El pasado 8 de septiembre, la Universidad Tecnológica de Panamá fue escenario del foro “Ingeniería y riesgo sísmico: construyendo un Panamá resiliente”, un espacio de reflexión y análisis que reunió a especialistas para abordar una pregunta que, como país, no podemos seguir postergando: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud?

Panamá no es un país ajeno a la amenaza sísmica. Nuestro territorio se encuentra en una zona de compleja interacción tectónica, vinculada a las placas del Caribe, Cocos, Nazca y Sudamérica. Esta configuración genera una amenaza sísmica que varía según la región, pero que no debe ser subestimada.

La historia nos ofrece una advertencia contundente. El 7 de septiembre de 1882, un sismo de gran magnitud produjo graves daños en Panamá y Colón, afectando edificaciones, el ferrocarril y otras estructuras. El evento también generó un tsunami que causó numerosas víctimas en el archipiélago de Guna Yala. Otros sismos fuertes han afectado distintas regiones del país, recordándonos que esta amenaza no pertenece únicamente al pasado.

Frente a esta realidad, Panamá cuenta con una herramienta fundamental: el Reglamento Estructural Panameño (REP). Su desarrollo tiene antecedentes en los primeros reglamentos estructurales de la década de 1980. El REP-84 constituyó un importante paso para establecer criterios técnicos obligatorios para el diseño y la construcción de estructuras en el país. Desde entonces, esta normativa ha evolucionado mediante sucesivas actualizaciones, hasta llegar al REP-2021, actualmente vigente.

Pero disponer de una buena normativa no es suficiente. Es indispensable cumplirla rigurosamente. El diseño y la construcción de una estructura segura requieren profesionales competentes, materiales adecuados, supervisión efectiva y una fiscalización que garantice que lo proyectado en los planos se convierta realmente en una construcción que cumpla con las especificaciones.

Uno de los temas abordados durante el foro fue precisamente el diseño sismorresistente de edificios en Panamá. Sin embargo, hablar de seguridad sísmica no puede limitarse al diseño de edificios nuevos. Una parte importante de nuestra población vive en viviendas unifamiliares, algunas de las cuales fueron construidas sin la supervisión técnica adecuada o han sufrido modificaciones riesgosas a lo largo de los años.

De allí surge, precisamente, la importancia de prestar especial atención a la vulnerabilidad sísmica de la vivienda unifamiliar. Elementos como la adecuada conexión entre paredes, vigas y columnas de amarre, la calidad de los materiales, la configuración estructural y las condiciones del suelo pueden marcar una diferencia fundamental durante un sismo.

De igual forma, debemos continuar fortaleciendo el conocimiento de nuestra amenaza sísmica y de las características de nuestros suelos. El mismo terremoto puede producir efectos muy diferentes, dependiendo de las condiciones geotécnicas del terreno. Por ello, la caracterización de los suelos y el conocimiento de la amenaza sísmica local son indispensables para tomar mejores decisiones de diseño y de planificación urbana.

Otro componente esencial es el Programa de Instrumentación Sísmica (PINS), administrado por la UTP. Los instrumentos instalados en edificaciones y estaciones sísmicas permiten registrar cómo responden los suelos y las estructuras ante los movimientos sísmicos. Esta información es fundamental para mejorar nuestros conocimientos y fortalecer nuestras normativas para el diseño y la construcción resilientes.

En este sentido, es importante indicar que la resiliencia sísmica va mucho más allá de evitar que un edificio colapse. Un Panamá resiliente necesita ciudadanos informados, hospitales y otras instalaciones esenciales preparadas para continuar funcionando, sistemas adecuados de alerta y comunicación, rutas de evacuación conocidas y planes de emergencia practicados. Una estructura que permanece en pie después de un terremoto es un logro importante; una ciudad capaz de mantener sus servicios esenciales y recuperarse rápidamente representa un nivel superior de resiliencia.

Alcanzar ese objetivo requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad. El Estado debe fortalecer la fiscalización, actualizar permanentemente las normas y garantizar que los procesos de aprobación, inspección y supervisión sean efectivos. Los ingenieros y las empresas constructoras tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados, aplicar correctamente las normativas y colocar la seguridad de las personas por encima de cualquier consideración económica o de corto plazo. Y los ciudadanos debemos informarnos, conocer cómo actuar durante un terremoto y participar activamente en los planes de emergencia.

Esta tarea no puede desarrollarse de manera aislada. Necesitamos fortalecer la colaboración entre los comités consultivos, el Estado, las universidades, los profesionales, la industria de la construcción y la sociedad. Debemos trabajar en un plan nacional para reducir la vulnerabilidad de nuestras estructuras y, con ello, disminuir el riesgo sísmico de Panamá.

Los terremotos no pueden evitarse. Tampoco podemos saber exactamente cuándo ocurrirá el próximo gran sismo. Lo que sí podemos decidir es qué tan preparados estaremos cuando ocurra. Por eso, la prevención sísmica no debe verse como un gasto que podemos posponer. Es una inversión en vidas humanas, en infraestructura, en nuestra economía y en el futuro del país.

Y esa inversión debemos hacerla hoy, no después de que ocurra una tragedia.

El autor es profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de Panamá.