Los multifamiliares Los Libertadores, construidos en la década de 1970; los edificios Tuira y Chucunaque, de la misma época, y el Hospital Santo Tomás, inaugurado en 1924, tienen algo en común: fueron levantados antes de que Panamá adoptara su primera normativa sismorresistente en 1984. Esa condición hace necesario evaluar su capacidad para resistir un terremoto, aunque la antigüedad, por sí sola, no determina que una edificación sea insegura.
Precisamente este tema fue abordado ayer por especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) durante una rueda de prensa.
Ramiro Vargas, especialista en ingeniería estructural y sísmica, destacó que la normativa sismorresistente adoptada en 1984 y sus actualizaciones de 1994, 2004, 2014 y 2021 se aplican a los nuevos proyectos inmobiliarios. Según explicó, no existe una obligación general de adecuar las edificaciones anteriores, por lo que estas pueden presentar una mayor vulnerabilidad ante un sismo.
Óscar Ramírez, también especialista en ingeniería estructural y sísmica, recalcó que es incorrecto decir que en la ciudad no hay temblores. La microplaca de Panamá está rodeada de varias placas más grandes, lo que hace que el país sea altamente sísmico, con alrededor de 800 sismos al año.
También resaltó que el área metropolitana ha registrado terremotos fuertes a lo largo de la historia debido a las fallas de Pedro Miguel y de Limón, ambas activas y capaces de provocar sismos de magnitud 7. Estas fallas están muy cerca de la ciudad de Panamá, de ahí la importancia de la normativa sismorresistente y su aplicación.
Una construcción sismorresistente se caracteriza por su ductilidad, que le permite deformarse sin sufrir una rotura súbita. También requiere una cimentación adecuada a las condiciones del terreno y materiales y refuerzos que cumplan con las exigencias del diseño estructural.
Este diario elaboró una lista de edificaciones y sectores desarrollados antes de 1984. Su inclusión no constituye un diagnóstico de vulnerabilidad estructural. Entre ellos figuran:
Edificaciones históricas e institucionales: Catedral Metropolitana (1796), Palacio de las Garzas (inicio de su construcción en 1673 y remodelación en 1922, durante la presidencia de Belisario Porras), iglesia de Santa Ana (1764) y edificio de la Lotería (1977).
Barrios: Locería (1962), Torrijos Carter (década de 1970), Don Bosco (década de 1970) y Cerro Batea (década de 1970).
Multifamiliares: Curundú (décadas de 1960 y 1970), El Chorrillo (década de 1970; muchos edificios se construyeron o remodelaron después de la invasión), Los Libertadores (1970 y 1976), El Marañón (década de 1960), edificios residenciales de la avenida B (década de 1960), Barraza (1975) y Tuira y Chucunaque, en el corregimiento de Betania (década de 1970).
Centros educativos: Instituto Nacional (1907), Instituto José Dolores Moscote (1956), Colegio Fermín Naudeau (1958) y campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá (década de 1950).
Instalaciones de salud: Hospital Santo Tomás (1924), Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (1962; se incorporaron instalaciones de hospitalización en 1976), Hospital José Domingo de Obaldía, en Chiriquí (1934), y Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí (1974).
¿Qué hacer con estas edificaciones?
Ramírez señaló que el país no tiene la capacidad financiera para demoler o adecuar automáticamente todas las estructuras antiguas. Sin embargo, los expertos recomendaron que el Estado se enfoque en realizar un censo y una inspección técnica inmediata de las edificaciones públicas e infraestructuras críticas construidas antes de 1984 que deben mantenerse operativas tras un desastre: hospitales, escuelas públicas, estaciones de policía, cuarteles de bomberos, sedes del Sinaproc y puentes.
Vargas señaló que la información sobre las estructuras esenciales construidas antes de 1984 debería formar parte del Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), y que es necesario investigar al respecto.
Los especialistas también plantearon la necesidad de diseñar y financiar proyectos de reforzamiento y rehabilitación estructural para aumentar la resistencia y la ductilidad de los edificios antiguos sin tener que demolerlos, con plazos razonables de adecuación.
¿Cómo hacer que las estructuras esenciales sean sismorresistentes?
Un proyecto de reforzamiento y rehabilitación estructural requiere varias fases técnicas. Primero, un profesional competente debe evaluar el estado real de la edificación. Esto incluye una evaluación preliminar, un estudio de patología estructural y una simulación computacional que contemple los requerimientos de la normativa sismorresistente vigente.
Con estos estudios, se determina la capacidad resistente de la estructura y se define el desempeño que debe alcanzar según su uso. En las instalaciones esenciales, el objetivo es preservar su funcionamiento después de un sismo, además de evitar el colapso.
Los ingenieros pueden combinar diferentes técnicas, según las necesidades de cada edificio: aumentar la sección de columnas o vigas mediante concreto o acero; incorporar muros de corte y disipadores de energía, como amortiguadores —implementados, según lo expuesto, en el Instituto Oncológico Nacional—, y reforzar las cimentaciones y las conexiones de los elementos estructurales.
