Las democracias contemporáneas enfrentan una paradoja que las ciencias sociales aún intentan explicar. La soberanía popular puede debilitarse sin golpes de Estado ni rupturas institucionales abruptas. Gobiernos elegidos por voto popular pueden valerse de las propias instituciones para reducir los espacios en los que la ciudadanía discute los asuntos públicos e incide en las decisiones colectivas. Este fenómeno se ha presentado con distinta intensidad en la región.

Una mirada retrospectiva permite precisar el argumento. Cuando Margaret Thatcher afirmó en 1987 que la sociedad no existía y puso el énfasis en los individuos y sus familias, formuló una idea que, a mi juicio, ayuda a entender su programa político. En él, los recortes del gasto público y la desregulación económica redujeron el espacio de la acción colectiva.

Según Wendy Brown, en Undoing the Demos (2015), el neoliberalismo vacía de contenido la democracia al extender la lógica de la competencia a la vida pública. Por su parte, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han examina en Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia (2022) cómo la circulación acelerada de información en las plataformas digitales dificulta la deliberación.

La consecuencia política de ese aislamiento es el debilitamiento de la capacidad de actuar en común. La democracia conserva sus procedimientos electorales, pero pierde parte de la participación que debería sostenerlos entre una elección y otra.

Las redes sociales también organizan la experiencia política. El diseño de las plataformas puede favorecer el enfrentamiento y el contacto entre personas con opiniones afines. Eso dificulta el diálogo entre quienes discrepan. La esfera pública que Jürgen Habermas describió como el ámbito de la deliberación racional entre ciudadanos iguales se transforma cuando buena parte de esa conversación pasa por plataformas que seleccionan qué mensajes ve cada usuario.

Deliberar exige escuchar razones distintas de las propias y considerar si ameritan cambiar de posición. Cuando el intercambio se limita a confirmar lo que cada grupo ya cree, se hace más difícil construir acuerdos y tomar decisiones que representen a una sociedad diversa.

Desde esa perspectiva, las grandes movilizaciones de los últimos años pueden leerse como algo más que la expresión de demandas sectoriales. En la calle, personas con intereses distintos pueden encontrarse, organizarse y descubrir qué tienen en común. Esa experiencia puede recomponer vínculos que la conversación fragmentada en redes dificulta.

La recuperación democrática argentina, la transición chilena tras la dictadura y la resistencia civil en Bielorrusia ilustran, en contextos distintos, el papel de la memoria y la organización colectiva. Cuando las sociedades enfrentan la represión o intentan reconstruir sus instituciones, pueden apoyarse en formas de organización y lazos de solidaridad que han sobrevivido a esos períodos.

Junto a la memoria, el lenguaje ocupa un lugar central en cualquier proceso de reconstrucción democrática. Las prácticas autoritarias también cambian la manera en que hablamos de los adversarios y de los asuntos públicos. Recuperar la deliberación exige un lenguaje que permita nombrar lo que compartimos, reconocer las diferencias y sostener la conversación cuando hay desacuerdo. La soberanía popular se ejerce también entre elecciones, cada vez que la ciudadanía puede discutir en público e influir en las decisiones que afectan su futuro.

El autor es experto en políticas públicas.