El mercado de venta de viviendas nuevas está prácticamente paralizado en todo el país, con más de 75 proyectos cerrados y más de 5 mil 400 empleos perdidos entre junio del año pasado y la fecha.
Así lo advirtió la directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), Elisa Suárez, al señalar que, debido al vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda en junio de 2024 y a la falta de definición en la aplicación de la Ley de Intereses Preferenciales, no se ha podido colocar la cantidad de viviendas proyectadas para 2024, que supera las 10 mil unidades habitacionales.
Además, indicó que esta situación está afectando a las familias que no han podido acceder a créditos hipotecarios con tasas subsidiadas y que tampoco cuentan con el bono de 10 mil dólares que les otorgaba el Estado como parte del Fondo Solidario para dar la inicial en la compra de viviendas de entre 40 mil y 70 mil dólares.
“Existe una gran inseguridad en cuanto a las reglas del juego para temas como el interés preferencial. Ante la situación que se está presentando, los bancos no quieren prestarle a nuestros clientes en esos segmentos del interés preferencial (viviendas con precios de entre 40 mil y 120 mil dólares). Si no tenemos a los bancos interesados en aprobar hipotecas para las familias en esos segmentos, poco podemos hacer hasta que no estabilicemos el tema de la seguridad jurídica”, dijo Suárez.
Los promotores y desarrolladores, al igual que el sector de la construcción, están a la expectativa de que el Gobierno pueda acelerar la aprobación de una ley que reactive los préstamos y, a su vez, dinamice todo el sector.
A juicio de Suárez, la reforma debe incorporar beneficios para cubrir la ausencia del Fondo Solidario de Vivienda, pero también atender la demanda de la clase media, que con un ingreso familiar de hasta 2 mil dólares podía optar por viviendas de hasta 120 mil dólares con tasas preferenciales.
“Si se reduce este subsidio para limitar el interés preferencial a viviendas de hasta 100 mil dólares y no hasta 120 mil dólares, la clase media se quedará sin opciones para comprar sus casas”, advirtió Suárez.
En los últimos meses, los bancos estatales están cobrando un 3% a los promotores para poder desembolsar los préstamos hipotecarios a las personas que optan por viviendas nuevas, un cobro que antes no se hacía y que encarece los trámites.
“Para desembolsar la carta de promesa de pago que los bancos estatales han hecho, se exige a los promotores un pago del 3%. Nos llama poderosamente la atención esto porque no fue lo que se contrató con los bancos y, si se va a hacer, pues tendremos que tomar las previsiones de aquí en adelante con ese tipo de reglas nuevas del juego”, indicó Suárez.
Indicó que, ante este panorama de incertidumbre, los promotores y desarrolladores de todo el país, junto con representantes de la Cámara Panameña de la Construcción, se reunirán hoy martes en horas de la tarde para plantear alternativas y posibles soluciones a la paralización del sector, que serán posteriormente presentadas al Gobierno.
Paralelamente, se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas presente en Consejo de Gabinete la propuesta de reforma de la Ley de Intereses Preferenciales, que contemplaría una reducción del subsidio y una redistribución del porcentaje de la tasa de interés que cubrirá el Estado, dependiendo del precio de la vivienda.
