El banco estadounidense Citi ubica a Panamá entre los pocos países que en 2025 crecerán más que en 2024 respecto a su propio desempeño, con una tasa estimada de 3.9%, solo por detrás de Argentina, cuya economía, bajo la administración de Javier Milei, se recupera tras cerrar el año pasado en números rojos.
Sumado a las estimaciones positivas para 2025, Citi considera muy probable que el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá crezca 4.8% el próximo año, pese a las presiones internas y externas que afectan al resto de la región.
No obstante, a pesar de estas proyecciones positivas, que se suman a las de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual prevé un aumento de 4.2% para 2025, Esteban Tamayo, del grupo de investigaciones económicas de América Latina de Citi, advierte que el riesgo de que otra calificadora retire el grado de inversión a Panamá sigue siendo realmente alto.
Tamayo explicó que, más allá de las reformas a la Caja de Seguro Social, que fueron menos amplias de lo necesario, el país requiere una reforma fiscal que incremente los ingresos del Estado, un cambio que por ahora no está contemplado en los planes de la administración del presidente José Raúl Mulino.
En junio pasado, el Consejo de Gabinete autorizó un recorte de 1,900 millones de dólares al presupuesto de 30,111 millones debido a que la recaudación de ingresos fue menor a la prevista para 2024. “Sin una reforma fiscal, es probable que se pierda el grado de inversión”, advirtió el economista de Citi.
Actualmente, Moody’s y Standard & Poor’s mantienen a Panamá en el rango de grado de inversión, pero la economía está a un escalón de perderlo. Fitch Ratings retiró esta calificación en marzo de 2024 debido al deterioro del perfil financiero del país, originado por un alto gasto y endeudamiento en medio de una caída sostenida de los ingresos.
Importancia
Contar con grado de inversión es fundamental para Panamá porque refleja solidez económica y genera confianza en los inversionistas internacionales. Esto permite acceder a créditos con tasas de interés más bajas, atraer inversión extranjera y financiar proyectos de desarrollo en condiciones más favorables, beneficiando tanto al gobierno como al sector privado.
Para el economista Carlos Araúz, en la práctica, Panamá ya no tiene grado de inversión, ya que hay economías sin esa calificación que, al emitir deuda, enfrentan costos de financiamiento menores.
Desde julio de 2024, la administración Mulino ha buscado cubrir el déficit con deuda local y préstamos internacionales, como el acordado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) por 1,110 millones de dólares; con Citibank, por 1,000 millones; y con Banco Santander, por otros 1,300 millones.
El Decreto de Gabinete N.°7 de 4 de febrero de 2025 autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir estructuras de financiamiento con entidades locales e internacionales por hasta 6,000 millones de dólares, de manera acumulativa y rotativa.
Una parte importante de estos préstamos se pactó con tasas de entre 2.4% y 4%, muy por debajo del 7% y 8% de las últimas emisiones de bonos colocadas el ocaso de la administración de Laurentino Cortizo.
“Para efectos prácticos, la pérdida del grado de inversión ya tuvo su impacto psicológico. Por eso es clave luchar y trabajar por recuperarlo, ya que las calificadoras también influyen en la inversión extranjera directa cuando emiten sus anuncios, ya sea Moody’s o Standard & Poor’s. Fitch, como sabemos, ya retiró la calificación, y un anuncio similar de otra agencia tendría un efecto psicológico adicional”, señaló Araúz.
En su opinión, el enfoque en este momento debe estar en tomar acciones concretas, como los cambios implementados en la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, a la que calificó como un paso en la dirección correcta y que, aseguró, ha sido reconocida internacionalmente como positiva y acertada.
Agregó que se avecinan discusiones complejas, como las relacionadas con la mina y el embalse en Río Indio, y estima que Panamá debe alinearse con países que conservan el grado de inversión, lo que hace inevitable abordar una reforma fiscal.
En 2024, el déficit fiscal alcanzó los 6,416.1 millones de dólares, equivalente al 7.35% del PIB, y para este año la meta del Gobierno es reducirlo al 4%. Sin embargo, calificadoras y bancos de inversión ven complicado que se cumpla ese objetivo.
Para Araúz, el objetivo de una reforma fiscal no debe ser crear más impuestos, sino introducir cambios creativos. “Hemos propuesto una iniciativa de ‘impuestos por obra’, en la que las grandes gestoras de proyectos, en lugar de pagar tributos al Estado, ejecuten obras de infraestructura a cambio de beneficios fiscales. Esto permitiría que las empresas trabajen con la eficiencia que las caracteriza, evitando que los recursos se malgasten o se paguen sobrecostos, sustituyendo el pago en efectivo por contribuciones tangibles en obras”, explicó.
En su opinión, “nunca hay un buen momento para una reforma fiscal, porque siempre genera inquietud, cuestionamientos y un costo político para quien esté al frente del Estado. Sin embargo, el llamado de atención es necesario: se requiere mayor disciplina fiscal y el margen de maniobra es prácticamente inexistente”.
Disminuye riesgo país
Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de julio de 2025, el riesgo país de Panamá bajó de 303 a 231 puntos básicos en el índice Emerging Markets Bond Index (EMBI) elaborado por J.P. Morgan, que mide cuánto más paga un país como Panamá por endeudarse en comparación con Estados Unidos. Un EMBI bajo significa créditos más baratos, mientras que uno alto encarece el financiamiento.
Pese a la mejora, Panamá sigue detrás de países como República Dominicana y Costa Rica, que no tienen grado de inversión y que en julio registraron 196 y 192 puntos, respectivamente.
Para René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, el EMBI refleja que el mercado ya percibe a Panamá como un país sin grado de inversión, aunque en el papel dos calificadoras aún lo mantengan por encima del nivel de “bono basura”.
Quevedo explicó que la pérdida de la calificación por parte de Fitch redujo en 2,165 millones de dólares los préstamos bancarios al sector productivo, debido al aumento de las tasas de interés, lo que se suma a la disminución en el flujo de inversión extranjera directa en los últimos años.
“Entre 2019 y 2024, la deuda externa se duplicó, pasando de 26,000 millones a 52,000 millones de dólares, y el costo del financiamiento se triplicó. Además, el cierre de la mina y la consecuente pérdida del grado de inversión provocaron la desaparición de 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024, la peor pérdida laboral desde la pandemia”, señaló.
Además del riesgo económico, Araúz advirtió sobre los riesgos políticos y diplomáticos, cada vez más presentes en el escenario global. Afirmó que “las medidas que se están adoptando a nivel mundial en materia de barreras arancelarias y aislamientos, así como la forma inesperada en que se mueve el mundo, obligan a Panamá a analizar esos riesgos con lupa”.
