El presidente José Raúl Mulino presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un “Pacto con la naturaleza”. Más allá del discurso político, la propuesta debería llevarnos a una conversación que pocas veces tenemos los panameños: ¿Cuánto valen realmente nuestros bosques, manglares, ríos, mares y cuencas hidrográficas?
Cuando hablamos de ambiente solemos pensar en recoger basura, reciclar, reducir emisiones o sembrar árboles. Son acciones necesarias, pero el desafío es mayor. Debemos comprender que la naturaleza no solamente se conserva: también sostiene nuestra economía y calidad de vida.
Aquí resulta interesante recuperar una idea desarrollada hace más de un siglo por el economista austriaco Carl Menger. Menger explicaba que existen bienes que satisfacen directamente nuestras necesidades y otros que, aunque no consumimos directamente, son necesarios para producir aquello que finalmente utilizamos. A estos últimos los denominó bienes de orden superior. Pensemos esta teoría económica desde nuestro Panamá para una ecosociedad.
Un ciudadano reconoce fácilmente el valor de un pescado, una cosecha o el agua potable que llega a su hogar. Pero detrás de esos bienes existe una cadena natural que muchas veces pasa inadvertida. Antes del agua potable está el río; antes del río están sus afluentes, los bosques, los suelos y toda una cuenca hidrográfica. Quizás este sistema no tenga para una familia un valor cotidiano económico, pero para el mercado de mariscos o para el demandante de pescado sí, porque cuando un bien escasea y su demanda aumenta, su precio sube debido a la ley de oferta y demanda. Entonces surge una pregunta sencilla: si valoramos el resultado de los precios, ¿por qué no valoramos adecuadamente aquello que permite producirlo? Allí el pensamiento de Menger y su principio económico adquieren actualidad para una futura ecosociedad panameña.
Debido a que su principio de imputación permite comprender, en términos generales, que el valor real de todo lo que usamos para fabricar un bien depende directamente de cuánto la gente esté dispuesta a pagar por el producto terminado. Y si queremos aplicar este principio a nuestra realidad, no significa ponerle precio a cada árbol, río o especie de biodiversidad. Significa reconocer económicamente que destruir el origen de nuestra riqueza también compromete la riqueza futura. Eso debería ser uno de los fundamentos de una ecosociedad panameña.
Una ecosociedad no propone detener inversiones, paralizar construcciones ni convertir la conservación en enemiga del desarrollo. Propone algo más razonable: que cada decisión pública, empresarial y ciudadana comprenda mejor el valor del presente y el futuro de nuestro patrimonio natural. El “Pacto con la naturaleza” podría adquirir precisamente ese significado ciudadano: un compromiso donde conservar y producir no sean conceptos opuestos o distantes entre sí.
Panamá tiene una oportunidad extraordinaria de demostrar que el crecimiento económico y la conservación pueden coexistir, como ocurre en el vecino país de Costa Rica. Debemos dejar de creer que la naturaleza solo importa cuando podemos sacarle dinero de forma rápida e inmediata. Por eso, la pregunta clave no es solo “¿cuánto cuesta conservarlo?”, sino también “¿cuánto nos costará perderlo?”. Es por ello que apostar por una ecosociedad significa entender que la naturaleza es una riqueza heredada que debemos proteger y entregar al futuro. Como dice la cuarta estrofa del himno nacional: “adelante la pica y la pala; al trabajo sin más dilación”; hoy el verdadero progreso de Panamá depende del esfuerzo honesto y constante de cada ciudadano por cuidar su tierra.
Valorar adecuadamente esa riqueza puede ser el paso definitivo para que Panamá no solo diga que protege la naturaleza, sino que continúe construyéndose como un modelo de conservación, desarrollo y prosperidad sostenible para las próximas generaciones.
El autor es licenciado en Administración de empresas y especialista en administración sostenible.
