Tiempo atrás, se decía que Paraguay era un país centroamericano incrustado en el corazón de América del Sur. La expresión evocaba las semejanzas entre la dictadura de Alfredo Stroessner y los regímenes autoritarios de algunas naciones centroamericanas del siglo pasado.
Sin embargo, Paraguay había experimentado una transformación institucional y económica. Bajo el liderazgo del tecnócrata Santiago Peña, consolidaba su estabilidad macroeconómica, alcanzando un hito histórico en 2024, cuando Moody’s le otorgó por primera vez el grado de inversión.
La insolvencia de Ueno Bank sacudió esos avances, provocando una crisis que culminó con la destitución de Santiago Peña mediante juicio político y posterior prisión preventiva. Las investigaciones judiciales también alcanzan a ejecutivos bancarios y exautoridades regulatorias.
Lo inquietante es que existían advertencias de la Superintendencia de Bancos y de la Asociación de Bancos del Paraguay. Fernando Rivarola, gerente de Supervisión que investigaba Ueno Bank, fue apartado de su cargo. Según versiones, las advertencias técnicas sobre anomalías fueron desestimadas como si sus autores vieran fantasmas.
Entre las anomalías destacan:
Préstamos a empresas vinculadas: $146 millones canalizados hacia tres sociedades relacionadas, superando los límites regulatorios.
Créditos sin garantías suficientes: financiamientos desproporcionados respecto de la capacidad de pago de los deudores.
Transferencias hacia empresas del Grupo Vázquez: desembolsos que financiaban pagos de facturas sobre contratos de consultoría realizados por las empresas del grupo, cancelaciones de sobregiros y otras obligaciones de sociedades vinculadas.
Cuando el crédito circula entre empresas relacionadas, el riesgo puede permanecer oculto detrás de operaciones aparentemente independientes, mediante triangulaciones. La supervisión debe identificar al beneficiario económico real, no limitarse al deudor formal.
La puerta giratoria añade interrogantes: Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), responsable de la supervisión bancaria, había presidido Financiera Ueno, posteriormente transformada en Ueno Bank.
Surge una pregunta: ¿cómo pudo un banco aparentemente solvente registrar súbitamente un índice inferior a la mitad del mínimo regulatorio?
El BCP atribuyó el resultado a ajustes financieros. ¿Desapareció repentinamente el patrimonio o se reconocieron tardíamente pérdidas acumuladas, provisiones insuficientes y activos sobrevalorados?
La interrogante adquiere otra dimensión: meses antes, Ueno Bank había colocado $350 millones en bonos internacionales y contaba con una calificación crediticia de Fitch. Si el deterioro venía acumulándose, ¿qué tan confiables eran los estados financieros utilizados por auditores, calificadoras e inversionistas para evaluar la solvencia del banco?
Las dudas no se limitan a los balances: también alcanzan al destino de los recursos. Las investigaciones incluyeron la incautación de nueve automóviles de lujo valorados en $1.4 millones, un yate, dos aeronaves y numerosos activos investigados. Corresponderá a la justicia establecer su procedencia y eventual relación con las operaciones investigadas.
Además, el Instituto de Previsión Social mantenía depósitos en Ueno Bank por $517 millones, entre reservas previsionales y fondos operativos, exponiendo recursos de los asegurados.
Las advertencias estaban ahí, pero fueron ignoradas. Los fantasmas existen; el peligro está en quienes prefieren no verlos.
Cabe preguntarse: ¿habrá dejado Paraguay de ser aquel país centroamericano incrustado en América del Sur, o aquellas semejanzas nunca desaparecieron?
El autor es financista.



