A raíz del vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda a finales de junio de 2024, los bancos estatales como la Caja de Ahorro y el Banco Nacional de Panamá, impusieron un cobro de 3% a los promotores de vivienda por cada carta de crédito aprobada para desembolsar los préstamos hipotecarios a los usuarios.
Esta situación ha generado un sobre costo que hasta ahora han asumido los promotores pero con nuevos préstamos es posible que se traslade al monto de la vivienda y suban los precios.
Así lo alertaron los promotores y desarrolladores de viviendas residenciales reunidos ayer en la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) dijo que la decisión de los bancos estatales de cobrar un 3% a los promotores como condición para desembolsar los créditos hipotecarios de las cartas promesas, fue una sorpresa porque eso no estaba previsto en los contratos.
“Creo que esta situación se puede aclarar una vez que se entregue una nueva Ley de Intereses Preferenciales y se permita una discusión en la Asamblea Nacional para que sea una mejor ley. Estoy convencida que una vez que se discuta esta ley los bancos estatales pueden eliminar ese cobro de 3% de comisión a los promotores, que lo único que hace es encarecer aún más el costo de las viviendas y genera trámites adicionales”, dijo.
Los promotores de la región de Azuero manifestaron que el cobro del 3% de comisión ha tenido que ser asumido por ellos, en momentos críticos en los que hay proyectos paralizados y los pocos créditos que se han aprobado están saliendo más costosos por este cobro adicional.
Isaías Cárdenas, presidente la Asociación de Promotores de viviendas de Azuero. comentó que tomando como ejemplo las viviendas de 70 mil dólares han tenido que pagar a los bancos 2 mil 100 dólares correspondientes al 3%.
“Esto lo hemos tenido que asumir nosotros los promotores porque al no estar en los contratos de compra venta de viviendas no se puede trasladar al cliente, pero si en el futuro siguen estas comisiones esto afectará elevando el precio de las viviendas”, alertaron los promotores del interior del país.
“Esta situación no beneficia al sector que ya está golpeado con un 95% de desarrollos inmobiliarios paralizados y con las consecuencias que tiene eso sobre el empleo en el interior del país”, agregó Cárdenas.
Pérdida de empleos y en ventas
Aldo Stagnaro, asesor inmobiliario y ex presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces de Panamá (Acobir), advirtió que la paralización del sector tiene un efecto cascada pues no solo se está perjudicando al promotor y constructor, también impactará en el precio de la vivienda al consumidor final.
“Al no construir no habrá una oferta de viviendas y suben los precios. Al no haber casas para comprar, la opción es alquilar y al incrementarse la demanda de alquileres también subirán los precios. Necesitamos opciones para que se reactive la construcción de viviendas”, dijo.
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Esto es un efecto cascada que afecta al usuario final (nosotros) 👀 OJO que también incluye a desarrolladores, bancos, suplidores de material, emprendedores y hasta negocios grandes! pic.twitter.com/1ndqNdmKpr
El presidente de Capac, Alejandro Ferrer Solís, indicó que tanto la eliminación del Fondo Solidario de Vivienda que venció en junio de 2024, como la falta de pago del subsidio de las tasas de interés a los bancos, ha generado por una parte que se paralicen varias obras de construcción de viviendas de interés preferencial y que además, la mayoría de los bancos no estén otorgando créditos subsidiados.
“Hay 75 proyectos retenidos que no van a arrancar hasta que no se apruebe esta ley de Intereses Preferenciales, entendemos que hay una situación fiscal y presupuestaria pero tenemos que tener esta ley con las reglas claras. Se calcula que el mercado inmobiliario en el último año pudo haber perdido 300 millones de dólares”, dijo Ferrer Solís al referirse al vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda.
Señaló que la situación actual, derivada del próximo vencimiento de la Ley de Interés Preferencial, en los tramos 1 y 2 de vivienda, hasta 120 mil dólares ha impactado de manera inmediata en la pérdida de más de 12 mil plazas de empleo, una caída significativa en la recaudación de impuestos municipales y la incertidumbre de las familias cuyos créditos aprobados fueron descartados, afectando gravemente su posibilidad de acceder a una vivienda propia.
“La paralización de la construcción de viviendas de carácter social podría resultar en una drástica pérdida de empleos. El sector de la construcción representa el 7.8% del empleo nacional, según cifras oficiales del INEC a octubre 2024. Entre 2023 y 2024, se perdieron más de 12 mil empleos en el sector, lo que representa una disminución del 7.57%. Además, el empleo formal (pleno empleo) también disminuyó en un 6.92%, comparado con agosto de 2023″.
Elisa Suárez, director de Convivienda, agregó que es fundamental que persistan los beneficios en la nueva Ley de Intereses Preferenciales para que cubran hasta un tope de precio de vivienda de 120 mil dólares. Esto, en rechazo a una propuesta del Gobierno que busca reducir la cobertura del subsidio hasta viviendas de 100 mil dólares, lo que dejaría a la clase media sin opciones para adquirir sus casas.
“Tiene que haber un beneficio para las personas que pueden comprar en interés social por debajo de los 70 mil dólares y también para la clase media que puede pagar viviendas de hasta 120 mil dólares”, insistió al señalar que se debe mantener el subsidio a la población y a su vez incentivar la reactivación del sector de la construcción que genera empleos formales.
Sostuvo Suárez que a la par de una nueva ley es fundamental que se cumpla con el pago de las deudas a los bancos por el interés preferencial y a los promotores que les adeudan por el Fondo Solidario de Vivienda que aún quedaban recursos pendientes por desembolsar.
