Los gobiernos locales arrastran una creciente morosidad con la Caja de Seguro Social (CSS). Entre municipios y juntas comunales, la deuda acumulada con la entidad asciende a $23 millones, una cifra que evidencia la magnitud de los compromisos pendientes y las dificultades de estas administraciones para cumplir con sus obligaciones patronales.
Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Según el listado de empleadores morosos de la CSS, correspondiente a junio de 2026, unas 170 juntas comunales, de un universo aproximado de 700, figuran con obligaciones pendientes ante la institución.
La morosidad también alcanza a cerca de 30 de los 82 municipios del país.
Caso representativo
Uno de los casos más significativos corresponde al Municipio de Colón. La comuna, cuya representación legal está a cargo de Lorenzo Diógenes Galván, registra un saldo principal pendiente de $8.1 millones. Se trata de un monto que se viene acumulando desde administraciones anteriores, entre ellas la de Alex Lee (2019-2024), quien actualmente se encuentra detenido en medio de una investigación por presunto mal manejo de fondos durante su gestión al frente del gobierno local.
La deuda del municipio colonense representa la mayor parte de la morosidad identificada entre los gobiernos locales incluidos en los registros y evidencia la dimensión del problema que enfrentan las administraciones municipales para mantener al día sus obligaciones con la seguridad social.
Otros municipios
La morosidad también aparece en otros municipios del país. El Municipio de Santa Isabel, en Colón, registra una deuda de $463,822, mientras que el Municipio de David, en Chiriquí, acumula $397,782 y el Municipio de Almirante, en Bocas del Toro, $358,037.
En Portobelo, también en Colón, la deuda asciende a $289,159.99. Los montos muestran que el problema no está concentrado exclusivamente en una provincia y que las dificultades para cumplir con las obligaciones patronales se extienden a distintas regiones del país.
Las juntas comunales
Las juntas comunales tampoco escapan de esta situación. Entre los casos registrados aparece Burunga, en Arraiján, con una deuda de $120,168, mientras que Pedregal, en el distrito de Panamá, acumula $112,109. San Francisco, uno de los corregimientos con mayor actividad económica de la capital, también figura entre los morosos, con $42,070. La presencia de juntas comunales de distintos tamaños en el listado refleja que las dificultades administrativas y financieras alcanzan al nivel más cercano de la estructura del Estado.
Según el listado de la CSS, la dimensión nacional del problema se observa en los registros de juntas comunales y municipios de provincias como Darién, Coclé y Chiriquí. Localidades pequeñas aparecen junto a distritos con mayor capacidad administrativa y de recaudación.
Uno de los principales problemas derivados de esta situación es que los funcionarios no pueden acceder al servicio de atención médica de la CSS, pese a que se les estaría descontando la cuota correspondiente.
César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la CSS, informó que la institución mantiene varios procesos de cobro coactivo contra gobiernos locales morosos, con el objetivo de que municipios y juntas comunales cumplan con sus obligaciones y se pongan al día con los pagos pendientes.
Otras entidades
A la morosidad de los gobiernos locales se suma la de otras entidades públicas que también mantienen millonarias obligaciones pendientes con la CSS. Uno de los casos más significativos es el de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
Pedro González, rector encargado de la Unachi, señaló en abril pasado, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, que la institución enfrenta un “déficit” presupuestario que ha contribuido a generar una deuda de $12 millones en concepto de cuotas obrero-patronales con la CSS.
En esa ocasión, González agregó que la institución también mantiene un compromiso de $265 mil con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). Según explicó, estos recursos no fueron transferidos oportunamente.
Cartera morosa
Al cierre de diciembre de 2025, la cartera morosa general de la CSS ascendía a $279.4 millones. Para junio de 2026, la cifra había aumentado a $301.9 millones.
El director ejecutivo de Finanzas explicó que “aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día, y eso se reflejará en el informe de cierre de año”.
Los casos que todavía mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva para continuar con las acciones de cobro establecidas por la ley, agregó el funcionario. La CSS publica dos veces al año el listado de empleadores que mantienen tres meses o más de morosidad, conforme al artículo 17 de la Ley 462.
Representantes de corregimiento y alcaldes han planteado que la morosidad responde a varios factores, entre ellos la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, que redujo las recaudaciones en algunos distritos, y los retrasos del Gobierno Central en las transferencias destinadas a los municipios subsidiados.
