Panamá aguantó un 7.7 sin un solo muerto. Ahora viene lo que suele fallar: que la ayuda llegue completa, a tiempo y a la vista de todos.

El viernes 9 de octubre, la tierra se movió bajo la península de Azuero con una fuerza que el Servicio Geológico de Estados Unidos midió en 7.7. Aun así, esa noche Sinaproc contaba cero muertos y 27 heridos, y en la capital no se reportó el colapso de un solo edificio.

Eso no es solo suerte. El trámite lo empezó el gobierno de mi abuelo, Ricardo de la Espriella: en febrero de 1983, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura creó el comité encargado de estudiar y reformar el reglamento de diseño estructural, y en 1984 el país tuvo el primero con fuerza de ley. Ese reglamento y sus revisiones, junto con la distancia al epicentro, ayudaron a que una ciudad de torres resistiera.

Pero el reglamento nació pensando en edificios: el primero ni siquiera exigía diseño sísmico formal para la casa unifamiliar. El terremoto que queda está en el interior. El domingo, el COE ya contaba 910 viviendas afectadas, solo entre las que había podido evaluar, y en Penonomé se vino abajo una torre de la catedral. Detrás de cada número están el productor que perdió la camioneta de trabajo y la familia que duerme bajo un plástico. Ellos solo tienen al Estado.

Por eso el Gabinete hizo bien en declarar el estado de emergencia y habilitar US$100 millones. Sé que a muchos les suena mal. Un país cansado de gastos innecesarios sabe que una emergencia abre la puerta a contratar sin licitación, como pasó en la pandemia. Pero no hay alternativa: una familia bajo un plástico no puede esperar los meses que toma una licitación.

El riesgo es real: un segundo terremoto, más lento y silencioso, el de la ayuda que no llega o se queda en contratos que nadie revisa. En Panamá Solidario, la veeduría de la Iglesia encontró que la mayoría de las quejas venía de las juntas comunales, donde se repetía el amiguismo.

Sabemos cómo evitarlo. Tras su terremoto de 2015, Nepal les pagó directamente a las familias en tres tramos, y los dos últimos solo se liberaban si un ingeniero certificaba la obra. Así se reconstruyeron más de 200,000 casas. Pero seamos honestos: un sistema que saca la ayuda de las manos de la junta comunal no se va a aprobar aquí.

Lo que sí funciona es mirar. En 2016, un grupo de jóvenes brasileños creó Rosie, un programa de inteligencia artificial que revisó, con datos públicos, más de tres millones de facturas que los diputados presentaban para solicitar reembolsos. Encontró unos 8,000 gastos sospechosos; sus creadores presentaron 629 denuncias sobre 216 diputados, y uno devolvió lo cobrado por 13 comidas en un mismo día.

Eso fue hace diez años y hacía falta saber programar. Hoy no. Las compras del Estado se publican en PanamaCompra y, con inteligencia artificial, cualquiera puede cruzar en minutos los datos de cada contrato de la emergencia con los precios del INEC. En 2025, el saco de cemento costaba, en promedio, US$8.82, y US$9.45 en Los Santos: un contrato que lo pague al doble salta a la vista y obliga a explicarlo. Es una herramienta que mi generación usa todos los días. Esta vez, usémosla para esto. Al Gobierno solo hay que exigirle que publique cada semana cada contrato con sus precios unitarios.

Chaplin lo dijo en El gran dictador: los seres humanos queremos vivir de la felicidad del prójimo, no de su desgracia. Los que ven en la tragedia un negocio son pocos; los que podemos vigilarlos somos todos. Los poderes de emergencia eran necesarios. Que la ayuda llegue completa depende de cuántos estemos mirando.

El autor es analista de datos.