Panamá ya no puede seguir financiando una Asamblea Nacional sobredimensionada para la escala real del país. Con una población que ronda los cuatro millones y medio de habitantes, mantener setenta y un diputados se ha convertido en un lujo institucional que el Estado simplemente no puede seguir costeando sin sacrificar prioridades esenciales como educación, salud, seguridad y justicia. “El costo anual de mantener esta estructura legislativa supera los ciento veinte millones de balboas, considerando salarios, planillas permanentes y transitorias, asesores externos, vehículos oficiales, combustible, viáticos, gastos de representación y toda la maquinaria administrativa que se ha ido acumulando alrededor de una institución cuya función constitucional es, esencialmente, legislar, fiscalizar y representar”. Esa constatación, que ya hemos formulado, hoy se agrava con cifras oficiales más recientes.
De acuerdo con los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional cerró el año 2024 con un presupuesto modificado cercano a ciento ochenta y seis millones seiscientos veintiún mil balboas, de los cuales se ejecutaron alrededor de ciento ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil balboas, con una ejecución prácticamente total. El país destina esa suma para sostener un órgano legislativo de setenta y un diputados, con toda su estructura de servicios personales, servicios no personales, materiales, suministros, transferencias corrientes, construcción, remodelación, modernización y equipamiento institucional. Si se hace una división simple, cada curul representa en promedio más de dos millones seiscientos mil balboas al año. Eliminar veintiún curules implica un ahorro estructural que, de manera conservadora, puede rondar entre cincuenta y cinco y sesenta millones de balboas anuales solo en el componente directo de funcionamiento e inversión vinculados a la existencia de esos escaños.
La Asamblea Nacional se ha convertido en una institución desprestigiada, percibida por amplios sectores de la ciudadanía como un aparato burocrático enquistado, con prácticas clientelares y estructuras paralelas que reproducen gastos sin relación con la productividad legislativa. “La proliferación de planillas, asesores, oficinas, vehículos y beneficios ha creado un ecosistema que no responde a la eficiencia ni a la austeridad que exige el país”. Cada diputado arrastra una planilla de personal permanente y transitorio, asesores externos, choferes, asistentes, personal administrativo y operadores políticos financiados con recursos públicos. A ello se suman oficinas en la capital y en el circuito, alquileres, mantenimiento, servicios básicos, equipos, tecnología y todo el andamiaje que se construye alrededor de la figura del diputado. Reducir veintiún curules significa eliminar veintiún núcleos completos de gasto recurrente.
El impacto se extiende a los vehículos oficiales y al consumo de combustible. Cada diputado suele disponer de uno o varios vehículos asignados, con su respectivo mantenimiento, seguro, reparaciones y combustible cubierto por el Estado. Si se asume que cada curul implica al menos un vehículo oficial con un costo anual que supera los veinte mil balboas entre adquisición amortizada, mantenimiento y combustible, la eliminación de veintiún diputados conlleva un ahorro adicional que supera los cuatrocientos mil balboas al año solo en este rubro, sin contar vehículos asignados a oficinas, comisiones y estructuras paralelas que existen únicamente porque hay más escaños de los necesarios. A esto se suman los viáticos por viajes internos, giras de trabajo, reuniones y actividades políticas que se cargan al presupuesto legislativo, así como los pasajes aéreos y viáticos internacionales para misiones oficiales, participación en foros, parlamentos regionales y visitas de cortesía que muchas veces tienen un retorno marginal para el país.
El pasaporte diplomático y los privilegios asociados también generan costos, aunque no siempre visibles en una partida específica. La existencia de más diputados implica más personas con acceso a exoneraciones, facilidades tributarias, trato preferencial en aduanas y beneficios indirectos que se traducen en renuncias fiscales. Cada exoneración de impuestos a la importación de vehículos, equipos o bienes de consumo representa ingresos que el Estado deja de percibir. Reducir la Asamblea a cincuenta diputados disminuye automáticamente el universo de personas con acceso a este tipo de beneficios y reduce la presión sobre las exoneraciones y las renuncias fiscales que hoy erosionan la base tributaria. El ahorro no solo es presupuestario, también es fiscal, porque se recupera capacidad recaudatoria que hoy se diluye en privilegios.
Los viajes internacionales constituyen otro componente relevante. La participación de delegaciones legislativas en foros, cumbres, parlamentos regionales y misiones oficiales incluye boletos aéreos, hospedaje, alimentación, viáticos diarios y transporte local. Con setenta y un diputados, la tentación de inflar delegaciones es mayor; con cincuenta, la lógica de austeridad y selección estricta de representantes se vuelve más fácil de imponer. Reducir veintiún curules significa menos personas con derecho a ser consideradas para estas misiones, menos presión política para incluir a más diputados en cada viaje y, por tanto, menos gasto en viáticos y pasajes. Si se estima que cada año se realizan múltiples misiones con costos que superan los cincuenta mil balboas por delegación, la reducción de la Asamblea puede traducirse en varios cientos de miles de balboas adicionales de ahorro anual.
La cifra real del ahorro para el Estado al eliminar veintiún curules debe entenderse como una suma de capas. El componente directo del presupuesto de funcionamiento e inversión asociado a la existencia de esos escaños ronda entre cincuenta y cinco y sesenta millones de balboas al año. A ello se agregan los ahorros en planillas, asesores, oficinas, alquileres, servicios, vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos internos, que representan varios millones adicionales si se aplica una política de reducción proporcional de estructuras asociadas. También se reduce el gasto en viajes internacionales, delegaciones y misiones oficiales, que puede traducirse en cientos de miles de balboas al año. Finalmente, la disminución del universo de exoneraciones y privilegios tributarios vinculados al cargo permite recuperar ingresos fiscales y fortalecer la sostenibilidad del sistema tributario.
La vía constituyente se presenta como el mecanismo idóneo para ordenar esta reforma. Una Asamblea Constituyente permitiría reducir el número de diputados a cincuenta, rediseñar el régimen de privilegios, limitar estrictamente las planillas y asesores, prohibir estructuras paralelas de gasto, racionalizar el uso de vehículos oficiales, restringir los viáticos y viajes internacionales a misiones de alto impacto y revisar el sistema de exoneraciones y pasaportes diplomáticos. “La reducción del número de diputados no es un capricho político, sino una necesidad estructural para garantizar sostenibilidad fiscal, eficiencia institucional y legitimidad democrática”. La reforma, bien diseñada, puede convertir a la Asamblea en un órgano moderno, austero y funcional, alineado con la escala real del país y con la capacidad fiscal del Estado.
Panamá necesita una Asamblea más pequeña, más eficiente y más responsable. Con una población de apenas cuatro millones y medio, mantener setenta y un diputados es un exceso que el país ya no puede justificar. Reducir la Asamblea a cincuenta diputados, eliminar veintiún curules y desmontar los privilegios asociados, carros, gasolina, viáticos, exoneraciones, pasaportes diplomáticos y estructuras paralelas, no es solo una cuestión de imagen, es una decisión de política pública que puede liberar decenas de millones de balboas al año para destinarlos a prioridades nacionales. Es el primer paso para reconstruir la confianza en las instituciones, para demostrar que la austeridad empieza por la clase política y para garantizar que el Estado panameño funcione con la eficiencia que la ciudadanía merece.
El autor es abogado.
