaso del Canal a manos panameñas aquel emocionante 31 de diciembre de 1999.

Es un relato apasionante de un camino que logramos recorrer con éxito, a pesar de los muchos obstáculos que fueron apareciendo durante la agitada travesía. Y es que la meta era clara: llevar a cabo un traspaso ordenado e imperceptible del Canal.

No hubo espacio para la improvisación. Todo se planificó, analizó, estudió, consultó y ejecutó con rigor y responsabilidad, logrando construir sobre bases sólidas una nueva institución panameña que reemplazara a la que había manejado el Canal por casi un siglo.

El relato de Ritter concluye haciendo hincapié en la importancia de la preparación, de la continuidad, de construir instituciones, de la capacidad de alcanzar acuerdos y mirar a largo plazo, más allá de los períodos presidenciales y de las circunstancias políticas del momento.

Dicho con sus palabras: “…visto con la perspectiva que dan los años, quizás el verdadero significado del 31 de diciembre de 1999 no se encuentre solamente en la recuperación de un territorio o en el cambio de una bandera. Se encuentra también en algo menos visible y, acaso, más trascendente: Panamá había construido la capacidad institucional y humana para asumir plenamente una responsabilidad histórica”.

En estos días en que se van cerrando los espacios cívicos para el debate y la participación ciudadana, la obra de Ritter nos permite recordar el valor de esos espacios que sirvieron para que diversos grupos políticos y sociales participaran en la construcción del futuro del Canal y del país, dejando de lado diferencias e intereses.

Los Encuentros Panamá 2000, celebrados en Coronado en mayo y agosto de 1996, son una referencia obligada en ese camino. Y no se trata de negar las dificultades que el proceso tuvo, sino de destacar el valor de la participación responsable, el compromiso y la claridad del objetivo que se quería alcanzar.

El tema viene a cuento estos días, en que el Tribunal Electoral ha decidido ponerle fin a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), otro espacio de debate nacido justamente de aquellos años en que, entusiasmados, iniciábamos el camino de reconstrucción de nuestra institucionalidad democrática, tras la noche negra de la dictadura militar y la terrible invasión que le puso fin.

La CNRE nació de la convicción de aquel trío de magistrados del Tribunal Electoral que tomó las riendas de la institución en 1990 —Eduardo Valdés, Guillermo Márquez y Dennis Allen— de que el camino que iniciaban requería espacios de intercambio democrático para que los protagonistas del proceso pudieran debatir a fondo y lograr acuerdos que facilitaran la modernización de las reglas del juego electoral.

Fue un modelo novedoso que llamó la atención de otros organismos electorales de la región porque iniciaba su tarea tan pronto terminaban las elecciones, con la información fresca de aquello que debía mejorarse.

La democracia, lo estamos experimentando globalmente, nunca puede darse por sentada y requiere ciudadanos participativos y partidos políticos comprometidos en la defensa de sus valores. Por ello, llama la atención que los magistrados del TE justifiquen la eliminación de la CNRE alegando que las circunstancias en las que fue creada ya no existen.

Obviamente, las circunstancias de hoy no son las de 1991, pero podría alegarse que son peores, porque la degradación de la democracia y la desconfianza son globales, como nos indican todos los informes de organismos internacionales que analizan el estado de la democracia en el mundo y, por supuesto, en Panamá. Justo por ello, se requieren más y mejores espacios de participación ciudadana en defensa de un sistema que está haciendo aguas por todos lados.

Ciertamente, la CNRE debe ser reformada, modernizada y fortalecida para que quienes allí acuden a defender privilegios, en vez de enfocarse en mejorar las reglas del juego electoral, no prevalezcan, como ha ido sucediendo en los últimos años.

Eliminar la CNRE es un error, como lo ha sido paralizar la Concertación Nacional o el Pacto de Estado por la Justicia, instancias todas que, por lo demás, deben renovarse y cambiar la forma como han funcionado. Acudir a esos espacios con discursos altisonantes y posiciones intransigentes ha hecho mucho daño también.

La lectura de De manos ajenas a manos propias produce orgullo por lo alcanzado, pero al mismo tiempo evidencia que el resto de nuestra institucionalidad sigue empantanada en aquellos vicios que han impedido que la riqueza que genera el Canal produzca el bienestar general que tanto anhelamos. Es una lección que no queremos aprender.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá).