El terremoto del 9 de octubre nos dejó casas con las paredes abiertas, escuelas dañadas, iglesias en el suelo y familias enteras durmiendo en parques de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. El Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó recursos para responder. Es un paso necesario, pero una emergencia declarada solo tiene sentido si se usa para hacer lo que en tiempos normales no se puede. Si la usamos para tramitar como siempre, el decreto habrá sido un papel más.

Mi propuesta es sencilla y exige valentía política. Aunque el desempleo general bajó a 8.5 % en agosto, entre los jóvenes de 20 a 24 años ronda el 22.6 %, y la Contraloría ha advertido que muchos egresados universitarios no consiguen su primer empleo. Entre ellos hay ingenieros y arquitectos idóneos, formados en nuestras universidades y con ganas de trabajar.

¿Por qué así? Porque el mayor enemigo de un damnificado no es solo la réplica: es el trámite. Quien ha visto una licitación pública sabe lo que viene: pliegos, reclamos, impugnaciones, adjudicaciones que se caen y meses perdidos. Mientras tanto, la familia sigue bajo una carpa en plena temporada de lluvias. El camino tradicional sería agrupar cerca de 1,300 viviendas en dos o tres grandes contratos para dos o tres contratistas. Conocemos el final de esa película: concentración del trabajo, subcontratos en cascada, atrasos y un solo responsable al que nadie puede apurar.

Repartir el trabajo entre cientos de profesionales hace exactamente lo contrario. Cada uno responde por un número manejable de obras, en su propia región, con su nombre y su idoneidad en juego. Un paquete de cinco a diez viviendas se supervisa, se mide y se termina. Si alguien se atrasa, se le reasigna el paquete sin paralizar el resto. El riesgo se divide en lugar de acumularse, y la presión por cumplir recae sobre muchos hombros pequeños en vez de sobre uno solo, demasiado grande para dejarlo caer.

Hay, además, un efecto económico que no podemos ignorar. Ese dinero se queda en Azuero, en Coclé y en Veraguas: en las ferreterías, en las cuadrillas de albañiles, en el transporte, en la comida de cada obra. Reconstruimos casas y, de paso, reactivamos la economía local que el sismo también golpeó. Un profesional de Chitré que reconstruye en Macaracas gasta en Chitré. Un arquitecto desempleado que vuelve a trabajar deja de ser una estadística de desempleo y se convierte en empleador.

Para arrancar no hace falta inventar nada: basta un decreto que abra un registro nacional de profesionales idóneos, un plazo corto para inscribirse y un sorteo transparente de paquetes por región, de modo que cada ingeniero o arquitecto reconstruya cerca de donde vive.

Pero que nadie confunda rapidez con descontrol. Saltarse el proceso ordinario no es saltarse la rendición de cuentas. El Gobierno debe asumir medidas precautorias firmes: un registro público de cada profesional y de cada paquete asignado; garantías de cumplimiento proporcionales al valor de las obras; inspecciones técnicas por etapas, con verificación de normas sismorresistentes; pagos contra avance comprobado, y publicación abierta de cada obra y cada desembolso, con la Contraloría acompañando en tiempo real. Quien incumpla, que sea inhabilitado y responda ante la ley. La emergencia exige agilidad, y la agilidad convive con la transparencia cuando hay voluntad política.

Sé cuál será la objeción: que un profesional sin historial de grandes obras puede fallar. Es un riesgo real, y por eso los paquetes pequeños y la supervisión escalonada no son un detalle, sino el corazón del modelo. Una falla en cinco viviendas se corrige; una falla en un contrato gigante es una crisis nacional. Además, el sistema actual tampoco garantiza calidad: la garantiza el control, y el control se puede diseñar mejor cuando el trabajo está distribuido y a la vista de todos.

Panamá ya demostró otras veces que sabe movilizarse cuando la urgencia aprieta. Lo vimos en el centro de acopio que se llenó de ayuda en la capital. Tenemos el decreto firmado, el dinero habilitado y el talento disponible, sentado en casa con el título colgado en la pared. Lo que falta es atreverse a romper la rutina del trámite eterno y confiar, con vigilancia, en nuestra propia gente.

Los damnificados no pueden esperar al próximo trimestre ni a la próxima adjudicación. Cada semana de retraso es otra semana de familias en plazas y carpas, de niños sin aula, de ancianos con miedo a entrar a su propia casa. Si la emergencia sirve para algo, que sirva para esto: convocar, asignar, vigilar y construir. Que la reconstrucción de Azuero, Coclé y Veraguas empiece ya, y que la hagan manos panameñas.

El autor es escritor y consultor ambiental.