El viernes 9 de octubre ocurrió lo impensable. A las 12:56, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá con epicentro cerca de La Pitaloza, en la península de Azuero. La capital siguió funcionando. El Canal mantuvo el tránsito de buques. El informe de Protección Civil del 12 de octubre ni siquiera dedica un apartado a la provincia de Panamá. En el interior del país, en Penonomé, la catedral y la Gobernación se desplomaron. Las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos concentraron lo peor. Se han reportado tres víctimas fatales y más de mil viviendas dañadas, más de 600 centros educativos y decenas de centros de salud afectados, 38 mil damnificados y diez comunidades incomunicadas.
Detrás de las cifras hay una pregunta que Panamá debe hacerse. En tres décadas, la proporción de personas que viven con menos de 6,85 dólares diarios cayó del 50,2% en 1989 al 12,9% en 2021. Hoy, Panamá es un país más próspero. La pregunta es si esa prosperidad resiste un terremoto.
Lo más delicado de cualquier estrategia contra la pobreza no es salir de ella. Es conservar el terreno ganado. Una familia que cruzó la línea hace pocos años suele tener casi todo su patrimonio en una casa, un pequeño negocio, una cosecha o un oficio que depende de la carretera. Una pared caída, un taller inutilizado o una escuela cerrada durante meses bastan para devolverla al punto de partida. Para hogares en estas condiciones, un sismo, una inundación o una pandemia pueden decidir su futuro más que diez años de crecimiento. La resiliencia es la condición para que la movilidad social sea permanente.
He ahí la oportunidad. Panamá ha demostrado que puede crecer y reducir la pobreza. El terremoto encamina al país hacia el siguiente paso: una prosperidad capaz de absorber lo inesperado. La reconstrucción debe movilizar recursos, voluntad política y atención pública hacia regiones que llevan décadas olvidadas.
La geografía explica parte del desafío. En Prisioneros de la geografía, Tim Marshall subraya que América Latina se distingue por grandes diferencias socioeconómicas y culturales entre costas y montañas —Guayaquil frente a Quito, La Paz frente a Santa Cruz de la Sierra— y que los países centroamericanos no aprovechan su posición geográfica, salvo Panamá, con su corredor Atlántico-Pacífico. El corredor nos hizo prósperos. También, desiguales. La economía de enclave y el corredor logístico han condicionado el desarrollo del país desde su nacimiento como Estado soberano. No es casual que los más vulnerables vivan lejos de la metrópoli, ni que el sismo golpeara con más fuerza donde los servicios públicos son menos numerosos y de menor calidad.
En 2003, un estudio auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La igualdad como estrategia de combate a la pobreza en Panamá, de Ricardo Paes de Barros, Mirela de Carvalho y Samuel Franco, concluyó que la pobreza panameña nace «de la muy mala distribución de los recursos existentes», más que de su escasez, y que el crecimiento serviría de poco sin reducir la desigualdad. El terremoto añade un corolario: lo que se distribuye debe estar protegido. Un avance frágil puede desaparecer en una tarde.
Aprovechar la oportunidad exige actuar en tres planos. El primero es físico. Las normas de construcción deben robustecerse y aplicarse con el mismo rigor en el interior que en las ciudades principales, donde abundan la vivienda autoconstruida y los municipios sin ingenieros que revisen planos o inspeccionen obras. Escuelas y centros de salud deben reconstruirse con criterios sismorresistentes. Con rutas alternas, plantas de agua con respaldo y comunicaciones de emergencia independientes, un puente caído no aislará a una comunidad.
El segundo plano es el de los hogares. La resiliencia de una familia depende de lo que puede perder y de lo que puede recuperar. Un título de propiedad convierte la casa reconstruida en garantía de crédito. Un seguro asequible para la vivienda y la cosecha evita que una catástrofe sea el prefacio de la ruina. Contratar empresas y mano de obra locales, y formar albañiles en construcción sismorresistente, deja en la región ingresos y un oficio mejor pagado. Cada dólar de la reconstrucción puede, además de edificar, afianzar a quienes salieron de la pobreza.
El tercer plano es el territorial. El estudio de Harvard Cambiando esclusas (2017) advertía que promover actividades más complejas en las provincias desconcentraría el crecimiento y lo haría más inclusivo. Una economía regional diversificada resiste mejor los golpes que una que depende de una sola carretera o de un solo cultivo. Los centros regionales de competitividad y sostenibilidad, apoyados en una logística interna de mejor calidad y menor costo, pueden convertir la reconstrucción en desarrollo productivo.
Resulta indispensable redistribuir el ingreso en el territorio. El Gobierno declaró el estado de emergencia y dispuso 100 millones de dólares para las familias desplazadas y la reparación de infraestructura. Es un primer paso. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó una dispensa fiscal, mantuvo la meta de déficit del 3,5% del PIB y apostó por seguros, donaciones y recursos no reembolsables. La prudencia fiscal es defendible, pero una reconstrucción financiada así favorece a los menos vulnerables. Panamá dispone de otra fuente: los réditos del Canal. Su inversión eficaz, sumada al efecto redistributivo de tasas e impuestos, puede multiplicar las oportunidades en todo el país. Un fondo territorial de resiliencia podría alimentarse de forma estable con parte de esos ingresos. Gobernado como el propio Canal —con enfoque técnico, meritocracia, rendición de cuentas y transparencia—, sería un factor clave para construir una resiliencia nacional desde las políticas públicas.
Panamá ha sabido convertir su geografía en riqueza. Ahora puede convertir un terremoto en el punto de partida de una prosperidad sostenible. El lugar donde se nace no debe decidir el destino de cientos de miles de panameños. Tampoco debería decidirlo un temblor. Reinventar Panamá puede ser la próxima gran tarea nacional. Hacerlo con responsabilidad es trascender la emergencia y construir el Panamá resiliente que no deja atrás a nadie. Aunque tiemble.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá.


