El polémico proyecto de reformas electorales llegó al pleno de la Asamblea sin las firmas de tres diputadas. La patética excusa de que “no las encontraron” retrata bastante bien el descaro con el que la partidocracia está manejando el poder para intentar quedarse en él. Es paradójico, por decir lo menos, que para modificar las reglas del juego electoral ignoren las voces disidentes, parte fundamental de toda democracia.

Pero así avanza la discusión de las reformas: a la carrera, de espaldas al país y gracias a la aplanadora legislativa de los que “sí son parte”. Los mismos que se sentaron en la comilona del Palacio de las Garzas, con el ofrecimiento presidencial de que “no se van a arrepentir” como sobremesa. En efecto, los caciques políticos, con Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho a la cabeza, parecen decididos a sacarle todo el provecho posible a esa promesa, utilizando la mayoría que hoy tienen para inclinar la cancha a su favor en 2029.

El clientelismo busca enquistarse todavía más con topes más altos para el financiamiento privado, sin cerrar del todo las puertas al dinero ilícito ni al de donantes que pasarán factura con contratos estatales. Además, se crean más obstáculos a la libre postulación y hasta se pretende que un político pueda correr y conservar la titularidad de dos cargos al mismo tiempo, ignorando lo que ya ha dicho la Corte.

Las reglas electorales deberían ampliar nuestras posibilidades de elegir mejores representantes, en lugar de incrementar las ventajas de quienes ya están dentro del sistema. No están perfeccionando la democracia: están asegurando sus privilegios.

Y mientras acomodan las normas a su conveniencia, se reparten el botín. Con el mismo método: a escondidas y sin darle la cara a la ciudadanía. Así se aprobaron otros $32.1 millones para una Asamblea cuyo presupuesto ya había engordado hasta $146.4 millones. Y la sinvergüenzura no es exclusiva del Legislativo: todos los aumentos y traslados de partidas son analizados y viabilizados por el MEF de Felipe Chapman. La complicidad del Ejecutivo es parte fundamental de este esquema.

Cambiar las reglas pensando en el beneficio propio y repartirse los recursos públicos como si fueran suyos son, además de excesos inadmisibles, dos formas de burlarse del país. Las normas electorales deberían servir para que la sociedad elija de manera más libre y equitativa a sus representantes, no para que los gamonales inventen formas de reelección perpetua y hasta heredables. El presupuesto es para atender las necesidades de la gente, no para seguir alimentando una maquinaria clientelista en la que el Legislativo y el Ejecutivo actúan en perfecto contubernio.

El gran error es confundir la mayoría con la que hoy controlan la Asamblea con tener al país de su lado. Mientras amplían sus prebendas y se reparten los fondos públicos, dejan por fuera a los ciudadanos hartos de la politiquería y de que unos cuantos manejen el Estado como un botín.

Las 70 mil firmas que Vamos entregó al Tribunal Electoral fueron una primera forma de devolver el golpe a quienes quieren obstaculizar el surgimiento de nuevas fuerzas. Una jugada de “judo político” que utilizó la fuerza del adversario en su contra. Los caciques deberían entender la advertencia: cada privilegio que intenten conservar, cada regla que diseñen a su medida y cada dólar público que se repartan puede hacer que el hartazgo termine rebotando contra ellos.

Pueden seguir burlándose del país y creer que una mayoría legislativa los blinda de sus excesos. Pero en 2029 la mayoría que importa no estará sentada en la Asamblea. Estará frente a las urnas, dispuesta a devolverles el golpe.