Panamá está llegando a un punto en el que la paciencia ciudadana amenaza con agotarse. La gente está harta de estar harta. Harta de las promesas incumplidas, de los discursos que pretenden sustituir los resultados y de una clase política que, con demasiada frecuencia, parece vivir en una realidad paralela a la del ciudadano común.
Mientras miles de panameños luchan por conseguir empleo, pagar sus cuentas, acceder a servicios de salud dignos y ofrecerles una educación de calidad a sus hijos, el debate político continúa atrapado entre intereses particulares, cálculos electorales y disputas por el control del poder.
El problema de Panamá no es solamente económico: es institucional, moral y, sobre todo, de liderazgo.
La corrupción, cuando se tolera o se percibe como una práctica habitual, erosiona la confianza pública. La impunidad alimenta la frustración. La desigualdad reduce las oportunidades. Y una educación deficiente limita las posibilidades de que las nuevas generaciones puedan competir en un mundo cada vez más exigente.
A todo esto se suma una burocracia que, en ocasiones, parece más preocupada por proteger sus procedimientos que por resolver los problemas de la gente. Las instituciones existen para servir a los ciudadanos, no para convertirse en obstáculos que estos deban sortear interminablemente.
¿De qué sirve anunciar grandes proyectos si no se traducen en mejores condiciones de vida? ¿De qué sirve hablar de crecimiento económico si sus beneficios no llegan a una parte importante de la población? ¿De qué sirve proclamar transparencia si las decisiones públicas no están acompañadas de explicaciones claras, rendición de cuentas y resultados verificables?
La política no puede reducirse a inaugurar obras, repartir promesas o administrar la popularidad del gobernante de turno. Gobernar significa establecer prioridades, utilizar responsablemente los recursos públicos, fortalecer las instituciones y asumir las consecuencias de las decisiones tomadas.
Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de nuestra democracia: los ciudadanos eligen a sus gobernantes, pero con demasiada frecuencia sienten que, una vez instalados en el poder, sus preocupaciones dejan de ser prioritarias.
El poder público no es una propiedad privada ni una recompensa para los vencedores de una contienda electoral. Es una responsabilidad temporal ejercida en nombre de toda la sociedad.
Panamá necesita una clase dirigente capaz de comprender que la estabilidad política no se garantiza mediante discursos optimistas ni se construye pidiendo paciencia indefinidamente. Se construye con instituciones creíbles, justicia independiente, educación de calidad, oportunidades económicas y una administración pública que responda a las necesidades reales del país.
Porque existe una diferencia fundamental entre una población que protesta y una población que ha perdido la esperanza. La primera todavía exige que el sistema responda; la segunda comienza a preguntarse si el sistema merece su confianza.
Esa diferencia debería preocupar seriamente a quienes tienen responsabilidades de gobierno.
No se trata de alimentar el pesimismo ni de afirmar que Panamá está condenado al fracaso. Se trata precisamente de lo contrario: reconocer los problemas antes de que se agraven, recuperar la confianza pública y corregir aquello que impide que el país aproveche su enorme potencial.
Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada, una economía abierta, el Canal, un sector financiero internacional y una capacidad extraordinaria para atraer inversiones. Pero ninguna ventaja geográfica puede sustituir la calidad de las instituciones, la preparación de sus ciudadanos ni la integridad de quienes administran los recursos públicos.
Un país no fracasa de un día para otro. Se debilita cuando normaliza lo inaceptable, cuando confunde propaganda con gestión, cuando castiga el mérito y tolera el privilegio, y cuando sus dirigentes dejan de escuchar a quienes les confiaron el poder.
La gente está harta de estar harta.
Y la respuesta no puede consistir en pedirle que siga esperando mientras todo permanece igual.
Panamá necesita menos arrogancia y más humildad; menos propaganda y más resultados; menos privilegios y más igualdad ante la ley. Necesita dirigentes que entiendan que la autoridad se ejerce para servir y que la confianza ciudadana no se hereda, no se impone y tampoco se recupera con palabras: se gana con hechos.
Porque, al final, la pregunta no es cuánto más puede aguantar la gente.
La verdadera pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse la clase política ignorar lo que la gente está diciendo.
Un país puede sobrevivir a una mala administración. Lo que no puede permitirse indefinidamente es perder la confianza en sus instituciones y en quienes tienen la obligación de dirigirlo.
Y cuando una sociedad está harta de estar harta, la obligación de sus gobernantes no es pedirle silencio ni paciencia.
Es demostrarle, con hechos, que todavía hay razones para confiar.
El autor es abogado.
