La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) tiene un problema de origen que no se resuelve con conferencias, discursos ni invocaciones solemnes a la soberanía popular. Su problema es sencillo y profundo: ¿quién le dio autoridad para hacer lo que dice que está haciendo? Somos una república, no un reino.
Una secretaría del Ejecutivo puede estudiar la Constitución, asesorar al presidente, coordinar consultas, divulgar información y promover el debate nacional. Nadie discute que Panamá necesite conocer su Constitución ni que tenga derecho a discutir una nueva.
Pero diseñar el mecanismo, los lineamientos y las etapas de una constituyente originaria es otra cosa. Ese trecho no se cruza brincando sobre la legalidad.
El Decreto Ejecutivo n.º 488, de 28 de agosto de 2024, creó una instancia de consulta y coordinación del Órgano Ejecutivo. No creó una asamblea constituyente, no convirtió a su coordinador en representante del poder constituyente ni le entregó una autoridad soberana que la Constitución no reconoce.
Sin embargo, la Sepresac coloca entre sus ejes estratégicos la propuesta del mecanismo, los lineamientos y las etapas de una constituyente originaria.
Aquí está el nudo: una competencia administrativa no puede transformarse, por voluntad de sus titulares, en una competencia constituyente.
¿En qué disposición constitucional está escrito? ¿Qué norma habilita a una dependencia del Ejecutivo para organizar institucionalmente el camino hacia la sustitución de la Constitución que establece las competencias del propio Ejecutivo?
Que alguien conteste. No con una conferencia ni una consigna. Con fundamento jurídico.
El artículo 2: medio sacramental y medio brujo
El artículo 2 se invoca como bandera, se pronuncia la palabra “pueblo” y pareciera que, por magia, desaparecen los límites jurídicos.
Medio sacramental y medio brujo.
Como si la soberanía popular bendijera cualquier decisión administrativa. Como si el artículo 2 fuera patente de corso. Pronunciar “pueblo” no convierte a una oficina presidencial en depositaria de la voluntad constituyente. Ni en las cómicas de Thor: se llama al martillo y llega el poder. Aquí se invoca al pueblo y se pretende obtener el mismo resultado.
¡No, señor!
El artículo 2 establece que el poder público emana del pueblo, pero también dispone que el Estado lo ejerce conforme a la Constitución. Ambas partes están allí. No se puede leer una y esconder la otra debajo de la alfombra.
Edgardo Molino Mola advierte sobre ese equívoco: la soberanía popular no puede utilizarse para desconocer el artículo 314 ni para convertir a las autoridades constituidas en titulares de poderes ilimitados.
La soberanía es del pueblo. No de una secretaría, un coordinador, un ministerio ni de un decreto ejecutivo.
El pueblo no es una oficina presidencial
¿Dónde está el pueblo en esta arquitectura?
No hablo de una lista de asistentes, una fotografía de conferencia o una cifra de personas alcanzadas. Hablo de participación real, deliberación plural y capacidad ciudadana para decidir el rumbo de la discusión constitucional.
Informar al ciudadano no es conducirlo hacia una ruta previamente diseñada. Alfabetizar constitucionalmente no es presentar como destino inevitable una constituyente cuya arquitectura institucional todavía necesita una explicación jurídica rigurosa.
El pueblo no puede ser decoración de un proyecto gubernamental ni coartada de quienes dicen hablar en su nombre.
La Sepresac no es el pueblo.
No basta afirmar que se consulta a la sociedad civil si la conducción y las decisiones permanecen en el Ejecutivo. La participación se demuestra con capacidad real de deliberar, disentir y proponer, no mediante una invitación ni con conclusiones impuestas.
La sentencia
La Sepresac nació de un decreto ejecutivo. Su autoridad debe encontrarse en el ordenamiento jurídico que la creó y dentro de los límites de las competencias atribuidas.
No puede invocar el artículo 2 para escapar de su origen, convertir la soberanía popular en una autorización constitucional inexistente ni confundir asesorar al presidente con organizar el poder constituyente.
Si considera que sí puede hacerlo, que presente la norma que le otorga semejante competencia.
El problema no es discutir el futuro constitucional de Panamá, sino que una institución creada bajo ese orden pretenda preparar un proceso que podría sustituirlo sin aclarar su habilitación jurídica.
Eso no se resuelve invocando al pueblo. Se resuelve demostrando la competencia.
La Constitución no se invoca cuando conviene ni se aparta cuando estorba. Tampoco es un altar para presentar pretensiones como verdades reveladas.
La Sepresac no puede atribuirse la voz del pueblo ni mucho menos la autoridad del poder constituyente.
Panamá puede discutir su futuro. Ninguna secretaría puede diseñarlo por encima de sus competencias constitucionales.
La soberanía reside en el pueblo. La responsabilidad de demostrar su competencia reside en la Sepresac. Y esa deuda jurídica sigue sin saldarse.
El pueblo tiene derecho a cambiar su Constitución. Ninguna secretaría tiene derecho a apropiarse de su soberanía invocando al pueblo.
La soberanía popular es intransferible. El poder constituyente no se delega por decreto y la incompetencia no se convierte en autoridad por conjuro.
El autor es estudiante de Derecho y dirigente cívico.



