Panamá necesita discutir su crecimiento con evidencia. Cuando una política pública genera empleo, conecta empresas locales con mercados internacionales y desarrolla capacidades, merece una evaluación que trascienda la discusión sobre incentivos fiscales. El régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) ofrece precisamente esa oportunidad: examinar cómo la presencia de operaciones regionales puede traducirse en valor para el país.

Las cifras recogidas por CASEM, con fuente en los Informes de Sustancia Económica del Ministerio de Comercio e Industrias correspondientes a 2025, permiten dimensionar su alcance. Más de 200 empresas, provenientes de 48 países y vinculadas a 16 sectores económicos, han elegido Panamá para establecer operaciones regionales. Desde aquí gestionan funciones de dirección, administración, finanzas, asistencia técnica y logística.

Esto tiene una implicación estratégica: Panamá puede participar en la economía internacional mediante el conocimiento, la coordinación y la toma de decisiones. Cada función regional instalada aquí abre posibilidades para profesionales, proveedores y empresas que desean integrarse a cadenas de valor más amplias. Nuestra posición geográfica gana profundidad cuando la acompañamos de capacidad empresarial y talento.

El empleo muestra una primera dimensión de ese aporte. El régimen reporta 11,500 puestos directos, aproximadamente la mitad ocupados por panameños, y una planilla salarial de US$893 millones. Detrás de esas cifras hay familias, consumo y oportunidades profesionales. También hay un desafío que considero fundamental: ampliar la participación del talento nacional, especialmente en posiciones técnicas, gerenciales y de liderazgo regional.

La respuesta exige una alianza más estrecha entre empresas, universidades y centros de formación. Debemos preparar personas con dominio de idiomas, competencias digitales, capacidad analítica y habilidades para trabajar en entornos internacionales. La presentación de CASEM reporta 97 empresas con iniciativas de intercambio de conocimiento y más de 85 jóvenes en formación mediante la Academia SEM. Son esfuerzos que conviene ampliar y conectar con necesidades concretas de contratación.

El aporte económico también se refleja en US$2,300 millones en exportaciones de servicios, un crecimiento de 14.3% frente a 2024. Este indicador revela la capacidad de generar actividad desde Panamá para atender mercados externos. En una economía que necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, fortalecer esa plataforma debe ser una prioridad sostenida, respaldada por productividad y calidad de servicio.

Las operaciones reportan, además, US$1,600 millones en gastos operativos. Su relación con la economía local se aprecia en US$37 millones anuales en alquileres, por más de 130,000 metros cuadrados de oficinas; US$13.2 millones en seguros corporativos y beneficios para trabajadores; y más de 350 firmas consultoras que les prestan servicios. Estas partidas describen distintos vínculos económicos y deben analizarse evitando sumarlas como si fueran aportes independientes.

La inversión reportada en 2025 alcanza US$20.7 millones, 27% más que en 2024. A ello se agregan 127 empresas con programas de responsabilidad social. Aunque estos indicadores no sustituyen una evaluación integral del régimen, sí muestran una presencia empresarial con efectos que alcanzan el empleo, los servicios profesionales, el mercado inmobiliario y la comunidad.

A mi juicio, defender el SEM implica asumir una agenda exigente. Necesitamos seguridad jurídica, trámites previsibles, instituciones coordinadas y servicios públicos que acompañen las decisiones de inversión. También debemos medir mejor los resultados: cuánto talento desarrollamos, cuántos proveedores nacionales se incorporan y qué funciones de mayor valor logramos atraer. La continuidad debe ir acompañada de transparencia y evaluación.

El siguiente paso es profundizar la conexión entre estas multinacionales y el resto del tejido productivo. Una pequeña empresa que mejora sus procesos para convertirse en proveedora, o un profesional que adquiere experiencia regional, representa una vía concreta de expansión de los beneficios. Allí se juega una parte importante del éxito futuro del régimen.

También importa entender que la competencia por estas operaciones es permanente. La confianza se construye con decisiones consistentes y una experiencia de negocios que funcione todos los días. Mantener ese compromiso permite aspirar a más inversiones y mayores responsabilidades regionales.

Las cifras ofrecen razones para reconocer lo construido y para elevar nuestras aspiraciones. Panamá necesita convertir su atractivo como sede regional en oportunidades cada vez más amplias para su gente. El valor del SEM debe medirse por su capacidad de dejar conocimiento, fortalecer empresas y abrir trayectorias de progreso. Esa es la tarea que debemos impulsar como país.

El autor es socio director y líder de Impuestos y Legal de Deloitte Panamá.