El préstamo que autorizó el Consejo de Gabinete el 28 de octubre de 2025 por $350 millones, entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el presupuesto del Estado de la vigencia 2025 y “otras vigencias”, fue condicionado a las reformas efectuadas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) a través de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025.
Así consta en documentos públicos del BID, bajo el “Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la CSS en Panamá”. Dicho programa tenía entre sus condiciones para desembolsar el préstamo, la aplicación de propuestas hechas por el banco para un nuevo sistema de pensiones, entre ellas, la creación de un Sistema Único de Capitalización Solidaría (SUCS) o el Fondo Único Solidario (FUS).
No obstante, una carta que dirigió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a la representante país del BID, Gloria Lugo –cuya fecha está censurada en los documentos públicos–, solicitaba el préstamo, inicialmente, hasta por $400 millones para apoyar financieramente el presupuesto 2025 “y otras vigencias fiscales”, basado en las condiciones incluidas por el banco en una matriz política del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones.
Adicionalmente, el documento de propuesta del préstamo hacía énfasis en fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, proteger el rating crediticio soberano y la atracción de inversión extranjera. Lo anterior, sobre la base de una reforma al sistema de pensiones.
Este tipo de préstamos con condiciones son comúnes en la banca multilateral, según dijeron economistas consultados por La Prensa. Particularmente el BID detalla la modalidad de financiamiento como un “préstamo en Apoyo a Reformas de Políticas, bajo la modalidad programática”.
En la página web del BID aparecen públicas las fechas en las que se cargaron los documentos. Sin embargo, los documentos públicos revisados no tienen la fecha en la que fueron intercambiados o elaborados.
Entre las condiciones puestas por el banco en el programa de mejoramiento se incluye, también, un párrafo así: “El único desembolso de recursos del préstamo está condicionado al cumplimiento por parte del prestatario, a satisfacción del Banco, de las condiciones de reforma de política de conformidad con lo establecido en la Matriz de Políticas (Anexo II)”.
Algunas de las propuestas del banco están catalogadas en la matriz política, a la fecha de subida del documento –el 7 de octubre de 2025–, como “cumplida 1er trimestre 2025”. Lo que refiere a su inclusión en la reforma de las pensiones.
La Prensa preguntó directamente al MEF por el préstamo y su uso. En una respuesta oficial detallaron: “El desembolso de este préstamo está destinado para apoyar el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal año 2025 y otras vigencias fiscales. El Gobierno Central paga todo desde el Tesoro Nacional, todas las entidades públicas tienen un impacto en el déficit fiscal de cada año, los fondos de los préstamos de apoyo al presupuesto general del Estado contribuyen al pago de las cuentas de todas las instituciones”.
Al tiempo, la entidad aclaró que el dinero no será utilizado para financiar parte de los $966 millones que se comprometió el Estado, a través de la Ley 462, a destinar al nuevo sistema de pensiones de la CSS. La propuesta de los $966 millones también se incluía dentro de las condiciones estipuladas por el BID.
“La deuda pública se contrata para financiar el déficit del Gobierno Central cada año, estos $350 millones son parte de las diferentes fuentes que financian el balance fiscal del año 2025″, apuntó el MEF en su respuesta.
El apoyo del BID a la consolidación de la reforma era una primera etapa de la operación. El documento de propuesta de préstamo señala que habría una segunda etapa en la que apoyará en valuaciones actuariales anuales, desarrollar un plan de gestión estratégica del Fondo Único Solidario, entre otros.
A pesar de que son dos etapas, el documento de propuesta detalla que solo será un desembolso.
