El nuevo régimen de evaluación de impacto ambiental en Panamá impide fraccionar un proyecto para presentar estudios de impacto ambiental (EIA) por separado y evitar una evaluación integral de sus efectos.
La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 4 del 28 de mayo de 2026, que actualiza las reglas para la evaluación ambiental y deroga los decretos 1 de 2023 y 2 de 2024.
La disposición busca evitar que un mismo proyecto sea presentado por fases o componentes separados, de manera que cada uno sea evaluado de forma individual y no se consideren en conjunto los efectos que puede generar el proyecto. Esto también puede ser relevante para determinar el nivel de evaluación y participación pública que corresponde.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó el alcance de la norma durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Como ejemplo, mencionó una carretera que atravesaba Sierra Llorona y fue dividida en dos tramos para presentar estudios separados. Con las nuevas reglas, una obra de estas características deberá analizarse como un solo proyecto, considerando el impacto de todas sus partes.
La normativa establece, además, que deberán considerarse los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, incluidos aquellos que puedan sumarse a los provocados por otras actividades dentro del área de influencia.
Proyectos de mayor impacto
Los proyectos que puedan generar impactos negativos altos o severos, incluidos efectos acumulativos o sinérgicos significativos, pueden quedar en categoría III, que requiere un análisis más exhaustivo y consulta pública obligatoria.
El decreto también incorpora herramientas digitales para la gestión de expedientes mediante e-SEVIA. Las notificaciones y subsanaciones podrán realizarse en línea, mientras que los estudios aprobados serán publicados para consulta.
La norma refuerza, además, la participación ciudadana. Las comunidades y organizaciones podrán acceder a la información, presentar observaciones sustentadas y advertir sobre posibles afectaciones socioambientales.
Los datos divulgados sobre cada proyecto deberán incluir sus principales impactos y las medidas de prevención, mitigación y compensación en un lenguaje comprensible para el público.
¿Qué ocurre con los estudios en trámite?
Los EIA que ya se encontraban en evaluación cuando fue promulgado el decreto continuarán bajo las reglas anteriores hasta que sean resueltos, de acuerdo con el artículo 153.
El Decreto Ejecutivo No. 4 fue publicado en la Gaceta Oficial 30534-B del 28 de mayo de 2026. Su artículo 162 establece que rige desde su promulgación.
Durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto, Navarro informó que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) resolvió 943 estudios de impacto ambiental en 2025, incluidos expedientes pendientes desde 2018 y años anteriores.
De ese total, 717 fueron aprobados. Los proyectos asociados representan una inversión estimada de $5,422 millones y una proyección de 32,248 empleos una vez construidos.
En lo que va de 2026, la entidad ha resuelto 377 estudios, de los cuales 304 fueron aprobados. Estos proyectos representan inversiones estimadas en $1,418 millones y podrían generar 13,103 empleos.
Miambiente también prevé digitalizar unos 11,000 estudios anteriores a 2018, con la meta de incorporarlos a la consulta en línea durante el tercer trimestre de 2027.
Navarro agregó que el reglamento de los planes de manejo ambiental, que establecerá las reglas para el seguimiento de los proyectos una vez aprobados, ha sido sometido tres veces a consulta pública y podría estar listo en unos 60 días.
